Desaparición de jóvenes de Tierra Blanca, impune a 4 años y medio del crimen
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Cuartoscuro Archivo

Fallas de investigación y muerte de implicado mantienen impune desaparición de 5 jóvenes de Tierra Blanca

El asesinato de un presunto líder criminal deja sin esclarecer un eslabón clave en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, hecho ocurrido durante el gobierno de Javier Duarte.
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3 de junio, 2020
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Francisco Navarrete Serna, alias “El Primo”, fue detenido en 2016 bajo la sospecha de liderar un grupo criminal que, en complicidad con la policía estatal, desapareció a cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Estuvo bajo proceso más de tres años, pero fallas en la investigación a cargo de la SEIDO provocaron que fuera liberado en agosto del año pasado.

Hoy Navarrete Serna está muerto. Fue asesinado el viernes en una fiesta organizada por él en el mismo municipio. Estaba armado, pero de nada le sirvió. Los sicarios fueron más rápidos. Cinco personas más también perdieron la vida. La Fiscalía considera que fue un ataque contra “el Primo” y, el resto, víctimas colaterales.

La desaparición de los jóvenes de Tierra Blanca, mientras tanto, sigue impune a cuatro años y medio del crimen. Aun hay varios detenidos, entre expolicías y presuntos sicarios bajo las órdenes de Navarrete, pero ninguno ha sido condenado. Sin sentencias, la verdad tampoco ha llegado.

Entérate: Policía detenido confesó tortura y homicidio de los 5 jóvenes de Tierra Blanca, según autoridades

“Se fue sin pagar por lo que hizo, sin decirnos por qué… mientras que algunos seguimos muertos en vida…”

Las palabras a través de la línea telefónica, con voz entrecortada, son de Rocío Arroniz, tía de Alfredo, uno de los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de enero de 2016. Desde aquel hecho su familia ha vivido, como ella misma dice, un infierno. La hermana de Alfredo murió un año mas tarde, a los 33 años, victima de cáncer de estomago. Y el papá de ambos falleció en 2019 a causa de un infarto.

“Todos son víctimas del mismo sufrimiento. Es un crimen que nos quitó todo, la salud, el dinero, todo. Mientras tanto ese desgraciado (Navarrete) nunca pagó por lo que hizo. Y ahora lo asesinaron. Al que a hierro mata a hierro muere… pero eso no es justicia”, dice Rocío a Animal Político.

Los hechos en los que Navarrete perdió la vida se registraron la noche del viernes 29 de mayo en el salón de fiestas “YemanYa” en Tierra Blanca, Veracruz, cuando se desarrollaba un evento convocado por El Sol de Tierra Blanca, un supuesto portal informativo fundado por el propio Navarrete poco después de salir de prisión.

La celebración era transmitida en vivo por el canal de Facebook del referido portal, debido a la participación del grupo musical “La Calle. El Poder Musical de México”.

Justo cuando el grupo estaba por terminar su participación los agresores, que aun no han sido identificados, ingresaron y comenzaron a disparar. En la transmisión se alcanzan a escuchar algunas detonaciones y se aprecia al propio Navarrete, que en ese momento estaba en el escenario, sacar una pistola de su pantalón y salir de cuadro. Ahí se corta el video.

Autoridades ministeriales confirmaron a este medio que el saldo final fue de seis personas asesinadas. Además de “El Primo” perdieron la vida “Benigno” N” y Manolín “N”, dos tecladistas del grupo; Maximiliano “N”, técnico de sonido; Héctor “N”, empresario de la zona, y “Manuel” N, un ingeniero civil y amigo de Navarrete.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo ayer, casi tres días después de ocurridos hechos, que el multihomicidio no quedará impune y que en Veracruz no habrá espacio “para ajustes de cuentas entre bandas delictivas”.

Detención y fiasco

El 11 de enero de 2016 cinco jóvenes originarios del municipio de Playas de San Vicente, Veracruz, desaparecieron tras ser detenidos por policías estatales a la altura de Tierra Blanca. Se trataba de Bernardo Benítez Arroniz de 25 años; José Alfredo González Díaz, de 25 años; José Benítez de la O, de 24; Mario Arturo Orozco Sánchez de 27, y Susana Tapia de 16 años.

El caso cobró relevancia inmediata pues se sumaba a varias desapariciones que acarreaba la administración del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Dos semanas después, el 26 de enero, fue detenido en un operativo estatal y federal Francisco Navarrete Serna. En su cuenta de Twitter el gobernador Duarte dijo que se trataba del “jefe de plaza” de un grupo delictivo – el Cártel Jalisco Nueva Generación – el cual era presunto responsable de la desaparición de los jóvenes.

A la captura de Navarrete, quien fue acusado del delito de delincuencia organizada, le siguieron otras detenciones, tanto de policías estatales como presuntos integrantes del grupo encabezado por “El Primo”. En total fueron 21 los probables responsables capturados y procesados.

Pero tres años mas tarde, en marzo de 2019, un juez federal concedió un amparo en favor de Navarrete, el cual fue confirmado de forma definitiva por un Tribunal. La razón: fallas graves en la investigación en su contra como, por ejemplo, pruebas recicladas de otra indagatoria distinta.

Lo anterior ocasionó que “El Primo” tuviera que ser liberado sin que se esclareciera su rol al frente del referido grupo delictivo y sin que concluyera el juicio. Tampoco ayudó que sobre él no pesaran otros delitos, ni que se esclareciera su intervención más directa en la desaparición de los jóvenes.

Celestino Rivera Espinoza, representante legal de la familia de los jóvenes desaparecidos, advirtió tras la liberación de Navarrete que el caso presentaba serias fallas. “La SEIDO nunca investigó realmente más allá de lo ya se había indagado por desaparición. No se indagaron siquiera los nexos con otros casos”, dijo en aquel momento a diversos medios.

Desapariciones impunes

A cuatro años y medio la desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca permanece impune y sin esclarecerse completamente.

El amparo concedido a Navarrete terminó favoreciendo a otros detenidos a los que también se les retiró el cargo de delincuencia organizada. Los que permanecen en la cárcel son 8 expolicías y 12 presuntos integrantes del CJNG acusados a nivel local de desaparición forzada.

“A Navarrete ya no le lograron hacer la vinculación con el caso. Quedan los otros detenidos y se supone que el proceso ya debía de haber terminado. Ya está todo, pero hasta ahora no les han dictado sentencia. Todo se ha venido retrasando y con lo de la pandemia pues aun más. Seguimos esperando”, dijo Bernardo Benítez, padre de uno de los jóvenes.

El paradero de las víctimas es otro tema de la investigación en el que las conclusiones quedaron a medias. En su momento, la indagatoria llevó a las autoridades hasta un rancho conocido como “El Limón”, donde se presume que fueron asesinados. Sin embargo, la inspección del terreno solo permitió localizar un fragmento de un hueso de uno de ellos, y un pedazo de tela con el ADN de otro mas. Eso fue todo.

En marzo del año pasado, en cumplimiento de una recomendación, el gobierno federal y el de Veracruz pidieron a las familias una disculpa pública, tras reconocer que la colusión de las autoridades con el crimen organizado permitió la detención ilegal y desaparición forzada de los cinco jóvenes inocentes, y facilitaron las deficiencias posteriores en la indagatoria.

Tanto el gobernador Cuitláhuac García como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se comprometieron a que la investigación continuaría y no habría impunidad. Pero justo unos días después vino la exoneración de Navarrete y otros por las fallas en la indagatoria.

Existe, además, una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada. Pero la misma no se ha podido cumplimentar debido a que dicho delito no entró en la solicitud por la cual se le extraditó desde Guatemala, y ahora se requiere un permiso especial que no se ha resuelto.

Rocío Arroniz, tía de Alfredo, considera que el daño que han sufrido las familias es imposible de reparar. La frustración y el coraje de lo ocurrido le costaron la vida a su sobrina Mariana (hermana de Alfredo, y quien falleció de cáncer un año después de los hechos), y al padre de ambos, quien tenia 63 años, cuyo corazón no resistió mas desgaste.

Para los que siguen en vida, como ella y lo padres de otros de los jóvenes, nada ha vuelto a ser lo mismo.

“A nosotros nos mataron en vida. Nuestros muchachos no eran malos, no andaban en problemas. Eran buenos jóvenes. Acababan de terminar su carrera. Lo único que pedimos es justicia, que paguen por lo que hicieron. No se imagina cuánto nos hemos movilizado, lo que hemos gastado, lo que nos ha costado. Toda para que al final hasta Duarte va a terminar saliendo sin pagar por las desapariciones que se cometieron”, concluye Rocío.

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Rusia y Ucrania: cómo los rusos están usando emojis y mensajes codificados para evadir la censura

Rusia aprobó a principios de marzo una ley para sancionar a quienes publiquen "noticias falsas" sobre el ejército.
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13 de marzo, 2022
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El 24 de febrero, cuando Rusia lanzó la invasión de Ucrania, comenzó a difundirse por las redes sociales una imagen del poeta ruso Pushkin, el número 7 y filas del emoji de una persona caminando.

El significado era claro para los entendidos: un lugar (plaza Pushkin, en Moscú), una hora y un llamado a protestar contra las acciones del gobierno.

Los emojis hacían referencia a un código utilizado durante años en Rusia para referirse a las protestas, tan conocido por las autoridades que ya no es un código, según el grupo de derechos humanos OVD-Info.

¿Por qué usar un código?

Las protestas no autorizadas están prohibidas en el país desde 2014 y el incumplimiento de las normas puede dar lugar a 15 días de detención por la primera infracción. Los reincidentes pueden recibir penas de prisión de hasta cinco años.

Desde entonces, ha sido común que los activistas utilicen varias frases codificadas para organizarse en línea.

“Es como: ‘Vamos a dar un paseo por el centro’ o ‘El clima es genial para caminar'”, dice María. Este es el mensaje de texto que enviará a sus amigos para hacerles saber que planea asistir a una protesta.

Lo que comenzó como una forma de evadir a los censores del gobierno casi se ha convertido en una broma o un meme, añade.

Sin embargo, las consecuencias de no utilizar este lenguaje pueden ser graves.

Una mujer mira su teléfono móvil en Moscú.

Getty Images
Los activistas que convocan protestas contra el gobierno ruso se organizan a través de las redes sociales.

¿Cuáles son las posibles consecuencias?

Alexander asistió a una protesta en Moscú y publicó al respecto en las redes sociales.

A la mañana siguiente, agentes vestidos de civil lo recogieron frente al edificio de su novia y lo llevaron al departamento de la policía local. Lo detuvieron durante varios días y lo obligaron a firmar un documento en el que se enumeraba lo que las autoridades decían que había hecho.

No podemos estar seguros de que su asistencia a la protesta o su actividad en las redes sociales llevara a la detención de Alexander. Más tarde fue arrestado por segunda vez, mientras usaba el metro de Moscú, en un día en que no había asistido a una protesta.

BBC recibió información sobre otras detenciones basadas únicamente en la actividad de las redes sociales, incluida una mujer arrestada por un tuit.

“No he caminado por el centro en mucho tiempo”, publicó el 24 de febrero. Y citó el tuit de otra cuenta que contenía un llamado más explícito a la concentración.

Cinco días después, fue arrestada mientras tomaba un tren.

Ella cree que fue detectada por un software de reconocimiento facial activo en el sistema de metro de Moscú, y en su audiencia judicial, se presentó un documento que contenía su tuit, mostrando que las autoridades habían tomado una captura de pantalla casi inmediatamente después de que ella lo publicara.

En otro caso, un bloguero llamado Niki describió cómo el hermano de un amigo cercano había sido detenido dos veces: una vez horas después de asistir a una protesta y la segunda, durante toda una semana, por compartir los detalles con sus amigos en VK, el equivalente ruso de Facebook.

Casi 14.000 personas han sido detenidas en Rusia desde que comenzó el conflicto, principalmente por asistir a protestas, según OVD-Info, que brinda asesoramiento legal.

Hasta ahora, la mayoría han sido detenidos durante horas o días.

Un hombre es detenido en Moscú

Getty Images
Un hombre es detenido por protestar contra la invasión de Ucrania en el centro de Moscú.

¿Está cambiando la situación?

El viernes 4 de marzo, se aprobó una ley en Rusia con el objetivo declarado de abordar las “noticias falsas” sobre el Ejército, pero se espera que se utilice para reprimir aun más las protestas contra la guerra, incluidas sentencias de prisión de hasta 15 años, significativamente más largas que las sanciones anteriores.

Para jóvenes como María, “esto ya ha cambiado las cosas, porque ahora tengo miedo de ir a protestar y también tengo miedo de publicar sobre esta ‘operación especial'”, refiriéndose a la invasión de Rusia a Ucrania.

Y hay evidencias claras de que los arrestos han aumentado desde que se aprobó la nueva ley, señala OVD-Info.

Un hombre es detenido por la policía rusa en el centro de Moscú

Getty Images
Casi 14.000 personas han sido detenidas en Rusia desde que comenzó el conflicto en Ucrania

¿Dónde publican los rusos ahora?

El cierre de los medios de comunicación independientes, el bloqueo de Facebook y las restricciones a las publicaciones rusas en TikTok han eliminado rutas clave para acceder a la información, dice el coordinador de OVD-Info, Leonid Drabkin, y la gente se autocensurará por miedo.

“Ahora, si vas a tu Instagram, hay como 10 veces menos publicaciones“, apunta.

Muchos de sus contactos han eliminado por completo sus perfiles de redes sociales.

Junto con las estrictas sanciones, esto ya ha tenido un impacto en la cantidad de personas “lo suficientemente valientes como para protestar”.


Se cambiaron los nombres de algunos entrevistados para proteger sus identidades.


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