A casi tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017 que azotó la Ciudad de México, los propietarios de un condominio de la colonia Roma Sur que resultó dañado no han logrado ponerse de acuerdo sobre el destino del inmueble, lo que ha detenido las labores de demolición o rehabilitación de la Comisión para la Reconstrucción del gobierno capitalino.
Una parte mayoritaria de los condóminos del edificio ubicado en la calle de Aguascalientes número 12 defiende la necesidad de demolerlo y reconstruirlo, con el argumento de que el inmueble tiene daño estructural. No obstante, seis propietarios tramitaron una suspensión judicial -que les fue concedida- para evitar la demolición; convencidos de que el condominio no tiene daños severos, exigen sólo una rehabilitación.
El grupo que se opone a la demolición y reconstrucción del inmueble aún vive en el lugar, con todo y las grandes grietas que atraviesan de lado a lado paredes y columnas. Allí mismo estaban en el momento del nuevo sismo de 7.5 grados ocurrido el pasado 23 de junio, tras el que más restos de escombros se desprendieron y cayeron al suelo.
Ese día, tras el temblor, tres funcionarios de las Secretarías de Obras y de Bienestar de la CDMX acudieron a inspeccionar el lugar luego de que vecinos de la misma calle alertaron a las autoridades de que el inmueble había sufrido más daños. Al cabo de media hora de recorrer pasillos, un departamento y el sótano, se retiraron con la observación de que habían detectado grietas transversales en columnas.
El Instituto para la Seguridad en las Construcciones (ISC) determinó en 2018 que el edificio estaba en alto riesgo de colapso. El grupo minoritario de los condóminos tramitó una suspensión para evitar la demolición del inmueble, misma que les fue concedida este año por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
El dictamen del ISC señalaba que el condominio debía ser deshabitado por representar un riesgo para la vida, no sólo de los ocupantes, sino también de vecinos y peatones, y advertía que comprometía la seguridad de los edificios colindantes, según constató Animal Político.
No obstante, las personas que aún habitan el inmueble exhibieron otro estudio independiente de ingeniería que sustenta su dicho de que no existe daño estructural y que sólo se requiere de obras de rehabilitación.
“Mandamos a hacer un estudio estructural y el perito nos dijo que la estructura estaba bastante bien, lo que necesitaba el edificio era una reparación, nada más”, dijo Juda Negrete López, uno de los dueños que rechaza la reconstrucción.
Por su parte, María de los Ángeles Moreno, propietaria de un departamento y vocera de los 61 condóminos a favor de la demolición y reconstrucción, descalificó el dictamen independiente del otro bando y defendió la conclusión a la que arribó la autoridad capitalina.
“Es lamentable la situación, que por un pequeño grupo de inconformes nos han venido afectando por más de dos años, impactando considerablemente nuestra vida, nuestra economía, nuestro patrimonio que, como a ellos, a todos nos ha costado un gran esfuerzo y mucho trabajo adquirirlo, a nadie le regalan una propiedad nada más así, tienes que trabajar y esforzarte mucho por tenerlo”, sostuvo.
Moreno indicó que el juez que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa ordenó la realización de un nuevo dictamen oficial para determinar si se concede el amparo definitivo o se levanta la suspensión para que proceda la demolición. El pasado 11 de junio, agregó, personal del ISC acudió al inmueble para realizar el estudio solicitado, que continúa en elaboración.
“Lo que nos ha detenido ha sido lo de los amparos de estas personas; hemos visto cómo el gobierno ha rehabilitado muchos edificios, cómo ha demolido algunos y ya los está construyendo; lo único que está impidiendo son las personas que están actuando de una manera deliberada a favor de ellos, y no puede ser posible que una minoría tenga la verdad absoluta, cuando una mayoría estamos a favor de la reconstrucción de nuestro edificio”, comentó.
La vocera sostuvo que ingresar al programa de reconstrucción no provocará que los propietarios pierdan su estatus de condóminos o dueños de su vivienda, que es uno de los principales argumentos del grupo que rechaza la demolición.
“En septiembre se cumplen tres años del sismo, somos el único edificio que queda que está amparado, hasta al gobierno le urge, porque es un riesgo para nosotros que, si en 2021 (en el cambio de administración) no hemos resuelto esta situación y al gobierno se le agotan los recursos, nos quedamos sin reparación y sin construcción del edificio, se queda como está y ahí sí perderíamos todo”, advirtió.
