La presentación de denuncias penales por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de servidores públicos por el posible desvío o mal manejo de recursos del erario se ha desplomado a su nivel más bajo en los últimos 14 años, pese que el destino de miles de millones de pesos sigue sin esclarecerse.
Un informe de la propia ASF revela que, del 1 de enero al 10 de julio de 2020, solo se formuló una denuncia ante el Ministerio Público Federal por el posible desvío de 500 millones de pesos, en 2016, contra la extinta SAGARPA. Y es todo.
En contraste, por ejemplo, en el mismo periodo de 2013 ya eran 123 las denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público, mientras que en 2017 la cifra fue de 65 denuncias formuladas en ese mismo lapso de enero a julio.
Para encontrar otro año en el que solo se hubiera presentado una denuncia como en el actual hay que remontarse hasta 2007. Y para encontrar un año sin denuncias en los primeros siete meses del año hay que regresar hasta 2004.
La existencia de estas denuncias es vital porque solo a través de ellas las fiscalías General y de los estados pueden proceder en contra de funcionarios que se vean involucrados en los malos manejos de recursos detectados por la ASF. Es decir, solo con ellas se pueden castigar estos hechos de corrupción que la ley en México considera delito, y que ahora son incluso considerados como graves.
El hecho cobra relevancia porque el desfalco de recursos públicos federales producto de los malos manejos en el país es mayúsculo y persiste. Tan solo en lo que corresponde a la cuenta pública 2018, la última auditada en su totalidad, se identificaron más de 171 mil millones de pesos que no aparecen, pero hasta ahora solo hay una denuncia presentada por ese ejercicio.
El monto total de recursos mal manejados o con irregularidades entre 2001 y 2018 supera los 605 mil 628 millones de pesos.
A ello falta sumar las irregularidades que se han detectado en las auditorías practicadas en 2019, primer año del actual sexenio, cuyos resultados preliminares fueron pospuestos por la ASF debido a retrasos en la elaboración de los informes a causa de la contingencia sanitaria por COVID-19
Pocas denuncias, ¿más efectivas?
Animal Político solicitó a través del área de comunicación social de la ASF conocer las razones por las cuales no se han presentado más denuncias penales en lo que va de 2020, pero hasta la publicación de esta nota no se había recibido una respuesta.
Con anterioridad, la ASF ya había explicado a este medio que desde el arranque de la administración del auditor David Colmenares, en 2018, se puso en marcha una estrategia encaminada a presentar menos denuncias a cambio de que fueran más eficaces.
El descenso ha sido sostenido. Mientras que de enero a julio de 2017 (aun con el anterior auditor) la cifra de denuncias penales presentada por la ASF ante el Ministerio Público fue de 65; para 2018 se redujo a 23 denuncias penales; en 2019 fueron únicamente siete, y en 2020 va una sola presentada.
Lo que explicaron funcionarios de la actual administración de la ASF a este medio en su momento, es que se había realizado un análisis que concluyó que aun cuando se presentaban muchas denuncias estas eran poco efectivas, pues casi ninguna lograba ser resuelta por las fiscalías ni llegaban a las manos de un juez.
En noviembre de 2017 Animal Político publicó que de 872 denuncias penales que para ese momento llevaba la Auditoría, solamente 10 habían sido consignadas ante un juez. No obstante, la administración del entonces auditor Juan Manuel Portal acusó que la responsabilidad de realizar la investigación y de esclarecer los casos era del ministerio Público, y que los pocos resultados obedecían a la falta de personal para investigar en la entonces PGR.
La ASF acumula hasta la fecha un total de 1 mil 4 denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público. No se han actualizado los datos de cuantos casos habrían sido resueltos, pero de acuerdo con fuentes consultadas más del 90 por ciento de ellos siguen sin resolución.
Grandes hallazgos, persiste impunidad
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado hasta la fecha más de 605 mil millones de pesos del erario mal manejados y cuyo destino aun no se aclara. Ello como resultado de poco más de 23 mil operaciones irregulares identificadas tanto en las dependencias federales, así como en los estados que reciben subsidios o recursos federales.
Las irregularidades van desde recursos subejercidos que nunca fueron devueltos, hasta pagos por obras inconclusas o por servicios de los que no hay constancia alguna que acredite que realmente fueron realizados. Se ha llegado a documentar simulaciones en contratos y transferencias a empresas fantasma.
En la administración del extitular de la ASF, Juan Manuel Portal, algunos de estos casos cobraron gran relevancia por los montos defraudados y los mecanismos utilizados.
Por ejemplo, los auditores descubrieron un repetitivo mal manejo de recursos asignados por dependencias federales a universidades públicas que luego fueron transferidos irregularmente a diversas empresas. Ello aprovechando una excepción de la ley de adquisiciones. Estas auditorías dieron pie a la investigación periodística conocida como “La Estafa Maestra”.
La Auditoría también logró documentar, año con año, el sistemático desvío de recursos federales entregados a Veracruz durante la administración del exgobernador Javier Duarte. El monto observado tan solo en la gestión de dicho exgobernador priista por los auditores supera los 50 mil millones de pesos.
Para tratar de agilizar la resolución de estos casos en particular, desde finales de 2018 se crearon equipos especiales entre la ASF y la PGR con los que se consiguió reactivar algunas denuncias y judicializarse otras. Hasta la fecha, sin embargo, no se han obtenido sentencias en contra de los principales operadores, e incluso son pocos los procesos penales iniciados.
Cabe recordar que la ASF es una de las instancias claves del denominado Sistema Nacional Anticorrupción, cuya finalidad es la articulación de esfuerzos para prevenir y erradicar los hechos de corrupción en el país.
El combate a la corrupción ha sido señalado insistentemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una de las prioridades de su administración, junto con la promesa de que no habrá impunidad.
