Junta Federal de Conciliación reabre con largas filas y sin sana distancia
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Junta Federal de Conciliación reabre con largas filas y sin sana distancia

La Junta Federal habilitó un esquema de citas por internet, pero algunas personas no se enteraron de esta nueva herramienta y otras no pudieron hacer el trámite.
17 de julio, 2020
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Tras casi cuatro meses cerrada al público por la pandemia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) reabrió ayer con largas filas, esperas bajo el sol y aglomeraciones sin sana distancia entre ciudadanos y abogados laborales que acudieron a presentar demandas por abusos de patrones, o a dar seguimiento de controversias que se habían detenido debido a la emergencia sanitaria.

Para los abogados laborales, un trámite que antes se despachaba en 15 minutos ahora tomará de dos a tres horas, pues se implementó un filtro sanitario en la entrada -donde se verifica la temperatura y se proporciona alcohol en gel- y el ingreso se limitó por persona para evitar aglomeraciones al interior del inmueble, donde hay 16 Juntas Especiales.

Pese a los cuidados en el ingreso por parte de funcionarios de la Secretaría del Trabajo federal, sí hubo conglomeración de personas afuera de la JFCA, que se localiza en la alcaldía Azcapotzalco, en el norte de la CDMX, cerca de la frontera con el Estado de México.

Para procurar que no hubiera una visita masiva de usuarios en su primer día de reapertura, la JFCA habilitó un esquema de citas por internet para consultas de expedientes y audiencias conciliatorias, pero algunas personas no se enteraron de esta nueva herramienta y otras no pudieron hacer el trámite por supuestos problemas del sistema de registro.

Entérate: En 28 minutos y por internet: Así fue el primer divorcio a distancia celebrado en CDMX

“Queríamos sacar cita para ver los expedientes, pero la página te rechaza cuando quieres entrar aunque pongas los datos que se piden. Es uno de los problemas. Antes no había citas, eso lo están haciendo ahora para que podamos entrar a la Junta, pero definitivamente no está funcionando”, señala el abogado Manuel López.

“Ya tenemos un rato aquí, más de media hora”, prosigue, “imagínate cuando nos toque entrar, van a ser unas dos o tres horas; antes la fila era más corta, era más rápido y había más gente recibiendo las demandas y los escritos”.

Maru, una joven cuyo padre falleció a principios de junio por COVID-19, también tuvo complicaciones para acceder al sistema de citas.

Entre el gentío que se dispersaba afuera de la JFCA, entre boleadores de zapatos y vendedores informales de comida, dulces y aguas, la joven acudió con su madre, ahora viuda, a pedir informes para que la empresa de transporte de pasajeros donde trabajaba su padre reconozca a la familia como beneficiaria legítima del seguro de vida del trabajador fallecido y de otras prestaciones post-mortem.

Maru cuenta que, en el mes que ha transcurrido desde la muerte de su padre, no pudieron avanzar en el trámite debido al cierre de la Junta, un problema adicional que se sumó al drama de trámites funerarios por la pérdida de su familiar.

“Necesitamos una hoja de designación de beneficiarios para poder avanzar en lo de mi papá. Hasta un mes después de su muerte estamos intentando, porque ya hay movimiento. Vinimos en días pasados y estaba cerrado. El trámite ha sido muy tardado, y por internet y teléfono es muy difícil, porque hay dudas que no te resuelven, te dicen que tiene que ser con cita, y para sacar cita ha sido también complicado, porque nos piden datos personales del occiso que no conocemos, como su correo electrónico”, explica.

Cuando las Juntas Federal y Locales cerraron por la pandemia, arrastraban alrededor de un millón de casos de abusos laborales no resueltos, más la cantidad de nuevas denuncias que lleguen por despidos injustificados ocurridos a lo largo de la pandemia.

El trabajador Juan Paredes ve con pesimismo que su caso en la JFCA, que data de 2017, se resuelva pronto, frente el tamaño del rezago histórico de la autoridad y la instauración de medidas de higiene que ralentizan aún más la aplicación de la justicia laboral.

“Estamos desde 2017 en ese litigio, la empresa había dado largas a través de sus abogados, pero, después de más de dos años, ya estábamos por presentar lo que pedía la Junta y llegar a las conclusiones; pero se atraviesa la pandemia, cierra la Junta y se nos suman otros cuatro meses (de inactividad), entonces se nos ha atrasado mucho nuestra demanda”, comenta.

Para el señor Juan, quien laboraba para una empresa internacional de fabricación de llantas, el cierre de las Juntas de Conciliación durante la emergencia sanitaria dejó desprotegidos a los trabajadores víctimas de injusticias.

“La JFCA no debió haber cerrado las puertas; no entiendo por qué la autoridad no le dio prioridad, si somos el motor de país, la parte productiva; si no se arreglan los conflictos, esto se va a atorar todavía mucho más. Creo que va aumentar el tiempo de solución y eso, obviamente, nos va a perjudicar; si de por sí era incierto, con esto se vuelve más, y no sabemos en qué va a terminar”, sostiene.

El abogado José Luis Martínez afirma que el gobierno federal debió considerar la justicia laboral como una actividad esencial que no debió parar en la pandemia, y acusa que la autoridad incurrió en una denegación de garantías constitucionales de los trabajadores.

“¿Esto no es un servicio prioritario? Es obligatorio, es más que esencial: es una garantía constitucional, es más de lo que es un servicio esencial; a los trabajadores los dejaron en una situación de indefensión”, critica.

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Código de las Familias: el referendo para legalizar el matrimonio igualitario en Cuba

En lo que es solo el tercer referendo en la historia del país desde la Revolución del 59, los cubanos decidirán si aprueban o no el matrimonio igualitario, en un país que hace décadas mandó a los homosexuales a campos de trabajos forzados.
25 de septiembre, 2022
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Los cubanos no votan para elegir a su presidente pero sí podrán hacerlo este domingo para aprobar, o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

“¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?” es la pregunta única que se formulará a los electores, con “sí” y “no” como opciones de respuesta en este inusual referendo, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que busca reemplazar una normativa de 1975.

El plebiscito llega en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Hombre en Cuba junto a un cartel favorable al código de las familias.

Getty Images
La cada vez más difícil lucha diaria por la supervivencia en Cuba ha hecho que, para gran parte de la población, el referendo sobre las familias sea un asunto secundario.

Los principales cambios

El nuevo Código de las Familias se sometió a una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6,5 millones de cubanos, según el gobierno..

Además del llamado “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños o la “gestación solidaria” -subrogada sin fines de lucro-, el código contempla otros cambios en las interacciones familiares.

Por ejemplo, abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

También permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

El “sí” contra el “no” al código

El gobierno ha emprendido una amplia campaña en favor del “sí” en la televisión, la radio y los diarios (en Cuba los medios son propiedad del Estado), en las redes sociales con los hashtags #YoVotoSi y #CodigoSi, en la calle con abundantes carteles e incluso en los centros educativos mediante sesiones especiales sobre el nuevo Código.

Todas las instituciones cubanas, desde el Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal Supremo, han secundado la campaña del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la influyente Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro.

Mariela Castro

Getty Images
Mariela Castro es desde hace años la adalid de la causa de la comunidad LGBT en el Estado cubano.

“El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales”, declaró Mariela Castro esta semana a la agencia Efe.

Gran parte de la comunidad LGBT en Cuba también apoya el “sí” en la votación del domingo.

“Que por fin en Cuba se reconozca legalmente la legitimidad del amor, las uniones y las vidas de miles de personas homosexuales es un motivo de celebración, y reivindica toda mi existencia y la de las personas de mi comunidad”, explicó a BBC Mundo el actor y prominente activista cubano Daniel Triana, de 25 años.

El activista Daniel Triana (izquierda) con otros miembros de la comunidad LGBT.

Daniel Triana
Daniel Triana (izquierda) con otros activistas y miembros de la comunidad LGBT.

Como en Cuba el Estado acapara la esfera pública, no existe una campaña articulada por el “no” en los medios de comunicación ni en la calle.

Quienes se oponen a la aprobación del nuevo Código de las Familias lo hacen sobre todo con mensajes en las redes y esgrimen diversos motivos, por lo general religiosos o políticos.

“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ‘ideología de género’, que sustenta muchas de las propuestas”, expuso la Conferencia Episcopal de Cuba en un comunicado en su página web.

Los obispos critican especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas y la gestación subrogada, que consideran contrarios a los valores y la fe católicos.

En el comunicado expresan, sin embargo, su apoyo a otros puntos de la propuesta relacionados con la violencia doméstica y la protección de los derechos de ancianos y menores.

Mientras, en Twitter quienes se oponen al Código de las Familias han expresado su rechazo con los hashtag #YoVotoNo y #CodigoNO.

https://twitter.com/ArquiSpaces/status/1572802545457795073

“Nuestras familias también necesitan alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por eso #YoVotoNo”, publicó otro internauta.

Muchos opositores también han planteado dudas sobre la limpieza del referendo, que según las autoridades está garantizada, aunque no habrá supervisión de organismos internacionales.

Confrontación política

Como casi todo tema de actualidad en Cuba, el plebiscito ha adquirido fuertes connotaciones políticas.

Las autoridades cubanas han vinculado la campaña del “sí” con la defensa del modelo político vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado dentro del país a medida que aumenta el descontento social por la nefasta situación económica.

Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila

Invasor
Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila.

“Apoyar el Código de las Familias es apoyar el proyecto de país”, titulaba un artículo con una entrevista a Mariela Castro el pasado mayo en el diario estatal Granma.

Para el activista Daniel Triana “esto es asqueante, ya que el gobierno podría haber aprobado el matrimonio igualitario de un plumazo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), donde todo se vota por unanimidad”.

“Quienes disentimos del régimen y que apoyamos el código estamos en una posición ética y política bien delicada“, asegura.

Manifestación LGBT Cuba 2019

Getty Images
En Cuba los gays, lesbianas y trans pueden manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización del Estado: cuando en 2019 activistas LGBT celebraron una marcha por su cuenta en La Habana, agentes vestidos de civiles agredieron y arrestaron a varios manifestantes. Las autoridades les acusaron de ser “contrarrevolucionarios” al servicio de EE.UU., el señalamiento más frecuente para quienes se desmarcan del sistema establecido.

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de disidentes en Cuba han expresado en las redes sociales su intención de votar “no” o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Otros dentro y fuera del país han aprovechado la ocasión para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba, gobernada por el Partido Comunista como órgano único y supremo de poder en el Estado.

“Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?”, escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explica el historiador cubano Abel Sierra Madero.

Mientras, algunos activistas LGBT en la isla lamentan que el reciente lavado de cara del Estado cubano, culminado en el Código de Familias, tienda un velo sobre este oscuro pasado.

“Cuba fue hasta hace poco un estado homotransfóbico. Fidel Castro y el Ché Guevara eran homotránsfobos confesados. De pronto con este código pretenden obviar todo esto sin una sola mención a ese historial funesto. No han pedido disculpas y simplemente lo han tratado de empujar como una ley natural que se desprende de la coherencia histórica de la revolución cubana. Eso no solo es falso sino que es muy cínico y macabro”, denuncia el activista Daniel Triana.


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