La senadora Geovanna Bañuelos retiró la iniciativa de Ley General de Salud Mental propuesta por el Partido del Trabajo (PT), tras las críticas de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, que la consideraron como discriminatoria y violatoria de derechos.
A través de un video compartido en sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, informó que el dictamen fue retirado de la orden del día del periodo extraordinario que se celebraría este miércoles 29 de julio, “para que pueda ser enriquecida en parlamento abierto”.
Monreal explicó que esta iniciativa generó “discusión pública en distintas instancias de la sociedad civil”, por lo que el grupo parlamentario decidió retirarla hasta que se dé un procedimiento de participación de colectivos y asociaciones civiles de personas con discapacidad psicosocial para su redacción.
La senadora Bañuelos dijo que el Partido del Trabajo solicitó a Ricardo Monreal que “se abran los canales de discusión y de debate, que sean incluyentes gracias al interés que se le ha puesto al tema de salud mental”.
Reconozco la sensibilidad del Grupo Parlamentario del @PtSenado, y de su coordinadora, la senadora @geovanna_b, por retirar del orden del día del periodo extraordinario a celebrarse mañana su iniciativa sobre salud mental, para que pueda ser enriquecida en Parlamento abierto. pic.twitter.com/OtLWOU36hd
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 28, 2020
El parlamento abierto para la generación de esta ley se dará en el mes de septiembre, decisión que fue celebrada por los colectivos y organizaciones.
El presidente de la Jucopo agradeció la sensibilidad del PT al retirar la discusión, porque “así vamos a poder darle a la sociedad un instrumento jurídico que es indispensable en la materia de salud mental”.
La iniciativa que iba a ser discutida este miércoles fue criticada por colectivos y organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, pues consideran que fue hecha con recomendaciones en materia de derechos humanos de hace 14 años, además de permitir los internamientos forzados y contener expresiones como “deficientes” o “enfermos mentales”.
El documento señalaba que las personas con discapacidad psicosocial tienen “derecho al consentimiento informado” respecto de su tratamiento. Aunque contempla que esto se exceptuaríá “en el caso de internamiento voluntario, cuando se trate de un caso emergente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado”.
