Congreso de Puebla congela iniciativa trans sobre cambio de identidad
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

Congreso de Puebla congela iniciativa trans sobre derecho al cambio de identidad

La iniciativa busca que las personas trans puedan cambiar su identidad de género, sin la condicionante de operaciones quirúrgicas. Partidos dicen que no está en su agenda.
Cuartoscuro
Por Lucero Hernández
20 de agosto, 2020
Comparte

El Congreso de Puebla se resiste a aprobar una ley que permita a cualquier persona cambiar de identidad, lo que, de acuerdo con organismos y defensores, persiste en la violación de derechos a la comunidad transgénero.

Apenas el pasado 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a los tres niveles de gobierno en México a impulsar políticas públicas de prevención de violencia contra las personas trans, y a hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos, incluyendo la identidad de género.

También llamó a las fiscalías estatales de justicia a aplicar el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las instancias de Procuración de Justicia en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género.

Leer más: La historia de Jeidy, joven indígena que sufrió un ataque transfóbico en Tehuacán, Puebla

En el caso de Puebla, pese a que es una de las nueve entidades que, en teoría, brinda protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual, su Congreso estatal tiene detenida una iniciativa, presentada el pasado 19 de junio, que reformaría el Código Civil para garantizar el derecho humano a la personalidad jurídica y, con ello, el cambio de identidad.

La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Puebla.

Lo que busca la iniciativa es que las personas trans puedan cambiar su nombre para tener su propia identidad de género, sin la condición de realizar operaciones quirúrgicas. Además del acta de nacimiento, también llevarían identificación oficial, formato de registro civil y comprobante de domicilio para realizar el cambio.

“Lo más importante es que ellos y ellas puedan contribuir a esta iniciativa, ya que conocen cómo se realizan estos trámites. (En este momento) acuden a la Ciudad de México y ahí hacen su cambio, o mediante amparos. Buscamos que el procedimiento administrativo sea más accesible”, explicó Rodríguez Sandoval.

La iniciativa es el resultado de mesas de trabajo con comunidades trans en Puebla e incluía un primer parlamento trans a nivel nacional que no pudo concretarse por la pandemia. En dichas mesas la constante fue la discriminación que viven todos los días las personas trans y que parte del no reconocimiento a su identidad, lo que les impide desarrollarse en una sociedad y tener acceso a salud, vivienda, trabajo digno y educación.

Te puede interesar: Aprueban en comisiones que menores de edad puedan elegir su nombre y género en CDMX

En entrevista con Animal Político, la diputada lamentó que la iniciativa se haya turnado a otras dos comisiones, práctica a la que recurre la Mesa Directiva que encabeza el Partido Acción Nacional (PAN), con una postura conservadora en estos temas, para retrasar su aprobación.

PAN en Puebla “desconoce” iniciativa

La propuesta también se revisa en las comisiones de Procuración y Administración de Justicia que preside la diputada del Partido del Trabajo, María del Carmen Cabrera Camacho, y la de Familia y los Derechos de la Niñez que preside la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia.

“Al final van a querer bloquear esta iniciativa por ser conservadora el ala panista. Es complicado que otros partidos puedan legislar a favor, porque es un tema controversial. Han pedido foros y eso está en contra porque los derechos no se consultan”, aseguró la diputada.

La diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia dijo desconocer la iniciativa de su colega legisladora Rodríguez Sandoval y aseguró que no se ha convocado a comisiones unidas, además de que no son temas de la agenda del PAN, pero agregó que defiende la integridad de las personas sin importar lo que quieran hacer con su sexualidad.

La panista minimizó esta propuesta al compararlos con los “temas rudos” que viven las mujeres poblanas y que a su consideración se deben atender urgentemente: “Como partido impulsamos muchas iniciativas en los temas que creemos que son de urgencia, como la violencia hacia las mujeres”.

El diputado Carlos Morales Álvarez, coordinador legislativo de Movimiento Ciudadano, dijo que es respetuoso de los derechos humanos y sexuales, y propuso mesas de trabajo que incluyan la participación de la sociedad civil, padres de familia, organizaciones de la comunidad LGBTTI+, sociólogos, humanistas, abogados y psicólogos sociales.

El coordinador legislativo del PRI, Nibardo Hernández Sánchez, consideró importante legislar sobre el tema aunque reconoció que no está en la agenda de su partido.

A través del área de comunicación social, la legisladora del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez, señaló que respeta a la comunidad LGBTTI+, pero su partido tiene una “visión diferente”.

Rocío García Olmedo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que legislar sobre la identidad de género es un tema pendiente que surgió en el 2012, tras el asesinato de la activista transgénero Agnes Torres.

“Estamos en un Congreso que se ha autodefinido como de pensamiento progresista, pero estamos por terminar el tercer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo y no se avanza. Es un doble discurso con el que se conduce”, agregó la legisladora priista.

Sin capacidad jurídica

Todas las personas tienen capacidad o personalidad jurídica, que implica goce y ejercicio de derechos y obligaciones, pero en el caso de las personas trans, muchas veces esta capacidad jurídica no se puede ejercitar, pues la autoridad no reconoce su identidad y esto las limita en varias áreas, como el acceso a los servicios de salud o al trabajo que son derechos humanos, explicó Carmina Parada Aguilar, especialista en Derechos Humanos.

Desde 2011 la Constitución Mexicana en su artículo cuarto incluye el derecho para todas las personas, retirando los géneros de hombre y mujer, y ubica al Estado como responsable de garantizar el derecho a la protección de la salud y al trabajo en el quinto constitucional.

En el caso de Puebla, a pesar de los protocolos nacionales, tratados internacionales y exhortos de organizaciones por el reconocimiento a la identidad, no se cumple esta situación.

Para Carmina Parada aun cuando los gobiernos están obligados a diseñar políticas públicas que satisfagan las necesidades de todas las personas sin importar su género o identidad, en Puebla no sucede así.

El Plan Estatal de Desarrollo en Puebla no hace mención alguna de la comunidad LGBTTI+ o personas transgénero, pero sí define como “incluyente” al gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta.

Si bien en el eje de los derechos humanos el plan de Barbosa habla sobre la “disminución de las desigualdades” y aborda el compromiso de satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de “mujeres, hombres, niñas, niños, y grupos en situación de vulnerabilidad”, nunca toca el tema de la comunidad trans y la identidad de género, de acuerdo con una revisión hecha al plan estatal.

La Puebla que discrimina

La Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) que en 2018 presentó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación advierte que 50% de las personas encuestadas no fueron abiertas sobre su orientación sexual e identidad de género en su último empleo y 53% ha sido víctima de discriminación por odio y acoso en su trabajo.

Justo ese año, el Inegi ubicó a Puebla como la entidad donde más se discrimina por algún motivo o condición. El Conapred lo confirmó en su última Encuesta Nacional sobre Diversidad: Puebla es el lugar donde más se discrimina a los integrantes de la comunidad LGBTTI+.

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Puebla (CDHP), Félix Cerezo Vélez, es consciente de este problema, y para ello ha trabajado con el congreso poblano para fijar su postura sobre la identidad de género.

“Me he reunido con las comisiones del Congreso, incluyendo con la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, con quien trabajamos la Ley Sexogenérica, nos pide la opinión, se la damos sobre si es violatorio o no a los derechos humanos (…) Le dije a Estefanía que sí la debían aprobar. Todavía les queda un año, pero yo estoy de acuerdo con esa Ley y pediría al Congreso que la apruebe porque es un padecimiento”.

El ombudsman negó que la falta de una ley sea la causante de las agresiones a la comunidad trans: “El que no exista una ley no significa una violación a los derechos, esos ya los tienes, pero el cambio de nombre es una situación jurídica que se tiene que atender y no es fácil autorizar, por eso hay que empujarla”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
Comparte

Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=nniRPDLfaJ0

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.