Años de desvíos quebraron a Policía Federal; fraude supera los 2 mil mdp
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Seis años de desvíos quebraron a Policía Federal; fraude supera los 2 mil 650 millones de pesos

Desvíos provocaron que al final la Policía Federal no tuviera para pagar la luz, para la gasolina de sus patrullas ni el hospedaje de sus elementos. La FGR integra una segunda investigación por estos malos manejos.
Cuartoscuro
25 de agosto, 2020
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Durante seis años, de forma ininterrumpida, la Policía Federal registró un desvío sistemático de recursos que no solo representó un fraude al erario, sino que terminó por quebrar a la corporación, complicando su funcionamiento operativo al no poder pagar al final ni la luz de sus edificios, ni la gasolina de sus patrullas, ni el hospedaje de sus efectivos.

Por este fraude la Fiscalía General de la República (FGR) integra una carpeta de investigación por diversos delitos de corrupción, distinta a la que ya fue procesada en contra de 19 exfuncionarios por lavado de dinero, y donde están implicados esos y otros exfuncionarios.

En total, la FGR indaga un posible quebranto final a la Policía Federal que asciende a los 2 mil 657 millones de pesos, de acuerdo con datos de la investigación a los que este medio tuvo acceso.

Los principales responsables de estos desvíos, según la denuncia que la hoy Guardia Nacional promovió ante FGR, son las tres personas que ocuparon el cargo de la Secretaría General de la Policía Federal a lo largo del sexenio pasado. Todos ellos bajo el mando del entonces secretario de Gobernación y hoy senador, Miguel Ángel Osorio Chong.

Se trata de Jesús Orta Martínez en cuya gestión en el referido puesto, de 2013 a 2015, se habría registrado el desvío de poco mas 700 millones de pesos de la corporación; Frida Martínez Zamora con malos manejos de 1 mil 800 millones de pesos durante su perdió de 2015 a 2017; y Alejandro Bautista García quien asumió ese despacho en 2018 y donde se detectaron malos manejos por otros 120 millones de pesos.

Ellos tres, junto con otros exfuncionarios que no han sido revelados, son indagados dentro de una carpeta de investigación que se integra desde el año pasado en FGR por posibles delitos de corrupción entre ellos peculado, ilícito que tras las reformas aprobadas ya es considerado un “delito grave” que amerita prisión preventiva automática.

De ser judicializada esta investigación, que está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, representaría para Orta y para Martínez un segundo proceso además del que ya se inició en su contra, y en contra de otros implicados su primera orden de aprehensión o comparecencia.

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El fraude y la quiebra: ni para la luz quedó

Lo que la investigación de la FGR arroja es que, de forma ininterrumpida, y sin importar que persona estuviera al frente de la ya extinta PF, se implementó una estrategia sistemática de malos manejos que año tras año facilitó el desvío de miles de cientos de millones de pesos al amparo de supuestas contrataciones.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía se identifican, por ejemplo, contratos por arrendamiento de patrullas, de equipos tecnológicos para supuestas intervenciones inteligencia, de mantenimiento de aeronaves, entre otros, en donde el común denominador eran los precios inflados.

Además, diversas auditorías – tanto de los órganos internos de control como de la Auditoría Superior de la Federación – detectaron que al amparo de dichos contratos se autorizó la salida de montos mucho mayores a los autorizados sin que se sepa donde quedó el dinero.

El tema cobra especial gravedad ya que de forma paralela a los desvíos del presupuesto de la corporación creció su falta de solvencia para poder cubrir diversos pagos. Primero comenzó por no poder cubrir los pagos de indemnizaciones, y luego el problema creció hasta no poder pagar la gasolina de sus patrullas.

Animal Político publicó en abril de 2019 que la Policía Federal registraba adeudos de aproximadamente 2 mil 460 millones 248 mil 760 pesos. La corporación, a través del oficio PF/OCG/DGE/1309/2019 reconoció que no contaba con los recursos suficientes para cubrir esa cantidad y que se habían solicitado ampliaciones de presupuesto que en ese momento no habían sido autorizados.

Tras las auditorías practicadas, hoy se conoce que el monto del dinero desviado es equivalente a los adeudos con los que terminó la extinta Policía Federal luego de culminado el sexenio de Peña Nieto.  Incluso, si ese dinero no se hubiera desviado quedaría un remanente superior de aproximadamente 200 millones de pesos.

Entre el monto que la PF no pudo solventar se encontraba 1 mil 308 millones de pesos por concepto de servicios de traslado y de viáticos para sus elementos desplegados en diversos operativos. Este problema en específico se agravó al punto de que, hacia finales de sexenio, había hoteleros que se negaban a hospedar a agentes federales quienes incluso tuvieron que montar campamentos improvisados.

Otro adeudo del orden de los 533 millones de pesos era por servicios básicos no cubiertos, entre ellos pagos de agua y de luz. A ello se sumaba otra deuda de 234 millones de pesos por conceptos de vestuario, y prendas de protección. El resto corresponde a deudas en contratación de alimentos, pagos de gasolina, adquisición de equipos de protección, entre otros.

Incluso, la PF llegó a acumular tan solo por concepto de multas deudas por mas de 200 mil pesos al no indemnizar o liquidar a tiempo a elementos que fuero dados de baja por diversas razones.

Lee más: Policía Federal desaparece, no hay vuelta atrás, dice el gobierno a elementos; reclaman indemnización

Indagatorias inconclusas; la mayoría prófugos

Las indagatorias relacionadas con los desvíos en la Policía Federal se encuentran aun en desarrollo. El caso mas avanzado, hasta ahora, es el que integró la SEIDO en contra de 19 exfuncionarios por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero y que ya fue judicializado ante un juez federal.

Cabe señalar que dicho caso se intentó consignar por primera vez en diciembre de 2019, sin embargo, el juez que lo recibió consideró que el expediente no estaba bien integrado y no se justificaba librar las órdenes de arresto por delincuencia organizada por lo que decidió devolverlo.

La SEIDO envió una nueva solicitud al juez el pasado 8 de agosto y esta vez el juez federal del estado de México que lo recibió concedió las órdenes de aprehensión. No obstante, a mas de dos semanas de ello solo un exfuncionario de nivel medio ha sido detenido mientras que el resto continua prófugo.

A ese caso se la indagatoria por delitos de posible corrupción que integra la FGR a través de la FECC y que se espera sea judicializada este mismo año.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continua con la revisión de múltiples anomalías detectadas en la gestión de recursos financieros de la ya extinta Policía Federal que se prevé que den paso a nuevas denuncias penales ante la Fiscalía.

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¿Cuán factible (y conveniente) puede ser la compra privada de vacunas contra COVID-19?

Varios países han abierto la puerta para el acceso privado a las vacunas. Sin embargo, existen reparos sobre la conveniencia de un modelo de negocio particular a la hora de enfrentar una emergencia de salud pública como la del coronavirus.
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10 de mayo, 2021
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Vacunas con un dólar

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Varios países han intentado abrir sus legislaciones para permitir la venta de vacunas de forma privada.

La vacunación contra la covid-19 avanza a contrarreloj en el mundo, a cargo de gobiernos y entidades de salud pública: hasta el momento se han administrado más de 1.150 millones dosis a nivel mundial, según el monitoreo de la Universidad de Oxford.

Mientras países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos han logrado ejecutar campañas de vacunación masiva que alcanzan a más de la mitad de su población (incluso con las dos dosis requeridas por la mayoría de las vacunas disponibles), otras naciones se encuentran rezagadas.

En ese escenario, y ante el aumento de contagios, países como Indonesia, India y Pakistán, entre otros, han optado por incorporar a privados a la compra de vacunas, pero controlados desde instancias gubernamentales.

Y en América Latina, impulsados por el desabastecimiento, Brasil, Colombia, Perú y México están abriendo puertas para que empresarios y gobiernos locales puedan adquirir las dosis que se necesitan.

Sin embargo, la opción de la compra privada es aún muy incipiente y genera reparos.

Distintos expertos en salud han expresado inquietudes, no sólo por las cuestiones comerciales asociadas a la compra de vacunas, sino también sobre la conveniencia de un modelo de negocio privado a la hora de enfrentar esta emergencia de salud pública de gran escala.

¿Ayuda o estorbo?

El principal objetivo de las vacunas es “salvar vidas, y ese objetivo es mejor financiado por fondos públicos”, afirma un documento que la OPS compartió con BBC Mundo.

“Los países se han alineado con el marco de valores y objetivos de la Organización Mundial de la Salud y consideran garantizar la vacunación sin ningún costo para la población“, señala.

El objetivo de la vacuna actualmente es su utilización como medida de salud pública. El primer objetivo es proteger a las personas que tienen un riesgo mayor de enfermarse gravemente de covid-19 o de morir por la enfermedad”, le dice a BBC Mundo Ana Elena Chévez, asesora regional en inmunizaciones del organismo.

vacunas rodeadas de Euros

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“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, y no solamente para los que puedan pagar”, señala la OPS.

“Por eso el uso de las vacunas por ‘pago de bolsillo’ puede ampliar las inequidades que desafortunadamente la pandemia ha subrayado tanto en la región”, agrega la asesora, en su análisis de América Latina.

Ante la escasez de vacunas, resulta problemático “pensar que un adulto mayor por no tener acceso a la vacuna no se pueda vacunar, y una persona joven y saludable que pague por ella pueda tener acceso”, compara Chévez.

Quienes rechazan la idea de “privatizar” la compra de vacunas señalan que la apertura de un mercado privado, en vez de ayudar a alcanzar las metas de vacunación completa en los países, generaría un efecto contrario: los particulares entrarían a competir con el Estado como proveedor, lo que podría incluso entorpecer la campaña de inmunización.

Los países de América Latina no tienen recursos ilimitados para, además de atender una emergencia de salud pública como lo es la pandemia en todos sus niveles, prestar recursos a los privados para que ellos puedan aplicar las vacunas que adquirieron”, le dijo a BBC Mundo Ángela Uyén, investigadora especialista en enfermedades infecciosas y asesora de Médicos Sin Fronteras.

“Los privados necesitan enfermeras para aplicar las vacunas, lugares para almacenarlas, centros de vacunación… y eso no va a venir de otro lugar que no sea el Estado, o en competencia con él”.

El médico cirujano mexicano Xavier Tello, añade un elemento técnico.

“Muchas de esas vacunas están aún en fase III de ensayos clínicos. Por esa razón técnica, sin hablar de la conveniencia de que exista o no, es que no hay todavía un mercado establecido como sí sucede con otros medicamentos aprobados para su venta al público”, añade Tello en diálogo con BBC Mundo.

Logística

Uyén señala que, en los países donde se han adelantado propuestas para la implementación de un mercado privado de vacunas, las empresas y los particulares ya tienen una alta participación en la prestación de los servicios regulares de salud.

Ella y otros especialistas coinciden en que tal vez la mejor manera en que los privados pueden ayudar a los procesos de inmunización es haciendo parte de la cadena logística.

Vacunas con signo de Copyright

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Varios expertos han señalado que la liberación de las patentes ayudaría aumentar la producción de vacunas alrededor del mundo.

“El mejor ejemplo de eso es Estados Unidos, donde todas las vacunas han sido provistas por el gobierno pero se ha contado con el apoyo de clínicas, farmacias y entidades particulares que han sido parte de la masiva campaña que han tenido”, señala Uyén.

Sin embargo, su intervención no debe cambiar el modelo ni las prioridades actuales, indican los especialistas.

“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, nunca debe ser solamente para los que puedan pagar”, dice Chévez.

Los ministerios de salud cuentan con el personal, la logística y la cadena de frío necesaria para implementar la vacunación universal. El sector privado podría contribuir de forma solidaria”, añade la representante de la OPS.

Demora en el programa Covax

El problema al que se enfrenta la mayor parte de países es el desabastecimiento global de dosis de vacunas contra el covid-19.

En América Latina son varios los gobiernos que han anunciado retrasos en los planes oficiales por falta de dosis, entre ellos, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, donde los suministros han alcanzado apenas para vacunar a entre 3% y 14% de sus poblaciones con al menos una dosis.

A lo que se suma la demora en las entregas por parte del programa Covax, que pretendía, mediante un plan solidario, garantizar el acceso a las vacunas de forma equitativa a todos los países, especialmente los de menores ingresos.

En América Latina, muchos gobiernos habían elaborado sus planes de vacunación contando con esas dosis.

Creo que el problema ha sido la adquisición desmesurada de algunos países, que ha impactado en algo tan importante como el plan Covax”, señala Ayén.

Vacunas en un podio.

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Hasta ahora los principales laboratorios que producen la vacuna se han negado a negociar con particulares.

Hasta el momento, Covax ha entregado cerca de 40 millones de dosis en 102 países. Y su objetivo es llegar a 2.000 millones de dosis a finales de este año.

“Que Covax no esté funcionando como se pensó que iba a funcionar no puede dar cabida a la entrada de un mercado privado”, anota la analista.

Iniciativas en la región

Con un cuadro crítico por los casos de covid-19 en Colombia -cerca de 17.000 nuevos contagios y 400 muertos diarios-, el gobierno del presidente Iván Duque decidió abrir a privados la adquisición de las vacunas el pasado 21 de abril.

Los anuncios ocurrieron antes de las masivas protestas que han sacudido al país en los últimos días y que han dejado al menos 19 personas muertas.

“Solo se podrán adquirir vacunas que tengan la autorización por parte del Invima (Instituto de Vigilancia de Medicamentos del país) para uso de emergencia”, aseguró el mandatario.

Aunque el decreto permite la importación de las vacunas, no permite su venta.

“Solo podrán ser adquiridas (por privados) para su aplicación gratuita a grupos poblacionales previamente definidos y aprobados por el Ministerio de Salud”, señala el decreto.

De acuerdo con el gobierno colombiano, la idea es permitir que las empresas puedan facilitar la vacunación de sus empleados de una forma más directa.

Actualmente en Colombia se están aplicando las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac.

Ya se conoció públicamente que las farmacéuticas Pfizer y Sinovac han rechazado hacer negocios con privados allí, mientras que no han trascendido detalles de negociaciones con los otros tres laboratorios.

Covax

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Lo cierto es que el programa Covax no ha cumplido con todos los objetivos que se había propuesto para la entrega de dosis.

Las trabas que se ven en Colombia ya se han registrado antes en otros países: aunque la normativa permita la importación de vacunas, los privados no consiguen alcanzar acuerdos con las farmacéuticas.

A principio de año, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó a un conglomerado de clínicas privadas llamado ACBVAC a buscar de forma particular vacunas para luchar contra el incesante aumento de casos en el gigante sudamericano.

Sin embargo, las farmacéuticas productoras de vacunas insistieron en que solo negociaban con gobiernos.

“Creo que en el futuro va a existir un mercado privado, sin duda, pero ahora no están dadas las condiciones para que algo así ocurra”, señala Tello.

Al caso de Brasil y Colombia se suma Perú, que esta semana aprobó una legislación que habilita la adquisición de vacunas por parte de privados y gobiernos regionales.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se mostró abierto a la posibilidad, aunque no existe al momento una decisión oficial en este sentido, y lo mismo ocurre en otros países como Ecuador y Argentina (donde se planteó la posibilidad en el Congreso).

Vacunas

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Analistas señalan que los gobiernos son los encargados de garantizar el éxito de los planes masivos de vacunación.

“Si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna”, apuntó López Obrador y dejó abierto el juego para que el cuestionado mercado privado sea una realidad en su país.

Los analistas no descartan que en el futuro, una vez las vacunas hayan terminado la fase III de investigación y la situación de la pandemia haya mejorado ostensiblemente, que pueda existir una venta a particulares de la vacuna de covid-19.

Pero ahora, están de acuerdo, la prioridad debe ser la salud pública.


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