Por lavar ocho horas ropa ajena Marleny Suárez ganaba 100 lempiras (4 dólares), en El Guante, Honduras. Desde marzo, por el coronavirus, se quedó sin trabajo y ahora busca qué darle de comer a su hija Yessica Xiomara, su hijo Luis Miguel y a los sobrinos de los que se hace cargo  tras el asesinato de su hermano.

Es madre y viuda. Cada día la angustia de Marleny Xiomara crece ante la falta de dinero para pagar las 1,500 lempiras (61 dólares) de la inscripción de sus hijos a la escuela. Cada día Marleny Xiomara se pregunta cómo sería su vida si Los Zetas no hubieran asesinado a su esposo Miguel Ángel Cárcamo junto con 71 migrantes más, la noche del 22 de agosto de 2010 en San Fernando, a menos de dos horas de alcanzar la frontera con Estados Unidos, en Tamaulipas.

Marleny Xiomara Suárez rezó nueve días seguidos por su esposo Miguel Ángel Cárcamo. Rezó el primer día y recordó a la señora que le decía: ‘¡Ese cuerpo es mi hijo!”. Rezó el segundo, el tercer y el cuarto, sin olvidar a la desconocida mujer que decía: ‘Miguel Ángel no es Miguel Ángel’, y que le hizo dudar de la identidad del cuerpo que enterró. Sigue sin olvidar esa voz.

Marleny sabe muy bien quién es Miguel Ángel. Él pasaba los 20 años y ella los 18 cuando se conocieron un día a inicio de la década de los 90. Al siguiente suspiro, el joven de Maraita le pidió matrimonio. Al siguiente suspiro, él fue por sus pertenencias a la casa de sus padres y regresó a Marleny para quedarse en El Guante.

“Él no le podía comprar ropa a los cipotes y se ponía a llorar y decía que se iba a los caminos para que los cipotes siguieran adelante”, recuerda Marleny en entrevista telefónica.

Miguel Ángel y su cuñado Luis Suárez salieron de El Guante, ubicado a 90 kilómetros de Tegucigalpa, el 2 de agosto de 2010. Rogelio, otro hermano de Marleny con experiencia en migrar, los encontró en Guatemala. En su camino a Estados Unidos hablaba por teléfono con Marleny. En una llamada le avisó que habían deportado a Luis. A mediados de agosto le dijo que estaba cerca de la frontera con Estados Unidos, que le prometía dinero para arreglar la casa de madera y comprar ropa a sus cuatro hijos.

El 1 de septiembre, Marleny asistió a la entrega de 16 ataúdes sellados. El presidente hondureño, Porfirio Lobo, dijo que todas eran víctimas hondureñas de la masacre mexicana. A los días siguientes se supo que, por lo menos uno de los cuerpos llegados a Honduras era, por error, el de un joven brasileño. A media ceremonia, una mujer se acercó a Marleny y le dijo que el del ataúd era su hijo. Ella le respondió que Miguel Ángel no tenía mamá. La señora insistió y la hizo dudar.

El último día del rezo del novenario por Miguel Ángel, Marleny y su familia fueron a dejar flores a la tumba. Cuando llegaron al sepulcro encontraron la tierra muy removida. Ella preguntó qué había pasado a una familia que estaba en una tumba cercana y no respondieron. En esos días la policía los vigilaba. Le pidió a Petrona y Ángel que no hicieran bulla y todos regresaron a casa.

“No hallo consuelo”, dice Marleny, en la entrevista, a una década de esos días tristes. Semanas después otra señora la buscó para decirle que no llorara, que Miguel Ángel estaba vivo, que habían sacado el ataúd del sepulcro debido a un error en la identificación. “Aquí en El Guante nadie se lo dije y esa mujer dijo que está vivo, pero a mí no me ha llamado, me dijeron que a los 7 años podía llamar, pero ya van 10 y él no llama”.

A 10 años de la masacre de San Fernando, Marleny sufre por la incertidumbre. En el día a día la pobreza cerca a su familia que sigue habitando la casa a la que hace casi 30 años llegó un joven de Maraita y de la que se fue un 2 de agosto de 2010 en busca de un futuro.

Los Cárcamo Suárez comparten el desamparo con la señora Elvia Yolanda. Ella sigue esperando que México o que el país donde nació, Honduras, le otorguen becas de estudio para sus tres nietos, hijos de Eva Nohemí, asesinada hace 10 años en la misma masacre. “Porque yo ya me voy a morir y ellos, como sea, van pa’rriba”, dijo en la visita que realizó el año pasado a México.

Vilma Pineda Morales también sufre por la situación económica y la injusticia. En la masacre perdió a Efraín Pineda Morales, Richard Pineda Lacán, Mayra Cifuentes Pineda y Nancy Pineda Lacán.

Esta es la misma situación que viven las 24 familias hondureñas, las 14 salvadoreñas, las 14 guatemaltecas, las 4 brasileñas y la india que perdieron a sus familiares. En diez años no han recibido apoyos económicos, educativos o de salud por parte del gobierno mexicano. Sus países no se han sumado a la exigencia de justicia, verdad y reparación por la masacre.

Sin destino

El camino a la verdad y la reparación de las víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, parece imposible. En diez años, y tres gobiernos distintos, el Estado mexicano no logró garantizar el derecho a la verdad de las familias y los sobrevivientes de la violación grave a los derechos humanos.

A la fecha, hay 30 víctimas directas y 65 víctimas indirectas de esa masacre oriundas de Centroamérica, Ecuador y Brasil registradas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Aunque deberían de recibir medidas de asistencia médicas, alimentarias y educativas, las personas  sólo cuentan con apoyo económico para su traslado a México, para el seguimiento a sus casos, y, en su momento, dos familias recibieron atención médica emergente en el país, según la Fundación para la Justicia y El Estado Democrático de Derecho, representante legal de 11 de las familias.

En el proceso de transición el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que instalaría una Comisión de la Verdad para la masacre de San Fernando. Hasta ahora, el único ejercicio echado a andar es la Comisión para el caso Ayotzinapa. En su lugar, la fiscal de derechos humanos, Sara Irene Herrerías Guerra,  aceptó concentrar 4 investigaciones de masacre y 2 de desapariciones en una recién creada Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UDIPM). Para investigar estos casos la FGR dispuso de 3 ministerios públicos de medio tiempo.

“Hasta que no haya voluntad no va avanzar, y la voluntad política implica que las políticas de austeridad no deben tocar acciones de búsqueda y acciones de investigación, porque esto nos va seguir hundiendo en la impunidad”, advierte Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia.

La creación de una Comisión está en manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alejandro Encinas. El 6 de julio de 2018, la hoy titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, aseguraron que habría un mecanismo, donde el centro fueron las víctimas y el cumplimiento del marco legal internacional de los acuerdos que México ha firmado con el mundo.

En México, la institución encargada de atender a las víctimas es la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), fundada en 2014 y su modelo de atención se sustenta en la Ley General de Víctimas. Cuenta con 603 trabajadores para atender a 34 mil víctimas de violaciones a derechos humanos. El 60 por ciento del personal está contratado como externo o con plazas eventuales.

La CEAV plantea la reparación del delito en cinco pasos: restitución, que significa que la víctima recupere lo perdido; rehabilitación, que representa atención médica o psicológica; compensación, aportar  una suma de dinero con cálculos establecidos en la ley; satisfacción, una disculpa pública o reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano o las autoridades responsables en violaciones graves a los derechos humanos; y garantías de no repetición, crear medidas para sancionar  a los responsables y establecer políticas públicas de prevención.

El modelo burocrático impuesto por la CEAV obliga a que las víctimas directas o indirectas llenen un formato específico de solicitud de las medidas de asistencia o de la reparación. Esta condición es la principal limitante para las familias de los migrantes, quienes viven en comunidades rurales en sus países.

De las 72 familias de las víctimas, 61 no cuentan con representación jurídica en México. Al ir a la CEAV, las abogadas que asesoran a madres, esposos, esposas e hijos topan con pared. “Les han prometido medidas, pero luego señalan que los protocolos y reglamentos de la CEAV les impiden dar asistencia fuera del país, que las familias no tienen cuentas de banco, que están en otros países y no hay convenios de colaboración con instituciones públicas de salud y educación. El tema administrativo está por encima de la Constitución”, lamenta la abogada Delgadillo.

Al respecto, Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, señaló que el modelo de operación de la CEAV la convierte en una Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para víctimas. Además, enfatiza, no hay un mecanismo que garantice que las víctimas de otros países tengan acceso a las medidas de reparación y de asistencia.

“Una Ley de Víctimas responsable acotaría la atención a delitos de desapariciones, ejecuciones, tortura. La CEAV tendría que tener modelos de reparación administrativa, hoy todavía sigue vinculada a lo judicial, en un país donde lo judicial no camina. Hay una visión muy perversa en la forma en que las comisiones de víctimas están operando porque claramente están rebasadas por el entorno”, expuso Dayan.

Las medidas de austeridad dejaron al descubierto la fragilidad de la CEAV. El 24 de junio, la comisionada Mara Gómez Pérez presentó su renuncia al Senado. En una carta expuso que se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas. Para esta investigación se pidió una entrevista a la CEAV pero fue rechazada.

Reparaciones a presión

La presión de Leonardo Arizaga, embajador de Ecuador en México, obligó a que el Estado mexicano reparara a los familiares de las cinco víctimas mortales ecuatorianas Elvia Florinda Pasochoa Matsaquiza, Rosa Amelia Panza Quilli y María Magdalena Tipantaci Tubón, y asesinados Telmo Leonidas Yupa Chimborazo y Christian Andrés Caguana Campos, así como a Luis Freddy Lala Pomavilla,  sobreviviente de la masacre de San Fernando y quien ha hecho público su testimonio sobre lo ocurrido.

De 2016 a 2018, el diplomático buscó a las familias y al superviviente, facilitó el contacto con los funcionarios mexicanos, generó los encuentros para tramitar la reparación y organizó las disculpas públicas que dio el titular de la CEAV, Jaime Rochin, en Quito, a nombre del Estado mexicano, y donde entregó compensaciones a 47 víctimas indirectas y al sobreviviente.

*#Másde72 es un proyecto dedicado a investigar masacres de migrantes en México. Para consultarlo visita: https://adondevanlosdesaparecidos.org/masde72-una-decada/