Gobierno de AMLO beneficia a un empresario de una red que defraudó al fisco
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Gobierno de AMLO beneficia a empresario que es parte de una red que defraudó al fisco por 55 mil millones

Alfredo Aramburo, quien recibió un estadio remodelado con dinero público y obtuvo la concesión para explotarlo económicamente, forma parte de una red de empresas denunciadas por defraudación fiscal y lavado.
Por Manu Ureste y Francisco Sandoval
4 de agosto, 2020
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Es viernes, 11 de octubre de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador camina por la alfombra de pasto artificial del estadio de Los Algodoneros de Guasave, el Francisco Carranza Limón, con los brazos alzados al cielo y saludando al graderío.

López Obrador está contento, sonriente. Feliz por ver una promesa de campaña cumplida: “El béisbol va a regresar a Guasave”.

Para hacerlo su gobierno invirtió 65 millones de pesos en remodelar el viejo Carranza Limón, a los que el gobierno de Sinaloa sumó 6 millones y medio y el empresario Alfredo Harp Helú otros 65 millones. En total, 136 millones de pesos para ampliar el aforo del estadio a 8 mil butacas, comprar una pantalla gigante y construir palcos nuevos y un estacionamiento.

Además, el equipo ya tiene nuevo dueño, que era el último obstáculo para que la franquicia algodonera regresara a la Liga Mexicana del Pacífico tras cinco años de ausencia. Se trata del mazatleco Alfredo Aramburo Nájar, un empresario joven, reconocido en 2015 como el contador público del año en el sur de Sinaloa, y con experiencia en el mundo del béisbol tras su paso por Los Generales de Durango.

Aramburo, de hecho, no es un desconocido para el gobierno: es asesor externo de un comité de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (ProBeis), que tiene como objetivo impulsar el plan del presidente de crear escuelas de talentos por todo el país. Y un mes antes de la reinauguración del Carranza, el 19 de septiembre, la Secretaría de Educación (SEP) benefició a una de sus empresas con otros 25 millones de pesos para que, en tres meses, buscara jóvenes promesas del béisbol.

“Nos comprometimos a que regresarían Los Algodoneros. Ya se cumplió”, presumió López Obrador en Twitter la noche del 11 de octubre, luego de que cortara el listón de reapertura del estadio, lanzara cuatro bolas rápidas y Aramburo, que hizo de ampáyer, gritara ¡strike!

Una fiesta redonda, salvo por un dato: Alfredo Aramburo, que recibió un estadio remodelado con dinero público y que además obtuvo la concesión para explotarlo económicamente durante 15 años, forma parte de una red de empresas denunciadas por el propio gobierno federal por defraudación fiscal y lavado de dinero.

El mecanismo del “gran fraude”

El 23 de junio pasado, el gobierno federal denunció un “gran fraude” al fisco por 55 mil millones de pesos, operado por 43 empresas factureras.

Una de las empresas mencionadas es Costa Bella and Sands, en cuya documentación aparecen como dueños familiares de Alfredo Aramburo, otras empresas de su familia, y múltiples personas que trabajan para sus compañías.

La Procuraduría Fiscal denunció penalmente a esta empresa porque se trata de una facturera. Es decir, una compañía que no tiene instalaciones reales ni personal trabajando, ni activos, y que emite facturas falsas para hacer pasar por reales servicios que no existen, que simula ante Hacienda.

A partir de este mecanismo, las factureras inflan tanto esos gastos ficticios que llegan a exigir a la Secretaría de Hacienda que le devuelvan impuestos, obteniendo cientos de millones del erario.

Este mecanismo, además, incluye otras actividades ilícitas, como vender esas facturas falsas a cambio de una comisión a otras empresas que también buscan defraudar a Hacienda; y el lavado de dinero, es decir, usar las facturas para mover dinero de actividades ilegales, como sobornos a funcionarios públicos, o narcotráfico, por ejemplo.

Costa Bella, según la Procuraduría Fiscal, se especializó en el uso de estos mecanismos de fraude.

Detrás de ella, Animal Político documentó que hay un complejo entramado de 115 empresas que forman una red, es decir, que comparten socios, representantes, apoderados, comisarios y direcciones, siempre con sociedades de Alfredo Aramburo o de su familia en el centro.

Además de Costa Bella, en esa red hay más factureras o empresas fantasma, como también se las conoce coloquialmente. Un ejemplo: Skep Prácticas Administrativas, sociedad de los empresarios sinaloenses Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, dueños del Grupo ARHE y de otro equipo de béisbol profesional, Los Leones de Yucatán, y socios de Alfredo Aramburo en múltiples compañías.

La red es tan extensa que incluye compañías en paraísos fiscales, como Panamá, o Nevada, en Estados Unidos; u otras empresas como Operadora Grupo Gas Mart: una de las cinco firmas que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció en diciembre pasado por presuntamente triangular sobornos millonarios a Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón, que enfrenta un juicio en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Foto: Presidencia

Una red muy familiar

¿Cómo se conecta Costa Bella and Sands, una de las principales empresas factureras de México, con el dueño de Los Algodoneros de Guasave, cuyo estadio fue remodelado con dinero público?

Los dueños de Costa Bella and Sands son personas físicas y otras empresas con las que, a su vez, comparte socios y apoderados, según documentos obtenidos para esta investigación en el Registro Público de Comercio.

Una de las compañías dueñas de Costa Bella es MLX del Noroeste Inmobiliaria, fundada en agosto de 2014 por Guadalupe Nájar Huerta, madre de Alfredo Aramburo, quien tuvo el cargo de comisario en esta sociedad.

MLX del Noroeste, a su vez, es accionista de otras empresas de Alfredo Aramburo, como Fan Corporativo de Negocios, en la que aparece como socia su esposa, Liria Lorena Figueroa Tirado.

Promotora West Marine es otra de las dueñas de Costa Bella. En su documentación aparece como socio y administrador general Ildefonso Cristerna Vizcarra, esposo de María Guadalupe Aramburo Nájar, hermana de Alfredo. Ildefonso también aparece como socio de Costa Bella.

Al margen de la familia, en los documentos de Costa Bella y de las empresas que forman parte de su accionariado, aparecen personajes que ocupan cargos en otras empresas de Alfredo Aramburo.

María Imelda Peralta González, por ejemplo, es apoderada de Grupo Inmobiliario Saparly, otra accionista de Costa Bella, y es también apoderada de Operadora de Espectáculos Deportivos Guasave, la empresa que recibió el pasado 20 de marzo la concesión del Ayuntamiento de Guasave para explotar durante 15 años los beneficios económicos del estadio de Los Algodoneros.

María Imelda también es apoderada del Consorcio Turístico Bluebay; otra empresa de la red que el SAT incluyó oficialmente en su lista de factureras.

Además de compartir socios y apoderados, Costa Bella y sus empresas satélites también tienen en común unos terrenos ubicados en los ejidos El Costeño y Revolución, en Ensenada, Baja California.

Documentación obtenida en el Registro Público de Comercio detalla que esta red comparte los terrenos, pero no a través de una compra-venta, que tendrían que reportar al SAT, sino a través de una cesión por 20 años.

Por ejemplo, Costa Bella fue constituida el 7 de marzo de 2016 con una inversión de sus socios de apenas 20 mil pesos. Para el 6 de abril, es decir un mes después de su creación, su empresa satélite Servicios Turísticos West Marine le cedió un terreno de más de 7 millones de metros cuadrados valuado por un perito en 1 mil 567 millones de pesos.

Posteriormente, en julio de 2016, otra empresa satélite, Grupo Inmobiliario Saparly, le cedió otro pedazo de terreno valuado en 725 millones de pesos.

Y así hasta que el 6 de junio de 2017, quince meses después de que fuera constituida con apenas 20 mil pesos, Costa Bella infló su valor tras varias cesiones hasta los 8 mil 045 millones de pesos.

Expertos fiscalistas consultados explicaron que la cesión de terrenos entre una red de empresas, entre las que además hay factureras, es una forma, presuntamente, de inflar sus estados financieros y el valor de las compañías. Esto, por ejemplo, para simular una solvencia económica con la que podrían justificar su participación en licitaciones y adjudicaciones de contratos con el gobierno o en proyectos de inversión privados.

Precisamente, estos movimientos de terrenos entre empresas de un mismo grupo fue otro de los “criterios de riesgo”, además de las facturas falsas, que prendieron las alertas en la Procuraduría Fiscal para incluir a Costa Bella and Sands en la lista de 43 factureras que denunciaron ante la Fiscalía.

En la mesa con el Presidente

Costa Bella también comparte apoderados y representantes con otra red de compañías de empresarios beisboleros conocidos en Sinaloa.

Se trata de los hermanos Erick Ernesto y Juan José Arellano Hernández, dueños de Los Leones de Yucatán, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol.

Tanto ellos, como su socio Alfredo Aramburo, fueron invitados a una comida privada con el presidente López Obrador el pasado 17 de diciembre, a la que asistieron los dueños y accionistas de los equipos de las dos ligas de béisbol profesional de México, y empresarios como Carlos Slim y el magnate beisbolero, Alfredo Harp Helú. López Obrador tuiteó la foto del encuentro y dijo que en la comida platicaron sobre cómo promocionar el béisbol en México.

Pero, fuera del deporte, los Arellano son más conocidos como los dueños del Grupo ARHE, que integra hoteles, centros comerciales y condominios de lujo en Mazatlán y Culiacán, además de inmobiliarias, gasolineras y firmas de servicios legales, como la cadena UPC.

Con algunas de esas compañías, estos empresarios ganaron en siete años contratos con el gobierno de Mazatlán por al menos 118 millones de pesos, además de ganarle un litigio por otros 300 millones al mismo ayuntamiento que les dio los contratos públicos, aunque este pago aún no se concretó.

Sin embargo, este medio documentó que en ese emporio también hay, según el SAT, firmas señaladas de factureras como CLC Integradora Financiera y Skep Prácticas Administrativas Integrales. Esta última forma parte del accionariado de otras 12 empresas de los hermanos Arellano Hernández.

En total, la red de los ‘Aramburo-Arellano’ suma al menos 115 compañías que acumularon un capital social de al menos 51 mil millones de pesos, más de 2 mil 200 millones de dólares al cambio actual.

La familia se ampara

En junio de 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la antigua Unidad de Inteligencia Financiera investigó a 35 integrantes de esta presunta red de empresas factureras, a los que acusó de lavado de dinero, congelándose las cuentas bancarias. Sin embargo, las indagatorias no prosperaron y las cuentas fueron desbloqueadas, en algunos casos a pocos meses de que terminara el sexenio.

Es el caso, por ejemplo, de Adriana Guadalupe Zataraín Tirado, esposa de Erick Arellano Hernández, quien aparece en la documentación de diez compañías de su pareja, entre ellas la facturera CLC Integradora Financiera, donde figura como apoderada.

El 30 de octubre de 2016 ella se amparó contra la orden de la UIF de aseguramiento de sus cuentas bancarias. Y en agosto 2018, a solo tres meses de que finalizara el sexenio de Peña Nieto, la UIF la eliminó de la lista de personas físicas bloqueadas, según el documento del amparo al que este medio tuvo acceso.

Otros personajes que se ampararon en 2016 fueron Guadalupe Nájar, madre de Alfredo Aramburo, y José Guadalupe Patrón Millán, tío político de los hermanos Arellano Hernández, que aparece en 16 compañías de la red.

Los propios hermanos Arellano Hernández fueron investigados por presunto lavado de dinero por la UIF, que les congeló las cuentas en 2015 y en 2016, según una nota publicada por Proceso en marzo de 2017.

La UIF contrató en ese entonces a un despacho internacional de auditores para que revisara el manejo y operación de empresas de los Arellano, pero no encontraron evidencia de que los recursos de los hermanos fueran de procedencia ilícita.

Para este reportaje, Animal Político buscó por medio de sus departamentos de prensa al empresario Alfredo Aramburo y a los hermanos Arellano Hernández. Pero ninguno dio respuesta a las solicitudes de entrevista.

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WhatsApp, Signal y Telegram: en qué se diferencian y cuál ofrece más privacidad

A simple vista pueden parecer muy similares, pero tienen algunas diferencias importantes. Las aplicaciones recopilan diferentes cantidades de datos de sus usuarios y tienen distintos métodos para proteger los mensajes.
14 de enero, 2021
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Mientras Signal y Telegram registran cifras récord de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad.

La aplicación de mensajería anunció la semana pasada que compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook, y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger.

En medio de los cuestionamientos, WhatsApp sostiene que sus nuevas condiciones, que deberán ser aceptadas por los que la usan hasta el 8 de febrero, fueron malinterpretadas.

“Queremos aclarar que la actualización de la política no afecta de ninguna manera la privacidad de los mensajes que los usuarios comparten con sus amigos y familiares”, señaló la plataforma en un comunicado emitido el lunes.

Añade que algunos de los cuestionamientos realizados son “rumores”.

Pese a esos argumentos, el largo debate respecto a qué servicio de mensajería instantánea es más seguro, se reavivó desde el cambio en WhatsApp.

Y aunque pueden parecer similares a simple vista, las tres aplicaciones tienen algunas diferencias importantes que analizamos acá.

Los datos recopilados

Lo primero que hay que saber es que, entre las tres plataformas de mensajería de las que más se habla en los últimos días, existen niveles distintos de datos que son recopilados.

Y es un asunto central porque esa es la información que WhatsApp puede compartir con Facebook y las otras aplicaciones que esa compañía posee.

WhatsApp y Facebook

Getty Images
La controversia comenzó cuando WhatsApp anunció que compartiría sus datos con Facebook.

“WhatsApp posee muchos metadatos, que es la información que se obtiene de cualquier mensaje que enviamos, como la marca del teléfono, la hora del mensaje, tu ubicación y otros. Con ello puede saber mucho de sus usuarios”, explica Cristian León, responsable del programa de innovación de la organización civil Asuntos del Sur, con sede en Argentina.

El experto en derechos digitales le indica a BBC Mundo que esta aplicación de mensajería, que es la más popular en el mundo, tiene un código de programación cerrado y por ello tiene poca transparencia sobre lo que recopila.

En la página web de WhatsApp están detallados los datos que obtiene y la información que una persona le brinda al aceptar sus términos de uso. Además del nombre, número de teléfono y contactos, están detalles del uso de la plataforma (tiempo o rendimiento, por ejemplo), transacciones desde la aplicación, marca y modelo del dispositivo o tipo de conexión, entre otros.

Telegram y Signal, explican León, recopilan mucho menos datos.

La primera requiere de sus usuarios el número de teléfono, el nombre y la lista de contactos.

Por su parte Signal se limita a pedir el número de teléfono y añadir el nombre es opcional.

Las dos tienen códigos de programación abiertos, por lo que es posible escudriñar cuáles datos son obtenidos y qué se hace con ellos.

La gran preocupación: los mensajes

Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados.

Candado

Getty Images
El cifrado de extremo a extremo es una especie de candado por el que solo el emisor y receptor del mensaje pueden acceder a él.

Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace unos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios.

Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir.

En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas.

Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes”, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes.

Telegram parece tener una desventaja en este aspecto dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo “chat secreto”, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función.

Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada conocida como “mensajes temporales” en la que texto, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo.

La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes siete días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos.

Otra diferencia es que la aplicación que es propiedad de Facebook no posee la opción de bloqueo de capturas de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.

Los usos

Si bien es lógico que la mayoría se limita a usar estas aplicaciones para mantener contacto con sus conocidos, diferentes polémicas se han producido en los últimos años.

Por ejemplo, se descubrió que Telegram era utilizado como medio de difusión de propaganda de Estado Islámico.

Telegram con propaganda

Getty Images
Se descubrió que Telegram es usado por grupos de derecha en diferentes partes del mundo para difundir su propaganda.

El grupo extremista captaba reclutas desde allí y aprovechaba los chats grupales encriptados para mantener comunicaciones y difundir videos de sus acciones.

Y desde el año pasado se conoce que es una de las plataformas que los grupos de derecha estadounidenses utilizan para divulgar sus mensajes, aunque la mayoría de ellas usan otras aplicaciones que permiten interacciones anónimas para convocar a sus actividades o divulgar teorías de conspiración.

WhatsApp también tuvo problemas y en 2019 decidió eliminar cientos de miles de cuentas sospechosas de usar su servicio para difundir pornografía infantil.

La compañía mantiene una política de tolerancia cero a la explotación sexual de menores.

La aplicación, según diferentes análisis, fue señalada de ser, junto a Facebook, uno de los mayores canales de difusión de noticias falsas en tiempos electorales en países como Bolivia, Colombia o Estados Unidos.

Signal, que tiene menos usuarios que las dos anteriores, por ahora no fue señalada de ser usado como un canal para captar reclutas o difundir información mentirosa.

Sin embargo, sí se vio en medio de algunas controversias políticas como cuando se denunció que era la aplicación que el expresidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, usaba para comunicarse con uno de sus aliados durante su intento de declarar la independencia de esa región.


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