Gobierno de AMLO beneficia a un empresario de una red que defraudó al fisco
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Gobierno de AMLO beneficia a empresario que es parte de una red que defraudó al fisco por 55 mil millones

Alfredo Aramburo, quien recibió un estadio remodelado con dinero público y obtuvo la concesión para explotarlo económicamente, forma parte de una red de empresas denunciadas por defraudación fiscal y lavado.
Por Manu Ureste y Francisco Sandoval
4 de agosto, 2020
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Es viernes, 11 de octubre de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador camina por la alfombra de pasto artificial del estadio de Los Algodoneros de Guasave, el Francisco Carranza Limón, con los brazos alzados al cielo y saludando al graderío.

López Obrador está contento, sonriente. Feliz por ver una promesa de campaña cumplida: “El béisbol va a regresar a Guasave”.

Para hacerlo su gobierno invirtió 65 millones de pesos en remodelar el viejo Carranza Limón, a los que el gobierno de Sinaloa sumó 6 millones y medio y el empresario Alfredo Harp Helú otros 65 millones. En total, 136 millones de pesos para ampliar el aforo del estadio a 8 mil butacas, comprar una pantalla gigante y construir palcos nuevos y un estacionamiento.

Además, el equipo ya tiene nuevo dueño, que era el último obstáculo para que la franquicia algodonera regresara a la Liga Mexicana del Pacífico tras cinco años de ausencia. Se trata del mazatleco Alfredo Aramburo Nájar, un empresario joven, reconocido en 2015 como el contador público del año en el sur de Sinaloa, y con experiencia en el mundo del béisbol tras su paso por Los Generales de Durango.

Aramburo, de hecho, no es un desconocido para el gobierno: es asesor externo de un comité de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (ProBeis), que tiene como objetivo impulsar el plan del presidente de crear escuelas de talentos por todo el país. Y un mes antes de la reinauguración del Carranza, el 19 de septiembre, la Secretaría de Educación (SEP) benefició a una de sus empresas con otros 25 millones de pesos para que, en tres meses, buscara jóvenes promesas del béisbol.

“Nos comprometimos a que regresarían Los Algodoneros. Ya se cumplió”, presumió López Obrador en Twitter la noche del 11 de octubre, luego de que cortara el listón de reapertura del estadio, lanzara cuatro bolas rápidas y Aramburo, que hizo de ampáyer, gritara ¡strike!

Una fiesta redonda, salvo por un dato: Alfredo Aramburo, que recibió un estadio remodelado con dinero público y que además obtuvo la concesión para explotarlo económicamente durante 15 años, forma parte de una red de empresas denunciadas por el propio gobierno federal por defraudación fiscal y lavado de dinero.

El mecanismo del “gran fraude”

El 23 de junio pasado, el gobierno federal denunció un “gran fraude” al fisco por 55 mil millones de pesos, operado por 43 empresas factureras.

Una de las empresas mencionadas es Costa Bella and Sands, en cuya documentación aparecen como dueños familiares de Alfredo Aramburo, otras empresas de su familia, y múltiples personas que trabajan para sus compañías.

La Procuraduría Fiscal denunció penalmente a esta empresa porque se trata de una facturera. Es decir, una compañía que no tiene instalaciones reales ni personal trabajando, ni activos, y que emite facturas falsas para hacer pasar por reales servicios que no existen, que simula ante Hacienda.

A partir de este mecanismo, las factureras inflan tanto esos gastos ficticios que llegan a exigir a la Secretaría de Hacienda que le devuelvan impuestos, obteniendo cientos de millones del erario.

Este mecanismo, además, incluye otras actividades ilícitas, como vender esas facturas falsas a cambio de una comisión a otras empresas que también buscan defraudar a Hacienda; y el lavado de dinero, es decir, usar las facturas para mover dinero de actividades ilegales, como sobornos a funcionarios públicos, o narcotráfico, por ejemplo.

Costa Bella, según la Procuraduría Fiscal, se especializó en el uso de estos mecanismos de fraude.

Detrás de ella, Animal Político documentó que hay un complejo entramado de 115 empresas que forman una red, es decir, que comparten socios, representantes, apoderados, comisarios y direcciones, siempre con sociedades de Alfredo Aramburo o de su familia en el centro.

Además de Costa Bella, en esa red hay más factureras o empresas fantasma, como también se las conoce coloquialmente. Un ejemplo: Skep Prácticas Administrativas, sociedad de los empresarios sinaloenses Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, dueños del Grupo ARHE y de otro equipo de béisbol profesional, Los Leones de Yucatán, y socios de Alfredo Aramburo en múltiples compañías.

La red es tan extensa que incluye compañías en paraísos fiscales, como Panamá, o Nevada, en Estados Unidos; u otras empresas como Operadora Grupo Gas Mart: una de las cinco firmas que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció en diciembre pasado por presuntamente triangular sobornos millonarios a Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón, que enfrenta un juicio en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Foto: Presidencia

Una red muy familiar

¿Cómo se conecta Costa Bella and Sands, una de las principales empresas factureras de México, con el dueño de Los Algodoneros de Guasave, cuyo estadio fue remodelado con dinero público?

Los dueños de Costa Bella and Sands son personas físicas y otras empresas con las que, a su vez, comparte socios y apoderados, según documentos obtenidos para esta investigación en el Registro Público de Comercio.

Una de las compañías dueñas de Costa Bella es MLX del Noroeste Inmobiliaria, fundada en agosto de 2014 por Guadalupe Nájar Huerta, madre de Alfredo Aramburo, quien tuvo el cargo de comisario en esta sociedad.

MLX del Noroeste, a su vez, es accionista de otras empresas de Alfredo Aramburo, como Fan Corporativo de Negocios, en la que aparece como socia su esposa, Liria Lorena Figueroa Tirado.

Promotora West Marine es otra de las dueñas de Costa Bella. En su documentación aparece como socio y administrador general Ildefonso Cristerna Vizcarra, esposo de María Guadalupe Aramburo Nájar, hermana de Alfredo. Ildefonso también aparece como socio de Costa Bella.

Al margen de la familia, en los documentos de Costa Bella y de las empresas que forman parte de su accionariado, aparecen personajes que ocupan cargos en otras empresas de Alfredo Aramburo.

María Imelda Peralta González, por ejemplo, es apoderada de Grupo Inmobiliario Saparly, otra accionista de Costa Bella, y es también apoderada de Operadora de Espectáculos Deportivos Guasave, la empresa que recibió el pasado 20 de marzo la concesión del Ayuntamiento de Guasave para explotar durante 15 años los beneficios económicos del estadio de Los Algodoneros.

María Imelda también es apoderada del Consorcio Turístico Bluebay; otra empresa de la red que el SAT incluyó oficialmente en su lista de factureras.

Además de compartir socios y apoderados, Costa Bella y sus empresas satélites también tienen en común unos terrenos ubicados en los ejidos El Costeño y Revolución, en Ensenada, Baja California.

Documentación obtenida en el Registro Público de Comercio detalla que esta red comparte los terrenos, pero no a través de una compra-venta, que tendrían que reportar al SAT, sino a través de una cesión por 20 años.

Por ejemplo, Costa Bella fue constituida el 7 de marzo de 2016 con una inversión de sus socios de apenas 20 mil pesos. Para el 6 de abril, es decir un mes después de su creación, su empresa satélite Servicios Turísticos West Marine le cedió un terreno de más de 7 millones de metros cuadrados valuado por un perito en 1 mil 567 millones de pesos.

Posteriormente, en julio de 2016, otra empresa satélite, Grupo Inmobiliario Saparly, le cedió otro pedazo de terreno valuado en 725 millones de pesos.

Y así hasta que el 6 de junio de 2017, quince meses después de que fuera constituida con apenas 20 mil pesos, Costa Bella infló su valor tras varias cesiones hasta los 8 mil 045 millones de pesos.

Expertos fiscalistas consultados explicaron que la cesión de terrenos entre una red de empresas, entre las que además hay factureras, es una forma, presuntamente, de inflar sus estados financieros y el valor de las compañías. Esto, por ejemplo, para simular una solvencia económica con la que podrían justificar su participación en licitaciones y adjudicaciones de contratos con el gobierno o en proyectos de inversión privados.

Precisamente, estos movimientos de terrenos entre empresas de un mismo grupo fue otro de los “criterios de riesgo”, además de las facturas falsas, que prendieron las alertas en la Procuraduría Fiscal para incluir a Costa Bella and Sands en la lista de 43 factureras que denunciaron ante la Fiscalía.

En la mesa con el Presidente

Costa Bella también comparte apoderados y representantes con otra red de compañías de empresarios beisboleros conocidos en Sinaloa.

Se trata de los hermanos Erick Ernesto y Juan José Arellano Hernández, dueños de Los Leones de Yucatán, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol.

Tanto ellos, como su socio Alfredo Aramburo, fueron invitados a una comida privada con el presidente López Obrador el pasado 17 de diciembre, a la que asistieron los dueños y accionistas de los equipos de las dos ligas de béisbol profesional de México, y empresarios como Carlos Slim y el magnate beisbolero, Alfredo Harp Helú. López Obrador tuiteó la foto del encuentro y dijo que en la comida platicaron sobre cómo promocionar el béisbol en México.

Pero, fuera del deporte, los Arellano son más conocidos como los dueños del Grupo ARHE, que integra hoteles, centros comerciales y condominios de lujo en Mazatlán y Culiacán, además de inmobiliarias, gasolineras y firmas de servicios legales, como la cadena UPC.

Con algunas de esas compañías, estos empresarios ganaron en siete años contratos con el gobierno de Mazatlán por al menos 118 millones de pesos, además de ganarle un litigio por otros 300 millones al mismo ayuntamiento que les dio los contratos públicos, aunque este pago aún no se concretó.

Sin embargo, este medio documentó que en ese emporio también hay, según el SAT, firmas señaladas de factureras como CLC Integradora Financiera y Skep Prácticas Administrativas Integrales. Esta última forma parte del accionariado de otras 12 empresas de los hermanos Arellano Hernández.

En total, la red de los ‘Aramburo-Arellano’ suma al menos 115 compañías que acumularon un capital social de al menos 51 mil millones de pesos, más de 2 mil 200 millones de dólares al cambio actual.

La familia se ampara

En junio de 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la antigua Unidad de Inteligencia Financiera investigó a 35 integrantes de esta presunta red de empresas factureras, a los que acusó de lavado de dinero, congelándose las cuentas bancarias. Sin embargo, las indagatorias no prosperaron y las cuentas fueron desbloqueadas, en algunos casos a pocos meses de que terminara el sexenio.

Es el caso, por ejemplo, de Adriana Guadalupe Zataraín Tirado, esposa de Erick Arellano Hernández, quien aparece en la documentación de diez compañías de su pareja, entre ellas la facturera CLC Integradora Financiera, donde figura como apoderada.

El 30 de octubre de 2016 ella se amparó contra la orden de la UIF de aseguramiento de sus cuentas bancarias. Y en agosto 2018, a solo tres meses de que finalizara el sexenio de Peña Nieto, la UIF la eliminó de la lista de personas físicas bloqueadas, según el documento del amparo al que este medio tuvo acceso.

Otros personajes que se ampararon en 2016 fueron Guadalupe Nájar, madre de Alfredo Aramburo, y José Guadalupe Patrón Millán, tío político de los hermanos Arellano Hernández, que aparece en 16 compañías de la red.

Los propios hermanos Arellano Hernández fueron investigados por presunto lavado de dinero por la UIF, que les congeló las cuentas en 2015 y en 2016, según una nota publicada por Proceso en marzo de 2017.

La UIF contrató en ese entonces a un despacho internacional de auditores para que revisara el manejo y operación de empresas de los Arellano, pero no encontraron evidencia de que los recursos de los hermanos fueran de procedencia ilícita.

Para este reportaje, Animal Político buscó por medio de sus departamentos de prensa al empresario Alfredo Aramburo y a los hermanos Arellano Hernández. Pero ninguno dio respuesta a las solicitudes de entrevista.

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Reuters

El inédito rol del ejército y la marina en el gobierno de AMLO (más allá de la seguridad pública)

El Ejército y la Marina han tomado el mando de grandes proyectos que en el pasado eran manejados en la esfera civil en México.
Reuters
1 de diciembre, 2020
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Al asumir uno de los gobiernos con más respaldo popular de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se topó con una realidad que chocó con sus ideales de campaña: no es fácil hacer que las fuerzas armadas vuelvan a sus cuarteles.

Bajo su mandato, que cumple dos años este 1 de diciembre, el país ha seguido acumulando números record de homicidios por la violencia de las bandas criminales. Y en las últimas dos décadas las policías civiles no han podido ser depuradas.

Así que su plan de sacar de las calles a las fuerzas armadas en los primeros seis meses de gobierno, como prometía en campaña, no se pudo materializar.

De hecho, el presidente ha puesto en marcha un plan totalmente opuesto.

AMLO, como se conoce al político de 67 años, ha echado mano de los militares en funciones inéditas en México, como las construcciones de un aeropuerto internacional, un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias estatales.

Por otro lado, la Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, ahora también hace las funciones administrativas.

Nuevos roles en los que las fuerzas militares tienen un rol activo que contrasta notablemente con la discreta presencia que mantuvieron durante casi todo el siglo XX, cuando se limitaban a brindar apoyo social en casos de emergencia.

Maquinaria de construcción militar

Getty Images
El Ejército está al mando de obras civiles prioritarias, como el nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

“El rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”, señala a BBC Mundo el analista de seguridad Edgardo Buscaglia.

“Hoy de alguna manera el ejército mexicano se está latinoamericanizando en muchos sentidos: está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, indica el también investigador de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

La presencia activa de las fuerzas armadas en tareas por fuera de la seguridad pública se ha vuelto un tema de debate en los últimos meses en México, con análisis en la prensa y en foros que no han pasado desapercibidos por los jefes militares.

“El instituto armando jamás ha buscado, ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria. Es evidente que no buscamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, se defendió el propio jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Atrás ha quedado la pública desconfianza que tenía AMLO por las actividades militares en el país que incluso lo llevaron a demandar investigaciones judiciales contra las fuerzas armadas.

“Como candidato, no ha habido uno que haya estado más alejado de las fuerzas armadas que López Obrador”, explica a BBC Mundo el analista del sector militar mexicano Juan Ibarrola.

Por el contrario, ya en el gobierno AMLO está depositando toda su confianza en ellos.

López Obrador y Luis Sandoval

Reuters
AMLO delegó la elección de su jefe de la Defensa casi hasta que asumió el gobierno en 2018.

“Tenía que ser así. La relación siempre existe entre un presidente y sus fuerzas armadas. No puede estar sin esa fortaleza”, apunta Ibarrola.

Ejército constructor, Marina administradora

Al llegar al gobierno con una mayoría absoluta en el Congreso, López Obrador promovió nuevas leyes para legalizar los patrullajes militares en las calles.

Desapareció la Policía Federal y formó laGuardia Nacional, una nueva corporación con disciplina castrense que el Congreso aprobó para tener un mando civil, pero que de facto está dirigida por militares.

Eso contrasta con lo que decía en 2011, cuando era candidato presidencial y se ponía como meta desmovilizar a las fuerzas armadas en seis meses: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles”, decía.

“El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército”, afirmaba.

militares méxico

BBC
La Guardia Nacional se integra por policías militares y navales.

En contaste, desde que asumió el gobierno, dos de sus proyectos insignia han recaído en la ingeniería militar.

Uno es la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (nombrado en honor a un general). El otro es una tramo del Tren Maya, una ambiciosa red ferroviaria de pasajeros en el sureste del país.

La Sedena también tiene en su encargo la construcción 1.600 sucursales del Banco del Bienestar del gobierno, así como 266 cuarteles de la Guardia Nacional.

Por su parte, a la Secretaría de Marina le ordenaron tomar el control administrativo de los puertos mercantes, lo cual motivó la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez.

Militares

AFP
El Ejército construirá la nueva terminal aérea de México, una tarea inédita para los militares en el país.

“Nunca la Secretaría de Comunicaciones fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil”, dijo el entonces funcionario del gabinete de AMLO.

El creciente rol militar

El investigador Edgardo Buscaglia sostiene que los nuevos roles militares en el gobierno mexicano son producto de una “compensación” a las fuerzas armadas, por su desgaste social en las tareas de seguridad.

“El rol del ejército ahora es mucho más activo e improvisado. El ejército exige mejorar su imagen ante la población civil, exige un presupuesto más grande, y exige irse de las tareas de seguridad civil. Pero como no hay ninguna otra institución funcional en México, se tiene que ocupar de la seguridad. Y como forma de compensar eso que no quiere hacer, el presidente le da proyectos aquí y allá”, añade.

Militares supervisando una obra de construcción

Getty Images
La Sedena realiza la operación de ingeniería y contratación de personal del aeropuerto “Felipe Ángeles”.

BBC Mundo solicitó a la Presidencia de México una entrevista, pero no hubo respuesta oportuna.

Sin embargo el tema ha resonado en los mandos militares, con el propio jefe de la Defensa señalando públicamente el porqué de las tareas militares en proyectos civiles del gobierno de AMLO.

“Apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Nuestra lealtad institucional es a toda prueba”, dijo el general Sandoval el pasado 20 de noviembre al asegurar que el Ejército no “ningún poder”.

“Nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México. Pero sobre todo por convicción. Con esa subordinación al poder civil, cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios para el desarrollo del país, sin que eso signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser“, justificó.

General Sandoval

Gobierno de México
Sandoval aseguró que las nuevas tareas del Ejército no implican una desatención de otras labores, como la seguridad.

Citó la ley para las fuerzas armadas, la cual tiene como cuarta misión para los militares “Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”.

A su vez, el almirante Rafael Ojeda dijo que en el pasado ha habido almirantes al frente de puertos mercantiles como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los principales del Pacífico, que han aumentado la recaudación.

“Simple y sencillamente por dos razones: una, porque el personal es honesto, hace las cosas bien. Y la otra, porque al ser un militar que tiene un apoyo para la seguridad integral del puerto, lógico es que se evita que existan malos manejos”, afirmó en julio pasado.

Marinos mexicanos en el puerto de Veracruz

Getty Images
La Marina ahora no solo vigila los puertos, también hace la administración civil.

Según el analista Juan Ibarrola, la ingeniería de construcción no ha sido ajena a los militares, solo poco conocida. La edificación de hospitales, escuelas, carreteras y puentes han sido parte de sus tareas, advierte.

“Los soldados no están haciendo la función de albañiles. El desarrollo del proyecto está en manos de ingenieros militares. Son los ingenieros y arquitectos responsables de la obra, pero todo el personal de mano de obra es personal civil”, explica.

Ya que la Sedena no busca tener una utilidad económica, dice Ibarrola, eso reduce costos y tiempos.

Como la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” prometido para 2021: “es una orden, se entrega en tiempo en que se compromete a hacerlo”.

¿Hay riesgos en la militarización de tareas civiles?

Al considerar que en México está en marcha una “latinoamericanización” de sus fuerzas armadas, Edgardo Buscaglia señala que las fuerzas armadas están transitando hacia el estilo influyente en el gobierno civil que había en países de Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX.

“El ejército ha quedado parado como un actor político de demanda ante autoridades civiles de igual a igual. Es una situación muy grave (…) está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, dice.

Personal militar en camiones de construcción

Getty Images
En las fotos promocionales de las obras, los militares aparecen en la primera línea de construcción, pese a que no es su función principal.

A medida que hay un desgaste a un ejército por las tareas de seguridad pública, los presidentes y las autoridades civiles tienen que compensarlos y “dar cotos de caza empresariales”, considera.

“El ejército termina de gozando de mayores presupuestos y este tipo de rol la experiencia internacional te dice que conlleva más casos de corrupción. Como en Egipto y Venezuela hoy, o como en el pasado hubo en otros países de Latinoamérica”, añade.

El riesgo es mayor en los puertos, donde se realiza el manejo administrativo de mercancías. Pero AMLO ha dicho que el objetivo es el contrario, “combatir la corrupción”.

“No es un asunto solo de capacidad, de profesionalismo. Es un asunto fundamentalmente de honestidad. Ni modo de que sea tan complicado saber la importancia que tiene el comercio exterior y cómo recaudar los impuestos”, dijo en julio pasado.

Un barco mercante en Lázaro Cárdenas

Getty Images
La exposición a proyectos no tan cercanos a su razón de ser, como la administración portuaria, puede generar corrupción, según Buscaglia.

El analista Juan Ibarrola también reconoce que las fuerzas armadas se exponen a casos de corrupción al ocuparse de proyectos civiles, como en la construcción de obras. Pero considera que los militares lo piensan dos veces antes de caer en esas situaciones.

“Los militares se atienen a dos leyes: a la ley de justicia militar y a la ley civil. Un militar que comete un delito lo juzgan doble”, apunta.

“No es que sean incorruptibles. Son seres humanos y en algunos casos ha habido corrupción. Sin embargo el riesgo se reduce significativamente por ser juzgado dos leyes. Pierden todo”.


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