Lozoya negocia beneficios en su caso con documentos que se conocían hace años
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Lozoya negocia beneficios en su caso con documentos que se conocían hace años

La lista de pagos a consultores de la campaña priista de 2012 con dinero de Odebrecht, una de las supuestas revelaciones de Lozoya para que le condonen penas, consta desde hace dos años en la carpeta de investigación abierta por la entonces PGR.
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Por Miriam Castillo, Valeria Durán, Alejandra Barriguete y Raúl Olmos (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
31 de agosto, 2020
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Las pruebas sobre el financiamiento electoral de Odebrecht en 2012, que Emilio Lozoya entregó para no ser encarcelado, estaban en poder de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) desde septiembre de 2018, según consta en un expediente obtenido por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En su denuncia de hechos, presentada ante la Fiscalía el 11 de agosto de 2020, Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado destinar el dinero aportado por Odebrecht en 2012 a pagar los servicios de 10 asesores electorales de la campaña del PRI en aquel año.

Lo que no contó –y que la Fiscalía ya sabe– es que para ocultar los pagos ilícitos provenientes de Odebrecht, el propio Lozoya acordó con los asesores políticos de la campaña presidencial la simulación de proyectos de extracción de oro, mineral de hierro y la explotación de yacimientos de carbón en Bolivia, Colombia y Argentina.

En los documentos obtenidos por MCCI hay cartas firmadas por al menos seis asesores de la campaña de EPN en las que refieren que los pagos serán por servicios para proyectos mineros en Sudamérica, y no por consultoría política.

Lee: La denuncia de Lozoya, bajo la lupa: una verificación de los dichos del exdirector de Pemex

Las cartas fueron enviadas a Latin America Asia Capital Holding, una empresa de Lozoya creada en las Islas Vírgenes Británicas, y que era la receptora de los sobornos de Odebrecht. Con las cartas se justificaron transferencias millonarias a los asesores de Peña Nieto a través de una cuenta en el banco Gonet & CIE de Suiza. De esa forma, Lozoya habría intentado atajar la fiscalización de las autoridades tanto suizas como mexicanas, porque el dinero que ordenó transferir era para supuestos negocios y no para fines políticos. Esos fondos no fueron reportados al Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), como gastos de campaña.

Además, de acuerdo con los documentos en poder de MCCI, ahora confirma que entre los asesores de Peña en 2012 estuvo el venezolano Juan José Rendón, conocido en Latinoamérica como el “rey de la propaganda negra”, y quien cobró 250 mil dólares a través de su empresa Tulum Investments Corporation, provenientes de la cuenta de Lozoya.

Las “revelaciones” de Lozoya

Para acogerse a beneficios legales, como una reducción de pena e incluso su posible libertad, Lozoya solicitó convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía, para lo cual se comprometió a entregar pruebas que demostraban la complicidad de otras autoridades en la trama de corrupción de Odebrecht.

Pero una parte de las pruebas que hasta ahora ha aportado ya estaban desde hace más de dos años en manos de la PGR y debieron ser entregadas a la actual Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero.

Los documentos de las transacciones a favor de los asesores de la campaña de Peña fueron solicitados a las autoridades de Suiza desde septiembre de 2017, cuando el titular de la PGR era Raúl Cervantes, quien había fungido como abogado de Peña Nieto en la defensa de la elección de 2012.

En los documentos revisados por MCCI hay constancia de que Suiza entregó los documentos en septiembre de 2018, cuando al frente de la PGR ya estaba Alberto Elías Beltrán, quien había quedado como encargado de despacho tras la renuncia de Cervantes.

En el expediente suizo enviado en aquel entonces a la PGR hay un oficio fechado el 21 de junio de 2012, en el que una empresa ‘fachada’ del departamento de sobornos de Odebrecht enlista las siete transferencias por tres millones 150 mil dólares que había realizado durante la campaña presidencial a la cuenta en Suiza de Latin America Asia Capital Holding Ltd., propiedad de Lozoya.

“Por la presente confirmamos que los pagos enumerados a continuación corresponden al acuerdo firmado por Innovation Research Engineering and Development Ltd. (la empresa fachada de Odebrecht) y Latin America Asia Capital Holding”, dice la carta con la relación de las transferencias realizadas entre el 20 de abril y el 18 de junio de 2012.

Lee: La denuncia de Lozoya, bajo la lupa (segunda parte): Sus dichos sobre Higa, huachicol y Etileno XXI

Al respecto, Lozoya dijo a la Fiscalía en su denuncia de hechos del pasado 11 de agosto: “Tengo pleno conocimiento de que Odebrecht realizó las transferencias desde una empresa offshore denominada Innovation Research Enigneering and Development Ltd., a través de Meinl bank, banco ubicado en Antigua (Caribe) por un monto total de 3 millones 150 mil dólares”.

En su acusación detalló el involucramiento directo de Peña y de Videgaray: “Una vez que fueron recibidos dichos recursos, y previo aviso a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, las instrucciones que recibí directamente por parte de Videgaray fueron las de realizar una serie de pagos a consultores en el extranjero. Para estos efectos, él me entregaba por escrito los datos en tarjetas escritas a máquina de escribir o a computadora, argumentando que no quería demoras ni contratiempos, pues tenía que rendir cuentas a Peña Nieto”.

Y a continuación, aportó la relación de pagos a asesores que parecían una revelación, pero que –ahora se sabe- las autoridades mexicanas conocían desde dos años antes.

Lozoya confesó a la Fiscalía que sólo transfirió a los asesores electorales el equivalente a 1.6 millones de dólares, y el remanente de 1.5 millones de dólares que había transferido Odebrecht en los días de la campaña se lo había quedado él.

Falsos proyectos mineros encubren asesoría electoral a Peña

En los expedientes que Suiza entregó a la PGR (hoy Fiscalía) hay seis documentos de los asesores electorales de la campaña de Peña, en las que justifican sus pagos como servicios por proyectos mineros que se ejecutarán en Sudamérica.

Uno de los documentos, que ampara el pago de hasta un millón de dólares, fue emitido el 1 de junio de 2012 por el asesor Mauricio Sánchez, y está dirigido a la empresa de Lozoya que recibía los sobornos de Odebrecht y que transfería los pagos a los asesores electorales.

“Estimados señores: La presente tiene como objetivo servir como un acuerdo para servicios relacionados con la búsqueda y adquisición de recursos minerales en Argentina en nombre de Latin America Asia Capital Holding Ltd.”, dice el escrito, el cual enumera las condiciones del convenio:

“1. Del primero de junio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, Latin American Asia Capital Holding contratará los servicios de Mauricio Sánchez.

“2. Durante el periodo del presente acuerdo, Mauricio Sánchez colaborará estrechamente para la obtención de oportunidades de inversión mineral en Argentina, en particular mineral de hierro, oro y yacimientos de carbón.

“3. En vista de los servicios descritos anteriormente, Latin America Asia Capital Holding Ltd. (la empresa de Lozoya) acuerda compensar a Mauricio Sánchez hasta por un monto de 1 millón de dólares estadounidenses. Los honorarios serán facturados y son pagaderos en un plazo de 30 días”.

En su denuncia ante la Fiscalía, Lozoya menciona a Mauricio Sánchez como uno de los asesores de la campaña de Peña, aunque el pago que refiere haberle realizado fue de 380 mil euros y no de 1 millón de dólares.

Y, efectivamente, en los documentos que la PGR recibió desde hace dos años aparece una orden de transferencia que el 13 de junio de 2012 fue realizada por la empresa de Lozoya a una cuenta en el Deutsche Bank, de Frankfurt, Alemania, a nombre de Mauricio Sánchez, por 380 mil euros.

Lee: Empresarios rechazan vínculos con caso Lozoya y Odebrecht

El concepto de ese pago aparece en el traspaso como “Servicios de abastecimiento de minerales Argentina”.

En bases de datos abiertas, de tal “consultor” llamado Mauricio Sánchez no existe referencia pública como consultor o actividad específica alguna.

Otra consultora con pago fachada: Chlopak Leonard Schechter (CLS), consultora con domicilio en Washington, emitió el 15 de marzo de 2012 una factura a la empresa offshore de Lozoya, por concepto de “Proyecto Oro Colombia”. El pago reclamado en esa fecha era de 168 mil 742 dólares, aunque luego sumó otros 104 mil 469 dólares.

En suma, esa consultoría cobró 273 mil 211 dólares, equivalentes a 3 millones y medio de pesos de aquellos días, por medio de dos transferencias desde Suiza al banco Wells Fargo, en San Francisco, California.

En su sitio en internet, esa consultora menciona que durante 20 años ha servido a clientes en seis continentes, incluidas grandes empresas y gobiernos de distintos países.

“Investigaciones gubernamentales, desafíos regulatorios y legislativos, litigios de alto riesgo, ataques de adversarios o competidores, CLS Strategies diseña soluciones para resolver los problemas más complicados. Hacemos lo que sea necesario para ayudar a nuestros clientes a ganar cuando más importa, en pasillos de gobierno, del mercado y en el tribunal de la opinión pública”, menciona en su sitio.

En la primera factura que emitió por sus servicios en la campaña de Peña, CLS incluyó una detallada relación de los gastos que dos de sus consultores habían realizado en tres viajes a México el 3 de octubre de 2011, el 30 de enero de 2012 y el 12 de marzo del mismo año.

Entre los consultores estuvo Peter Schechter, fundador del despacho CLS, quien en su currículum personal menciona haber sido asesor en jefe de varias campañas políticas de alto nivel en distintos países de América Latina, entre los que se cuentan México, Brasil, Colombia y Argentina. Sus tareas incluían la supervisión de la estrategia, encuestas, gestión de campaña, publicidad y relaciones públicas.

Otro de los despachos extranjeros que participó en la campaña es Bendixen & Associates, Inc., afincado en Miami, Florida, que cobró 50 mil dólares mediante una factura que tenía como concepto “Estrategia de medios Minería”.

El socio de esa consultora era Sergio Bendixen, fallecido en mayo de 2017, quien era experto en encuestas electorales. En los obituarios publicados en medios de Florida se menciona que fue el primer hispano en dirigir una campaña presidencial en Estados Unidos, en 1984.

En la campaña de Peña también participó International Strategic Solutions, Inc., un despacho de consultoría ubicado en Arlington, Virginia, que utiliza la razón comercial de Intermestic Partners.

La empresa offshore de Lozoya le pagó 35 mil dólares, a través de una cuenta en el PNC Bank, por concepto de servicios de asesoría “por proyecto Colombia”.

El fundador y director de ese despacho es Marco A. López Jr., un latino que hizo carrera política de la mano de Janet Napolitano.

A la edad de 22 años se convirtió en alcalde de Nogales, Arizona; luego, cuando Napolitano asumió la gubernatura de Arizona, lo integró a su equipo como director del Departamento de Comercio; y cuando Barack Obama la nombró a ella secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, invitó a López como jefe del departamento de aduanas y protección fronteriza.

Al concluir ese cargo fundó el despacho de Intermestic Partners. En su sitio en internet, menciona que se desempeñó como “asesor estadounidense de la exitosa campaña presidencial del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en temas de seguridad fronteriza, comercio fronterizo y desarrollo económico”. También afirma asesorar a la Fundación Carlos Slim.

Asesores mexicanos también simularon proyectos mineros

En los documentos que Suiza entregó a la PGR también aparecen tres consultores afincados en México que simularon proyectos mineros para encubrir los pagos ilegales en la campaña presidencial de Peña.

El 15 de abril de 2012, el empresario mexicano José Eshkenazi Smeke emitió a Latin America Asia Capital Holding una factura por 150 mil dólares, por concepto de “Servicios de consultoría para proyecto de oro en Bolivia”.

Quince días después, se dio el caso de Llorden Sabat Consulting, que emitió otra factura a la misma empresa offshore de Lozoya, también por 150 mil dólares, ahora por el concepto “proyecto mineral de hierro en Bolivia”.

Lee: La UIF aún no investiga cuentas de Videgaray e implicados en el caso Lozoya: AMLO

En la misma factura se solicita transferir el pago a una cuenta en el banco Barclay’s que tenía como beneficiario al empresario mexicano Juan Carlos Llorden Sabat.

Llorden Sabat está asociado con Eshkenazi Smeke en distintos negocios en México, como el restaurante Chiringuito del Mar y en la empresa de publicidad y diseño Fanbase Loyalty.

Llorden es, además, accionista de Comercializadora Sport & Branding, una empresa que hace 14 años fue acusada ante el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), por la difusión en Televisa y TV Azteca de spots de candidatos del PRI en los partidos que jugó el 1 y 3 de junio de 2006 la Selección Mexicana de Futbol ante Holanda y Alemania, en el Mundial de aquel año.

Demetrio Llorden Sabat, hermano de Juan Carlos, participaba como comisario en Grupo Empresarial Tiguan y Grupo Koleos, dos empresas que participaron en el escándalo conocido como “Monexgate”, el presunto financiamiento ilegal de la campaña de Peña Nieto en 2012.

Además de haber recibido dinero en la campaña de 2012, dos empresas en las que José Eshkenazi Smeke es accionista obtuvieron al menos 740 millones de pesos en contratos de servicios publicitarios durante el sexenio de Peña Nieto.

El jueves pasado Reforma publicó que el Infonavit, en tiempos de David Penchyna –también mencionado por Lozoya como alguien que recibió sobornos— le dio contratos a dos empresas de las que Eshkenazi es socio y representante legal. En esa dependencia le pagaron 639.5 millones de pesos a Soccer Media Solutions y MBL World, compañías de Eshkenazi.

Sin embargo, MCCI detectó contratos en el sexenio anterior por 100 millones de pesos más. Empresas ligadas a Eshkenazi recibieron, por concepto de publicidad, también pagos de Pronósticos para la Asistencia Pública, Lotería Nacional, Secretaría de Educación Pública y Sedesol, entre otras dependencias.

Por otra parte, a la mitad del sexenio de Peña Nieto el SAT condonó a Soccer Media 421,248.00 pesos.

En cartas o entrevistas con medios Soccer Media Solutions dijo que los contratos con el Infonavit se obtuvieron con apego a la normatividad.

Otro consultor mexicano que fue denunciado este mes por Lozoya pero que la PGR ya tenía en su carpeta, es Dirk Zavala Rubarth, hijo de Gisela Rubach, quien en su currículum personal se ostenta como la estratega política más reconocida del país, con más de 300 campañas electorales en México, Centro y Sudamérica.

Zavala Rubarth emitió el 15 de abril de 2012 una factura a la empresa offshore de Lozoya por 200 mil dólares, en el que anotó el concepto “Servicios de consultoría y marketing para Proyecto Oro en Colombia”.

Según consta en los documentos en poder de la Fiscalía, el 4 de mayo de 2012 el banco Gonet & CIE de Suiza autorizó realizar las transferencias solicitadas por Zavala, Llorden Sabat y Eshkenazi.

Otra cosa que liga a Llorden Sabat y Eshkenazi es que sus empresas –Chiringuito del Mar y Soccer Media Solutions comparten domicilio –Juan Salvador Agraz 65, Lomas de Santa Fe—y ambos aparecen en un documento de Conagua sobre un predio de 194 metros cuadrados en la delegación Cuajimalpa.

JJ Rendón, “el rey de la propaganda negra”

Tanto en la relación de pagos confesados por Lozoya como en los documentos que desde hace dos años recibió la PGR de Suiza aparecen las transferencias a otros tres despachos estadounidenses que participaron en la campaña de Peña Nieto: 250 mil dólares para Tulum Investments Corporation; 40 mil dólares a Bean LLC y 40 mil dólares a The Markham Group.

En los documentos revisados por MCCI no aparecen referencias de que esas empresas hayan participado en la simulación de proyectos mineros, como sí ocurrió en los casos descritos anteriormente.

Tulum Investments –una de las empresas que asesoró a Peña– tiene como director a Juan José Rendón, el polémico asesor político venezolano que es identificado como “el rey de la propaganda negra”, por sus agresivas estrategias para ganar elecciones.

En su denuncia de hechos ante la Fiscalía, Lozoya no identificó plenamente a esta empresa como las que recibió triangulaciones de Odebrecht; se refirió a ella como “T. Investments Corporation”. Pero en los documentos en poder de la Fiscalía se precisa que el nombre completo de la empresa es “Tulum Investments Corporation”, una empresa con domicilio en Miami, Florida, pero que fue creada en mayo de 2011 en el estado de Delaware, considerado el paraíso fiscal de Estados Unidos porque sus leyes permiten mantener en el anonimato los nombres de los dueños de las compañías, además de otorgar exenciones de impuestos.

En un oficio fechado el 23 de mayo de 2012, la empresa Latin American Capital Holding solicitó al banco suizo Gonet & CIE que realizara “lo antes posible” la transferencia de 250 mil dólares a una cuenta en el banco Wells Fargo de San Francisco, California, a nombre de Tulum Investments Corporation.

En los documentos revisados por MCCI no aparecen detalles de los servicios que la empresa de Rendón ofreció durante la campaña.

Rendón había participado en campañas del PRI desde el año 2000. “He sido asesor en incontables campañas sólo para el PRI en México; no me cambio de partido; soy agradecido con quienes me han dado la oportunidad”, dijo en una conferencia de comunicación política que se efectuó en mayo de 2012 en Guadalajara.

En la campaña de 2018, Rendón confesó abiertamente que operaría para evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

“Haré lo que esté a mi alcance, dentro de la ley, para que AMLO no llegue a la Presidencia”, declaró Rendón en una entrevista a la revista Líder. “Me he preparado todos estos años, desde el 2000 hasta hoy, para eso. Conozco a México muy bien”.

A la par de la publicación de esa entrevista, López Obrador compartió en sus redes sociales un video en el que dijo: “La mafia del poder contrató a un publicista de estos mercenarios, que se le conoce como J.J. Rendón, para atacarme y que yo no llegue a la Presidencia de la República”.

The Markham Group, que también participó en la campaña de Peña, es un despacho de Arkansas fundado por Paul Neaville, quien colaboró en la campaña Clinton/Gore de 1996. En su sitio en internet menciona que la empresa organiza eventos de todo tipo, desde conciertos, conferencias y mítines políticos. También recibió de la empresa ligada a Lozoya 40 mil dólares.

Mientras que Bean LLC, que cobró 40 mil dólares en la campaña de Peña, es una firma con sede en Washington que brinda servicios de investigación política y comercial. También es conocida como Fusion GPS, que son las iniciales en inglés de investigación global, análisis político y visión estratégica.

A todos esos consultores, Lozoya ahora reconoce haber hecho pagos con sobornos de Odebrecht, información que entregó el 11 de agosto a la Fiscalía, que sin embargo tendría aún más detalles de tales movimientos desde el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

*Esta nota fue publicada originalmente en la página de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

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Quién vigila la radiación del 5G (y cuáles son sus verdaderos riesgos)

Esta nueva tecnología regresa el eterno debate sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas. Estos, sin embargo, son descartados por todas las agencias internacionales.
27 de octubre, 2020
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Seúl

Getty Images
Corea del Sur ya tiene una red 5G en todo el país.

Decenas de antenas, dispositivos bluetooth y cientos de teléfonos móviles nos rodean e irradian cada día. Por no hablar de la telefonía 5G que, al parecer, acabará con la vida en la Tierra. ¡Tanta radiación no puede ser buena!

¿Quién controla los niveles de exposición y los posibles efectos sobre la salud?

Percepción del riesgo

Los campos electromagnéticos están presentes en la naturaleza desde antes de la aparición del ser humano. La luz solar, los rayos cósmicos, las tormentas y la radiación natural terrestre son fuentes de exposición a estos campos.

A mediados de los años 90, se comenzaron a desplegar las redes de antenas de telefonía móvil. Aunque se hacían con estándares técnicos internacionales, que ya tenían en cuenta la protección de la población, no se ofreció la suficiente información al respecto.

A pesar de una reacción rápida por parte de organismos, operadoras y expertos, la percepción de riesgo se instaló entre los ciudadanos. También caló en instituciones, administraciones locales y asociaciones.

Así, se produjo una situación paradigmática. Por un lado, el rechazo a las antenas era un fenómeno global. Por el otro, crecía la demanda universal del servicio.

Ilustracion 5G

Getty Images
La red 5G es mucho más que la mejora de la red 4G.

La OMS parece tenerlo claro

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea fueron conscientes a principios de los 2000 de esa carencia y de la necesidad de dar respuesta a una inquietud y percepción social del riesgo asociado a la telefonía móvil.

Aunque esta percepción e inquietud estaban sobredimensionadas.

A pesar de los esfuerzos realizados para informar y tranquilizar a la población, la OMS reconoció en 2006 que “algunas personas consideran probable que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia entrañe riesgos y que éstos puedan ser incluso graves”.

En la revisión de 2014, la OMS aseguraba que “hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud”.

En otro documento publicado a comienzos de este 2020 sobre el 5G, insiste en que en las últimas décadas no hay estudios científicos que demuestren una relación causal que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y el cuerpo humano”.

Ese posible efecto, a los niveles habituales de exposición, es insignificante. Por eso es importante que los niveles se mantengan por debajo de los límites establecidos por agencias internacionales independientes.

Mujer con una tablet.

Getty Images
La OMS ha dicho que no hay estudios científicos que demuestren una relación causal del 5G que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

Quién y cómo se establecen los límites de exposición

En 1992 se estableció en Alemania la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Esta organización científica, independiente y sin ánimo de lucro, revisa periódicamente y de forma sistemática las evidencias científicas para determinar los niveles a los cuales se producen efectos biológicos.

No solo de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, sino también de otras radiaciones electromagnéticas como la luz visible, los infrarrojos y los ultravioletas que, por encima de ciertos niveles, también pueden resultar muy peligrosos.

Por eso se fijan niveles de seguridad y, por eso mismo, no debemos preocuparnos de la radiación que emite el mando a distancia de nuestra tele. Tampoco del router wifi de nuestra casa o de nuestro teléfono inalámbrico.

El proceso de revisión es abierto y su publicación se realiza en una revista científica tras un proceso de revisión por pares.

Así, una vez se establecen los niveles a los cuales se observan efectos para cada frecuencia, se aplica un factor de precaución o seguridad de 50.

Estos valores son aceptados por la mayor parte de los países occidentales desde hace décadas y se adoptan en las correspondientes legislaciones.

Además, existen otras agencias u organismos que realizan una revisión similar. Por ejemplo el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Estos tres organismos, en los últimos meses y coincidiendo con el despliegue de la 5G, han revisado y publicado sus guías de límites seguros de exposición humana.

La mano negra de la industria

Que la industria está detrás de todas estas regulaciones e instituciones es un argumento reiterado por los movimientos antiantenas -ahora anti-5G- que parecen acoger toda clase de creencias conspiranoicas con respecto, también, a las mascarillas, las vacunas y la COVID-19.

En realidad han sido la industria y los profesionales del sector los más interesados en garantizar que las radiaciones emitidas por las antenas fueran seguras y que los niveles de potencia estuviesen dentro de los límites permitidos.

Transmisión de eventos deportivos en dos pantallas.

Getty Images
Con la conexión 5G se podrán conectar muchos dispositivos al mismo tiempo.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), como entidad de derecho público al servicio de la sociedad, fue la primera organización que ya en 2001 elaboró un informe sobre las radiofrecuencias de telefonía móvil.

Con ello se pretendía informar a la ciudadanía y mitigar la inquietud que ya surgía ante el desconocimiento de esta tecnología y la normativa que la regula.

La labor de difusión se centró en ayuntamientos y asociaciones ciudadanas, aunque se ha seguido trabajando durante todos estos años con todo tipo de administraciones e instituciones.

En 2006, se creó el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), comité independiente compuesto por profesionales de gran prestigio -en campos como la medicina, física, química, biología, ingeniería de telecomunicación y derecho-, que, desde entonces, ha elaborado cinco informes trienales de referencia.

En ellos recogen las evidencias científicas existentes sobre el impacto de los campos electromagnéticos en la salud.

Además, ha publicado numerosos documentos sobre tecnologías concretas -el último sobre 5G-, con el ánimo de informar verazmente a la sociedad, manteniendo siempre el conocimiento científico riguroso como referencia.

Sus informes han tratado siempre de arrojar luz y evitar cualquier tergiversación que de forma interesada se intentara hacer sobre el efecto de estas tecnologías sobre la salud.

Incluidas comparaciones sin fundamento con sustancias, como el tabaco o el alcohol, que la ciencia sí ha demostrado como perniciosas incluso en pequeñas cantidades.

5G

Getty Images
Los verdaderos riesgos de estas tecnologías son los asociados a la dependencia, problemas musculares, malas posturas y al condicionamiento de nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Los verdaderos riesgos para la salud

Decir que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son inocuos es falso si no se acompaña de la frase “a los niveles habituales de exposición”.

Dichos niveles están decenas o centenas de miles de veces por debajo de los de seguridad marcados por ICNIRP.

Es lo que han demostrado numerosos estudios y revisiones sistemáticas de exposición personal en condiciones reales.

Pero hay efectos constatados derivados del uso de dispositivos y que no son consecuencia de las radiaciones que emiten.

Así, se ha demostrado que su uso puede provocar dependencia, problemas musculares, malas posturas y que condicionan nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Dichos efectos, sin embargo, no son denunciados por los movimientos en contra de estas tecnologías.

Ilustración 5G

Getty Images
Hay una proliferación de un cierto “negocio del miedo” vinculado a las nuevas tecnologías.

Negar la evidencia, ¿con qué fin?

Quizá piense que existe cierta controversia científica en este tema.

Habrá oído que “numerosos científicos alertan de los efectos” en cuestionables llamamientos internacionales, algún pseudoinforme como el Bioinitiative o declaración política ajena a la Unión Europea, como la declaración 1815 del Consejo de Europa.

Todos tienen en común su falta de rigor, el establecimiento de límites de forma arbitraria o la extrapolación inadecuada de estudios en animales o de laboratorio sin tener en cuenta las condiciones reales.

En 30 años, no se ha publicado una revisión sistemática o metaanálisis -los estudios con mayor fortaleza en ciencia- que demuestre sus alarmantes augurios y peligros para la salud (efectos sobre el sueño, la concentración, fisiológicos, hipersensibilidad o, incluso, cáncer).

En cambio, sí es constatable la relación de sus promotores con la proliferación de un cierto “negocio del miedo” a partir de datos tergiversados, erróneos y en ningún caso avalados por la evidencia científica.

Y ese negocio que se basa en esos datos afecta tanto a ámbitos como el médico-sanitario, con diagnósticos o prescripciones no fundamentados en el conocimiento médico; el legal, con denuncias insostenibles basadas en opiniones de supuestos expertos, medios de información carentes de credibilidad (webs pseudocientíficas) o, incluso, empresas que ofrecen aparatos y dispositivos de protección completamente innecesarios.

Todo un negocio basado en el miedo y el desconocimiento que sigue alimentando esa falsa percepción de que vivimos radiados al límite.

*Alberto Nájera López es doctor en radiología y medicina física y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Carlos López es ingeniero de telecomunicaciones y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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