Alertan reducción presupuestal para atender a niños menores de 6 años
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Cuartoscuro

ONG alertan una reducción presupuestal para atender a niñas y niños menores de 6 años

El presupuesto para atender a niñas, niños y adolescentes ha registrado un retroceso de casi 32 mil millones de pesos, de acuerdo con el colectivo Pacto por la Primera Infancia.
Cuartoscuro
19 de agosto, 2020
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El presupuesto que actualmente asigna el gobierno mexicano a niñas, niños y adolescentes ha registrado un retroceso de 9 años, equivalente a 32 mil millones de pesos, de acuerdo con el informe del colectivo Pacto por la Primera Infancia “Evolución del presupuesto en Primera infancia: Cada vez menos para los más pequeños”.

La investigación fue encabezada por Alberto Tonathiu Sotomayor Avilés, con el objetivo de identificar la magnitud de los recursos presupuestados para la atención de la primera infancia, así como conocer la evolución y componentes del gasto público en el periodo 2018-2020.

Esto, utilizando como fuente principal los datos de los recursos públicos programados establecidos en los Presupuestos de Egresos de la Federación correspondientes a los años analizados.

Leer más: Riesgos e incertidumbre en la primera infancia por los recortes presupuestales

Una de las revelaciones del estudio es que en México aun cuando se observa un importante avance legislativo e institucional en materia de primera infancia, esto no se ve traducido en un fortalecimiento presupuestal para este grupo de la población de cero a seis años.

“En México no se ha consolidado el concepto de inversión en primera infancia en el país, en virtud de que los recursos públicos asignados a la garantía de sus derechos son escasos y es limitada su vinculación a una efectiva política integral para el desarrollo de la primera infancia”.

Los datos muestras que las niñas y niños en primera infancia representan la tercera parte (33%) del grupo total de la población de 0 a 18 años. “No obstante, del total recursos consignados reciben únicamente el 10%”.

“La primera infancia es el único grupo etario que de manera sistemática ha visto reducida la asignación de recursos pasar del 14% a 10% de los recursos… entre 2018 y 2020”.

Recorte de programas

Los programas sociales para niños de cero a seis años también fueron analizados como parte de este estudio. Se estableció que entre 2018 y 2020 “se eliminaron 17 programas presupuestales asociados a la primera infancia y surgieron 7 programas nuevos, por lo que el balance final es una disminución de 10 programas”.

“Entre los programas que desaparecieron se destaca el Programa ‘Prospera Inclusión social’, en sus dos vertientes, salud y bienestar, así como el Programa de ‘Estancias infantiles’, los cuales a partir de diversas evaluaciones habían demostrado su efectividad para atender los problemas asociados”.

“Entre los nuevos programas se encuentra ‘Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras’ que cuenta con una cobertura de atención de tan solo 14% de su población objetivo, además de que excluye del beneficio a las niñas y niños de 0 a 1 año de edad y no garantiza que el beneficio otorgado efectivamente se emplee para el cuidado y la atención infantil”.

Los estados que menos gastan en los niños

También se establece cuáles son las entidades federativas que han reducido sus asignaciones presupuestales para la primera infancia, salvo el estado de Chiapas, que aumentó un 6%.

“Entre las entidades federativas que destacan por la magnitud de sus reducciones se encuentran: Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa”.

Sobre cuánto se gasta para cada niña y niño en primera infancia, se concluye que el gasto per cápita anual promedio a nivel nacional es de 3 mil 701 pesos y de tan sólo 308 pesos mensuales, identificándose a nivel subnacional profundas desigualdades al respecto.

No solo eso. Se establece que al contrastar el monto de los apoyos sociales de algunos programas emblemáticos de la actual administración, todos resultan superiores a lo destinado a la primera infancia: se gasta 2.5 veces más en becas, más de 4 veces en apoyos a adultos mayores y 12 veces más a los jóvenes que se capacitan en un centro de trabajo.

Además, se alerta sobre las posibles afectaciones que traerán las medidas de austeridad gubernamental para hacer frente a la pandemia del COVID-19, que incluye la reducción del 75% en materiales y suministros y servicios generales.

Lo anterior tendrá “un mayor impacto en la población de primera infancia, pues estos capítulos representan el 26% del total de su presupuesto, en tanto que para el caso de niñez y adolescencia sólo representa el 5%”.

Recomendaciones para atención a la infancia

Como parte del estudio, el colectivo Pacto por la Primera Infancia -integrado por más de 450 miembros en todo el país, entre los que se encuentran organizaciones de la sociedad civil, academia y fundaciones empresariales- lanza una serie de recomendaciones e implicaciones de política para tratar de revertir este retroceso presupuestal de nueve años con la población de cero a seis años de edad.

Las recomendaciones uno y dos hablan de “reponer los recursos recortados a programas esenciales para el bienestar de la primera infancia, como lo son los correspondientes a Programa de Educación Básica y Comunitaria de CONAFE” y “sustituir los programas presupuestarios que fueron eliminados por nuevas alternativas programáticas que atiendan las problemáticas que han quedado sin atención”.

Otra de las recomendaciones aborda la necesidad de “modificar la modalidad del Programa de Expansión de la Educación Inicial para pasar de un programa U a uno S, para lograr una mayor transparencia, certeza, eficiencia y eficacia de los recursos que le son asignados y que son distribuidos a las entidades federativas para su operación”.

Además, debido a la crítica situación económica que vive el país por la pandemia de COVID 19, “se sugiere empezar por financiar un paquete de servicios básicos de emergencia para las niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza”.

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Chile aprueba en plebiscito histórico cambiar la Constitución de Pinochet

Con más del 65% de los votos contados, la opción de redactar una nueva Constitución tiene un respaldo del 77%.
25 de octubre, 2020
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Celebración en Valparaíso, Chile

Reuters
Las celebraciones de quienes quieren una nueva Constitución comenzaron en cuanto los primeros resultados indicaron la clara victoria del “Apruebo”.

“Un triunfo de la ciudadanía y la democracia”.

Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde, con más del 65% de los votos escrutados y una tendencia que parece irreversible, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual Constitución, redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la segunda interrogante, “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, los chilenos optaron por una “convención constitucional”, o sea, un grupo de hombres y mujeres elegidos popularmente.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, afirmó Piñera.

Primer plano de un voto a favor del Apruebo en el Plebiscito Nacional de Chile

Reuters
Los chilenos apoyaron mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución.

En cuanto al voto en el extranjero, el apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna alcanzaba casi el 90% con más del 57% de los votos escrutados.

Cientos de personas salieron a las calles a celebrar el histórico resultado.

Vista aérea de la Plaza Italia en Santiago de Chile

EPA
Cientos de personas se congregaron en la Plaza Italia en Santiago a la espera de los resultados del plebiscito chileno.

Convocatoria marcada por la pandemia

El plebiscito, programado originalmente para el 26 de abril pero postergado por la pandemia, se realizó observando un protocolo sanitario especial, con un horario específico para mayores de 60 años y el uso obligatorio de mascarillas.

Las personas contagiadas con coronavirus no pudieron participar en el proceso debido a que no se pudieron implementar las medidas que les hubieran permitido votar sin romper la cuarentena.

El cambio de Constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019, que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990, y desencadenó episodios de violencia que derivaron en la muerte de más de 30 personas y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos.

Su realización fue el resultado de un amplio acuerdo firmado en ese contexto en el Congreso la tensa madrugada del 15 de noviembre del año pasado.


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