Gobierno promete refugios 'Puerta Violeta', incumple y siguen en manos de ONG
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Itxaro Arteta

Gobierno promete a mujeres refugios 'Puertas Violeta', incumple y siguen en manos de ONG

El gobierno dijo que tomaría la rectoría del modelo Puerta Violeta, pero un año y medio después ni siquiera tiene información de cuántas mujeres han sido atendidas y solo se ha creado un nuevo refugio.
Itxaro Arteta
14 de agosto, 2020
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En marzo de 2019, el nuevo gobierno estuvo a punto de cancelar los subsidios de los refugios para mujeres víctimas de violencia de la sociedad civil y anunció que el Estado tomaría la rectoría del tema con un modelo llamado Puerta Violeta. A año y medio de eso, el 70% de las Puertas las opera en su totalidad una asociación civil y solo se ha creado un refugio nuevo, que está a cargo de un gobierno local, mientras que el federal ni siquiera tiene información de cuántas mujeres han sido atendidas con esta estrategia.

El modelo de Puerta Violeta lo desarrolló la asociación Alternativas Pacíficas en Escobedo, Nuevo León, y llegó a tener cuatro en la zona metropolitana de Monterrey. El refugio es la última opción, a la que se llega a través de una especie de puerta de entrada —de ahí su nombre— que es una oficina donde se da atención inmediata psicológica, de trabajo social, y en caso de ser necesario y que la mujer así lo desee, asesoría legal y medidas de seguridad, para lo cual hay colaboración con el gobierno del municipio donde esté instalada.

Entérate: Refugios para mujeres, espacios que salvan vidas

La  titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, anunció el 6 de marzo de 2019 que se asumiría esa estrategia desde lo federal para replicarla “en todos los municipios del país”, y para implementarla invitó a trabajar a su fundadora, Alicia Leal Puerta. Ocho meses después, el 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se presentaron en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador los primeros supuestos resultados: 15 Puertas Violetas que ya estaban abiertas o por abrir en 10 estados.

Pero la realidad es que lo adelantado ese día, no se concretó. Animal Político pudo comprobar que en ese momento solo había seis Puertas nuevas (sumadas a las cuatro que ya existían de Alternativas Pacíficas) y desde entonces no se ha creado ni una sola más.

Se ubican en Nuevo León, Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí. Pero nunca abrieron las que supuestamente ya estaban en trámite en Chihuahua, Coahuila, Colima, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz.

Se solicitó vía transparencia a Segob la ubicación y número para llamar de las Puertas Violeta existentes, cifras de atenciones brindadas, personal y presupuesto con el que operan. La respuesta, tras un recurso de revisión, fue tan solo un listado con la dirección y teléfono de las oficinas del gobierno municipal de nueve Ayuntamientos. Además señaló que quien podía tener datos más precisos era el Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres), pero este a su vez contestó que no le corresponde ese programa de gobierno y en su página de internet incluso se enumera una Puerta en Ciudad Juárez, Chihuahua, que no existe.

Crisis y año electoral frenan estrategia para mujeres

La coordinadora de la estrategia, Alicia Leal Puerta, justifica en entrevista que la creación de más Puertas Violeta se paralizó por la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID-19, por la crisis económica que está provocando y que muchos gobernantes locales no quieren comprometer presupuesto para atender la violencia de género, y porque es una cuestión de voluntad política.

Las denuncias formales y llamadas de emergencia por agresiones contra mujeres se han disparado durante el confinamiento en los hogares en México y en el mundo, y el gobierno lo advirtió desde el principio, ordenó que los servicios de atención a mujeres se mantuvieran abiertos y capacitó a los operadores del 911 para mejorar las orientaciones, pero no dio nuevas opciones de atención, como sugerían algunas organizaciones.

—¿No hubiera sido importante que se pudieran abrir estos espacios justo durante la pandemia, con las cifras que hemos visto de cómo ha aumentado la violencia de género?— se le preguntó a Leal.

“Es correcto. Pero se viene la pandemia y ya teníamos tres programadas, pero dijeron: espérate, porque ahorita no sabemos cómo le vamos a hacer, cómo vamos a atender a la gente, si va a ser virtual o no. (…) Y ante el tema de la crisis económica del país, también se detiene, dicen: oye espérame, no quiero hacer algo que ahorita me vaya a meter en un compromiso que no pueda sostener”.

—¿Hay alguna meta para este o el próximo año?

“Ahorita no tenemos una meta y se está redefiniendo todo en base a los acuerdos que se están tomando con los gobiernos estatales. Que el otro tema es que también en muchos estados y municipios va a haber cambio de administración, y eso también pues los alcaldes y los gobernadores no se quieren meter en compromisos que ya no van a alcanzar a cumplir”, señaló.

Programa sin presupuesto, modelo ni supervisión federal

Leal Puerta enfatiza que lo más importante de la estrategia de Puerta Violeta es el grupo multiagencial que se ha creado con distintas instituciones y que ella dirige para promover otra manera de atender la violencia contra las mujeres. La diferencia a lo que se ha hecho hasta ahora, explica, por ejemplo en los Centros de Justicia para las Mujeres, es que ahí se prioriza que haya una denuncia legal, cuando no siempre es lo que más necesita o lo que quiere una mujer, y ahora se pretende justo lo contrario, que es construir junto con la víctima el plan de atención a sus necesidades.

Por ello, defiende que no se haya creado como un programa de gobierno ni se haya destinado un solo peso; únicamente se trata de promover la creación de Puertas en los municipios.

Asegura que algunas han accedido a recursos del subsidio para Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), aunque principalmente operan con recursos de gobiernos locales.

“Yo no creo que se requiera una partida especial (de presupuesto); lo que sí creo es que tenemos que reorganizar la forma en que se hace el gasto público para que pueda estar en concordancia con los programas y que puedan ser eficientes en lo local”, señala.

También por ello cada Puerta ha adoptado el modelo a su propia manera y está trabajando a su modo, así que confirma que el gobierno federal no tiene datos centralizados de cómo han funcionado, cuánto personal tienen y a cuántas mujeres se han atendido.

Animal Político contactó a cada una de las Puertas Violeta para recabar esta información y el balance es de mil 042 mujeres atendidas este año en las tres sedes fuera de Nuevo León, de donde no hubo información disponible. Esto en contraste con las 14 mil mujeres a las que ha dado atención la Red Nacional de Refugios tan solo durante los meses de cuarentena.

A continuación se detalla cómo opera cada Puerta Violeta:

Nuevo León, en manos de sociedad civil

En este estado se concentran siete de las diez Puertas Violetas que hay en todo el país, todas ubicadas en la zona metropolitana: dos en Monterrey y las otras en Escobedo, Guadalupe, Apodaca, San Pedro Garza García y Santa Catarina. Para resguardar a mujeres que lleguen con una situación de riesgo elevado a cualquiera de esas siete sedes, hay solo dos refugios.

Pero de esas siete Puertas, cuatro ya existían, y aunque las nuevas se abrieron a finales de 2019 ya con el reconocimiento del gobierno, las sigue manejando en su totalidad la asociación Alternativas Pacíficas y su directora, Rosario Pacheco.

“Ellos simplemente están impulsando la estrategia de Puerta Violeta, pero somos nosotras desde sociedad civil quienes la operamos. O sea, Gobierno federal como tal no está operando Puerta Violeta”, explica la directora de vinculación, Marcela Urbano.

“Acá en Nuevo León como funciona es que nosotras ponemos el equipo operativo y lo financiamos, como sociedad civil te imaginarás que podemos tener donativos de diferentes partes. Pero trabajamos en corresponsabilidad”.

Lo que más han hecho con el gobierno es dar asesorías a otros municipios que también quieren replicar el modelo, e insisten en que una pieza clave es que participe también una organización social, de donde consideran que deben provenir las psicólogas y trabajadoras sociales.

Se le solicitó el número de atenciones brindadas, pero no proporcionó dicha información.

Michoacán, sin presupuesto

En Puruándiro fue la primera Puerta Violeta en inaugurarse fuera de Nuevo León, el 8 de noviembre de 2019, aunque no hubo ceremonia con funcionarios federales. Puruándiro es un municipio con 70 mil habitantes a dos horas de Morelia, la capital, y la alcaldesa Belina Iturbide Díaz fue quien tuvo la iniciativa de tenerla, así que está instalada dentro del propio edificio de la Presidencia Municipal, aunque la dirige la titular de la Instancia de la Mujer, Antonia González.

“Sin embargo, no tenemos un recurso; funcionamos con buenas voluntades. El equipo interdisciplinario pues somos meramente voluntarias todas. Son tres psicólogas, tres abogadas, dos trabajadoras sociales, hay dos elementos de policía que también son mujeres y dos médico, entre ellas la presidenta municipal, que también da atención cuando se requiere”, detalla Reina Ortiz, una de las trabajadoras sociales.

Esas 12 personas están disponibles 24 horas los 7 días a la semana por si se necesita, como una labor extra al trabajo que tienen en distintas dependencias, como la Instancia de la Mujer, el DIF, el sector salud y de seguridad pública.

Aquí la participación de sociedad civil está en que hay dos redes de mujeres que dan apoyo, una dentro de la cabecera municipal y otra en comunidades aledañas y municipios cercanos. No tienen un refugio propio pero sí un convenio con el de una asociación para canalizar ahí a las víctimas de violencia machista que lo requieran.

En estos meses han atendido a un total de 209 mujeres, a las que se les da seguimiento hasta por seis meses. De esas, en 23 casos se abrieron expedientes judiciales contra sus agresores. Y 12 de ellas con sus hijas e hijos requirieron salir de su casa y acceder a un refugio.

Edomex, sin sociedad civil

En el Estado de México, el que más feminicidios tiene en números totales, se creó el 14 de noviembre de 2019 en el municipio de Nicolás Romero una Puerta Violeta con todo y su propio refugio, financiado con presupuesto del gobierno estatal y que se sumó a otros cuatro refugios de las mismas características.

Es la única Puerta donde no participa sociedad civil, lo que según la asociación Alternativas Pacíficas, rompe con el modelo original que se impulsa.

Aquí el gobierno estatal financia con alrededor de 1.5 millones de pesos anuales los gastos de operación, insumos y personal, que en total son 35 personas cubriendo tres turnos de atención y la línea telefónica de ayuda 24/7. El Ayuntamiento puso el inmueble en comodato, y el gobierno federal solo aportó asesoría para la creación y capacitación de una policía local de género.

De enero a la fecha, han atendido a 713 mujeres con servicios de atención psicológica o legal, y 15 han requerido ser resguardadas en un refugio, aunque han preferido que sea en los de otros municipios para garantizar que el agresor no las encuentre, comenta en entrevista la vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer, Melissa Vargas.

Durante los meses de cuarentena por COVID-19, agrega, bajaron las atenciones presenciales, pero aumentaron 60% las llamadas.

San Luis Potosí, un servicio más del DIF

La última Puerta Violeta que se ha abierto fue la de la capital de San Luis Potosí, aprovechando el Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre pasado.

Se creó dentro del organigrama del DIF municipal, en la coordinación de violencia de género, junto a otras coordinaciones para protección de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores o personas en situación de calle, detalla su directora, Adriana Urbina.

Así que está financiada 100% con presupuesto municipal. Trabajan seis mujeres en cada uno de los tres turnos del día para garantizar atención a cualquier hora. Participan tres instancias: por un lado, el DIF, que la opera, dirige y coordina; por otro, la dirección general de seguridad pública, que es primer respondiente en caso de una atención de emergencia por violencia familiar y que resguarda todas las instalaciones o si hace falta para algún traslado.

La tercera instancia involucrada es el refugio de la asociación civil Otra Oportunidad, con el que se hizo un convenio de colaboración, en lugar de crear un nuevo refugio para esta Puerta.

Urbina reporta que en promedio están atendiendo a 30 mujeres a la semana de primera vez (lo que daría un total de 120 este año), aunque con todas las atenciones que se dan de seguimiento llegan a 5 mil 600 servicios al mes. Durante la pandemia han canalizado a refugio a 10 mujeres: tres en marzo y abril, do en mayo, y una en junio y julio.

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El caso de Antonia Barra, la joven de 21 años que se suicidó tras ser violada y que estremece a Chile

A mediados de septiembre, Antonia Barra, de 21 años, fue violada. Tres semanas después, se suicidó. El fallo, que descartó la prisión preventiva del acusado, ha desatado indignación en Chile.
23 de julio, 2020
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Antonia Barra

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Antonia Barra fue violada en la mañana del 18 de septiembre de 2019. Un mes después, se suicidó.

Antonia Barra no llegó a conocer al colectivo feminista Las Tesis, pero este miércoles su grito iba dedicado a ella.

Ni la pandemia global ni la distancia social pudieron impedir que miles de mujeres salieran a las calles de varias ciudades de Chile a corear el famoso himno feminista “¡El violador eres tú!”, dar cacerolazos, hacer barricadas y manifestarse con la misma consigna: justicia para Antonia.

El caso de Antonia lleva tiempo haciendo ruido en los medios chilenos, pero este miércoles la indignación creció aún más tras saberse que el juez, que acreditó la violación, ordenó sin embargo el arresto domiciliario del acusado, Martín Pradenas, pero no su prisión preventiva.

La joven fue violada a mediados de septiembre pasado. Casi un mes después, se suicidó. Tenía 21 años.

El rechazo a la prisión preventiva de Pradenas, de 28 años, se argumentó en que no había pruebas suficientes que evidenciaran el delito y en la buena conducta del acusado, investigado por cinco casos de abuso sexual y violación a otras jóvenes.

“La chispa que enciende la movilización ciudadana, porque se entiende que esto es una instancia en medio de un proceso judicial, no su sentencia definitiva, es el argumento del juez, que resulta indignante y que no se hace cargo de la gravedad del caso“, le cuenta a BBC Mundo desde Santiago de Chile la periodista Paula Molina.

Además, el juez del caso, Federico Gutiérrez, definió que dos de las cinco acusaciones -ocurridas entre 2010 (a una joven de 16) y 2014 (a otra de 19 años)- están prescritas. En Chile, este tipo de delitos prescriben transcurridos cinco años.

“Eso es algo que indigna porque sabemos que a las víctimas les toma muchos años denunciar. Al mandar a prescripción lo que denuncian hace que todo el proceso sea inútil. Además, resulta difícil de entender cuando parece existir un continuo de delitos similares, como se denuncia en este caso”, explica Molina.

Durante la audiencia judicial, que fue transmitida en vivo, se emitió un video de Antonia y Martín, que después se publicó en la televisión nacional, en el que se ve cómo él tira de ella mientras caminan.

“Al ver el video donde aparece el acusado junto a la víctima, que va a ser violada y que se va a quitar la vida, el juez dice: ‘Yo solo veo a una pareja caminando’. Es una señal muy potente de cómo la justicia chilena no ve o elige no ver lo que ocurre en estos delitos“, explica Molina.

El Poder Judicial transmitió la audiencia en directo.

Poder Judicial
El Poder Judicial transmitió la audiencia en vivo. A la izda., el juez Federico Gutiérrez.

Pradenas contó en un video de YouTube publicado el 17 de julio que en las imágenes que distribuyeron “se puede ver cómo con Antonia nos damos besos, abrazamos, y después nos vamos como personas normales”.

Meses antes había confirmado que tuvieron relaciones sexuales, pero dijo que fueron consensuadas.

El padre de Antonia, Alejandro Barra, no pierde la esperanza.

“Seguimos adelante. Lo importante es que el delito de mi hija ha sido considerado y trabajaremos para que en el caso sea juzgado como corresponde este individuo”, añadió Barra.

El juicio comenzó el martes 21 de julio. El juzgado estableció 120 días para la investigación de los hechos.

¿Qué se sabe sobre el caso de Antonia Barra?

En la mañana del 18 de septiembre de 2019 Antonia Barra despertó en una cabaña (un alojamiento turístico) en Pucón, en el sur de Chile. Pradenas yacía sobre ella. Después de gritarle que se apartara, se vistió y se fue.

Había viajado a esa ciudad junto a su amiga Consuelo y su novio, con quienes fue a una discoteca. Allí habría comenzado el acoso de Pradenas, registrado en las cámaras de seguridad.

Los mensajes de texto y audio que la joven mandó a varios amigos por WhatsApp y que fueron publicados por la Fiscalía dan cuenta de su relato.

Antonia Barra

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Antonia guardó silencio durante casi un mes por miedo a la reacción de sus padres, según su propio relato.

En ellos cuenta que fue violada por Pradenas y que no quiso denunciarlo por miedo a la reacción de sus padres.

Antonia guardó silencio hasta el 12 de octubre de 2019. Ese día llamó por teléfono a su exnovio, Rodrigo Canario, y relató la agresión sexual que había sufrido. Él la insultó y, además, grabó la llamada y la reenvió.

Un día después, ella le mandó un mensaje de despedida. Después se quitó la vida.

“Hastío”

El caso de Antonia Barra ocurre en medio del estallido social que se inició el 18 de octubre del año pasado y que ha tenido una repercusión especial. “Hay un hastío con lo que se percibe como abusos en general en la sociedad chilena”, dice Molina.

“En esa reacción inmediata, intensa, a lo que se planteó en la audiencia del juicio hubo esa sensación en mucha gente. De alguna manera, es como la misma pulsión del 18 de octubre y de las últimas manifestaciones que hemos vivido. Hay muchas personas que no están dispuestas a callar cuando consideran que algo es injusto“.

La periodista chilena considera que el caso de Antonia Barra pone de relieve que “existe la percepción de que el acoso sexual a las mujeres es una cuestión muy generalizada en Chile”.

Mujeres en Santiago de Chile coreografiando "Un violador en tu camino". Diciembre de 2019.

JAVIER TORRES/Getty Images
Mujeres en Santiago de Chile coreografiando “Un violador en tu camino”.

“Precisamente un día antes de la audiencia judicial se publicó una radiografía del acoso en Chile donde se decía que más del 90 por ciento de las mujeres vive situación de acoso de distinto tipo en el país. Eso crea una identificación de parte de muchas mujeres con las víctimas”, añade Molina, que se refiere a una encuesta nacional en la que participaron más de 1.200 mujeres.

Pero el contexto de la fuerza actual del movimiento feminista en Chile también influye.

“Precisamente, la última gran manifestación antes de la pandemia fue la del 8 de marzo, y no solo hubo activistas o militantes, sino mujeres que, pensando distinto en muchos temas, coinciden en que es momento de que las mujeres reivindiquen la total igualdad de derechos. Eso también ha movilizado una toma de conciencia en muchas mujeres“, opina la colaboradora de BBC Mundo.

“También en otros países hay una sensación generalizada de que en los procesos judiciales todo el peso de la prueba recae sobre las mujeres, y de que el mismo proceso judicial revictimiza a las mujeres y las cuestiona de una manera que no se condice con la agresión que denuncian”.


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