La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó la destitución e inhabilitación de un profesor del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por agredir sexualmente a una alumna.
En 2019, la víctima denunció al profesor por haberla atacado sexualmente dentro del plantel escolar.
De acuerdo con la SFP, la denuncia fue atendida desde el primer momento por Órgano Interno de Control (OIC) en el IPN garantizando en todo momento los derechos de la denunciante y del acusado.
Después de realizar las investigaciones correspondientes, recabar las declaraciones de la víctima y de otros estudiantes del plantel, y de elaborar un dictamen psicológico, se determinó la culpabilidad del profesor, quien además de ser sancionado administrativamente se encuentra detenido dado que fue denunciado penalmente.
En un comunicado, la SFP resaltó que esta es la primera vez que el OIC en el IPN sanciona una agresión sexual “por ir en contra de los valores y principios establecidos por el Código de Ética de las Personas Públicas del Gobierno Federal, lo que sienta un precedente para este tipo de casos”.
Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional detalló que los hechos fueron denunciados penalmente el 29 de marzo de 2019, y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la dependencia asignó a una abogada a la víctima, y se obtuvo una orden de aprehensión del trabajador, quien está preso en el Reclusorio Sur.
La SFP fue la encargada de decidir la destitución e inhabilitación del profesor (la cual es la máxima sanción administrativa) debido a que éste estaba adscrito al IPN y por ende ocupaba la figura de servidor público.
La dependencia explicó que la aplicación de la sanción administrativa en este caso fue gracias a la reforma que se hizo al Código de Ética del Gobierno Federal, que prohíbe el acoso sexual, hostigamiento sexual y cualquier conducta que implique una violación a los derechos humanos.
También resalta que en febrero pasado entró en vigor Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, el cual establece procedimientos de investigación y de sanción que posibilitan un efectivo acompañamiento para las víctimas y el acceso a la justicia.
“El acoso y el hostigamiento sexuales son inaceptables en la Administración Pública Federal (…) ahora se ofrecen canales más sensibles y accesibles para denunciar y, sobre todo, se toman acciones concretas y sanciones contundentes para que no haya impunidad”, se lee en el comunicado.
En marzo, cuando apenas iniciaba la pandemia, alumnas de diversos planteles del IPN realizaron protestas en contra de la violencia de género.
Incluso en su última protesta, que tuvo lugar en las instalaciones del IPN, en Zacatenco, al menos 18 estudiantes (16 mujeres y 2 hombes) fueron detenidos por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y trasladados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, horas después las y los jóvenes quedaron en libertad.
El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, manifestó este miércoles que la institución cuenta con una política muy clara de Cero Tolerancia a la Violencia, especialmente contra las mujeres.
