Centros de Justicia desprotegieron a mujeres en pandemia: informe
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

Centros de Justicia desprotegieron a mujeres en pandemia, documenta informe

El informe “Violencia en espera de atención” analizó lo ocurrido en cuatro de los 48 Cejum que hay en 28 estados del país: los de Torreón, Coahuila, de Mérida, Yucatán, y de Oaxaca y Tlaxcala capitales.
Cuartoscuro
24 de octubre, 2020
Comparte

La organización Equis Justicia Para las Mujeres documentó que durante los primeros meses de contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, los Centros de Justicia para Mujeres (Cejum) limitaron el acceso a protección y orientación, con lo que dejaron en peligro a usuarias, mientras que las llamadas de emergencia al 911 y las denuncias reportadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron cuenta de un aumento en la violencia de género.

“Fátima acudió dos veces, en el transcurso de un mes, al Centro de Justicia para las Mujeres. La segunda ocasión, después de una confrontación que tuvo con su expareja, la policía municipal notó que Fátima estaba golpeada y la llevó al DIF municipal, donde la remitieron al Cejum. Ella relata que llegó un sábado aproximadamente a las 15:30 de la tarde y ya estaba cerrado, así que tuvo que regresar al día siguiente”, es uno de los casos que encontró la organización en Tlaxcala.

Especial: la pandemia duplicó el desempleo y expulsó a las mujeres del mercado laboral

El informe “Violencia en espera de atención” analizó lo ocurrido en cuatro de los 48 Cejum que hay en 28 estados del país: los de Torreón, Coahuila, de Mérida, Yucatán, y de Oaxaca y Tlaxcala capitales.

Aunque al iniciar la pandemia la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) publicó que solo algunos servicios se adaptaban, los horarios de atención y se crearon mecanismos extras de ayuda como una línea telefónica de emergencia, Equis  encontró contradicciones con lo que reportaban las funcionarias locales encargadas de la atención y con los testimonios de algunas usuarias.

Por ejemplo, este caso de Oaxaca, donde el Centro está dentro de las instalaciones de la Fiscalía, así que no se permitía entrar a las mujeres si buscaban orientación, sino únicamente si iban a presentar una denuncia.

“Patricia refiere que su atención en el edificio fue rápida, pero que no pudo entrar a las instalaciones del Cejum, pues al contarle al orientador que tenía conflictos con su pareja y quería asesoría, él le dijo que era muy joven y simpática y que mejor tratara de resolver sus problemas en su casa. Ella considera que fue poco ético lo que hizo el orientador”, relata.

En Mérida se documentó un caso aún peor, el de Yesenia, una mujer que cuando fue al Cejum porque su expareja se llevó a su bebé, le contestaron que él tenía derecho por ser el padre y que mejor tratara de reconciliarse con él. Se fue directamente a la Fiscalía a denunciar, pero también le dijeron que no la podían ayudar por la contingencia y porque el papá tiene derecho a tener a su hija; y en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del DIF, el argumento fue que había que recurrir a un juez de guardia y custodia, pero por la pandemia no había ninguno disponible.

Después de estos tres rechazos institucionales, Yesenia fue a buscar al hombre para tratar de quitarle a su hija y forcejearon, así que él terminó poniendo dos demandas familiares y una denuncia contra ella por supuesta violencia.

En Torreón, varios testimonios señalaron que aunque se instaló el número telefónico 075 para emergencias, este no contestaba o ni siquiera daba señal.

En esa misma ciudad, la coordinadora del Cejum dijo en entrevista con Equis que se atendía a todas las mujeres, aunque sí había prioridad para las que estaban en mayor riesgo por la peligrosidad del agresor. Pero los criterios que publicó Conavim por escrito indicaban que solo se daba atención presencial a esos casos de alto impacto (delitos sexuales, utilización de armas, tentativa de feminicidio, entre otros), lo cual sería violatorio de los derechos de las mujeres al ignorar tipos de violencia como la psicológica o patrimonial, que también van en detrimento de una vida plena.

Una constante observada por Equis Justicia fue que hay una tendencia a que en los Centros de Justicia se atienda correctamente a las mujeres cuando van acompañadas por alguna Organización de la Sociedad Civil (OSC), mientras que si van solas, es más común que las rechacen o no las orienten sobre cuáles son sus derechos y qué pueden hacer realmente por ellas.

El informe recuerda que entre enero y junio de 2020 creció 20.2% la incidencia en delitos de violencia de género reportados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y 45% las llamadas de emergencia recibidas en el 911, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo falsamente que el 90% eran llamadas falsas y luego no pudo sustentar su dicho.

Sin embargo, el informe alerta de que los Cejum no han hecho pública la información sobre las atenciones que han dado. Según lo documentado en entrevistas de Equis, en Oaxaca y Tlaxcala las áreas de dirección de los Centros sí reconocieron un aumento de llamadas a su número de emergencia, la mayoría por violencia familiar; pero las directoras de los de Mérida y Torreón dijeron que no hay ni más atenciones ni más casos de violencia, y que solo es “un rumor”.

Conavim solo publicó datos referentes al primer trimestre del año, pero no ha actualizado la información del segundo y tercer trimestre. Animal Político consiguió en junio pasado vía transparencia los datos desglosados por meses, que demostraron una reducción drástica de atenciones a nivel nacional, de 11.5% entre febrero y marzo, cuando empezó el aislamiento social, y luego de 45% en abril, con una recuperación de solo 18% para mayo.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
Comparte

La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=ZRaWxiFPjYI&t

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.