Congreso gasta 14 mdp en pruebas COVID; van 479 casos y 28 muertes
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Congreso ha gastado 14.4 mdp en pruebas de COVID-19; suman 479 contagios y 28 fallecidos

A pesar de los contagios registrados, el Secretario Administrativo de la Cámara Alta, Mauricio Farah, subrayó que el recinto legislativo no es un “centro de infección”, pues se han implementado medidas sanitarias
Cuartoscuro
29 de octubre, 2020
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A lo largo de la pandemia, las dos Cámaras del Congreso han erogado alrededor de 14 millones 430 mil pesos de recursos públicos en la aplicación de pruebas, tanto rápidas como PCR, para la detección de COVID-19 entre legisladores y personal que labora en los recintos legislativos.

Pese al gasto y el esfuerzo por mantener el virus a raya, ha habido al menos 479 contagios de diputados, senadores, funcionarios administrativos y empleados desde que comenzó la pandemia (182 en el Senado y 297 en San Lázaro). También se han reportado 28 fallecimientos: un diputado, un senador y 26 trabajadores.

Leer más | Senado refuerza medidas de salud: solo legisladores con prueba negativa a COVID pasarán al pleno

Tan solo este 28 de octubre, cinco legisladores -las senadoras Josefina Vázquez Mora y Claudia Anaya, el senador Daniel Gutiérrez Castorena y los diputados Arturo Escobar y Luis Alegre- dieron a conocer que contrajeron la enfermedad. Junto con ellos, 44 trabajadores de ambas Cámaras recibieron ayer un resultado positivo a COVID. Esto significa que, en un día, se sumaron a la estadística 49 contagios.

Pese a la celeridad de los contagios, las autoridades administrativas de ambas Cámaras aseguran que los recintos legislativos no son “focos de infección”, sino que las personas adquieren el virus en el exterior, pues mientras los legisladores viajan a sus estados y distritos, los trabajadores recorren trayectos a sus casas.

La Secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, confirmó a Animal Político que, hasta el pasado martes 27 de octubre, se han aplicado 11 mil 742 pruebas PCR (exudado nasal) con un costo de 11 millones 668 mil pesos.

Trabajadores de San Lázaro consultados señalaron que, desde los últimos días de junio, las pruebas se aplican cada fin de semana.

Las pruebas son realizadas por la asociación Salud Digna y costaron entre 950 y 1 mil 300 pesos cada una.

En el caso del Senado, se han aplicado pruebas rápidas desde hace un mes, y pruebas PCR a partir de este lunes.

Hasta la semana pasada, se reportó un gasto de 1 millón 635 mil pesos en la aplicación de 2 mil 330 pruebas rápidas, según dio a conocer Reforma con base en una tarjeta informativa.

De ese total de tests realizados, 160 personas, desde legisladores hasta asesores y trabajadores, resultaron positivos al nuevo coronavirus, de acuerdo con información de la propia Cámara alta. Hasta la semana pasada, al menos 5 trabajadores sindicalizados habían fallecido por la enfermedad.

Además de las pruebas rápidas, el lunes comenzó la aplicación de pruebas PCR a legisladores y trabajadores administrativos, tras la detección de contagios en la Antigua Sede de Xicoténcatl, donde, encerrados, el 20 de octubre los senadores sostuvieron una sesión de más de 12 horas en la que se consumó la extinción de los fideicomisos.

Entre el 26 y 27 de octubre se aplicaron 805 pruebas de este tipo con los Laboratorios Diagnomol S.A. de C.V, de las cuales, 22 resultaron positivas, con lo que el número de contagios en el Senado sumaron, en total, 182.

El Secretario Administrativo de la Cámara alta, Mauricio Farah, confirmó a este medio que cada prueba PCR tuvo un costo unitario de 1 mil 400 pesos, lo que arroja un costo global de 1 millón 127 mil pesos.

Contagios y muertes en el Congreso

Hasta el momento, al menos 14 senadores han dado positivo a COVID; uno de ellos, el morenista Joel Molina, falleció el sábado pasado, tras contraer la enfermedad en la sesión maratónica de Xicoténcatl.

El coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, informó que, de las 805 pruebas PCR aplicadas el lunes y el martes, 22 resultaron positivas, tres correspondientes a senadoras y senadores -Josefina Vázquez Mota (PAN), Claudia Anaya (PRI) y Daniel Gutiérrez Castorena (Morena)-, y el resto, 19, a trabajadores.

En las últimas tres semanas adquirieron el virus las y los senadores Verónica Delgadillo, José Alberto Galarza, Índira Rosales, Guadalupe Saldaña y Alejandro Armenta. Entre abril y septiembre enfermaron Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Navarro, Nestora Salgado, Jorge Carlos Ramírez Marín y Rubén Rocha.

En cuanto a la Cámara de Diputados, la Secretaria General, Graciela Báez, informó a Animal Político que, hasta ayer, se tenía el reporte de 297 personas contagiadas desde marzo, de las cuales, al menos 69 son diputados y 228 funcionarios y trabajadores. 

Este 28 de octubre, el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, y el morenista Luis Alegre, dieron a conocer que estaban entre los legisladores que resultaron positivos a COVID. 

Por su parte, el martes, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, informó que, a lo largo de la epidemia, 22 personas han muerto a causa de la enfermedad, entre legisladores y trabajadores administrativos; uno de los fallecidos fue el diputado Miguel Ancudo González, del PES.

“Contagios vienen de fuera”

A pesar de los contagios registrados, el Secretario Administrativo de la Cámara Alta, Mauricio Farah, subrayó que el recinto legislativo no es un “centro de infección”, pues se han implementado medidas sanitarias para cortar las cadenas de contagio.

En entrevista, el funcionario definió como “un éxito” la aplicación de gel antibacterial, la toma de temperatura, la exigencia de cubrebocas y caretas, así como la sanitización de las oficinas y el uso de tapetes desinfectantes.

Farah sostuvo que, con la aplicación de pruebas rápidas, se logró la identificación de 170 casos sospechosos a los que se les solicitó aislamiento; además, agregó, la enfermedad no es adquirida por contagios en el Senado, sino fuera de él.

“El Senado de la República no ha sido un foco de contagios, me atrevo a asegurarlo de manera contundente; hemos tenido gente, tanto legisladores como trabajadores, que se han contagiado, pero no aquí adentro”, afirmó.

“Quien ha estado contagiado, estoy seguro que llega contagiado al Senado, pero aquí, con todas las medidas que tenemos (…) a pesar de que tenemos un gran número de trabajadores, no hemos tenido ningún foco de contagio”.

Por su parte, la Secretaria General de la Cámara de Diputados, afirmó que los contagios en el recinto están bajo control, y observó que la proporción de trabajadores enfermos (228 de un universo de casi 7 mil personas) es considerablemente bajo.

“Al momento, la tasa de incidencia, el número de contagios con relación al número de personas que se aplican la prueba, ha variado, pero siempre se ha mantenido alrededor del 2%, solamente el 2% de las personas que están viniendo a la Cámara a aplicarse las pruebas resultan contagiadas; ese porcentaje en sí mismo es bajo”, comentó.

La funcionaria también consideró que San Lázaro no es un foco de infección, sino que quienes enferman adquieren el virus fuera de las instalaciones.

“Muchas de estas personas que se han contagiado, se han contagiado fuera de la Cámara, no aquí dentro; de hecho, el 95% se han contagiado fuera, porque allá pasan la mayor parte del tiempo, es la verdad”, precisó.

“Nos ha ayudado mucho lo de las pruebas, porque nos ayudan a detectar quiénes están contagiados y en ese momento aislarlos y seguir el protocolo, que es preguntarles con quién estuvieron en contacto, y a esas personas avisarles para que a su vez estén pendientes de las reacciones que tienen y también se aíslen hasta que pasen cierto número de días”.

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¿Cuán factible (y conveniente) puede ser la compra privada de vacunas contra COVID-19?

Varios países han abierto la puerta para el acceso privado a las vacunas. Sin embargo, existen reparos sobre la conveniencia de un modelo de negocio particular a la hora de enfrentar una emergencia de salud pública como la del coronavirus.
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10 de mayo, 2021
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Vacunas con un dólar

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Varios países han intentado abrir sus legislaciones para permitir la venta de vacunas de forma privada.

La vacunación contra la covid-19 avanza a contrarreloj en el mundo, a cargo de gobiernos y entidades de salud pública: hasta el momento se han administrado más de 1.150 millones dosis a nivel mundial, según el monitoreo de la Universidad de Oxford.

Mientras países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos han logrado ejecutar campañas de vacunación masiva que alcanzan a más de la mitad de su población (incluso con las dos dosis requeridas por la mayoría de las vacunas disponibles), otras naciones se encuentran rezagadas.

En ese escenario, y ante el aumento de contagios, países como Indonesia, India y Pakistán, entre otros, han optado por incorporar a privados a la compra de vacunas, pero controlados desde instancias gubernamentales.

Y en América Latina, impulsados por el desabastecimiento, Brasil, Colombia, Perú y México están abriendo puertas para que empresarios y gobiernos locales puedan adquirir las dosis que se necesitan.

Sin embargo, la opción de la compra privada es aún muy incipiente y genera reparos.

Distintos expertos en salud han expresado inquietudes, no sólo por las cuestiones comerciales asociadas a la compra de vacunas, sino también sobre la conveniencia de un modelo de negocio privado a la hora de enfrentar esta emergencia de salud pública de gran escala.

¿Ayuda o estorbo?

El principal objetivo de las vacunas es “salvar vidas, y ese objetivo es mejor financiado por fondos públicos”, afirma un documento que la OPS compartió con BBC Mundo.

“Los países se han alineado con el marco de valores y objetivos de la Organización Mundial de la Salud y consideran garantizar la vacunación sin ningún costo para la población“, señala.

El objetivo de la vacuna actualmente es su utilización como medida de salud pública. El primer objetivo es proteger a las personas que tienen un riesgo mayor de enfermarse gravemente de covid-19 o de morir por la enfermedad”, le dice a BBC Mundo Ana Elena Chévez, asesora regional en inmunizaciones del organismo.

vacunas rodeadas de Euros

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“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, y no solamente para los que puedan pagar”, señala la OPS.

“Por eso el uso de las vacunas por ‘pago de bolsillo’ puede ampliar las inequidades que desafortunadamente la pandemia ha subrayado tanto en la región”, agrega la asesora, en su análisis de América Latina.

Ante la escasez de vacunas, resulta problemático “pensar que un adulto mayor por no tener acceso a la vacuna no se pueda vacunar, y una persona joven y saludable que pague por ella pueda tener acceso”, compara Chévez.

Quienes rechazan la idea de “privatizar” la compra de vacunas señalan que la apertura de un mercado privado, en vez de ayudar a alcanzar las metas de vacunación completa en los países, generaría un efecto contrario: los particulares entrarían a competir con el Estado como proveedor, lo que podría incluso entorpecer la campaña de inmunización.

Los países de América Latina no tienen recursos ilimitados para, además de atender una emergencia de salud pública como lo es la pandemia en todos sus niveles, prestar recursos a los privados para que ellos puedan aplicar las vacunas que adquirieron”, le dijo a BBC Mundo Ángela Uyén, investigadora especialista en enfermedades infecciosas y asesora de Médicos Sin Fronteras.

“Los privados necesitan enfermeras para aplicar las vacunas, lugares para almacenarlas, centros de vacunación… y eso no va a venir de otro lugar que no sea el Estado, o en competencia con él”.

El médico cirujano mexicano Xavier Tello, añade un elemento técnico.

“Muchas de esas vacunas están aún en fase III de ensayos clínicos. Por esa razón técnica, sin hablar de la conveniencia de que exista o no, es que no hay todavía un mercado establecido como sí sucede con otros medicamentos aprobados para su venta al público”, añade Tello en diálogo con BBC Mundo.

Logística

Uyén señala que, en los países donde se han adelantado propuestas para la implementación de un mercado privado de vacunas, las empresas y los particulares ya tienen una alta participación en la prestación de los servicios regulares de salud.

Ella y otros especialistas coinciden en que tal vez la mejor manera en que los privados pueden ayudar a los procesos de inmunización es haciendo parte de la cadena logística.

Vacunas con signo de Copyright

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Varios expertos han señalado que la liberación de las patentes ayudaría aumentar la producción de vacunas alrededor del mundo.

“El mejor ejemplo de eso es Estados Unidos, donde todas las vacunas han sido provistas por el gobierno pero se ha contado con el apoyo de clínicas, farmacias y entidades particulares que han sido parte de la masiva campaña que han tenido”, señala Uyén.

Sin embargo, su intervención no debe cambiar el modelo ni las prioridades actuales, indican los especialistas.

“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, nunca debe ser solamente para los que puedan pagar”, dice Chévez.

Los ministerios de salud cuentan con el personal, la logística y la cadena de frío necesaria para implementar la vacunación universal. El sector privado podría contribuir de forma solidaria”, añade la representante de la OPS.

Demora en el programa Covax

El problema al que se enfrenta la mayor parte de países es el desabastecimiento global de dosis de vacunas contra el covid-19.

En América Latina son varios los gobiernos que han anunciado retrasos en los planes oficiales por falta de dosis, entre ellos, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, donde los suministros han alcanzado apenas para vacunar a entre 3% y 14% de sus poblaciones con al menos una dosis.

A lo que se suma la demora en las entregas por parte del programa Covax, que pretendía, mediante un plan solidario, garantizar el acceso a las vacunas de forma equitativa a todos los países, especialmente los de menores ingresos.

En América Latina, muchos gobiernos habían elaborado sus planes de vacunación contando con esas dosis.

Creo que el problema ha sido la adquisición desmesurada de algunos países, que ha impactado en algo tan importante como el plan Covax”, señala Ayén.

Vacunas en un podio.

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Hasta ahora los principales laboratorios que producen la vacuna se han negado a negociar con particulares.

Hasta el momento, Covax ha entregado cerca de 40 millones de dosis en 102 países. Y su objetivo es llegar a 2.000 millones de dosis a finales de este año.

“Que Covax no esté funcionando como se pensó que iba a funcionar no puede dar cabida a la entrada de un mercado privado”, anota la analista.

Iniciativas en la región

Con un cuadro crítico por los casos de covid-19 en Colombia -cerca de 17.000 nuevos contagios y 400 muertos diarios-, el gobierno del presidente Iván Duque decidió abrir a privados la adquisición de las vacunas el pasado 21 de abril.

Los anuncios ocurrieron antes de las masivas protestas que han sacudido al país en los últimos días y que han dejado al menos 19 personas muertas.

“Solo se podrán adquirir vacunas que tengan la autorización por parte del Invima (Instituto de Vigilancia de Medicamentos del país) para uso de emergencia”, aseguró el mandatario.

Aunque el decreto permite la importación de las vacunas, no permite su venta.

“Solo podrán ser adquiridas (por privados) para su aplicación gratuita a grupos poblacionales previamente definidos y aprobados por el Ministerio de Salud”, señala el decreto.

De acuerdo con el gobierno colombiano, la idea es permitir que las empresas puedan facilitar la vacunación de sus empleados de una forma más directa.

Actualmente en Colombia se están aplicando las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac.

Ya se conoció públicamente que las farmacéuticas Pfizer y Sinovac han rechazado hacer negocios con privados allí, mientras que no han trascendido detalles de negociaciones con los otros tres laboratorios.

Covax

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Lo cierto es que el programa Covax no ha cumplido con todos los objetivos que se había propuesto para la entrega de dosis.

Las trabas que se ven en Colombia ya se han registrado antes en otros países: aunque la normativa permita la importación de vacunas, los privados no consiguen alcanzar acuerdos con las farmacéuticas.

A principio de año, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó a un conglomerado de clínicas privadas llamado ACBVAC a buscar de forma particular vacunas para luchar contra el incesante aumento de casos en el gigante sudamericano.

Sin embargo, las farmacéuticas productoras de vacunas insistieron en que solo negociaban con gobiernos.

“Creo que en el futuro va a existir un mercado privado, sin duda, pero ahora no están dadas las condiciones para que algo así ocurra”, señala Tello.

Al caso de Brasil y Colombia se suma Perú, que esta semana aprobó una legislación que habilita la adquisición de vacunas por parte de privados y gobiernos regionales.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se mostró abierto a la posibilidad, aunque no existe al momento una decisión oficial en este sentido, y lo mismo ocurre en otros países como Ecuador y Argentina (donde se planteó la posibilidad en el Congreso).

Vacunas

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Analistas señalan que los gobiernos son los encargados de garantizar el éxito de los planes masivos de vacunación.

“Si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna”, apuntó López Obrador y dejó abierto el juego para que el cuestionado mercado privado sea una realidad en su país.

Los analistas no descartan que en el futuro, una vez las vacunas hayan terminado la fase III de investigación y la situación de la pandemia haya mejorado ostensiblemente, que pueda existir una venta a particulares de la vacuna de covid-19.

Pero ahora, están de acuerdo, la prioridad debe ser la salud pública.


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