Desplazamiento forzado en la Tarahumara: obligados a dejar su comunidad
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Foto: Thelma Gómez Durán.

Desplazamiento forzado en la Tarahumara: obligados a dejar su comunidad y su bosque

En el estado de Chihuahua, al norte de México, la expansión de los grupos dedicados a la producción de drogas ha provocado el desplazamiento forzado de, por lo menos, 400 personas.
Foto: Thelma Gómez Durán.
Por Patricia Mayorga (Mongabay)
18 de octubre, 2020
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En la Sierra Tarahumara, el pinole es un alimento vital. Es tanto el aprecio que se le tiene a esta harina elaborada con maíz que las mujeres indígenas la utilizan para “alimentar” a los aguajes: la esparcen en los lugares donde hay agua, para que no dejen de dar vida a las comunidades. Con el pinole también “alimentan” a los pinos, porque ellos traen el agua. Este ritual dejó de hacerse en los poblados donde sus habitantes fueron obligados a dejar sus ríos, sus bosques y sus tierras.

Desde 2017, por lo menos 410 personas fueron forzadas a desplazarse de sus comunidades en la Sierra Tarahumara —la cadena montañosa y área forestal que se extiende a lo largo de Chihuahua, al norte de México—, de acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

Lee: Jornaleros de los bosques, los otros damnificados por la crisis de COVID

Tan solo en 2019, alrededor de 100 familias (300 personas) fueron obligadas a desplazarse de tres comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, de acuerdo con el informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México 2019, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Testimonios de personas desplazadas, así como lo documentado por organizaciones no gubernamentales y dependencias estatales, señalan que el principal detonante del desplazamiento forzado en la región es el control del territorio por parte de los grupos que se dedican al tráfico de drogas; los cuales, además, han diversificado sus actividades y ahora también manejan la tala ilegal.

En el informe elaborado por la CMDPDH, y publicado en agosto de 2020, se señala que “los desplazamientos de comunidades indígenas, ocasionados por disputas territoriales entre grupos delictivos, suelen ser comunes en la región serrana de Chihuahua, debido a que se trata de una zona de siembra de amapola y es parte de la región conocida como el Triángulo Dorado (ubicada entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa), caracterizada por la presencia de grupos ligados al narcotráfico”.

Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Chihuahua —entre ellas Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), la Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm)— han documentado que el desplazamiento forzado en la Tarahumara comenzó a ser más evidente a partir de 2011.

La CEAVE tiene registrados casos de desplazamiento forzado en 56 comunidades de municipios como Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Saucillo, Delicias y Guachochi. A ese mapa se suman los municipios de Madera, Guazapares, Batopilas, Urique y Bocoyna, de acuerdo con lo documentado por organizaciones no gubernamentales.

Dejar la comunidad y el bosque

Desde hace poco más de cinco años, Cruz Sánchez Lagarda, indígena rarámuri, conoce lo que es el desplazamiento forzado. Su familia y otras más tuvieron que dejar El Manzano, en el municipio de Uruachi, al oeste de Chihuahua.

En entrevista, desde la ciudad donde está refugiado con su familia, Cruz Sánchez cuenta que el desplazamiento de los habitantes del Manzano comenzó a gestarse desde principios de 2015, cuando miembros de uno de los carteles de narcotráfico amenazaron a jóvenes de la comunidad que se negaban a ser reclutados por ese grupo. En febrero de ese año, uno de los hijos de Cruz Sánchez fue asesinado.

Un mes después, alrededor de 50 hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron en El Manzano, comunidad que forma parte del ejido Rogoroyvo. Los habitantes se defendieron y se dio un enfrentamiento que duró alrededor de siete horas. Los miembros del cartel advirtieron que regresarían. Fue por eso que alrededor de 36 personas, entre ellas la familia de Cruz Sánchez, fueron la primeras en dejar El Manzano.

Las amenazas contra la comunidad no cesaron. Por lo que, durante 2016 otras familias salieron del poblado.

Las personas desplazadas del Manzano dejaron sus casas, sus cultivos, su ganado y su bosque comunitario. Aquellos que, como Cruz Sánchez Lagarda, son ejidatarios de Rogoroyvo también dejaron vacío su lugar en las asambleas ejidales.

Sánchez Lagarda fue comisariado ejidal de Rogoroyvo de 1999 a 2000. Durante ese tiempo, una de las acciones que realizaron los integrantes del comisariado fue impulsar el aprovechamiento forestal en su territorio colectivo.

Entérate: México, entre los 5 países de América Latina que perdieron la mayor cantidad de bosques primarios en 2019

El indígena rarámuri recuerda que, además de contar con un plan de manejo forestal, se impulsó la compra de un aserradero para dar valor agregado a la madera que producía la comunidad.

“Producíamos madera y la vendíamos a empresas de Parral y Delicias… Todos ganábamos”, cuenta Cruz Sánchez. El dinero que se obtenía por la venta de la madera se distribuía entre los ejidatarios. A la par, cada uno tenía su parcela donde sembraba principalmente maíz y otros productos, según la temporada.

Los ejidatarios tuvieron diferencias por cambio de sus autoridades; aun así, el trabajo forestal siguió adelante. Entre 2010 y 2011, decidieron adquirir un nuevo aserradero, a través de un programa del gobierno estatal que les permitía pagar la mitad del costo.

Sin embargo, apunta Cruz Sánchez, fue durante esos años que la situación comenzó a descomponerse en la región. La violencia, los asesinatos y las amenazas se incrementaron.

El proyecto forestal que tenía la comunidad El Manzano se paralizó hace poco más de tres años. De los 445 ejidatarios de Rogoroyvo solo quedaron alrededor de 300. La mayoría dejó la comunidad por la violencia y otros más por la falta de trabajo.

El territorio comunitario comenzó a resentir los nuevos tiempos: “Empezaron a derribar pinos para sembrar amapola (flor de la cual se extrae el látex con el que se produce la goma de opio)… Los arroyos se fueron secando. El bosque está abandonado”, lamenta Cruz Sánchez.

El desplazamiento forzado no solo golpea la vida de las comunidades y de las personas. Su onda expansiva también la resienten los bosques.

Cuando una comunidad que ha realizado manejo forestal se ve obligada a dejar su territorio, “no hay quien cuide en forma ordenada el bosque”, resalta Federico Mancera-Valencia, investigador del Centro de Investigación y Docencia (CID), que depende de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

Para tener un bosque sano, explica el investigador, es necesario realizar diversos trabajos, entre ellos la poda de los árboles. Si no tienen ese cuidado, los bosques están expuestos y más vulnerables a incendios y plagas.

En Uruachi, el municipio donde se encuentra el ejido de Rocoroyvo, desde hace cinco años no se realiza aprovechamiento forestal; por lo tanto, tampoco se ha reforestado en los bosques de la zona, de acuerdo con Refugio Luna García, director forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua.

Lo mismo sucede en los municipios de Guazapares y Urique, donde comunidades completas —de indígenas y mestizos—, han huido porque les han arrebatado sus tierras, como lo han documentado organizaciones como el Cedehm y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C (Cosyddhac).

Lee el reportaje completo en Mongabay

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Cómo la pesca ilegal de la 'cocaína del mar' en México amenaza la existencia de la vaquita marina

La vaquita marina se encuentra solo en México. Es el mamífero marino más amenazado del planeta y su supervivencia está más en riesgo por un choque de intereses entre la pesca y la conservación.
15 de mayo, 2021
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El explorador Jacques Cousteau decía que el mar de Cortés, en el noroeste de México, es “el acuario del mundo”.

Uno de sus tesoros es la vaquita marina, una marsopa plateada con grandes ojos de panda. Pero sus pueden estar contados por la pesca ilegal de otra especie protegida: la totoaba.

Se trata de un pez que puede crecer tan grande como una vaquita marina y que era un alimento antes de ser incluido en la lista de especies amenazadas de México.

“Lo pescábamos en los años 60 y 70”, recuerda Ramón Franco Díaz, presidente de una federación de pescadores en la localidad costera de San Felipe, en la península de Baja California.

“Entonces vinieron los chinos con sus maletas llenas de dólares y compraron nuestras conciencias”.

Los asiáticos llegaron buscando la vejiga natatoria de la totoaba, un órgano que ayuda a los peces a mantenerse flotantes. En China es muy valiosa por sus presuntas propiedades medicinales, las cuales no están comprobadas.

Según la ONG Earth League International, las vejigas natatorias secas de 10 años pueden venderse por US$85.000 el kilo en China. Los pescadores de San Felipe ganan solo una pequeña fracción, pero siendo una comunidad pobre, el negocio ha florecido por la llamada “cocaína del mar”.

Lanchas con totoaba

Sea Shepherd
Pescadores de localidades cercanas a San Felipe se han beneficiado de la extracción ilegal de totoaba.

“Los pescadores ilegales pueden ser vistos a plena luz de día con sus redes ilegales y sus totoaba”, dice Franco Díaz.

Sueltan un “muro bajo el agua”

Todas las tardes, durante la temporada, las camionetas que remolcan botes de pesca bajan por una rampa en la playa pública de la ciudad y las sueltan en el agua.

La mayoría de estas embarcaciones no tienen licencia y sus pescadores usan redes que pueden matar a la vaquita marina.

“Las redes de enmalle pueden tener cientos de metros de largo y 10 metros de alto“, dice Valeria Towns, que trabaja con una ONG mexicana, el Museo de la Ballena.

“Se convierten en un muro bajo el agua“, afirma.

Para proteger a la vaquita, este tipo de redes de enmalle están prohibidas en la parte alta del Golfo. Sin embargo, son muy utilizadas, incluso por pescadores con permisos de pesca de rodaballo o langostino.

Las más peligrosas para la vaquita marina son las redes de malla grande que se utilizan para la totoaba. “No es fácil para los mamíferos marinos liberarse de ellas, la vaquita queda atrapada”, cuenta Towns.

Una vaquita marina en una red de pesca de totoaba

PA Media
No es difícil que una vaquita marina quede atrapada en las redes usadas para pescar totoaba.

Frente a la costa de San Felipe, se supone que toda la pesca comercial está prohibida dentro del Refugio para la Protección de la Vaquita Marina, un área de más de 1.800 kilómetros cuadrados. Dentro del refugio hay una zona más pequeña de “tolerancia cero”.

El Museo de la Ballena apoya a un puñado de pescadores interesados en acabar con la dependencia de las redes de enmalle y patrocina alternativas a la pesca como el cultivo de ostras.

También es una de las ONG que retira las redes de enmalle del área protegida. Esta es una actividad que ha aumentado las tensiones entre los lugareños y los conservacionistas.

El 31 de diciembre de 2020, un pescador murió y otro tuvo heridas graves después de que su barco de pesca chocara con un barco más grande perteneciente a la ONG internacional Sea Shepherd que estaba quitando redes de enmalle.

Los hechos son controvertidos, pero el resultado fue un motín en San Felipe, donde atraca el barco del Museo de la Ballena.

Map of the protected area

BBC
Map of the Gulf of California showing the protected area

“Iban a quemar nuestro barco”, dice Towns, que estaba en el mar en ese momento, probando redes aptas para las vaquitas.

“Cuando regresé, otros pescadores que trabajan con las redes alternativas estaban defendiendo nuestro barco, diciéndoles: ‘¡Este no es su enemigo! No quemen este barco'”.

El barco se salvó, aunque quedó con algunas ventanas rotas. La Marina de México no tuvo tanta suerte, pues una de sus lanchas de patrullaje fue incendiada en el puerto.

Ahora hay una tregua incómoda.

La Marina dice que continúa patrullando y retirando las redes del santuario. Pero hay pocas ONG involucradas: el Museo de la Ballena espera un permiso para reanudar el trabajo y el barco Sea Shepherd nunca regresó a San Felipe después del incidente.

“Gente loca con armas”

La impunidad y la ausencia de fuerzas de seguridad pueden explicar por qué decenas de barcos salen de la playa de San Felipe en la búsqueda de totoaba en el santuario.

“Ni una sola autoridad los detiene”, se queja Ramón Franco Díaz. “Si te atreves a acercarte a ellos, te dispararían. El crimen organizado ha robado el mar de Cortés”.

Ramón Franco Díaz

BBC
Franco Díaz dice que es muy peligroso interferir con quienes pescan totoaba de manera ilegal.

Un hombre que antes pescaba totoaba dice: “Ahora ves a muchos locos con armas”.

Los violentos sucesos del 31 de diciembre fueron noticia internacional y pusieron a San Felipe en el centro de atención.

Ahora el gobierno mexicano está considerando propuestas que podrían gustarle a los pescadores, pero enfurecerán a los conservacionistas preocupados por el precario destino de la vaquita marina.

Uno es levantar el estatus de especie en peligro de extinción de la totoaba. Otro es legalizar la otra pesca que ya se realiza en el santuario.

“Queremos establecer diferentes zonas de pesca, por ejemplo, para la corvina y el camarón”, dice Iván Rico López, del grupo de trabajo del gobierno que explora la sostenibilidad en la parte alta del Golfo.

“El santuario es enorme. Si se mantiene la prohibición de pescar allí, los pescadores simplemente no comerían. Así que tenemos que avanzar hacia la legalización de la pesca”.

Un barco del Museo de la Ballena

BBC
El Museo de la Ballena es una de las ONG que retira las redes de enmalle del área protegida

El gobierno mexicano también ha distribuido 3.000 “suriperas”, unas redes seguras para las vaquitas marinas. Pero los pescadores se quejan de que con ellas se reducen sus capturas en un 80%.

“Tenemos que buscar formas de aumentar eso”, dice Rico López. “Estamos buscando alternativas, pero tenemos que convencer a las comunidades: si no están involucradas en la toma de decisiones, no lo lograremos”.

¿Es posible proteger a este precioso mamífero y garantizar que los lugareños sigan viviendo?

En San Felipe, el comercio ilícito de totoaba, la amenazante participación del crimen organizado y la poca diversidad económica crean una mezcla tóxica.

Lanchas en Puertecitos

Getty Images
En las localidades del algo golfo de California no hay mucha diversidad económica.

También existe una arraigada cultura de la pesca tradicional.

Valeria Towns tiene una advertencia para las familias de pescadores de San Felipe que ignoran el llamado para hacer cambios para salvar a la vaquita: “No creo que nadie vaya a comprar productos de un área donde la gente provocó la extinción de una especie”.

Después de la temporada de totoaba, ¿apostaría a que la vaquita marina sobrevivirá hasta el próximo año?

“¡Por supuesto! Siempre hay esperanza. Si no, no estaría aquí”, dice sin dudarlo.


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