Alejandro Varela Arellano, director jurídico de Fonatur, aseguró que él personalmente revisará el caso de los ejidos del municipio de Champotón, en Campeche, que denunciaron que un despacho contratado por el Fondo para el Turismo los engañó para hacerlos firma un contrato de preexpropiación, sin que vieran un avalúo previo ni acordarán el precio de indemnización por las tierras.
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El lunes 12 de octubre, durante la conferencia de las 5 de la tarde sobre Programas del Bienestar, a la que acudieron representantes de Fonatur, la reportera Reyna Haydeé Ramírez, de Pie de Página, cuestionó al directivo sobre el caso de ejidos de Campeche que Animal Politico documentó en una nota publicada el viernes 9 de octubre.
Este portal publicó que sin saber bien qué firmaban, ni haber visto un avalúo, ni negociado el precio en Asamblea con los ejidatarios, y sin conocer el alcance de la afectación real, ni la asesoría y el acompañamiento de la Procuraduría Agraria, comisariados ejidales de Campeche firmaron contratos de ocupación previa a la expropiación, presuntamente presionados por una empresa, Barrientos y Asociados, a la que Fonatur le encargó las gestiones de los derechos de vía para el Tren Maya.
Animal Político solicitó varias veces una entrevista a Fonatur para hablar de los procedimientos de preexpropiación en Champotón, Campeche, por el Tren Maya y para saber por qué se contrató a Barrientos y Asociados y si el despacho seguirá al frente de estos procesos, pero hasta el cierre de la edición no hubo ningún respuesta sobre la entrevista.
A la pregunta de la reportera en la conferencia sobre qué garantías había de que a los ejidos se les estaba dando un pago justo por su tierra y por qué era un despacho el que hacía las gestiones, Varela Arellano aseguró que los casos estaban en revisión y que él mismo iría a los ejidos para saber qué había sucedido.
“Estamos formando un grupo de trabajo para a la brevedad visitar cinco ejidos y entender cuál es el planteamiento directamente con ellos, porque, sin demérito del trabajo periodístico, nuestra obligación es sentarnos con ellos y platicar directamente con ellos, de la mano con la Procuraduría Agraria”, aseguró.
Y agregó, “como director jurídico ya estoy sobre este tema, tengan la garantía de que personalmente iré a escuchar qué es lo que está pasando y si hay alguna situación en la que el pago de la tierra a los ejidatarios no haya sido debidamente cubierto, lo cubriremos”.
Respecto al despacho Barrientos y Asociados, señaló que “es uno de los tantos consultores que tenemos para la identificación de apeo y deslinde y liberación de derecho de vía en los 1,500 kilómetros”.
Desafortunadamente, siguió Varela, “el personal institucional no es suficiente para esa gran labor y sí, sí tiene un contrato con nosotros (Barrientos y Asociados), el cual está siendo revisado, como todos los contratos haya o no haya notas periodísticas, nosotros todos los contratos los auditamos y los revisamos sobre una base de avances mensuales”.
Los ejidatarios aseguran que esperan que realmente los representantes de Fonatur vayan a hablar y negociar con ellos, como lo han pedido en varias ocasiones.
