En México se puede torturar e incluso desaparecer personas con la garantía de que casi nunca pasará nada. En los últimos 13 años, las fiscalías de todo el país solo han resuelto con una sentencia condenatoria 73 de más de 46 mil casos denunciados e investigados por estos graves delitos. Una efectividad cercana al 0%.
Así lo revelan datos oficiales recopilados en el informe denominado “Fiscalómetro” elaborado por el Colectivo contra la “Impunidemia” que agrupa a mas de 20 organizaciones e institutos del país, y que busca retratar con datos y con historias el problema de la impunidad que padece México.
El documento señala que la impunidad es una pandemia que desde hace años golpea a México y que provoca que el 90% de los delitos no se resuelvan. Se trata de una “enfermedad” que también deja miles de muertos, y para la que que se han planteado soluciones que, pero que no se aplican.
Para retratar la gravedad de la pandemia, el colectivo identificó a partir de la recolección de datos oficiales el nivel de resolución de dos de los delitos de mayor impacto en cuanto a afectaciones a los derechos humanos: las torturas y las desapariciones forzadas.
Los datos entregados por la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de 26 estados muestran que de 2006 a 2019, es decir en un periodo de 13 años, se iniciaron 46 mil 626 averiguaciones previas y carpetas de investigación por los delitos de tortura y desaparición forzada cometida por autoridades y/o particulares.
En el mismo periodo los poderes judiciales federal y de dichos estados reportan únicamente el dictado de 73 sentencias condenatorias.
En proporción esto significa que, por cada 639 casos de tortura o desaparición forzada denunciados formalmente, solo hay una sentencia dictada. Es un nivel de eficacia de apenas el 0.15%; un nivel de impunidad del 99.85%.
Al revisar los datos por separado se advierte que el esclarecimiento de los casos de tortura es aún peor. Por este delito en específico, la FGR reporta 13 mil 560 averiguaciones y carpetas de investigación iniciadas, a las que se suman 21 mil 360 de las fiscalías de los estados.
En contraste y en el mismo lapso, solo se reportaron 18 sentencias condenatorias a nivel federal y 16 sentencias a nivel local. Esto apenas equivale a un 0.09% del universo total de casos de tortura investigados.
En cuanto a las desapariciones forzadas, de 2006 a 2019 las Fiscalía federal reportó 556 carpetas y averiguaciones abiertas, mientras que las locales informaron de 11 mil 150, para un total de 11 mil 706 casos. En tanto, los poderes judiciales federal y estatal registraron en ese lapso 39 sentencias condenatorias por este grave delito.
Esto es un nivel de esclarecimiento del 0.33% en cuanto a los casos denunciados por desaparición forzada.
El informe también señala, aunque sin desglosar los datos, que existe un 98% de impunidad en cuanto a las investigaciones relacionadas por delitos cometidos contra la libertad de expresión (entre los que figuran homicidios y desapariciones de periodistas) y que han sido denunciados ante al FGR.
Animal Político por su parte, ha documentado previamente -en el especial Matar en México: impunidad Garantizada- que en el caso de los homicidios los niveles de impunidad también rebasan el 90%.
Las causas de la pandemia
El “Fiscalómetro” retrata algunas de las causas que han contribuido a que la FGR y las fiscalías del país no consigan resolver más delitos, pese a las acciones que se han emprendido en los últimos años.
En el caso específico de FGR lo que se advierte es que más allá de su evolución de la antigua PGR a una institución autónoma, en los hechos no se han implementado los cambios institucionales que se requiere, e incluso se ha ignorado y violado la ley orgánica de la propia institución.
“A 18 meses del nacimiento de la FGR, la Ley Orgánica ha sido incumplida, e incluso despreciada, por el propio Fiscal General, quien ha mantenido y ampliado la brecha con la ciudadanía, las víctimas de delito y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan”, indica el informe.
Entre las irregularidades que documenta el informe sobre la FGR están, por ejemplo, la designación del fiscal general y de los fiscales especiales de combate a la corrupción y derechos humanos que se realizaron sin que se analizaran a fondo los perfiles y sobre todo autonomía de los candidatos.
Peor aún -añade el estudio- es que la nueva estructura orgánica y funcional de la FGR que se diseñó para generar una mejor investigación del delito y atención a víctimas no se ha querido implementar. Algunos de sus puntos clave como la elaboración de un Plan de Persecución Penal y la instauración de un consejo ciudadano se han hecho a medias, o de plano se han incumplido.
En el caso específico del Plan de Persecución los organismos indicaron que lo único que existe es una versión preliminar que no fue elaborado con consenso de los ciudadanos, y que además es ilógico pues considera como una debilidad a la propia ley orgánica de la nueva institución.
En cuanto a las fiscalías estatales, los resultados de un monitoreo ciudadano realizado a 17 agencias del Ministerio Público entre 2016 y 2019 permitió identificar problemas operativos coyunturales que entorpecen seriamente una buena investigación y esclarecimiento de los casos.
Destacan cuatro focos rojos: la persuasión en agencias del Ministerio Público para que la gente no levante su denuncia; la apertura de carpetas de investigación por delitos distintos o clasificados mal intencionalmente; la falta de personal para indagar delitos (peritos, fiscales, etcétera); y la revictimización de los denunciantes, particularmente en el caso de mujeres víctimas de delitos sexuales.
¿Qué hacer? Víctimas al frente
En la conferencia virtual donde presentó el informe y el colectivo, la abogada Ana Lorena Delgadillo destacó que la impunidad tiene su origen en fallas estructurales dentro del aparato de justicia en México, cuyas consecuencias más allá de los números, son miles de víctimas que no reciben ni justicia ni reparación del daño.
Hay casos que el Colectivo destaca como el de la masacre de 49 personas cuyos restos fueron encontrados en Cadereyta Nuevo León, que lleva ocho años impune; el de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, con 10 años impune; a desaparición de Rosendo Radilla Pacheco que ya cumplió 46 años sin esclarecerse; o la desaparición y posterior homicidio del periodista Moisés Sánchez en Veracruz, que ya acumula 4 años impune.
“Tenemos costos muy graves para las familias que viven casos de desaparición o de feminicidio, y donde no hay ninguna respuesta institucional ala demanda de justicia. Y en este debate de la impunidad creemos que las fiscalías no han recibido el foco suficiente al analizar el problema”, indicó.
En ese contexto el objetivo del “Colectivo contra la Impunidemia” será dar un seguimiento cercano a la actuación de la Fiscalía General y las fiscalías estatales del país, con el fin de exponer con datos e historias el avance o retroceso en el combate a la impunidad en México. Delgadillo dijo que también se documentarán las buenas prácticas que se detecten en el trabajo de las fiscalías.
“Lo que es urgente reconocer es que la impunidemia es nuestra crisis de crisis, es una de las pandemias mas letales para la justicia y para cualquier democracia. Tenemos un país donde se supera el 90% de impunidad y donde no creemos que podemos regresar a una normalidad en la que se repita esta impunidad. El país vive una enfermedad que subsiste, con consecuencias para miles de familias y grupos vulnerables”, dijo Delgadillo.
