Iba a pagar mi operación con mi aguinaldo: afecta recorte a funcionarios
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"Iba a pagar mi operación con mi aguinaldo”: así afecta el recorte a funcionarios

Mediante un decreto, el Presidente ordenó reducir de 40 a 20 días el aguinaldo que se pagará este año a los trabajadores que el mandatario ha definido como “altos mandos”.
Cuartoscuro
7 de noviembre, 2020
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Nora es una funcionaria pública federal de la tercera edad y se enferma constantemente. Aunque es derechohabiente del ISSSTE, la institución que da protección social a los burócratas, ha optado por acudir a servicios médicos privados durante la pandemia para no exponerse al contagio de COVID-19, lo que le ha causado un desgaste económico profundo.

Hace poco le informaron que debe someterse a una operación odontológica que costará 100 mil pesos. Creyó que era la última mala noticia del año, hasta que supo que el Gobierno le retendrá la mitad de su aguinaldo, que ella había planeado destinar íntegro al pago de su tratamiento. Ésa fue la peor noticia.

No hay amigos o familiares que le puedan prestar el dinero que requiere, en medio de la crisis del desempleo y de recortes salariales. Sin alternativa alguna, decidió pedir un crédito en el banco, en el peor momento para tener deudas.

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“Me rompe mis planes, porque ese dinero, que yo tenía pensado que me iban a dar completo, pues lo iba a usar para mi salud: tenía que ir al ginecólogo, al dentista, tengo que cambiarme los lentes”, cuenta Nora, un nombre que fue cambiado a petición suya para evitar problemas en la institución pública para la que trabaja.

“Afecta mi calidad de vida, por eso es que hay enojo. Para sobrevivir, yo tengo que ir al banco a pedir dinero para mis estudios, me voy a endeudar en el banco con una cantidad muy alta y voy a pagar muchos réditos; si me hubieran dado el aguinaldo, hubiera tenido que pedir prestado menos”.

Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó reducir de 40 a 20 días el aguinaldo que se pagará este año a los trabajadores que el mandatario ha definido como “altos mandos”, que incluye al propio Presidente, así como a secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores y jefes de unidad.

El decreto es la consumación de un anuncio que López Obrador hizo el pasado 5 de abril, al presentar un paquete de rescate económico que incluía reducción de salarios de burócratas y la retención de su aguinaldo. Esa vez, el mandatario sostuvo que la decisión se había consensuado entre todos los trabajadores, lo que fue desmentido por funcionarios consultados por Animal Político.

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Este viernes, en su conferencia matutina, López Obrador volvió a decir que el recorte a los aguinaldos fue voluntario. También dijo que los afectados serían los burócratas “de mero arriba”. Pero Nora, que es una directora de área, no se considera una alta funcionaria.

“A mí me parece que es una decisión equivocada: primero, porque no nos preguntaron; después, porque venimos de una crisis muy fuerte, muy aguda, donde hemos tenido que ir a pagar médicos privados porque casi todos los hospitales son COVID, entonces, hemos gastado mucho dinero, y sin embargo nos retienen la mitad del aguinaldo. Uno durante el año hace planes para usar ese dinero, para atender tu salud, atender un enfermo que tienes en casa o para ayudar a tus familiares; yo quería comprarle una silla de ruedas a mi hermana”, afirma.

Otros funcionarios consultados por este medio manifestaron su inconformidad con el plan del Ejecutivo, que consideran violatorio de sus derechos laborales, pues el aguinaldo es una prestación de ley.

“Es inconstitucional, y espero que la Suprema Corte impida que pase antes de que se emitan los lineamientos de cómo va a quedar el monto a reducir (tabulador)”, confió un director de área del sector Salud.

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“Esto me pega. Yo ahora estoy dando dinero a mis papás, porque no salen a trabajar. Mi papá vende seguros y no tiene ingresos ahorita, porque no puede salir. Y es probable que tenga que también apoyar a mi pareja si se queda sin trabajo. Es el peor momento para contraer el ingreso. El peor”.

Un director general del sector Bienestar señaló que, si bien los mandos altos (como es su caso) pueden sobrellevar con más holgura el recorte, la medida afecta gravemente a los mandos medios y bajos.

“Insisten en maltratar a la gente que más deberían cuidar, incluso a los mandos bajos, para los que el aguinaldo puede ser de gran ayuda; los mando superiores no la sufren tanto”, consideró.

Este directivo advirtió que la medida ha causado descontento entre los trabajadores a su cargo, lo que, prevé, podría dificultar el buen avance del gobierno. 

“Están preocupados. No están contentos, ya contemplaban ese dinero y ahora van a tener que ajustarse”, resumió.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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