Empleados de Salud denuncian que son obligados a laborar pese a brote de COVID
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Empleados de Salud denuncian que son obligados a laborar en oficinas pese a brote de COVID

Empleados de dos direcciones de la Secretaría de Salud señalan que en las últimas semanas al menos 40 de sus compañeros han dado positivo a COVID y pese a ello los altos manos no ordenan el confinamiento.
Cuartoscuro
23 de noviembre, 2020
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Trabajadores de la Secretaría de Salud federal denuncian que son obligados a trabajar presencialmente pese al brote de COVID registrado en las oficinas de la Dirección de Programación y Presupuesto, y de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En entrevista para Animal Político, empleados de dichas áreas señalaron que en las últimas semanas se han confirmado al menos 40 casos de COVID-19, sin que les permitan trabajar desde casa.

En el caso de la Dirección de Programación y Presupuesto se han confirmado al menos 20 casos entre los 100 trabajadores que laboran allí. Es decir, un 20% del personal.

Mientras que en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales laboran alrededor de 78 personas y se han confirmado 24 casos.

Las oficinas de ambas direcciones están ubicadas en el edificio One Marina Park, ubicado en Marina Nacional #60. La Dirección de Programación y Presupuesto está en el piso 10 y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el piso 12.

La Dirección de Programación y Presupuesto es dirigida por Francisco Martínez Martínez y depende de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, cuyo titular es Pedro Flores.

Lee: Los ciudadanos decidieron que era suficiente COVID y hospitales volvieron al caos: personal de salud

De acuerdo con Ana, quien pidió cambiar su nombre por razones de seguridad, en la Dirección de Programación y Presupuesto trabajan 50 empleados de confianza y 50 de base.

En lo que corresponde a los 50 empleados de base, gracias a sus beneficios del sindicato, tienen un rol de guardias y solo asisten a la oficina tres días por semana. En este sector no hay población vulnerable.

Mientras que los 50 empleados de confianza no cuentan con esta opción y asisten a diario, pese a que entre ellos hay población vulnerable.

Animal Político buscó a la Secretaría de Salud para conocer su postura con relación al caso. La dependencia contestó que hasta el momento no tenía conocimiento de la situación y que revisarían si había alguna queja por parte de los empleados.

El brote inició hace dos semanas

Ana señala que en el piso 10 el brote comenzó el pasado 9 de noviembre.

Al tener conocimiento de ello, entre el 9 y 13 de noviembre la dirección realizó varias pruebas y se confirmaron 10 casos, entre éstos hay 8 personas de población vulnerable. El martes 17 de noviembre, se hicieron otras 35 pruebas, en las cuales resultaron 10 personas positivas.

El pasado viernes hubo una tercera ronda de pruebas en la que resultaron dos personas más positivas.

Todas las pruebas fueron realizadas en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). Esta semana se tomarán más pruebas.

Ana dice que aunque la cifra oficial es de 20 casos positivos, ellos sospechan que a estas alturas el número de contagios es mucho mayor.

Pese a esto, la instrucción de la dirección es continuar yendo a la oficina.

Jorge, otro empleado del lugar (quien también pidió cambiar su nombre), relata que la decisión de no trabajar en casa es del director, Francisco Martínez, quien sí asiste a la oficina pero se mantiene alejado del personal y solo da las instrucciones de trabajo a través de los directores de área.

Lee: “Lo que se ha hecho ha dado resultados, ¿por qué cambiar?”: AMLO defiende estrategia contra COVID

“Francisco se alejó de nosotros antes de que pudiéramos solicitarle trabajar desde casa, ahora los directores de área nos han dicho que la instrucción es permanecer aquí hasta ver si hay más casos, lo cual nos parece absurdo”, refiere Jorge.

Tanto Jorge como Ana son empleados de confianza y como tal se dicen más afectados porque no tienen un sindicato que los respalde, como en el caso de los trabajadores de base. Temen quejarse directamente ante la Secretaría de Salud pues podrían tomarse represalias en su contra.

Ambos comprenden la importancia de trabajar en la oficina al ser la dirección encargada de administrar el presupuesto para el Sector Salud, pero dicen que temen por su vida y por la de sus compañeros.

En el piso 12 ya hubo dos muertes

En la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales la situación ha sido aún más grave, ya que se han registrado dos fallecimientos a consecuencia del virus.

En dicha área laboran alrededor de 78 personas, de los cuales son 28 empleados de base y 50 de confianza.

Sara*, quien es trabajadora de base, dice que los contagios en el piso 12 comenzaron en agosto y a la fecha suman 24 casos acumulados.

“Desde agosto ya había 17 casos confirmados y en ese transcurso fueron saliendo más, actualmente son 7 nuevos casos”, refiere.

Sara relata que entre los casos confirmados hubo dos directores de área, que desafortunadamente fallecieron por el virus. Otro director que también resultó contagiado se encuentra grave.

Añade que en su piso hay 3 empleados de confianza, que tienen alguna comorbilidad y aún así están asistiendo a la oficina bajo amenaza de despido.

“Nosotros venimos 2 días a la semana pero todos estamos con el mismo temor, no nos negamos a trabajar, solo pedimos que dejen de jugar con nuestra salud (…) Ayer hablamos con nuestra sección sindical y nos comentaron que hoy se reunirían con la coordinadora para ver la situación, solo nos tomaron el pelo porque ya ni las llamadas nos responden”, acusa.

Sara dice que en su caso la decisión de seguir trabajando en las oficinas es la coordinadora administrativa, Elizabeth Picaso Palomino, y del director general, Omar Valdés López.

La trabajadora denuncia que pese a la ola de contagios en su piso siguen sin respetarse las medidas de sanidad, e incluso se siguen realizando comidas, juntas y hasta misas.

Sara compartió un video en el que se observa a varios de sus compañeros reunidos en una comida que se realizó después de una misa hecha en memoria de los directores fallecidos por COVID.

Foto: Captura de video (cortesía).

 

“Solo pedimos que sean conscientes y dejen de pensar que esta dirección es un salón de eventos sociales”, dice Sara.

Casos que pudieron evitarse

Jorge platica que entre los casos que han resultado positivo a COVID en la Dirección de Programación y Presupuesto hay al menos tres personas que son población vulnerable y no fueron enviados a sus casas.

Uno de ellos es un director de área, quien tuvo que presentarse a trabajar de manera pronta después de una cirugía, por instrucción de la dirección. Después de unos días empezó a sentirse mal, él fue uno de los primeros positivos.

A este caso se suman otro empleado y un subdirector de área, también adultos mayores, que resultaron positivos, uno de ellos es asintomático.

Todos estos trabajadores, como otros que padecen diabetes u obesidad, tienen algo en común: son trabajadores de confianza y como tal no han podido ir a sus casas ya que ese beneficio solo es para los empleados de base.

“Lo que nosotros queremos es que se cumpla la palabra del presidente López Obrador, él dijo que la población es riesgo debía ir a sus casas y cómo es posible que tengan a nuestros compañeros trabajando así solo porque no tienen base. Nosotros estamos en la misma situación y aunque no tenemos alguna comorbilidad tememos por nuestras vidas y por las de nuestras familias”, comenta Jorge.

Ana y Jorge piden a las autoridades federales de Salud que se evalúe la destitución del director general, Francisco Martínez por negligencia, “ya que le importa más imponer su tiranía que la vida humana”.

Personal de base también se queja

Por su parte, el personal de base, es decir sindicalizado, manifestó su descontento por el manejo de la situación y dicen que no regresarán a la oficina hasta que se les dé una solución.

Este lunes, las y los empleados de base de la Dirección de Programación y Presupuesto que no son población de riesgo pero siguen siendo obligados a trabajar presencialmente dos veces por semana, se manifestaron en el lobby del edificio para exigir una solución al brote de COVID.

Al igual que sus compañeros, el personal de base argumenta de sus oficinas ya deberían ser catalogadas como una zona de alto riesgo de contagio y piden a la dirección que los dejen laborar desde casa hasta que se controle la situación.

Después de un rato, los trabajadores de base se retiraron del lugar sin ser atendidos y se dirigieron a la sede de la Secretaría de Salud en Lieja.

*Sara es un nombre ficticio ya que la trabajadora también pidió que su nombre fuera modificado.

 

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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