Empleados de Salud denuncian que son obligados a laborar pese a brote de COVID
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Empleados de Salud denuncian que son obligados a laborar en oficinas pese a brote de COVID

Empleados de dos direcciones de la Secretaría de Salud señalan que en las últimas semanas al menos 40 de sus compañeros han dado positivo a COVID y pese a ello los altos manos no ordenan el confinamiento.
Cuartoscuro
23 de noviembre, 2020
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Trabajadores de la Secretaría de Salud federal denuncian que son obligados a trabajar presencialmente pese al brote de COVID registrado en las oficinas de la Dirección de Programación y Presupuesto, y de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En entrevista para Animal Político, empleados de dichas áreas señalaron que en las últimas semanas se han confirmado al menos 40 casos de COVID-19, sin que les permitan trabajar desde casa.

En el caso de la Dirección de Programación y Presupuesto se han confirmado al menos 20 casos entre los 100 trabajadores que laboran allí. Es decir, un 20% del personal.

Mientras que en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales laboran alrededor de 78 personas y se han confirmado 24 casos.

Las oficinas de ambas direcciones están ubicadas en el edificio One Marina Park, ubicado en Marina Nacional #60. La Dirección de Programación y Presupuesto está en el piso 10 y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el piso 12.

La Dirección de Programación y Presupuesto es dirigida por Francisco Martínez Martínez y depende de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, cuyo titular es Pedro Flores.

Lee: Los ciudadanos decidieron que era suficiente COVID y hospitales volvieron al caos: personal de salud

De acuerdo con Ana, quien pidió cambiar su nombre por razones de seguridad, en la Dirección de Programación y Presupuesto trabajan 50 empleados de confianza y 50 de base.

En lo que corresponde a los 50 empleados de base, gracias a sus beneficios del sindicato, tienen un rol de guardias y solo asisten a la oficina tres días por semana. En este sector no hay población vulnerable.

Mientras que los 50 empleados de confianza no cuentan con esta opción y asisten a diario, pese a que entre ellos hay población vulnerable.

Animal Político buscó a la Secretaría de Salud para conocer su postura con relación al caso. La dependencia contestó que hasta el momento no tenía conocimiento de la situación y que revisarían si había alguna queja por parte de los empleados.

El brote inició hace dos semanas

Ana señala que en el piso 10 el brote comenzó el pasado 9 de noviembre.

Al tener conocimiento de ello, entre el 9 y 13 de noviembre la dirección realizó varias pruebas y se confirmaron 10 casos, entre éstos hay 8 personas de población vulnerable. El martes 17 de noviembre, se hicieron otras 35 pruebas, en las cuales resultaron 10 personas positivas.

El pasado viernes hubo una tercera ronda de pruebas en la que resultaron dos personas más positivas.

Todas las pruebas fueron realizadas en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). Esta semana se tomarán más pruebas.

Ana dice que aunque la cifra oficial es de 20 casos positivos, ellos sospechan que a estas alturas el número de contagios es mucho mayor.

Pese a esto, la instrucción de la dirección es continuar yendo a la oficina.

Jorge, otro empleado del lugar (quien también pidió cambiar su nombre), relata que la decisión de no trabajar en casa es del director, Francisco Martínez, quien sí asiste a la oficina pero se mantiene alejado del personal y solo da las instrucciones de trabajo a través de los directores de área.

Lee: “Lo que se ha hecho ha dado resultados, ¿por qué cambiar?”: AMLO defiende estrategia contra COVID

“Francisco se alejó de nosotros antes de que pudiéramos solicitarle trabajar desde casa, ahora los directores de área nos han dicho que la instrucción es permanecer aquí hasta ver si hay más casos, lo cual nos parece absurdo”, refiere Jorge.

Tanto Jorge como Ana son empleados de confianza y como tal se dicen más afectados porque no tienen un sindicato que los respalde, como en el caso de los trabajadores de base. Temen quejarse directamente ante la Secretaría de Salud pues podrían tomarse represalias en su contra.

Ambos comprenden la importancia de trabajar en la oficina al ser la dirección encargada de administrar el presupuesto para el Sector Salud, pero dicen que temen por su vida y por la de sus compañeros.

En el piso 12 ya hubo dos muertes

En la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales la situación ha sido aún más grave, ya que se han registrado dos fallecimientos a consecuencia del virus.

En dicha área laboran alrededor de 78 personas, de los cuales son 28 empleados de base y 50 de confianza.

Sara*, quien es trabajadora de base, dice que los contagios en el piso 12 comenzaron en agosto y a la fecha suman 24 casos acumulados.

“Desde agosto ya había 17 casos confirmados y en ese transcurso fueron saliendo más, actualmente son 7 nuevos casos”, refiere.

Sara relata que entre los casos confirmados hubo dos directores de área, que desafortunadamente fallecieron por el virus. Otro director que también resultó contagiado se encuentra grave.

Añade que en su piso hay 3 empleados de confianza, que tienen alguna comorbilidad y aún así están asistiendo a la oficina bajo amenaza de despido.

“Nosotros venimos 2 días a la semana pero todos estamos con el mismo temor, no nos negamos a trabajar, solo pedimos que dejen de jugar con nuestra salud (…) Ayer hablamos con nuestra sección sindical y nos comentaron que hoy se reunirían con la coordinadora para ver la situación, solo nos tomaron el pelo porque ya ni las llamadas nos responden”, acusa.

Sara dice que en su caso la decisión de seguir trabajando en las oficinas es la coordinadora administrativa, Elizabeth Picaso Palomino, y del director general, Omar Valdés López.

La trabajadora denuncia que pese a la ola de contagios en su piso siguen sin respetarse las medidas de sanidad, e incluso se siguen realizando comidas, juntas y hasta misas.

Sara compartió un video en el que se observa a varios de sus compañeros reunidos en una comida que se realizó después de una misa hecha en memoria de los directores fallecidos por COVID.

Foto: Captura de video (cortesía).

 

“Solo pedimos que sean conscientes y dejen de pensar que esta dirección es un salón de eventos sociales”, dice Sara.

Casos que pudieron evitarse

Jorge platica que entre los casos que han resultado positivo a COVID en la Dirección de Programación y Presupuesto hay al menos tres personas que son población vulnerable y no fueron enviados a sus casas.

Uno de ellos es un director de área, quien tuvo que presentarse a trabajar de manera pronta después de una cirugía, por instrucción de la dirección. Después de unos días empezó a sentirse mal, él fue uno de los primeros positivos.

A este caso se suman otro empleado y un subdirector de área, también adultos mayores, que resultaron positivos, uno de ellos es asintomático.

Todos estos trabajadores, como otros que padecen diabetes u obesidad, tienen algo en común: son trabajadores de confianza y como tal no han podido ir a sus casas ya que ese beneficio solo es para los empleados de base.

“Lo que nosotros queremos es que se cumpla la palabra del presidente López Obrador, él dijo que la población es riesgo debía ir a sus casas y cómo es posible que tengan a nuestros compañeros trabajando así solo porque no tienen base. Nosotros estamos en la misma situación y aunque no tenemos alguna comorbilidad tememos por nuestras vidas y por las de nuestras familias”, comenta Jorge.

Ana y Jorge piden a las autoridades federales de Salud que se evalúe la destitución del director general, Francisco Martínez por negligencia, “ya que le importa más imponer su tiranía que la vida humana”.

Personal de base también se queja

Por su parte, el personal de base, es decir sindicalizado, manifestó su descontento por el manejo de la situación y dicen que no regresarán a la oficina hasta que se les dé una solución.

Este lunes, las y los empleados de base de la Dirección de Programación y Presupuesto que no son población de riesgo pero siguen siendo obligados a trabajar presencialmente dos veces por semana, se manifestaron en el lobby del edificio para exigir una solución al brote de COVID.

Al igual que sus compañeros, el personal de base argumenta de sus oficinas ya deberían ser catalogadas como una zona de alto riesgo de contagio y piden a la dirección que los dejen laborar desde casa hasta que se controle la situación.

Después de un rato, los trabajadores de base se retiraron del lugar sin ser atendidos y se dirigieron a la sede de la Secretaría de Salud en Lieja.

*Sara es un nombre ficticio ya que la trabajadora también pidió que su nombre fuera modificado.

 

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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