La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española rechazó el recurso presentado por el exdirector de Altos Hornos (AHMSA), Alonso Ancira, y ordenó su entrega a México.
En un auto de 15 páginas, los jueces españoles rechazan que Ancira sufra “persecución política” y consideran que los delitos de corrupción por los que se le persigue son también punibles en España.
Ancira fue detenido el 28 de mayo de 2019 en Palma de Mallorca, España, y está vinculado a la trama de corrupción por la que está procesado también el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya.
Entre junio y noviembre de 2012, Altos Hornos realizó cuatro transferencias por 3.4 millones de dólares a Tochos Holding Limited, empresa vinculada a Emilio Lozoya a través de su hermana Gilda Susana.
“Entre ambas empresas ni hay vínculos comerciales ni hay negocios. Las transferencias suponen un acto de triangulación de fondos a través de transferencias económicas (“recursos procedentes de una actividad ilícita”) en una cuenta bancaria en Suiza, donde se ingresan, a favor de una empresa constituida en las islas vírgenes, -centro financiero offshore de dudosa transparencia fiscal- en la que la participación del señor Lozoya se haya intermediada a través de la figura de confianza de su hermana, que obra como testaferro”, dice el auto.
Posteriormente, el 14 de noviembre de 2012, Lozoya compra una vivienda en la zona residencial Loma de Bezares por un importe de 38.175 millones de dólares, recibiendo Tochos otras dos transferencias procedentes de Altos Hornos de medio millón y un millón de dólares.
A su vez, el 17 de diciembre de 2013, Lozoya propuso la rehabilitación de una planta de agronitrogenados propiedad de una empresa participada mayoritariamente por Altos Hornos y finalmente termina por comprarla. Por la adquisición se pagan 275 millones de dólares, cuando la compañía estaba valuada en 58 millones.
Para los jueces, el primer acto podría constituir un delito de cohecho, mientras que el segundo sería su contraprestación, lo que confirmaría el ilícito.
Los abogados de Ancira habían alegado que era extraño que la dádiva se efectuase antes de la prestación injusta, pero los jueces responden que “lo que importa es que ambas están claramente relacionadas y concertadas”, lo que les lleva a deducir que ambas actuaciones hubiesen estado planificadas previamente por Ancira y Lozoya, lo que podría considerarse un fraude o malversación de recursos públicos.
De este modo, los jueces consideran que los delitos de blanqueo de capitales y cohecho son perseguibles en España, lo que permite que Ancira sea extraditado.
Alegaba también la defensa del exdirector de Altos Hornos que los delitos se habrían cometido cuando él todavía no era funcionario público, ya que no fue nombrado hasta que Enrique Peña Nieto tomó protesta como presidente. Sin embargo, los jueces recuerdan que Ancira formó parte de la campaña del priista y, además, participó como encargado de asuntos internacionales del mandatario electo. Además, considera los pagos anteriores a diciembre de 2012 como parte del acuerdo, que se materializará luego que Emilio Lozoya es nombrado al frente de Pemex.
Otro de los argumentos de Ancira era negar la relación entre las transacciones de dinero, la compra de la casa y la adquisición de la planta de nitrogenados. Pero los jueces alegan que no pueden entrar al fondo del asunto, ya que esto, en todo caso, sería algo que deba abordar la justicia mexicana, que es para lo que se solicita la extradición.
Los jueces españoles también rechazan las dos últimas alegaciones de la defensa de Ancira. Por un lado, niegan que los delitos hayan prescrito y, por otra, también descartan que el exdirector de Altos Hornos esté sufriendo una persecución política.
Sobre este último asunto, los defensores alegaron que las autoridades mexicanas conocían en todo momento el paradero de Ancira, que viajó a Estados Unidos y luego a España, y que esperaron que llegara a este país para detenerle porque presuponían que la extradición sería más sencilla. Esta afirmación no sienta bien a los jueces españoles, que consideran esto una “nueva especulación de carácter victimista, no probada”.
Ancira presentó como prueba diversos recortes de prensa, que para los magistrados “evidencian la exclusiva rivalidad política entre equipos diferentes”, pero no una persecución.
Además, los jueces recuerdan que el hecho por el que se le persigue es un delito común, la corrupción.
“Se denuncia un fraude por sobreprecio en la compra de una inservible y obsoleta planta de agro nitrogenados, que produjo un enorme perjuicio económico en las arcas públicas mexicanas y una contraprestación en un inmueble de lujo en Ciudad de México, que es lo que constituye el núcleo de lo que se persigue ante el hecho de haber pretendido y momentáneamente conseguido ocultarlo, introduciendo en el mercado lícito mexicano tal activo mediante tan complicada operación con triangulación de envíos económicos al extranjero, a empresa constituida en un paraíso off shore, en entregas fraccionadas de dinero, con la utilización de un testaferro familiar, y gran perjuicio al dinero público, circunstancias que, objetivamente, nada tienen que ver con la persecución política”, afirma el auto.
Por último, los jueces recuerdan que la orden de aprehensión sigue en vigor en tanto ninguna autoridad mexicana ha comunicado lo contrario y recordando que un juez mexicano la anuló a condicione de que Ancira se presentase y pagase una fianza, algo que no ha ocurrido.
Con el rechazo del recurso presentado por Ancira se avanza en el proceso de extradición, que todavía tiene que pasar por el Consejo de Ministros de España para ser finalmente aprobado.
El exdirector de Altos Hornos se encuentra actualmente en prisión tras entregarse voluntariamente ante la policía española después de que la Audiencia Nacional rechazase su recurso.
El rechazo del recurso da vía libre a su entrega, a México, aunque esta no se producirá en los próximos días.
