“¿Por qué no hay detenidos?”: familias de desaparecidos de Nuevo Laredo
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Fotos: Alejandro Ponce

“¿Por qué no hay nadie detenido?” cuestionan familias a más de dos años de las desapariciones de Nuevo Laredo

La judicialización de uno de los 47 casos que investiga la FGR es una esperanza para los allegados de las víctimas. Denuncian, sin embargo, que las pesquisas van muy lentas y que no hay voluntad de llevar a los marinos ante el juez.
Fotos: Alejandro Ponce
Por Alberto Pradilla y Arturo Ángel
7 de noviembre, 2020
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Simeón Reyes Lima salió de casa de su hermana Fabiola en la colonia Buenavista de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y jamás regresó. Aquella noche había llegado con un amigo a tomar unas cervezas y le mandaron al Oxxo a comprar algo. Eran las 23 horas del 4 de mayo de 2018. Menos de 12 horas después su cuerpo era identificado en la carretera Colombia 122, el municipio de Anáhuac, Nuevo León, a 66 kilómetros de distancia.

Lo habían enterrado a otros dos cadáveres, los de Juan Carlos Rendón Vega y Humberto Coatzozon Zapot, y tenía tres disparos en la cara, aunque lo que lo mató fue un balazo directo en la sien. Además, mostraba signos de tortura: golpes, cortes, quemaduras.

Leer más | ‘Fueron los marinos’: FGR investiga a grupo de élite de la Marina por desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo

La camioneta del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se adentra entre las brechas; familiares denuncian la falta de compromiso de las autoridades para acompañarlos en las búsquedas.

La camioneta del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se adentra entre las brechas; familiares denuncian la falta de compromiso de las autoridades para acompañarlos en las búsquedas.

“Yo sé que fueron los marinos”, dice Fabiola Reyes Lima, su hermana. Cuenta que, poco tiempo después de que su hermano abandonó la vivienda, unos amigos llegaron a avisar: Simeón había sido capturado por integrantes de la Armada. Los asistentes a una fiesta fueron testigos de cómo se lo llevaban. Allí, como prueba, quedó la troca en la que se movía el mecánico. Fabiola, una mujer recia y decidida, no se iba a quedar de brazos cruzados. Agarró el vehículo de su hermano y salió detrás de los coches oficiales.  

“Pregunté en el cuartel de El Laguito si tenían razón de mi hermano, pero me dijeron que ellos no tenían autorización y que siempre les echaban la culpa de las desapariciones”, explica. A partir de ahí comienza una noche en el infierno: horas de romería a contrarreloj de institución en institución, sin obtener ninguna respuesta. La angustia ante cada negativa. El temor de que a Simeón le hubiese ocurrido algo. Primera parada: la antigua Procuraduría General de la República (PGR). Nada. Segunda: un campamento que los marinos utilizaban en las afueras de Nuevo Laredo. Nada. Ni rastro. Hasta las seis de la madrugada, cuando encontraron el cadáver a casi una hora de distancia en coche. 

El cuartel Leona Vicario de la Marina fue uno de los tres sitios donde madres y esposas fueron a buscar a sus familiares desaparecidos en 2018.

El cuartel Leona Vicario de la Marina fue uno de los tres sitios donde madres y esposas fueron a buscar a sus familiares desaparecidos en 2018.

“Me regreso de mi casa y me hablan en la mañana unos periodistas que habían encontrado unos cuerpos. Me fui a checar y ahí estaba mi hermano”, explica Fabiola. El horror de identificar los restos fue inmediato, un golpe seco. La herida que causa la indiferencia de las instituciones es una tortura lenta y constante. Desde que se llevaron a su hermano (“los marinos”, insiste ella) y acabaron con su vida, nadie le ha dado una explicación. No hay detenidos, ni investigados, ni citaciones judiciales ni sospechosos. No hay nada más que puertas a las que Fabiola toca pero que siempre se encuentra cerradas.

“La fiscalía no me ha querido responder nada. Una sola vez fui a Ciudad de México a ver la carpeta, pero no tenían ningún avance. Les hablo y ni los mensajes me contestan”, explica. Un ejemplo: el mes pasado cambió su asesor legal en la FGR. Y no es la primera vez. Ya son cuatro los funcionarios que han pasado por su expediente. Con cada cambio, una cara nueva que se encuentra con una investigación que jamás vio en su vida y un proceso que vuelve al punto cero. 

“Yo solo quiero que se haga justicia. Saber quién es el culpable”, dice.

La desaparición y muerte de Simeón Reyes Lima es una de las últimas que se atribuye al operativo especial que la Marina desplegó en Nuevo Laredo entre diciembre de 2017 y junio de 2018. Según la Fiscalía General de la República (FGR), hay al menos 47 víctimas dentro de 34 carpetas de investigación por desaparición forzosa y posible ejecución extrajudicial que investigan a la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada. Se trata del mayor caso de estas características desde los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los que se busca desde septiembre de 2014. Las familias, sin embargo, denuncian la pasividad de la justicia. Solo una de las carpetas, la de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido en febrero, ha llegado a un tribunal. En ella, la FGR apuntala la versión de las familias, señalando a la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar. Pero el juez ni siquiera ordenó detener a los oficiales implicados, a pesar de reconocer que existen sólidos indicios que los vinculan con los crímenes.

Para Gregoria Ochoa, las búsquedas de sus familiares es ir a buscar una esperanza, una esperanza de encontrar cuerpos, pero también una oportunidad de acompañar a sus compañeras.

Para Gregoria Ochoa, las búsquedas de sus familiares es ir a buscar una esperanza, una esperanza de encontrar cuerpos, pero también una oportunidad de acompañar a sus compañeras.

“Juntas es mejor”

“El dictamen médico dice que murió por impacto de bala en la sien. Tenía tres disparos en la cara, pero el tiro de gracia se lo dieron en la sien. Además, lo maltrataron. Lo sé porque yo lo reconocí: tenía golpes, impactos de bala, sus manos estaban como tasajeadas”, dice Fabiola. Es domingo, 4 de noviembre y la mujer, junto con otras compañeras, camina por un punto cercano a la orilla del Río Bravo. Realizan una breve búsqueda interrumpida por la presencia de elementos sospechosos. Aunque ya encontró a su hermano, ella sigue acompañando a las que todavía buscan. “Somos un colectivo de búsqueda, busco lo mismo que ellas, justicia. Además, juntas es mejor”, explica. 

El dolor genera lazos de unión muy sólidos. Estas mujeres, abandonadas por las instituciones, han generado el espacio de apoyo muto que el Estado no les proporciona. En los últimos dos años recibieron el apoyo del Comité por los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) y hasta de la ONU. A pesar de que recopilaron evidencias y testimonios que señalan a la Marina, sienten que las investigaciones no avanzan. 

“Yo sé que ellos fueron. De hecho, hay un testimonio del lugar del que se llevaron a mi hermano. La señora tenía cámaras y grabó lo que ocurrió. A los dos o tres días llegaron los marinos y le amenazaron, por lo que tuvo que entregar las grabaciones”, explica. 

Fabiola necesita saber quién mató a su hermano. Hay compañeras que ni siquiera saben qué ocurrió con sus seres queridos y sufren el limbo del desaparecido. Ni está muerto, porque no hay un cuerpo al que velar, ni está vivo, porque ya no forma parte del día a día de sus seres queridos. Es el caso de Erika Janneth Castro Martínez, de 30 años, que busca a su esposo, José Luis Bautista Carrillo, desaparecido el 19 de mayo de 2018. Ella no necesita testigos para saber que fueron los marinos lo que se lo llevaron. Ella misma lo vio, porque estaba presente.  

“Estábamos en una reunión de comerciantes, de yonkeros. Mi esposo se dedica a la compra-venta de autos. Y había un convivio. Eran las 6 de la tarde cuando llegaron tres patrullas de la Marina disparando, sometiéndonos. Yo fui víctima también de sometimiento”, afirma, tomando un descanso mientras sus compañeras revisan uno de los muchos caminos de terracería en las afueras de Nuevo Laredo.  

Erika Castro, como muchos familiares, tiene una manta con los datos de la desaparición de su esposo José Luis Bautista Carrillo; también tiene un pequeño altar y sus cosas guardadas en su sitio.

Erika Castro, como muchos familiares, tiene una manta con los datos de la desaparición de su esposo José Luis Bautista Carrillo; también tiene un pequeño altar y sus cosas guardadas en su sitio.

“Nos tiraron al piso. Nos golpearon. Fue alrededor de una hora lo que estuvimos privados de la libertad”, recuerda. En mitad de la confusión, llegaron familiares de los comerciantes y se armó una discusión. Todo el mundo iba de un lado a otro. En medio de la confusión, una camioneta de los marinos abandonó el lugar. “Ahí se llevaron a mi esposo”, afirma. 

Cuando se dio cuenta de que José Luis faltaba, cuanta Erika que organizó a sus familiares y salieron en su búsqueda. Acudieron al cuartel de la Marina, pero solo se encontraron la puerta cerrada y a los uniformados que aseguraban que ellos no tenían nada que ver. 

“Siempre se burlaron de nosotros. Nos decían que ellos no llevaban a nadie, siendo que, en mi caso, como era un convivio grande de comerciantes, hubo hasta reporteros que llegaron. Hay fotos, hay videos de ese momento. Y en gran parte de las fotos y videos están los marinos. Ellos decían que no y que no, pero salen en las fotos y en los videos. Pero siempre hay una negativa de parte de ellos, dicen que ellos no fueron, pero yo fui testigo de cómo se lo llevaron”, dice. 

Erika observa las camisetas de futbol de su esposo José Luis, desaparecido el 19 de mayo de 2018.

Erika observa las camisetas de futbol de su esposo José Luis, desaparecido el 19 de mayo de 2018.

En aquellos primeros momentos, ante la ausencia de las autoridades, Erika fue la que se encargó de buscar. “Yo he recorrido casi todo Nuevo Laredo en búsquedas de brechas, pero particular, con mi familia, con amigos. Desde que se llevaron a mi esposo no paré ni un día en búsquedas de brechas. Fueron muchos meses que anduve yo por todos estos lados, buscando, escarbando”, explica.

En una de esas jornadas agotadoras de buscar hasta debajo de las piedras, Erika encontró. En una brecha ubicada en las afueras de Nuevo Laredo, halló los cuerpos de Margarita Torres Reyes y de Javier Alfaro Ortega, que llevaban desaparecidos desde hacía un mes. “Estaban en una fosa clandestina, en estado de putrefacción”, recuerda. 

Desde entonces, la mujer sufre la angustia de no saber qué hicieron con su esposo y la desesperación de ver que las investigaciones no avanzan. “En la FGR nos dicen que sí, que van a hacer, pero no hacen”, se queja. Y las búsquedas son complicadas. Dice que cada vez que estaba prevista alguna, se cancelaba porque las autoridades alegaban que no hay condiciones de seguridad. La pandemia de COVID-19 no ayudó. Desde marzo los operativos se cancelaron, aunque recientemente la CNB ha vuelto a impulsar búsquedas en diferentes puntos de la República.

Erika solo espera dos cosas: que se retomen los rastreos hasta saber qué fue de su esposo y que la FGR haga su trabajo y siente en el banquillo de los acusados a los responsables de la desaparición. 

“No me explico por qué en Nuevo Laredo pasan estas cosas. Pero en este caso fue la autoridad, quien supuestamente te tiene que cuidar. Y ya no sabemos quién es más delincuente”, lamenta. 

Más de 2 mil desaparecidos en Nuevo Laredo

El contexto de Nuevo Laredo es complejo y marcado por la violencia. Tamaulipas es un estado con leyenda negra, por la fuerte actividad del crimen organizado. En concreto, en este municipio opera el Cartel del Noreste, una de las escisiones de los antiguos Zetas, el temible cartel formado por exmilitares que se voltearon a las autoridades y se pasaron al bando del narcotráfico. Aquí las desapariciones son terriblemente comunes. Por ejemplo, de las 77 mil 703 personas desaparecidas o no localizadas que contabiliza el registro de la CNB, un total de 11 mil 209 proceden de Tamaulipas. Dentro del estado, Nuevo Laredo es un punto negro, ya que se busca a 2 mil 068 personas del municipio. 

A la presencia del crimen organizado se le suman los constantes casos de ejecuciones extrajudiciales y abusos por parte de la autoridad. Apenas un año después de las desapariciones de la Marina se registró la muerte de ocho personas en la colonia Valles de Anáhuac, ubicada a las afueras de Nuevo Laredo en el que ocho personas fueron asesinadas en un operativo de la Policía estatal y el Ejército. Las víctimas fueron presentadas como si fuesen miembros de un grupo armado, pero pruebas aportadas por las familias desvelaron que se trataba de un montaje. Este mismo año, el 3 de septiembre, efectivos de la Sedena acribillaron un vehículo en el que transitaban varios integrantes de un grupo delictivo sin tomar en cuenta que en la parte de atrás del vehículo había tres civiles secuestrados. Los tres fueron ejecutados. 

La carretera Nuevo Laredo-Monterrey es un amplio desierto en el cual familiares han encontrado a personas desaparecidas. Su búsqueda continúa, pese a la falta de compromiso de las autoridades.

La carretera Nuevo Laredo-Monterrey es un amplio desierto en el cual familiares han encontrado a personas desaparecidas. Su búsqueda continúa, pese a la falta de compromiso de las autoridades.

Este caso, sin embargo, sigue siendo el más complejo, por su dimensión, porque los señalados son Marinos, un cuerpo que ganó influencia ante la creencia generalizada de que el resto de corporaciones estaban infiltradas por diferentes grupos del narcotráfico. Ese prestigio le llevó a participar en operativos como la recaptura de Joaquín “Chapo” Guzmán, en 2016, uno de los triunfos que se apunta Marco Antonio Ortega Siu, entonces jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina y señalado por su responsabilidad en el despliegue de Nuevo Laredo. 

Un hijo que se desvanece tras recibir un disparo en la espalda

“Esa es la justicia que nos cuida, que nos protege, la que nos da protección, que confiemos en ella… ¿esa es la autoridad? No, esa no es la autoridad, ya uno tiene miedo de salir a la calle, de ir a ciertas horas en la noche porque ya tienen miedo de todo, por lo menos ahora que mi hijo desapareció a mí me da miedo todo”. Gregoria Ochoa busca a su hijo, Edgar Alberto Treviño Ochoa, desaparecido el 21 de mayo de 2018.

“Hubo un enfrentamiento, venían persiguiendo un carrito y les empezaron a disparar, y cuando les empezaron a tirar hubo un corredero de gente y en eso corrió mi hijo y fue cuando le dispararon un balazo en la espalda y fue cuando lo levantaron con vida, aun así los Marinos y se lo llevaron”, explica la mujer. Dice que su hijo estaba frente a al panteón Los Ángeles, en la salida hacia Monterrey, buscando empleo. Pero se armó la balacera y recibió el disparo. 

“Nomás nos dijeron ‘vaya y búsquelo para donde lo habían levantado. Todo ese lugar, lo nombraban… un autolavado, que ahí lo buscara más para el autolavado. Nada más”, dice. 

Los testigos de la balacera apenas acertaban en darle el rumbo que habían tomado los marinos. “Él siempre usaba una camisetita y otra abajo y yo espera encontrarla tirada, una camisetita o algo de él y no, pero no encontré nada. Hasta ahorita no tengo noticias de mi hijo ni nada, solamente sé que los Marinos se lo llevaron con un disparo en la espalda”, explica.

Hace un año, Gregoria tuvo esperanza. El 3 de octubre de 2019 fue encontrado un cuerpo en la orilla del Río Bravo, a la altura del kilómetro 18. La llamaron del Servicio de Medicina Forense (Semefo) para hacer la identificación y ella aseguró que se trataba de su hijo. Sin embargo, las pruebas de ADN le dijeron que no, que ese no era su hijo. Aunque los resultados son confusos. Los exámenes de las autoridades estatales dicen que se trata de un varón, pero que no era su hijo. Los que realizó la FGR dicen que se trata de una mujer, por lo que tampoco puede ser su hijo. A pesar de ello, Gregoria pide una tercera revisión que sea efectuada por un perito independiente. Aunque sea, por quitarse la duda de encima. 

Durante todo este tiempo, las familias han tenido que soportar el “algo-habría-hecho” como carga. Las voces al interior de Nuevo Laredo, a través de páginas de Facebook o Twitter, que aseguran que si los desaparecieron era porque andaban en el crimen organizado. Que no fueron los marinos, sino sicarios, los que se los llevaron. Gregoria responde que, si hubiese andado en malos pasos, debería ser juzgado, jamás secuestrado. “Para mi era un hijo bueno. Dejó dos hijos pequeños. Toda la gente lo aprecia allá donde vive”, dice, sollozando.

“Se acaba todo. Se acaba todo. Yo era una de las personas de que muy alegre, a veces me doy ánimos sola porque es muy duro para mí. Un hijo desaparecido es muy difícil, es muy duro tener un hijo desaparecido”, dice, sin poder evitar las lágrimas. “No encontrarlo, no verlo, no estar con él, no convivir como convivamos. Acabaron con mi vida completa, estoy de pie porque Dios es bien grande pero, no”, dice.

Jessica presentó videos como prueba, pero sigue esperando

Si había un caso que las familias de los desaparecidos de Nuevo Laredo creían que podría judicializarse, este era el de Daniel Trejo, a quienes los marinos se llevaron de su casa junto a su amigo Gabriel Gaspar Vázquez. Ocurrió el 27 de marzo de 2018 en una casita que la víctima había comprado junto a su esposa, Jessica Molina. Si este caso tiene algo de diferente es que unos vecinos del matrimonio tenían instaladas videocámaras y grabaron el momento en el que los uniformados allanaron el domicilio. La mujer, que en aquel momento estaba convaleciente de una operación, recuerda cada instante de aquel horror. 

Jessica Molina busca a su esposo Daniel Trejo, quien fue sustraído de su domicilio la noche del 27 de marzo de 2018.

Jessica Molina busca a su esposo Daniel Trejo, quien fue sustraído de su domicilio la noche del 27 de marzo de 2018.

“Hay muchas cosas que a mí me dicen que aparte del entrenamiento que era notorio que era Marina, que no eran improvisados vamos, el uniforme, las armas, cómo se manejaron y cosas que nos preguntaron”, explica. En su memoria han quedado grabados los golpes que le daban a su esposo, las amenazas que recibió, el temor a que los matasen ahí mismo, la sorpresa que los uniformados se llevaron cuando comprobaron que ella es ciudadana americana. “Yo nunca he tenido dudas de eso, de que eran marinos, aunque hayan querido decir que fue el cartel que fueron disfrazados, yo de eso nunca he tenido duda”, afirma.

El hecho de tener pruebas contundentes como los videos llevaba a Molina a pensar que la FGR podría presentar su caso rápidamente ante un juez. Pero no ha sido así. Dice, molesta, que apenas acaban de iniciar una línea de investigación que ella misma proporcionó al inicio, cuando se llevaron a su esposo. 

“Búsquedas de escritorio, eso es lo único que han hecho”, denuncia. “La fiscalía está aquí nada más para seguirnos dando largas, no tiene ninguna disposición de investigar, porque nos están investigando a nosotros”, se queja. Nuevamente, la criminalización. El “algo-habrá-hecho”. “Nos dicen que si tu familiar tenía antecedentes penales, que si tu familiar era esto, que si familiar era el otro, cuestionan los amigos de los amigos de los compañeros, de sus familiares desaparecidos, con quién se juntaban y cosas así. Eso es lo único que tiene fiscalía en su mente, investigarnos a nosotros, no seguir las líneas de investigación que hemos aportado”, se queja.

La noticia de que un juez de Reynosa, Tamaulipas, vio indicios para acusar a nueve marinos por la desaparición forzosa de Julio César Viramontes Arredondo fue una de las esperanzas del año. Que los presuntos responsables sigan en libertad convirtió la esperanza en jarro de agua fría. “Es indignante para nosotros como víctimas, porque no es como si se pasaron una luz roja de un semáforo, son desapariciones forzadas, son acusaciones muy serias”, afirma.

Ante las acusaciones de falta de diligencia que plantean las familias, la FGR responde enumerando una lista de búsquedas, tanto en vida como tratando de encontrar los cuerpos. Alega que se inspeccionaron las tres bases de la Marina en Nuevo Laredo y que se realizaron pesquisas en cárceles de Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Durango y Veracruz. También, que se revisaron diversas brechas. La Marina, por su parte, afirma que dará cumplimiento a la recomendación 36VG/2020 que la señala como responsable de 27 desapariciones forzosas. Asegura que pondrá a su personal a buscar a los desaparecidos que ellos mismos, presuntamente, se llevaron. 

Pero nada de esto resuelve el principal problema de Molina y sus compañeras: saber dónde están sus seres queridos y castigar a aquellos que se lo llevaron. La mujer, asegura, está harta de promesas. Recuerda, por ejemplo, cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, le aseguró en Washington, en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había llegado para acabar con la impunidad. Y lamenta que, en su caso, esto no ha sido así. Que los marinos se retiraron de Nuevo Laredo, pero que ninguno ha sido detenido hasta la fecha. 

La Unidad de Operaciones Especiales de la Semar está bajo sospecha. Para Molina, esto es muestra de hasta dónde llega la impunidad. “Nosotros aquí en Nuevo Laredo teníamos una unidad de operaciones especiales. Estás hablando de lo mejor de lo mejor de la marina. Entonces, yo siempre cuestione, “¿me estás diciendo que tenemos lo mejor de lo mejor en la Marina aquí en Nuevo Laredo, para resguardar Nuevo Laredo, para proteger Nuevo Laredo, para apoyar a Nuevo Laredo y me estás diciendo que todas estas desapariciones pasaron en tus narices y que dices que no fueron ustedes los elementos de la marina entonces quién fue? Entonces ¿por qué no hay nadie detenido por todas estas desapariciones?”. 

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La historia de amor de la pareja turco-alemana detrás de la vacuna contra COVID de Pfizer

El éxito de este matrimonio formado por hijos de inmigrantes ha sido visto como un "bálsamo para el alma" de los alemanes con raíces turcas después de décadas de verse estereotipados como "fruteros inexpertos".
12 de noviembre, 2020
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Ugur Sahin y Öezlem Türeci.

Divulgação
Ugur Sahin y Öezlem Türeci son la pareja fundadora de BioNTech.

Los positivos resultados publicitados por Pfizer en la vacuna para el covid-19 que desarrolla junto BioNTech son un éxito inesperado para una pareja de hijos de inmigrantes turcos en Alemania.

De raíces humildes, el hijo de un inmigrante turco que trabajaba en una fábrica de Ford en Colonia se convertiría, años más tarde, en el director ejecutivo de BioNTech. Ahora a los 55 años de edad, Ugur Sahin se encuentra entre los 100 alemanes más ricos, junto a su esposa y colega Öezlem Türeci, de 53 años de edad, hija de un médico turco.

“A pesar de sus logros, nunca ha dejado de ser increíblemente humilde y amable”, dijo Matthias Kromayer, miembro del directorio de la firma de capital de riesgo MIG AG, cuyos fondos han estado financiando BioNTech desde su fundación en 2008.

Según Kromayer, Sahin suele asistir a las reuniones de negocios con jeans, mochila y un casco de bicicleta bajo el brazo.

En un año, el valor de mercado de la compañía en la bolsa de empresas tecnológicas Nasdaq pasó de US$4.600 millones a los US$21.000 millones gracias al importante papel de la empresa en la investigación para la inmunización masiva contra el coronavirus. Para que sirva como referente, basta con decir que el valor de mercado actual de BioNTech es cuatro veces el de la aerolínea alemana Lufthansa.

Con una amplia financiación alemana, Pfizer y BioNTech son los primeros fabricantes en hacer públicos datos exitosos de un ensayo clínico a gran escala de una vacuna contra la pandemia.

Según revelaron las empresas este lunes 9 de noviembre, la vacuna para combatir el coronavirus lograba la inmunización en 9 de cada 10 personas y las autoridades estadounidenses pueden autorizar su uso de emergencia a finales de este año.

Para el periódico berlinés Tagesspiegel, el éxito de la pareja fue un “bálsamo para el alma” para los alemanes con raíces turcas después de décadas de ser estereotipados en Alemania como “fruteros inexpertos”.

Alemania tiene una gran comunidad de origen turco, pero estos inmigrantes o descendientes son a menudo víctimas de prejuicios.

Sueño de infancia

Sahin y Türeci son hijos de trabajadores que emigraron a Alemania como parte de la primera generación de inmigrantes turcos invitados por el país, en un programa conocido como Gastarbeiter.

“Alemania ha luchado durante mucho tiempo con la pregunta sobre cuán abierta debería ser su política de inmigración y el programa de ‘trabajadores invitados’ de la posguerra siempre ha sido cuestionado”, dijo Christian Odandahl, economista jefe del Centro para la Reforma Europea, en una publicación de Twitter.

“El padre de Ugur Sahin era uno de esos trabajadores invitados que venían a trabajar en la fábrica de Ford en Colonia y ahora su hijo podría ser la persona que acabó con la epidemia que arrasó el mundo”, agregó.

Persiguiendo con empeño su sueño de la infancia de convertirse en médico, Ugur Sahin se graduó en 1990 y trabajó en hospitales universitarios en Colonia y en la ciudad universitaria de Homburgo, en el suroeste de Alemania, donde conoció a Türeci durante el comienzo de su carrera académica.

La investigación médica y la oncología se han convertido en una pasión común.

Türeci, la hija de un médico turco que había emigrado a Alemania antes de su nacimiento, dijo en una entrevista con los medios locales que, incluso el día de su boda, ambos encontraron tiempo para trabajar en el laboratorio.

Gráfico sobre la vacuna.

BBC

Juntos, se especializaron en el estudio del sistema inmunológico como un aliado potencial en la lucha contra el cáncer y trataron de lidiar con la composición genética única de cada tumor.

La vida como emprendedores comenzó en 2001, cuando crearon Ganymed Pharmaceuticals para desarrollar anticuerpos contra el cáncer pero Sahin, quien es profesor de la Universidad de Mainz desde 2014, nunca abandonó la investigación académica y la enseñanza.

La pareja, que ahora tiene una hija adolescente, recibió fondos de MIG AG, así como de Thomas y Andreas Struengmann, quienes vendieron su compañía de medicamentos genéricos Hexal a Novartis en 2005.

El emprendimiento de Sahin y Türeci terminó siendo vendido a la empresa japonesa Astellas en 2016 por casi US$1,4 mil millones. En ese momento, el equipo detrás de Ganymed ya estaba ocupado construyendo BioNTech, fundada en 2008, en busca de una gama mucho más amplia de herramientas de inmunoterapia contra el cáncer.

Esto incluía ARNm, una sustancia mensajera versátil que se utiliza para enviar instrucciones genéticas a las células. En este enfoque, en general, el sistema inmunológico detecta las células cancerosas como un virus que ingresa al cuerpo y trata de eliminarlas.

Y con el método de ARNm, que permite producir más vacunas de forma más rápida en comparación con los métodos tradicionales de inmunización, la empresa prevé producir más de 100 millones de dosis de vacunas para finales de año.

Actualmente, Sahin es el director ejecutivo (CEO) de BioNTech y Türeci, el médico jefe (CMO) de la empresa.

“Un equipo ideal”

Para Kromayer, de MIG, Sahin y Türeci forman un “equipo ideal”, ya que han conciliado sus aspiraciones con los límites de la realidad.

Frascos de vacunas contra el covid-19.

Reuters
En la actualidad están en desarrollo más de 170 proyectos de vacunas contra el covid-19.

La historia de BioNTech dio un giro cuando Sahin encontró en enero de 2020 un artículo científico sobre un nuevo brote de coronavirus en la ciudad china de Wuhan. En ese momento, se dio cuenta de lo cerca que estaba la brecha entre los medicamentos anticancerosos de ARNm y las vacunas virales basadas en ARNm.

Este tipo de método de inmunización sin precedentes lleva consigo una pieza de material genético modificado en el laboratorio y proporciona instrucciones para que las células de nuestro cuerpo fabriquen proteínas víricas. A partir de ahí, el sistema inmunológico reconoce la amenaza y genera una respuesta que realmente protege al cuerpo de la enfermedad.

BioNTech asignó rápidamente a unos 500 empleados para diseñar a la “velocidad de la luz” varios compuestos posibles. La iniciativa atrajo al gigante farmacéutico estadounidense Pfizer y a la compañía farmacéutica china Fosun como socios poco después, en marzo.

“Nuestra nueva tarea es derrotar a este virus. Ese es un deber humanitario”, dijo Sahin a su equipo, según el periódico británico The Telegraph.

Matthias Theobald, un profesor de oncología en la Universidad de Mainz que ha trabajado con Sahin durante 20 años, dijo que su tendencia al eufemismo esconde una ambición implacable por transformar la medicina, ejemplificada en el acto de fe que realizó para dedicarse a la búsqueda de una vacuna contra el covid-19 .

“Es una persona muy modesta y humilde. Las apariencias significan poco para él. Pero quiere crear las estructuras que le permitan realizar sus sueños y ahí es donde las aspiraciones están lejos de ser modestas”, dijo Theobald.

Este lunes, Sahin dijo a la agencia Reuters que a principios de año no sabía lo difícil que sería intentar obtener una vacuna contra el covid-19.

¿Qué se sabe sobre la vacuna BioNTech / Pfizer?

Laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron que su candidata para la vacuna covid-19 logró una tasa de eficacia superior al 90% en un análisis preliminar de ensayos clínicos de fase 3, el último paso antes de la aprobación por parte de las agencias reguladoras.

Gráfico de cuántas vacunas están siendo evaluadas en el mundo

BBC

BNT162b2 (nombre provisional) se estudia en 43.538 individuos repartidos en seis países (Sudáfrica, Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Turquía).

La mitad de las personas recibe las dosis, mientras que la otra parte toma un placebo, una sustancia que no tiene ningún efecto en el organismo.

Los datos preliminares mostraron que los participantes vacunados se infectaron menos con el coronavirus que el otro grupo de voluntarios.

El anuncio del lunes se basó en datos de 94 voluntarios infectados y reveló que la efectividad fue superior al 90%. Según la información divulgada, no se observaron eventos adversos u otras preocupaciones en esta etapa.

Pero las empresas esperan llegar a 164 eventos (en otras palabras, 164 participantes diagnosticados con covid-19) para completar este análisis preliminar.

Al mismo tiempo, los médicos expresan preocupaciones sobre aspectos de logística derivados de las especificidades de la vacuna, como la necesidad de que se administre más de una dosis en poco tiempo y la de que se mantenga almacenada a muy bajas temperaturas, lo que puede generar dificultades en lugares con menos recursos y capacidades.

Por otro lado, si todo va bien en los próximos pasos, BNT162b2 podría representar una revolución en la medicina: sería la primera vacuna basada en ARN aprobada en la historia.


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