“¿Por qué no hay detenidos?”: familias de desaparecidos de Nuevo Laredo
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Fotos: Alejandro Ponce

“¿Por qué no hay nadie detenido?” cuestionan familias a más de dos años de las desapariciones de Nuevo Laredo

La judicialización de uno de los 47 casos que investiga la FGR es una esperanza para los allegados de las víctimas. Denuncian, sin embargo, que las pesquisas van muy lentas y que no hay voluntad de llevar a los marinos ante el juez.
Fotos: Alejandro Ponce
Por Alberto Pradilla y Arturo Ángel
7 de noviembre, 2020
Comparte

Simeón Reyes Lima salió de casa de su hermana Fabiola en la colonia Buenavista de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y jamás regresó. Aquella noche había llegado con un amigo a tomar unas cervezas y le mandaron al Oxxo a comprar algo. Eran las 23 horas del 4 de mayo de 2018. Menos de 12 horas después su cuerpo era identificado en la carretera Colombia 122, el municipio de Anáhuac, Nuevo León, a 66 kilómetros de distancia.

Lo habían enterrado a otros dos cadáveres, los de Juan Carlos Rendón Vega y Humberto Coatzozon Zapot, y tenía tres disparos en la cara, aunque lo que lo mató fue un balazo directo en la sien. Además, mostraba signos de tortura: golpes, cortes, quemaduras.

Leer más | ‘Fueron los marinos’: FGR investiga a grupo de élite de la Marina por desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo

La camioneta del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se adentra entre las brechas; familiares denuncian la falta de compromiso de las autoridades para acompañarlos en las búsquedas.

La camioneta del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se adentra entre las brechas; familiares denuncian la falta de compromiso de las autoridades para acompañarlos en las búsquedas.

“Yo sé que fueron los marinos”, dice Fabiola Reyes Lima, su hermana. Cuenta que, poco tiempo después de que su hermano abandonó la vivienda, unos amigos llegaron a avisar: Simeón había sido capturado por integrantes de la Armada. Los asistentes a una fiesta fueron testigos de cómo se lo llevaban. Allí, como prueba, quedó la troca en la que se movía el mecánico. Fabiola, una mujer recia y decidida, no se iba a quedar de brazos cruzados. Agarró el vehículo de su hermano y salió detrás de los coches oficiales.  

“Pregunté en el cuartel de El Laguito si tenían razón de mi hermano, pero me dijeron que ellos no tenían autorización y que siempre les echaban la culpa de las desapariciones”, explica. A partir de ahí comienza una noche en el infierno: horas de romería a contrarreloj de institución en institución, sin obtener ninguna respuesta. La angustia ante cada negativa. El temor de que a Simeón le hubiese ocurrido algo. Primera parada: la antigua Procuraduría General de la República (PGR). Nada. Segunda: un campamento que los marinos utilizaban en las afueras de Nuevo Laredo. Nada. Ni rastro. Hasta las seis de la madrugada, cuando encontraron el cadáver a casi una hora de distancia en coche. 

El cuartel Leona Vicario de la Marina fue uno de los tres sitios donde madres y esposas fueron a buscar a sus familiares desaparecidos en 2018.

El cuartel Leona Vicario de la Marina fue uno de los tres sitios donde madres y esposas fueron a buscar a sus familiares desaparecidos en 2018.

“Me regreso de mi casa y me hablan en la mañana unos periodistas que habían encontrado unos cuerpos. Me fui a checar y ahí estaba mi hermano”, explica Fabiola. El horror de identificar los restos fue inmediato, un golpe seco. La herida que causa la indiferencia de las instituciones es una tortura lenta y constante. Desde que se llevaron a su hermano (“los marinos”, insiste ella) y acabaron con su vida, nadie le ha dado una explicación. No hay detenidos, ni investigados, ni citaciones judiciales ni sospechosos. No hay nada más que puertas a las que Fabiola toca pero que siempre se encuentra cerradas.

“La fiscalía no me ha querido responder nada. Una sola vez fui a Ciudad de México a ver la carpeta, pero no tenían ningún avance. Les hablo y ni los mensajes me contestan”, explica. Un ejemplo: el mes pasado cambió su asesor legal en la FGR. Y no es la primera vez. Ya son cuatro los funcionarios que han pasado por su expediente. Con cada cambio, una cara nueva que se encuentra con una investigación que jamás vio en su vida y un proceso que vuelve al punto cero. 

“Yo solo quiero que se haga justicia. Saber quién es el culpable”, dice.

La desaparición y muerte de Simeón Reyes Lima es una de las últimas que se atribuye al operativo especial que la Marina desplegó en Nuevo Laredo entre diciembre de 2017 y junio de 2018. Según la Fiscalía General de la República (FGR), hay al menos 47 víctimas dentro de 34 carpetas de investigación por desaparición forzosa y posible ejecución extrajudicial que investigan a la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada. Se trata del mayor caso de estas características desde los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los que se busca desde septiembre de 2014. Las familias, sin embargo, denuncian la pasividad de la justicia. Solo una de las carpetas, la de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido en febrero, ha llegado a un tribunal. En ella, la FGR apuntala la versión de las familias, señalando a la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar. Pero el juez ni siquiera ordenó detener a los oficiales implicados, a pesar de reconocer que existen sólidos indicios que los vinculan con los crímenes.

Para Gregoria Ochoa, las búsquedas de sus familiares es ir a buscar una esperanza, una esperanza de encontrar cuerpos, pero también una oportunidad de acompañar a sus compañeras.

Para Gregoria Ochoa, las búsquedas de sus familiares es ir a buscar una esperanza, una esperanza de encontrar cuerpos, pero también una oportunidad de acompañar a sus compañeras.

“Juntas es mejor”

“El dictamen médico dice que murió por impacto de bala en la sien. Tenía tres disparos en la cara, pero el tiro de gracia se lo dieron en la sien. Además, lo maltrataron. Lo sé porque yo lo reconocí: tenía golpes, impactos de bala, sus manos estaban como tasajeadas”, dice Fabiola. Es domingo, 4 de noviembre y la mujer, junto con otras compañeras, camina por un punto cercano a la orilla del Río Bravo. Realizan una breve búsqueda interrumpida por la presencia de elementos sospechosos. Aunque ya encontró a su hermano, ella sigue acompañando a las que todavía buscan. “Somos un colectivo de búsqueda, busco lo mismo que ellas, justicia. Además, juntas es mejor”, explica. 

El dolor genera lazos de unión muy sólidos. Estas mujeres, abandonadas por las instituciones, han generado el espacio de apoyo muto que el Estado no les proporciona. En los últimos dos años recibieron el apoyo del Comité por los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) y hasta de la ONU. A pesar de que recopilaron evidencias y testimonios que señalan a la Marina, sienten que las investigaciones no avanzan. 

“Yo sé que ellos fueron. De hecho, hay un testimonio del lugar del que se llevaron a mi hermano. La señora tenía cámaras y grabó lo que ocurrió. A los dos o tres días llegaron los marinos y le amenazaron, por lo que tuvo que entregar las grabaciones”, explica. 

Fabiola necesita saber quién mató a su hermano. Hay compañeras que ni siquiera saben qué ocurrió con sus seres queridos y sufren el limbo del desaparecido. Ni está muerto, porque no hay un cuerpo al que velar, ni está vivo, porque ya no forma parte del día a día de sus seres queridos. Es el caso de Erika Janneth Castro Martínez, de 30 años, que busca a su esposo, José Luis Bautista Carrillo, desaparecido el 19 de mayo de 2018. Ella no necesita testigos para saber que fueron los marinos lo que se lo llevaron. Ella misma lo vio, porque estaba presente.  

“Estábamos en una reunión de comerciantes, de yonkeros. Mi esposo se dedica a la compra-venta de autos. Y había un convivio. Eran las 6 de la tarde cuando llegaron tres patrullas de la Marina disparando, sometiéndonos. Yo fui víctima también de sometimiento”, afirma, tomando un descanso mientras sus compañeras revisan uno de los muchos caminos de terracería en las afueras de Nuevo Laredo.  

Erika Castro, como muchos familiares, tiene una manta con los datos de la desaparición de su esposo José Luis Bautista Carrillo; también tiene un pequeño altar y sus cosas guardadas en su sitio.

Erika Castro, como muchos familiares, tiene una manta con los datos de la desaparición de su esposo José Luis Bautista Carrillo; también tiene un pequeño altar y sus cosas guardadas en su sitio.

“Nos tiraron al piso. Nos golpearon. Fue alrededor de una hora lo que estuvimos privados de la libertad”, recuerda. En mitad de la confusión, llegaron familiares de los comerciantes y se armó una discusión. Todo el mundo iba de un lado a otro. En medio de la confusión, una camioneta de los marinos abandonó el lugar. “Ahí se llevaron a mi esposo”, afirma. 

Cuando se dio cuenta de que José Luis faltaba, cuanta Erika que organizó a sus familiares y salieron en su búsqueda. Acudieron al cuartel de la Marina, pero solo se encontraron la puerta cerrada y a los uniformados que aseguraban que ellos no tenían nada que ver. 

“Siempre se burlaron de nosotros. Nos decían que ellos no llevaban a nadie, siendo que, en mi caso, como era un convivio grande de comerciantes, hubo hasta reporteros que llegaron. Hay fotos, hay videos de ese momento. Y en gran parte de las fotos y videos están los marinos. Ellos decían que no y que no, pero salen en las fotos y en los videos. Pero siempre hay una negativa de parte de ellos, dicen que ellos no fueron, pero yo fui testigo de cómo se lo llevaron”, dice. 

Erika observa las camisetas de futbol de su esposo José Luis, desaparecido el 19 de mayo de 2018.

Erika observa las camisetas de futbol de su esposo José Luis, desaparecido el 19 de mayo de 2018.

En aquellos primeros momentos, ante la ausencia de las autoridades, Erika fue la que se encargó de buscar. “Yo he recorrido casi todo Nuevo Laredo en búsquedas de brechas, pero particular, con mi familia, con amigos. Desde que se llevaron a mi esposo no paré ni un día en búsquedas de brechas. Fueron muchos meses que anduve yo por todos estos lados, buscando, escarbando”, explica.

En una de esas jornadas agotadoras de buscar hasta debajo de las piedras, Erika encontró. En una brecha ubicada en las afueras de Nuevo Laredo, halló los cuerpos de Margarita Torres Reyes y de Javier Alfaro Ortega, que llevaban desaparecidos desde hacía un mes. “Estaban en una fosa clandestina, en estado de putrefacción”, recuerda. 

Desde entonces, la mujer sufre la angustia de no saber qué hicieron con su esposo y la desesperación de ver que las investigaciones no avanzan. “En la FGR nos dicen que sí, que van a hacer, pero no hacen”, se queja. Y las búsquedas son complicadas. Dice que cada vez que estaba prevista alguna, se cancelaba porque las autoridades alegaban que no hay condiciones de seguridad. La pandemia de COVID-19 no ayudó. Desde marzo los operativos se cancelaron, aunque recientemente la CNB ha vuelto a impulsar búsquedas en diferentes puntos de la República.

Erika solo espera dos cosas: que se retomen los rastreos hasta saber qué fue de su esposo y que la FGR haga su trabajo y siente en el banquillo de los acusados a los responsables de la desaparición. 

“No me explico por qué en Nuevo Laredo pasan estas cosas. Pero en este caso fue la autoridad, quien supuestamente te tiene que cuidar. Y ya no sabemos quién es más delincuente”, lamenta. 

Más de 2 mil desaparecidos en Nuevo Laredo

El contexto de Nuevo Laredo es complejo y marcado por la violencia. Tamaulipas es un estado con leyenda negra, por la fuerte actividad del crimen organizado. En concreto, en este municipio opera el Cartel del Noreste, una de las escisiones de los antiguos Zetas, el temible cartel formado por exmilitares que se voltearon a las autoridades y se pasaron al bando del narcotráfico. Aquí las desapariciones son terriblemente comunes. Por ejemplo, de las 77 mil 703 personas desaparecidas o no localizadas que contabiliza el registro de la CNB, un total de 11 mil 209 proceden de Tamaulipas. Dentro del estado, Nuevo Laredo es un punto negro, ya que se busca a 2 mil 068 personas del municipio. 

A la presencia del crimen organizado se le suman los constantes casos de ejecuciones extrajudiciales y abusos por parte de la autoridad. Apenas un año después de las desapariciones de la Marina se registró la muerte de ocho personas en la colonia Valles de Anáhuac, ubicada a las afueras de Nuevo Laredo en el que ocho personas fueron asesinadas en un operativo de la Policía estatal y el Ejército. Las víctimas fueron presentadas como si fuesen miembros de un grupo armado, pero pruebas aportadas por las familias desvelaron que se trataba de un montaje. Este mismo año, el 3 de septiembre, efectivos de la Sedena acribillaron un vehículo en el que transitaban varios integrantes de un grupo delictivo sin tomar en cuenta que en la parte de atrás del vehículo había tres civiles secuestrados. Los tres fueron ejecutados. 

La carretera Nuevo Laredo-Monterrey es un amplio desierto en el cual familiares han encontrado a personas desaparecidas. Su búsqueda continúa, pese a la falta de compromiso de las autoridades.

La carretera Nuevo Laredo-Monterrey es un amplio desierto en el cual familiares han encontrado a personas desaparecidas. Su búsqueda continúa, pese a la falta de compromiso de las autoridades.

Este caso, sin embargo, sigue siendo el más complejo, por su dimensión, porque los señalados son Marinos, un cuerpo que ganó influencia ante la creencia generalizada de que el resto de corporaciones estaban infiltradas por diferentes grupos del narcotráfico. Ese prestigio le llevó a participar en operativos como la recaptura de Joaquín “Chapo” Guzmán, en 2016, uno de los triunfos que se apunta Marco Antonio Ortega Siu, entonces jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina y señalado por su responsabilidad en el despliegue de Nuevo Laredo. 

Un hijo que se desvanece tras recibir un disparo en la espalda

“Esa es la justicia que nos cuida, que nos protege, la que nos da protección, que confiemos en ella… ¿esa es la autoridad? No, esa no es la autoridad, ya uno tiene miedo de salir a la calle, de ir a ciertas horas en la noche porque ya tienen miedo de todo, por lo menos ahora que mi hijo desapareció a mí me da miedo todo”. Gregoria Ochoa busca a su hijo, Edgar Alberto Treviño Ochoa, desaparecido el 21 de mayo de 2018.

“Hubo un enfrentamiento, venían persiguiendo un carrito y les empezaron a disparar, y cuando les empezaron a tirar hubo un corredero de gente y en eso corrió mi hijo y fue cuando le dispararon un balazo en la espalda y fue cuando lo levantaron con vida, aun así los Marinos y se lo llevaron”, explica la mujer. Dice que su hijo estaba frente a al panteón Los Ángeles, en la salida hacia Monterrey, buscando empleo. Pero se armó la balacera y recibió el disparo. 

“Nomás nos dijeron ‘vaya y búsquelo para donde lo habían levantado. Todo ese lugar, lo nombraban… un autolavado, que ahí lo buscara más para el autolavado. Nada más”, dice. 

Los testigos de la balacera apenas acertaban en darle el rumbo que habían tomado los marinos. “Él siempre usaba una camisetita y otra abajo y yo espera encontrarla tirada, una camisetita o algo de él y no, pero no encontré nada. Hasta ahorita no tengo noticias de mi hijo ni nada, solamente sé que los Marinos se lo llevaron con un disparo en la espalda”, explica.

Hace un año, Gregoria tuvo esperanza. El 3 de octubre de 2019 fue encontrado un cuerpo en la orilla del Río Bravo, a la altura del kilómetro 18. La llamaron del Servicio de Medicina Forense (Semefo) para hacer la identificación y ella aseguró que se trataba de su hijo. Sin embargo, las pruebas de ADN le dijeron que no, que ese no era su hijo. Aunque los resultados son confusos. Los exámenes de las autoridades estatales dicen que se trata de un varón, pero que no era su hijo. Los que realizó la FGR dicen que se trata de una mujer, por lo que tampoco puede ser su hijo. A pesar de ello, Gregoria pide una tercera revisión que sea efectuada por un perito independiente. Aunque sea, por quitarse la duda de encima. 

Durante todo este tiempo, las familias han tenido que soportar el “algo-habría-hecho” como carga. Las voces al interior de Nuevo Laredo, a través de páginas de Facebook o Twitter, que aseguran que si los desaparecieron era porque andaban en el crimen organizado. Que no fueron los marinos, sino sicarios, los que se los llevaron. Gregoria responde que, si hubiese andado en malos pasos, debería ser juzgado, jamás secuestrado. “Para mi era un hijo bueno. Dejó dos hijos pequeños. Toda la gente lo aprecia allá donde vive”, dice, sollozando.

“Se acaba todo. Se acaba todo. Yo era una de las personas de que muy alegre, a veces me doy ánimos sola porque es muy duro para mí. Un hijo desaparecido es muy difícil, es muy duro tener un hijo desaparecido”, dice, sin poder evitar las lágrimas. “No encontrarlo, no verlo, no estar con él, no convivir como convivamos. Acabaron con mi vida completa, estoy de pie porque Dios es bien grande pero, no”, dice.

Jessica presentó videos como prueba, pero sigue esperando

Si había un caso que las familias de los desaparecidos de Nuevo Laredo creían que podría judicializarse, este era el de Daniel Trejo, a quienes los marinos se llevaron de su casa junto a su amigo Gabriel Gaspar Vázquez. Ocurrió el 27 de marzo de 2018 en una casita que la víctima había comprado junto a su esposa, Jessica Molina. Si este caso tiene algo de diferente es que unos vecinos del matrimonio tenían instaladas videocámaras y grabaron el momento en el que los uniformados allanaron el domicilio. La mujer, que en aquel momento estaba convaleciente de una operación, recuerda cada instante de aquel horror. 

Jessica Molina busca a su esposo Daniel Trejo, quien fue sustraído de su domicilio la noche del 27 de marzo de 2018.

Jessica Molina busca a su esposo Daniel Trejo, quien fue sustraído de su domicilio la noche del 27 de marzo de 2018.

“Hay muchas cosas que a mí me dicen que aparte del entrenamiento que era notorio que era Marina, que no eran improvisados vamos, el uniforme, las armas, cómo se manejaron y cosas que nos preguntaron”, explica. En su memoria han quedado grabados los golpes que le daban a su esposo, las amenazas que recibió, el temor a que los matasen ahí mismo, la sorpresa que los uniformados se llevaron cuando comprobaron que ella es ciudadana americana. “Yo nunca he tenido dudas de eso, de que eran marinos, aunque hayan querido decir que fue el cartel que fueron disfrazados, yo de eso nunca he tenido duda”, afirma.

El hecho de tener pruebas contundentes como los videos llevaba a Molina a pensar que la FGR podría presentar su caso rápidamente ante un juez. Pero no ha sido así. Dice, molesta, que apenas acaban de iniciar una línea de investigación que ella misma proporcionó al inicio, cuando se llevaron a su esposo. 

“Búsquedas de escritorio, eso es lo único que han hecho”, denuncia. “La fiscalía está aquí nada más para seguirnos dando largas, no tiene ninguna disposición de investigar, porque nos están investigando a nosotros”, se queja. Nuevamente, la criminalización. El “algo-habrá-hecho”. “Nos dicen que si tu familiar tenía antecedentes penales, que si tu familiar era esto, que si familiar era el otro, cuestionan los amigos de los amigos de los compañeros, de sus familiares desaparecidos, con quién se juntaban y cosas así. Eso es lo único que tiene fiscalía en su mente, investigarnos a nosotros, no seguir las líneas de investigación que hemos aportado”, se queja.

La noticia de que un juez de Reynosa, Tamaulipas, vio indicios para acusar a nueve marinos por la desaparición forzosa de Julio César Viramontes Arredondo fue una de las esperanzas del año. Que los presuntos responsables sigan en libertad convirtió la esperanza en jarro de agua fría. “Es indignante para nosotros como víctimas, porque no es como si se pasaron una luz roja de un semáforo, son desapariciones forzadas, son acusaciones muy serias”, afirma.

Ante las acusaciones de falta de diligencia que plantean las familias, la FGR responde enumerando una lista de búsquedas, tanto en vida como tratando de encontrar los cuerpos. Alega que se inspeccionaron las tres bases de la Marina en Nuevo Laredo y que se realizaron pesquisas en cárceles de Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Durango y Veracruz. También, que se revisaron diversas brechas. La Marina, por su parte, afirma que dará cumplimiento a la recomendación 36VG/2020 que la señala como responsable de 27 desapariciones forzosas. Asegura que pondrá a su personal a buscar a los desaparecidos que ellos mismos, presuntamente, se llevaron. 

Pero nada de esto resuelve el principal problema de Molina y sus compañeras: saber dónde están sus seres queridos y castigar a aquellos que se lo llevaron. La mujer, asegura, está harta de promesas. Recuerda, por ejemplo, cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, le aseguró en Washington, en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había llegado para acabar con la impunidad. Y lamenta que, en su caso, esto no ha sido así. Que los marinos se retiraron de Nuevo Laredo, pero que ninguno ha sido detenido hasta la fecha. 

La Unidad de Operaciones Especiales de la Semar está bajo sospecha. Para Molina, esto es muestra de hasta dónde llega la impunidad. “Nosotros aquí en Nuevo Laredo teníamos una unidad de operaciones especiales. Estás hablando de lo mejor de lo mejor de la marina. Entonces, yo siempre cuestione, “¿me estás diciendo que tenemos lo mejor de lo mejor en la Marina aquí en Nuevo Laredo, para resguardar Nuevo Laredo, para proteger Nuevo Laredo, para apoyar a Nuevo Laredo y me estás diciendo que todas estas desapariciones pasaron en tus narices y que dices que no fueron ustedes los elementos de la marina entonces quién fue? Entonces ¿por qué no hay nadie detenido por todas estas desapariciones?”. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Vacunas COVID: qué pasó con las millones de dosis de AstraZeneca que México y Argentina prometieron producir

Los presidentes de México y Argentina anunciaron en 2020 que empresas privadas en sus países producirían hasta 250 millones de vacunas de Oxford-AstraZeneca para inocular a la región en el primer semestre de este año, pero aún no se dispone de una sola dosis.
29 de abril, 2021
Comparte

Entre 150 y 250 millones. Esa era la cantidad de vacunas de AstraZeneca que supuestamente iban a estar disponibles para combatir el coronavirus en América Latina en el primer semestre de 2021.

Al menos eso es lo que habían anunciado en agosto pasado los presidentes de Argentina y México, tras dar a conocer que empresas privadas en sus países producirían en conjunto la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica con sede en Reino Unido.

El proyecto, financiado por la fundación del millonario mexicano Carlos Slim, tenía como objetivo producir y distribuir las vacunas en toda América Latina (con excepción de Brasil, que tiene su propio acuerdo).

Sin embargo, llegando a mayo, todavía no está disponible ni una sola dosis de este preciado antiviral.

La ausencia de este elemento clave en la lucha contra el covid-19 se está sintiendo particularmente en Sudamérica, que vive un rápido aumento de casos por la segunda ola de la pandemia.

Uno de los más presionados por la falta de esta vacuna es el mandatario argentino, Alberto Fernández, quien contaba con el antiviral producido por su país y México como la principal arma en su estrategia de vacunación.

A finales de 2020 el gobierno de Fernández firmó con AstraZeneca su primera y más grande compra de vacunas: 22,4 millones de dosis.

Las primeras 2,3 millones de inoculaciones debían estar disponibles en marzo pasado, y otras 4 millones en abril. Sin embargo, hasta el momento el país -que vive un récord de contagios diarios- no recibió una sola dosis de ese contrato.

Alberto Fernández (izq.) y Andrés Manuel López Obrador

BBC
Alberto Fernández (izq.) y Andrés Manuel López Obrador anunciaron la producción conjunta de la vacuna en agosto pasado.

Esto llevó a que muchos criticaran al gobierno por haber priorizado el acuerdo con AstraZeneca por sobre otras opciones, como la vacuna de Pfizer-BioNtech, farmacéuticas con las que las autoridades argentinas no lograron llegar a un acuerdo, como sí lo hicieron varios de sus vecinos, incluyendo a Uruguay y Chile.

Algunos incluso acusaron al gobierno de haber ninguneado a Pfizer-BioNtech para favorecer al Grupo Insud, responsable de la “pata argentina” de la producción de la vacuna de Oxford- AstraZeneca, algo que las autoridades negaron.

En medio de los rumores y las tensiones, el empresario farmacéutico argentino Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud, acudió a las redes sociales para rechazar las acusaciones y explicar por qué se ha retrasado la producción de la vacuna.

¿Qué pasó?

Sigman, cuyo laboratorio, mAbxience, es el que fabrica el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, aseguró a través de una serie de tuits que el problema no tiene que ver con ese proceso, que se realiza en Argentina, sino con el que viene después: el envasado, que se realiza en México.

“Envasar cada tipo de vacuna requiere una serie de equipos e insumos específicos que, por la alta demanda global, hoy resultan imposibles de conseguir rápidamente“, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 19 de abril.

“Este es, de hecho, el problema que enfrentó en México el laboratorio Liomont, quien formula, fracciona y envasa el principio activo que mAbxience produce en Argentina y que determinó una demora en el inicio de la producción”.

De esta forma Sigman se desmarcó completamente de los retrasos.

Incluso aclaró que “al día de hoy mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”.

Planta de mAbxience en Garín, provincia de Buenos Aires

Grupo Insud
El laboratorio argentino mAbxience ha producido decenas de millones de dosis del principio activo de la vacuna AstraZeneca, pero los problemas de envasado han retrasado el proceso.

BBC Mundo se comunicó con Liomont en México, que hasta ahora no ha realizado declaraciones públicas sobre el retraso en la producción de vacunas, pero hasta el momento de publicación de este artículo no obtuvo respuesta.

Fuentes del laboratorio sí aseguraron que el proceso continúa “en tiempo y forma”. Sin embargo, el propio gobierno de México ya reconoció el retraso existente con el envasado de las vacunas de AstraZeneca en el país.

Qué dicen en México

El corresponsal de BBC Mundo en ese país, Marcos González Díaz, señaló que las demoras fueron reconocidas recientemente por quien es considerado el “zar del coronavirus” y principal cara del gobierno mexicano frente a la pandemia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Consultado el pasado 22 de abril, durante su conferencia de prensa diaria sobre el covid, sobre cuándo estarían listas estas vacunas en México, el funcionario admitió que es un tema “que causa inquietud”.

“El proceso de envasado ha requerido varios elementos de calibración para que esté en los estándares de calidad más altos posibles”, explicó.

“Durante un tiempo, un pequeño retraso de aproximadamente unos 10 y 12 días que tuvo que ver con la escasez mundial de unos filtros, de un componente muy específico del proceso de fabricación. Esto ya fue solventado hace varias semanas, más de un mes y medio, y ahorita ya se está en el proceso de envasado”, señaló.

No obstante, aclaró que aún falta la última parte del proceso: “La verificación sanitaria (…) que dura 18 días”.

López-Gatell agregó que “todavía hay un paso adicional”.

“La empresa, no Liomont, sino la empresa Astra(Zeneca), en su matriz en Oxford, está planteando que se necesitan unos días más para un proceso específico técnico que tiene que ver con la calidad del envasado”.

Logo de AstraZeneca

Reuters
La farmacéutica sueco-británica difundió un comunicado este miércoles en el que lamentó los retrasos, pero aseguró que se entregarán 150 millones de dosis “en la primera mitad del año”.

“En síntesis”, concluyó, “aún tenemos retraso y no hay una fecha precisa de liberación“, reconoció.

Por su parte, este miércoles el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, también se refirió al retraso: “El comunicado oficial que tenemos es que son dificultades en insumos, ajustes en sus fórmulas respecto a la sustancia activa, pero en resumen, que en mayo se regularizaría la entrega de esta vacuna para México”, sostuvo.

Comunicado de AstraZeneca

Las declaraciones de Ebrard coincidieron con la publicación de un comunicado por parte de AstraZeneca en Argentina.

Tras un encuentro con la ministra de Salud de ese país, representantes de la farmacéutica sueco-británica difundieron un mensaje en el que reconocen un retraso, pero garantizan la pronta entrega de las vacunas.

Lamentamos confirmar un retraso en nuestra intención de iniciar envíos antes para América Latina a pesar de trabajar incansablemente para acelerar el suministro”, indicaron.

No obstante, aseguraron que “AstraZeneca continúa en camino de suministrar 150 millones de dosis de la vacuna de covid-19 en América Latina, excluyendo Brasil, en este año”.

“Estamos entregando nuestra vacuna, sin ninguna utilidad financiera para nosotros durante la pandemia, a partir de la primera mitad del año tal como lo anunciamos en agosto pasado“, resaltaron.

¿Sputnik latinoamericana?

A pesar de los problemas en la fabricación de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, México y Argentina podrían volver a colaborar en la fabricación de otra vacuna contra el coronavirus: la Sputnik V de Rusia.

“Tras una reunión en Moscú entre el canciller Ebrard, y su homólogo ruso Sergei Lavrov, este miércoles se anunció que México comenzará a envasar la vacuna rusa Sputnik en mayo”, informó el corresponsal de BBC Mundo en México.

“Ebrard dijo que será el laboratorio de propiedad estatal Birmex el que produzca la vacuna en el país, en colaboración con el Fondo Ruso de Inversión Directa”, detalló.

La semana última, el laboratorio argentino Richmond anunció que producirá la sustancia activa de la vacuna rusa en Buenos Aires.

Así, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la Sputnik V.

Alberto Fernández recibiendo la vacuna Sputnik V en enero de 2021

Reuters
El presidente argentino, Alberto Fernández, se vacunó con la Sputnik V en enero pasado. Ahora la vacuna se producirá en su país.

El Fondo Ruso de Inversión Directa anunció que la empresa farmacéutica argentina ya produjo un primer lote de la vacuna, que será enviado al Centro Gamaleya (creador de la Sputnik V) para que realice el control de calidad.

La producción a gran escala en Argentina está prevista para junio, y Richmond anticipó que comenzará con 1 millón de dosis, aunque planea aumentar la producción mensual a 5 millones.

La agencia EFE reportó que el gobierno mexicano ve con “simpatía” la posibilidad de importar el biológico desde Argentina para envasarlo en el país.

“La pregunta ahora es saber si alguna de las causas del retraso en el envasado de AstraZeneca en México podría afectar también a este nuevo plan con la vacuna rusa”, señaló González Díaz.

“¿De qué podría depender? Pues de equipos que no tengamos en México, que haya que conseguir en el mercado internacional”, respondió Ebrard sobre la posibilidad de que el envasado de Sputnik también sufra retrasos.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=9eUoEbUOy80

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.