Simeón Reyes Lima salió de casa de su hermana Fabiola en la colonia Buenavista de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y jamás regresó. Aquella noche había llegado con un amigo a tomar unas cervezas y le mandaron al Oxxo a comprar algo. Eran las 23 horas del 4 de mayo de 2018. Menos de 12 horas después su cuerpo era identificado en la carretera Colombia 122, el municipio de Anáhuac, Nuevo León, a 66 kilómetros de distancia.

Lo habían enterrado a otros dos cadáveres, los de Juan Carlos Rendón Vega y Humberto Coatzozon Zapot, y tenía tres disparos en la cara, aunque lo que lo mató fue un balazo directo en la sien. Además, mostraba signos de tortura: golpes, cortes, quemaduras.

“Yo sé que fueron los marinos”, dice Fabiola Reyes Lima, su hermana. Cuenta que, poco tiempo después de que su hermano abandonó la vivienda, unos amigos llegaron a avisar: Simeón había sido capturado por integrantes de la Armada. Los asistentes a una fiesta fueron testigos de cómo se lo llevaban. Allí, como prueba, quedó la troca en la que se movía el mecánico. Fabiola, una mujer recia y decidida, no se iba a quedar de brazos cruzados. Agarró el vehículo de su hermano y salió detrás de los coches oficiales.  

“Me regreso de mi casa y me hablan en la mañana unos periodistas que habían encontrado unos cuerpos. Me fui a checar y ahí estaba mi hermano”, explica Fabiola. El horror de identificar los restos fue inmediato, un golpe seco. La herida que causa la indiferencia de las instituciones es una tortura lenta y constante. Desde que se llevaron a su hermano (“los marinos”, insiste ella) y acabaron con su vida, nadie le ha dado una explicación. No hay detenidos, ni investigados, ni citaciones judiciales ni sospechosos. No hay nada más que puertas a las que Fabiola toca pero que siempre se encuentra cerradas.

“Yo solo quiero que se haga justicia. Saber quién es el culpable”, dice.

La desaparición y muerte de Simeón Reyes Lima es una de las últimas que se atribuye al operativo especial que la Marina desplegó en Nuevo Laredo entre diciembre de 2017 y junio de 2018. Según la Fiscalía General de la República (FGR), hay al menos 47 víctimas dentro de 34 carpetas de investigación por desaparición forzosa y posible ejecución extrajudicial que investigan a la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada. Se trata del mayor caso de estas características desde los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los que se busca desde septiembre de 2014. Las familias, sin embargo, denuncian la pasividad de la justicia. Solo una de las carpetas, la de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido en febrero, ha llegado a un tribunal. En ella, la FGR apuntala la versión de las familias, señalando a la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar. Pero el juez ni siquiera ordenó detener a los oficiales implicados, a pesar de reconocer que existen sólidos indicios que los vinculan con los crímenes.

“Juntas es mejor”

“El dictamen médico dice que murió por impacto de bala en la sien. Tenía tres disparos en la cara, pero el tiro de gracia se lo dieron en la sien. Además, lo maltrataron. Lo sé porque yo lo reconocí: tenía golpes, impactos de bala, sus manos estaban como tasajeadas”, dice Fabiola. Es domingo, 4 de noviembre y la mujer, junto con otras compañeras, camina por un punto cercano a la orilla del Río Bravo. Realizan una breve búsqueda interrumpida por la presencia de elementos sospechosos. Aunque ya encontró a su hermano, ella sigue acompañando a las que todavía buscan. “Somos un colectivo de búsqueda, busco lo mismo que ellas, justicia. Además, juntas es mejor”, explica. 

El dolor genera lazos de unión muy sólidos. Estas mujeres, abandonadas por las instituciones, han generado el espacio de apoyo muto que el Estado no les proporciona. En los últimos dos años recibieron el apoyo del Comité por los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) y hasta de la ONU. A pesar de que recopilaron evidencias y testimonios que señalan a la Marina, sienten que las investigaciones no avanzan. 

“Yo sé que ellos fueron. De hecho, hay un testimonio del lugar del que se llevaron a mi hermano. La señora tenía cámaras y grabó lo que ocurrió. A los dos o tres días llegaron los marinos y le amenazaron, por lo que tuvo que entregar las grabaciones”, explica. 

Fabiola necesita saber quién mató a su hermano. Hay compañeras que ni siquiera saben qué ocurrió con sus seres queridos y sufren el limbo del desaparecido. Ni está muerto, porque no hay un cuerpo al que velar, ni está vivo, porque ya no forma parte del día a día de sus seres queridos. Es el caso de Erika Janneth Castro Martínez, de 30 años, que busca a su esposo, José Luis Bautista Carrillo, desaparecido el 19 de mayo de 2018. Ella no necesita testigos para saber que fueron los marinos lo que se lo llevaron. Ella misma lo vio, porque estaba presente.  

“Estábamos en una reunión de comerciantes, de yonkeros. Mi esposo se dedica a la compra-venta de autos. Y había un convivio. Eran las 6 de la tarde cuando llegaron tres patrullas de la Marina disparando, sometiéndonos. Yo fui víctima también de sometimiento”, afirma, tomando un descanso mientras sus compañeras revisan uno de los muchos caminos de terracería en las afueras de Nuevo Laredo.  

“Nos tiraron al piso. Nos golpearon. Fue alrededor de una hora lo que estuvimos privados de la libertad”, recuerda. En mitad de la confusión, llegaron familiares de los comerciantes y se armó una discusión. Todo el mundo iba de un lado a otro. En medio de la confusión, una camioneta de los marinos abandonó el lugar. “Ahí se llevaron a mi esposo”, afirma. 

Cuando se dio cuenta de que José Luis faltaba, cuanta Erika que organizó a sus familiares y salieron en su búsqueda. Acudieron al cuartel de la Marina, pero solo se encontraron la puerta cerrada y a los uniformados que aseguraban que ellos no tenían nada que ver. 

“Siempre se burlaron de nosotros. Nos decían que ellos no llevaban a nadie, siendo que, en mi caso, como era un convivio grande de comerciantes, hubo hasta reporteros que llegaron. Hay fotos, hay videos de ese momento. Y en gran parte de las fotos y videos están los marinos. Ellos decían que no y que no, pero salen en las fotos y en los videos. Pero siempre hay una negativa de parte de ellos, dicen que ellos no fueron, pero yo fui testigo de cómo se lo llevaron”, dice. 

En aquellos primeros momentos, ante la ausencia de las autoridades, Erika fue la que se encargó de buscar. “Yo he recorrido casi todo Nuevo Laredo en búsquedas de brechas, pero particular, con mi familia, con amigos. Desde que se llevaron a mi esposo no paré ni un día en búsquedas de brechas. Fueron muchos meses que anduve yo por todos estos lados, buscando, escarbando”, explica.

En una de esas jornadas agotadoras de buscar hasta debajo de las piedras, Erika encontró. En una brecha ubicada en las afueras de Nuevo Laredo, halló los cuerpos de Margarita Torres Reyes y de Javier Alfaro Ortega, que llevaban desaparecidos desde hacía un mes. “Estaban en una fosa clandestina, en estado de putrefacción”, recuerda. 

Desde entonces, la mujer sufre la angustia de no saber qué hicieron con su esposo y la desesperación de ver que las investigaciones no avanzan. “En la FGR nos dicen que sí, que van a hacer, pero no hacen”, se queja. Y las búsquedas son complicadas. Dice que cada vez que estaba prevista alguna, se cancelaba porque las autoridades alegaban que no hay condiciones de seguridad. La pandemia de COVID-19 no ayudó. Desde marzo los operativos se cancelaron, aunque recientemente la CNB ha vuelto a impulsar búsquedas en diferentes puntos de la República.

Erika solo espera dos cosas: que se retomen los rastreos hasta saber qué fue de su esposo y que la FGR haga su trabajo y siente en el banquillo de los acusados a los responsables de la desaparición. 

“No me explico por qué en Nuevo Laredo pasan estas cosas. Pero en este caso fue la autoridad, quien supuestamente te tiene que cuidar. Y ya no sabemos quién es más delincuente”, lamenta. 

Más de 2 mil desaparecidos en Nuevo Laredo

El contexto de Nuevo Laredo es complejo y marcado por la violencia. Tamaulipas es un estado con leyenda negra, por la fuerte actividad del crimen organizado. En concreto, en este municipio opera el Cartel del Noreste, una de las escisiones de los antiguos Zetas, el temible cartel formado por exmilitares que se voltearon a las autoridades y se pasaron al bando del narcotráfico. Aquí las desapariciones son terriblemente comunes. Por ejemplo, de las 77 mil 703 personas desaparecidas o no localizadas que contabiliza el registro de la CNB, un total de 11 mil 209 proceden de Tamaulipas. Dentro del estado, Nuevo Laredo es un punto negro, ya que se busca a 2 mil 068 personas del municipio. 

A la presencia del crimen organizado se le suman los constantes casos de ejecuciones extrajudiciales y abusos por parte de la autoridad. Apenas un año después de las desapariciones de la Marina se registró la muerte de ocho personas en la colonia Valles de Anáhuac, ubicada a las afueras de Nuevo Laredo en el que ocho personas fueron asesinadas en un operativo de la Policía estatal y el Ejército. Las víctimas fueron presentadas como si fuesen miembros de un grupo armado, pero pruebas aportadas por las familias desvelaron que se trataba de un montaje. Este mismo año, el 3 de septiembre, efectivos de la Sedena acribillaron un vehículo en el que transitaban varios integrantes de un grupo delictivo sin tomar en cuenta que en la parte de atrás del vehículo había tres civiles secuestrados. Los tres fueron ejecutados. 

Este caso, sin embargo, sigue siendo el más complejo, por su dimensión, porque los señalados son Marinos, un cuerpo que ganó influencia ante la creencia generalizada de que el resto de corporaciones estaban infiltradas por diferentes grupos del narcotráfico. Ese prestigio le llevó a participar en operativos como la recaptura de Joaquín “Chapo” Guzmán, en 2016, uno de los triunfos que se apunta Marco Antonio Ortega Siu, entonces jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina y señalado por su responsabilidad en el despliegue de Nuevo Laredo. 

Un hijo que se desvanece tras recibir un disparo en la espalda

“Esa es la justicia que nos cuida, que nos protege, la que nos da protección, que confiemos en ella… ¿esa es la autoridad? No, esa no es la autoridad, ya uno tiene miedo de salir a la calle, de ir a ciertas horas en la noche porque ya tienen miedo de todo, por lo menos ahora que mi hijo desapareció a mí me da miedo todo”. Gregoria Ochoa busca a su hijo, Edgar Alberto Treviño Ochoa, desaparecido el 21 de mayo de 2018.

“Hubo un enfrentamiento, venían persiguiendo un carrito y les empezaron a disparar, y cuando les empezaron a tirar hubo un corredero de gente y en eso corrió mi hijo y fue cuando le dispararon un balazo en la espalda y fue cuando lo levantaron con vida, aun así los Marinos y se lo llevaron”, explica la mujer. Dice que su hijo estaba frente a al panteón Los Ángeles, en la salida hacia Monterrey, buscando empleo. Pero se armó la balacera y recibió el disparo. 

“Nomás nos dijeron ‘vaya y búsquelo para donde lo habían levantado. Todo ese lugar, lo nombraban… un autolavado, que ahí lo buscara más para el autolavado. Nada más”, dice. 

Los testigos de la balacera apenas acertaban en darle el rumbo que habían tomado los marinos. “Él siempre usaba una camisetita y otra abajo y yo espera encontrarla tirada, una camisetita o algo de él y no, pero no encontré nada. Hasta ahorita no tengo noticias de mi hijo ni nada, solamente sé que los Marinos se lo llevaron con un disparo en la espalda”, explica.

Hace un año, Gregoria tuvo esperanza. El 3 de octubre de 2019 fue encontrado un cuerpo en la orilla del Río Bravo, a la altura del kilómetro 18. La llamaron del Servicio de Medicina Forense (Semefo) para hacer la identificación y ella aseguró que se trataba de su hijo. Sin embargo, las pruebas de ADN le dijeron que no, que ese no era su hijo. Aunque los resultados son confusos. Los exámenes de las autoridades estatales dicen que se trata de un varón, pero que no era su hijo. Los que realizó la FGR dicen que se trata de una mujer, por lo que tampoco puede ser su hijo. A pesar de ello, Gregoria pide una tercera revisión que sea efectuada por un perito independiente. Aunque sea, por quitarse la duda de encima. 

Durante todo este tiempo, las familias han tenido que soportar el “algo-habría-hecho” como carga. Las voces al interior de Nuevo Laredo, a través de páginas de Facebook o Twitter, que aseguran que si los desaparecieron era porque andaban en el crimen organizado. Que no fueron los marinos, sino sicarios, los que se los llevaron. Gregoria responde que, si hubiese andado en malos pasos, debería ser juzgado, jamás secuestrado. “Para mi era un hijo bueno. Dejó dos hijos pequeños. Toda la gente lo aprecia allá donde vive”, dice, sollozando.

“Se acaba todo. Se acaba todo. Yo era una de las personas de que muy alegre, a veces me doy ánimos sola porque es muy duro para mí. Un hijo desaparecido es muy difícil, es muy duro tener un hijo desaparecido”, dice, sin poder evitar las lágrimas. “No encontrarlo, no verlo, no estar con él, no convivir como convivamos. Acabaron con mi vida completa, estoy de pie porque Dios es bien grande pero, no”, dice.

Jessica presentó videos como prueba, pero sigue esperando

Si había un caso que las familias de los desaparecidos de Nuevo Laredo creían que podría judicializarse, este era el de Daniel Trejo, a quienes los marinos se llevaron de su casa junto a su amigo Gabriel Gaspar Vázquez. Ocurrió el 27 de marzo de 2018 en una casita que la víctima había comprado junto a su esposa, Jessica Molina. Si este caso tiene algo de diferente es que unos vecinos del matrimonio tenían instaladas videocámaras y grabaron el momento en el que los uniformados allanaron el domicilio. La mujer, que en aquel momento estaba convaleciente de una operación, recuerda cada instante de aquel horror. 

“Hay muchas cosas que a mí me dicen que aparte del entrenamiento que era notorio que era Marina, que no eran improvisados vamos, el uniforme, las armas, cómo se manejaron y cosas que nos preguntaron”, explica. En su memoria han quedado grabados los golpes que le daban a su esposo, las amenazas que recibió, el temor a que los matasen ahí mismo, la sorpresa que los uniformados se llevaron cuando comprobaron que ella es ciudadana americana. “Yo nunca he tenido dudas de eso, de que eran marinos, aunque hayan querido decir que fue el cartel que fueron disfrazados, yo de eso nunca he tenido duda”, afirma.

El hecho de tener pruebas contundentes como los videos llevaba a Molina a pensar que la FGR podría presentar su caso rápidamente ante un juez. Pero no ha sido así. Dice, molesta, que apenas acaban de iniciar una línea de investigación que ella misma proporcionó al inicio, cuando se llevaron a su esposo. 

“Búsquedas de escritorio, eso es lo único que han hecho”, denuncia. “La fiscalía está aquí nada más para seguirnos dando largas, no tiene ninguna disposición de investigar, porque nos están investigando a nosotros”, se queja. Nuevamente, la criminalización. El “algo-habrá-hecho”. “Nos dicen que si tu familiar tenía antecedentes penales, que si tu familiar era esto, que si familiar era el otro, cuestionan los amigos de los amigos de los compañeros, de sus familiares desaparecidos, con quién se juntaban y cosas así. Eso es lo único que tiene fiscalía en su mente, investigarnos a nosotros, no seguir las líneas de investigación que hemos aportado”, se queja.

La noticia de que un juez de Reynosa, Tamaulipas, vio indicios para acusar a nueve marinos por la desaparición forzosa de Julio César Viramontes Arredondo fue una de las esperanzas del año. Que los presuntos responsables sigan en libertad convirtió la esperanza en jarro de agua fría. “Es indignante para nosotros como víctimas, porque no es como si se pasaron una luz roja de un semáforo, son desapariciones forzadas, son acusaciones muy serias”, afirma.

Ante las acusaciones de falta de diligencia que plantean las familias, la FGR responde enumerando una lista de búsquedas, tanto en vida como tratando de encontrar los cuerpos. Alega que se inspeccionaron las tres bases de la Marina en Nuevo Laredo y que se realizaron pesquisas en cárceles de Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Durango y Veracruz. También, que se revisaron diversas brechas. La Marina, por su parte, afirma que dará cumplimiento a la recomendación 36VG/2020 que la señala como responsable de 27 desapariciones forzosas. Asegura que pondrá a su personal a buscar a los desaparecidos que ellos mismos, presuntamente, se llevaron. 

Pero nada de esto resuelve el principal problema de Molina y sus compañeras: saber dónde están sus seres queridos y castigar a aquellos que se lo llevaron. La mujer, asegura, está harta de promesas. Recuerda, por ejemplo, cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, le aseguró en Washington, en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había llegado para acabar con la impunidad. Y lamenta que, en su caso, esto no ha sido así. Que los marinos se retiraron de Nuevo Laredo, pero que ninguno ha sido detenido hasta la fecha. 

La Unidad de Operaciones Especiales de la Semar está bajo sospecha. Para Molina, esto es muestra de hasta dónde llega la impunidad. “Nosotros aquí en Nuevo Laredo teníamos una unidad de operaciones especiales. Estás hablando de lo mejor de lo mejor de la marina. Entonces, yo siempre cuestione, “¿me estás diciendo que tenemos lo mejor de lo mejor en la Marina aquí en Nuevo Laredo, para resguardar Nuevo Laredo, para proteger Nuevo Laredo, para apoyar a Nuevo Laredo y me estás diciendo que todas estas desapariciones pasaron en tus narices y que dices que no fueron ustedes los elementos de la marina entonces quién fue? Entonces ¿por qué no hay nadie detenido por todas estas desapariciones?”.