Función Pública considera 'falta no grave' el presunto desvío en Sedatu
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Función Pública considera 'falta no grave' el presunto desvío millonario en Sedatu

Existe la posibilidad que Zebadúa sea perdonado si es que la FGR le otorga el beneficio de “criterio de oportunidad”, es decir, ser testigo colaborador para inculpar a Rosario Robles.
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12 de noviembre, 2020
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) considera como “falta no grave” el presunto desvío superior a 4 mil millones de pesos de la Sedatu permitido por el exoficial mayor, Emilio Zebadúa, según se establece en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa integrado el 1 de septiembre pasado.

Mientras Zebadúa busca el perdón legal ofreciéndose como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar pruebas que inculpen a su exjefa, Rosario Robles en La Estafa Maestra, enfrenta también una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu –a cargo de la Función Pública- junto con 24 exfuncionarios más implicados en el posible desvío de recursos públicos durante el sexenio pasado.

Leer más: Zebadúa negocia perdón, mientras pelea en tribunales por sus bienes

Sin embargo, el OIC considera que Zebadúa solo tuvo “faltas no graves”, como la omisión de no “supervisar” a sus subalternos, pese a que era el encargado de administrar los recursos de la Sedatu, el apoderado legal de las cuentas bancarias y jefe directo del equipo que firmó la salida de dinero, según se explica en el expediente PA-13/2020 de la Función Pública obtenido por Animal Político.

Las sanciones correspondientes por “faltas no graves” consisten en amonestación pública, suspensión del empleo o inhabilitación por de mínimo tres meses y pero menos de un año, según el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades administrativas

En contraste, en otra investigación contra Rosario Robles en 2019, la Función Pública la sancionó con 10 años de inhabilitación por haber omitido informar sobre una cuenta bancaria con un saldo de poco menos de 3 mil pesos en su última declaración patrimonial cuando fue funcionaria pública. 

En el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa con fecha del 1 de septiembre de 2020, se confirma que la Oficialía Mayor a cargo de Zebadúa pagó convenios con universidades públicas por servicios que no se cumplieron con el dinero de las partidas presupuestales que debían servir sólo para infraestructura e indemnizaciones por expropiación de predios, lo que implicó un “probable daño patrimonial” a las arcas públicas, entre otras presuntas irregularidades.

Se trata del seguimiento a siete expedientes de investigación abiertos desde 2018 por presuntas irregularidades en la Sedatu, pero la SFP apenas este año determinó cuáles serían las faltas administrativas en las que presuntamente incurrieron los 25 exfuncionarios públicos.

Dicha investigación que ahora se encuentra ahora en etapa de audiencias para que los señalados expongan sus argumentos de defensa, está a cargo de Miguel Ángel Serrano Sánchez, titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Sedatu, quien también fue el encargado de determinar el tipo y la gravedad de las presuntas irregularidades cometidas por cada funcionario.

Serrano Sánchez fue abogado supervisor de lo contencioso en el OIC de la Sedatu de 2016 a 2017, pero ascendió en esta administración. En su antiguo puesto rendía cuentas a Miguel Ángel Vega, entonces titular del OIC de la Sedatu y antes de la Sedesol, quien hizo la investigación en la Sedesol en la que determinó que no hubo irregularidades en los convenios de La Estafa Maestra, mismos que ahora forman parte de investigaciones penales. Ahora Vega García es director general de Anticorrupción y Transparencia en la Contraloría de Veracruz, en el gobierno de Cuitláhuac García.

Animal Político consultó a la Función Pública sobre las razones para determinar que Zebadúa incurrió solo en faltas no graves, pero respondió que se trata de una investigación en curso y, por tanto, se debe respetar el sigilo procesal.

El presunto desvío de 2.3 mil mdp en Sedatu

Emilio Zebadúa fue oficial mayor en la Sedesol y la Sedatu, el segundo cargo más importante en una dependencia sólo después del titular, pues se encarga de ejecutar el presupuesto público y, en este caso, dependió directamente de Rosario Robles en ambas secretarías durante el sexenio pasado.

La Unidad de Inteligencia Financiera lo denunció, junto con dos de sus hermanos; Rosario Robles y su exjefe de oficina, Ramón Sosamontes, por presunto lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto de 2019.

A diferencia de Rosario Robles a quien la UIF no le encontró gastos millonarios, los hermanos Emilio, José Ramón y Lourdes Zebadúa gastaron 205 millones de pesos, sin que el monto correspondiera con sus ingresos. Se trató de pagos por insumos a través de tarjetas de crédito, compra de inmuebles, transferencias internacionales y casinos.

Pese a ello, existe la posibilidad que Zebadúa sea perdonado si es que la FGR le otorga el beneficio de “criterio de oportunidad”, es decir, ser testigo colaborador para inculpar a Rosario Robles, quien ya enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación de la Función Pública, que solo se encarga de la parte administrativa, Zebadúa violó la Ley de Responsabilidad Hacendaria, incumplió reglamentos de la dependencia y “de conformidad con las irregularidades, el presunto responsable habría causado un daño patrimonial de la Sedatu” por 2 mil 343 millones de pesos entregados a supuestos prestadores de servicio y mil 940 millones de pesos para pagar los convenios con universidades.

Pero al determinar el tipo de responsabilidad que se le fincaría, el OIC determinó que habría incumplido el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas referente a una “falta administrativa no grave”, cuando “el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan con la disciplina y respeto a los demás servidores públicos y con supervisar a sus subalternos”.

Aunque la Ley de Responsabilidades sí contempla el desvío de recursos públicos en el artículo 54, para el “servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”, este no fue referido en contra de Zebadúa.

Aún cuando las irregularidades detectadas por la Función Pública incluye el pago millonario por los convenios hechos con universidades públicas para hacer supuestos servicios, pero que estas a su vez subcontrataron a empresas que en realidad eran fantasma y, por tanto, el dinero público desapareció, como reveló la investigación periodística La Estafa Maestra. 

Además, los recursos se entregaban en un año fiscal distinto a la fecha en que se habían firmado los convenios. Entre 2016 y 2017, la Oficialía Mayor entregó 617 millones de pesos pese a que los supuestos convenios se firmaron en años previos.

Esto significa una violación a la Ley Hacendaria, pues los compromisos adquiridos por una dependencia en un año fiscal se deben pagar en el mismo periodo. En todo caso, si la dependencia debe saldar una deuda de un año anterior, debía pedir autorización a Hacienda, pero en este caso Zebadúa no lo hizo.

“Se realizaron sin contar con la autorización de Hacienda, que debió determinar las cuentas por liquidar certificadas susceptibles de pagarse por la Tesorería de la Federación durante el periodo de adeudo de ejercicios fiscales anteriores, mismas que debían estar registradas en el sistema de administración financiera federal de la propia Secretaría, contraviniendo la Ley Federal de Presupuesto”, indica la Función Pública en el Informe.

Zebadúa también permitió que Francisco Báez, su subordinado inmediato, realizara 76 pagos a prestadores de servicios por 2 mil 343 millones de pesos correspondientes a los convenios suscritos en 2015, 2016 y 2017.

Pero dichos pagos “habrían resultado injustificados”, toda vez que “no se habría contado con evidencia que acreditara la existencia de los documentos legales como lo son los convenios debidamente suscritos, que justificaran la obligación de hacer el pago”; tampoco había documentos que acreditaran que los servicios y bienes fueron efectivamente realizados y entregados a la Secretaría.

“Por lo que el presunto responsable en su desempeño como Oficial Mayor con sus omisiones habría originado que se pagaran injustificadamente a los prestadores de servicios la cantidad de 2 mil 343 millones de pesos”, concluye el Informe de la Función Pública.

Para pagar los convenios con universidades, la Oficialía Mayor también utilizó el dinero de las partidas presupuestarias 33901, 33903, 39402, 43101 y 32201 y de cuenta bancaria R15 410 Sedatu Infraestructura Concentradora que, según la clasificación de gasto, sólo se usa para el pago de arrendamiento de edificios, subcontratación de servicios con terceros, servicios integrales, indemnizaciones por expropiación de predios y subsidios a la producción.

“Con sus omisiones el presunto responsable habría omitido detectar y evitar que se utilizaran los recursos asignados y las facultades atribuidas a esa Oficialía Mayor, exclusivamente para los fines a que están afectos; con lo que además se genera un daño patrimonial a la Sedatu por mil 940 millones de pesos, cuya erogación fue indebida al haberse utilizado para fines distintos a los que estaban efectos”, dice la Función Pública.

Entre el 15 de febrero de 2016 al 17 de julio de 2017, Zebadúa habría omitido controlar y evaluar el funcionamiento de la Dirección General de Programación y Presupuestación, (a su cargo) y omitir intervenir en la autorización de las erogaciones con cargo al presupuesto aprobado con lo que habría originado que personal a cargo de Francisco Báez, como Martha Lidia Montoya, directora de Tesorería; Juan Pablo Ramírez García, subdirector de Fondos realizaron 61 pagos con motivo de los convenios celebrados en 2015, 2016 y 2017.

Esto “habría resultado injustificados toda vez que al realizarse los pagos se carecía de certeza respecto de la celebración de los convenios y la prestación de los servicios, por lo que con sus omisiones originó que los servidores públicos pagaran injustificadamente”, advierte la Función Pública.

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¿Cómo sabemos si una vacuna produce efectos adversos?

Varios países han suspendido la inmunicación con la vacuna de AstraZeneca, pero ¿quién toma estas decisiones? ¿Cuál es el proceso para hacerlo?
16 de marzo, 2021
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En las últimas semanas han aparecido diferentes noticias en los medios de comunicación que relacionaban la vacunación frente a la covid-19 con casos mortales.

Primero Austria detuvo la vacunación con el lote ABV5300 de la vacuna de AstraZeneca debido a la notificación de dos eventos trombóticos, uno de ellos con desenlace mortal. A esta decisión se sumaron varios países donde también se había distribuido.

A día de hoy, ya han suspendido la vacunación con cualquier lote de AstraZeneca varios países europeos. Entre ellos, se encuentran España, Dinamarca, Noruega, Islandia, Italia, Alemania y Francia.

Ante tanta incertidumbre, es importante matizar esta información para evitar el sensacionalismo desmesurado que tanto afecta a una población cansada de esta pandemia y que puede causar miedo a la vacunación.

Para ello, es fundamental conocer cómo funciona la farmacovigilancia y cómo se está controlando la seguridad de las vacunas que se están administrando actualmente.

Ante una situación de alerta como esta, las autoridades de cada país pueden adoptar medidas para su territorio.

En esta ocasión, diferentes países han aplicado un principio de cautela, pero ello no quiere decir que las decisiones hayan sido motivadas por las agencias de los medicamentos nacionales o internacionales.

En España ha ocurrido lo mismo, es decir, varias comunidades autónomas detuvieron la vacunación con el lote ABV5300 a pesar de que la autoridad encargada a nivel nacional de tomar esas decisiones no lo había recomendado.

Entonces nos preguntamos, ¿quién toma estas decisiones?, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo ante una situación como la actual?

vacuna

Getty Images
Los sistemas de farmacovigilancia son redes estructuradas que se encargan de evaluar los riesgos asociados a los medicamentos una vez han sido comercializados.

Proceso de farmacovigilancia

Para que una vacuna se comercialice debe cumplir unos requisitos muy exigentes de calidad, eficacia y seguridad. Esta información se extrae de los ensayos clínicos y permite que las autoridades aprueben la vacuna.

Una vez que estas se están administrando a la población, es necesario realizar una vigilancia continua de la seguridad.

El objetivo es detectar las reacciones adversas que se dan con una frecuencia menor y, por lo tanto, no han podido observarse en los ensayos clínicos previos.

Este proceso lo realizan los sistemas de farmacovigilancia, que son redes estructuradas que se encargan de evaluar los riesgos asociados a los medicamentos una vez han sido comercializados.

Garantizan que los beneficios sean superiores a los riesgos. Se trata de un trabajo colaborativo con diferentes agentes implicados, como las agencias reguladoras, las administraciones públicas, los titulares de autorizaciones de comercialización y los profesionales sanitarios.

Es importante tener presente que estos sistemas se encargan de recoger y evaluar acontecimientos adversos. Entre ellos, se incluye cualquier problema de salud que ocurra después de la vacunación.

Estos no tienen que ser ocasionados necesariamente por la vacuna, ya que pueden darse problemas médicos que coinciden en el tiempo o que estén relacionados con el propio acto de la vacunación.

Por lo tanto, los acontecimientos adversos recogidos por estos sistemas no se pueden considerar directamente reacciones adversas a la vacuna. Requieren un proceso de estudio.

astrazeneca

Getty Images
Algunas sospechas sobre eventos trombóticos han provocado nuevas evaluaciones sobre AstraZeneca.

Cómo sabemos si es por la vacuna

En el caso de España, es el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H) quien se ocupa de este proceso.

Está compuesto por los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia y coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Este sistema realiza una valoración permanente de los acontecimientos adversos notificados tras la vacunación y se registran en una base de datos, que a su vez está conectada con la base de datos europea gestionada por la EMA.

De igual forma, cada país europeo recoge y analiza los acontecimientos adversos notificados en sus territorios y vuelca sus datos en la base da datos europea.

En cada uno de los niveles, la información se amplía, se revisa y se evalúa, para comprobar si hay una relación causal entre la vacunación y la aparición del acontecimiento adverso de forma continua y con la mayor celeridad.

El objetivo es identificar posibles nuevas reacciones adversas que deben someterse a una evaluación más amplia y profunda en la Unión Europea para confirmar o descartar la relación con la vacuna. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos días.

¿Cómo sabemos si el acontecimiento adverso se ha producido por la vacuna?

Cuando se vacuna a un número tan elevado de personas en un corto periodo de tiempo, entre ellas grupos de pacientes con riesgo de padecer ciertas enfermedades, es inevitable observar un número elevado de acontecimientos adversos sin que eso signifique que se deban a la vacuna.

Hay que tener en cuenta que muchos de estos eventos aparecerían de igual forma si la persona no hubiera recibido la vacuna.

Por lo tanto, esta información debe analizarse cuidadosamente para diferenciar problemas médicos asociados a la vacuna de aquellos que igualmente habrían ocurrido aunque la persona no se hubiera vacunado.

Para realizar este análisis, se documentan al máximo los casos y se valoran determinados datos.

Por ejemplo, la secuencia temporal, el tiempo trascurrido entre la administración de la vacuna y la aparición de los síntomas, antecedentes médicos, medicación concomitante, factores de riesgo, evolución del paciente, etc., además de pruebas de laboratorio e imagen.

En los casos en los que hay un desenlace mortal, se valora información adicional como aquella procedente de autopsias, certificados de defunción y registros médicos relevantes.

Toda esta información permite saber si existen causas alternativas que puedan haber causado el acontecimiento médico.

En estos momentos, el PRAC, Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA, está revisando todos los casos de eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con coágulos de sangre, notificados después de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca.

Esta revisión se está realizando en el contexto de una señal de seguridad, de forma acelerada. Una señal de seguridad es información sobre un evento adverso nuevo o incompletamente documentado que podría estar potencialmente causado por un medicamento y que justifica una mayor investigación.

Vacunas

Getty Images
Un evento adverso es cualquier suceso indeseable experimentado por un paciente, independientemente de que se sospeche o no del medicamento administrado.

¿Acontecimiento adverso o reacción adversa?

Además de la evaluación individual de cada caso, estos se tienen que contextualizar, es decir, comparar la incidencia de aparición de estos acontecimientos en las personas vacunadas frente a la incidencia en la población no vacunada.

Este análisis nos permite saber si realmente hay un aumento de acontecimientos concretos en la población que ha recibido la vacuna. Es decir, hay que diferenciar entre acontecimiento adverso o reacción adversa.

Tal y como explica la AEMPS, un evento adverso es cualquier suceso indeseable experimentado por un paciente, independientemente de que se sospeche o no del medicamento administrado. Un ejemplo de un evento adverso es un paciente que sufre un accidente de tráfico mientras estaba con un tratamiento farmacológico específico.

Por su parte, una reacción adversa (RAM) es cualquier suceso indeseable que ha sucedido con el paciente mientras estaba utilizando un medicamento y existe la sospecha de que es causado por el medicamento.

En el caso que estamos estudiando en este artículo observamos que, hasta el 10 de marzo, se habían notificado treinta casos de episodios tromboembólicos entre cerca de cinco millones de personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea.

El número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas estaría dentro de lo esperado.

Es decir, no es mayor que el número observado en la población general, ya que solo de tromboembolismo pulmonar se estima una incidencia anual de entre 70 y 113 casos por cada 100.000 personas de cualquier edad en la población general.

En España, en 2018, se produjeron 11 ingresos hospitalarios por cada 100.000 habitantes de 35 a 39 años por embolismo pulmonar. Esta cifra se incrementa a 82 casos por cada 100.000 personas de 65 a 69 años y es mayor en personas de edad más avanzada.

Hospital

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No hay indicios de que la vacuna de AstraZeneca sea la causa de los acontecimientos tromboembólicos. Por tanto, el PRAC recoge que los beneficios de la vacuna continúan superando sus riesgos.

Causas de la suspensión de la vacunación de AstraZeneca

Actualmente, con los datos disponibles, no hay indicios de que la vacuna de AstraZeneca sea la causa de los acontecimientos tromboembólicos.

Por tanto, el PRAC recoge que los beneficios de la vacuna continúan superando sus riesgos y puede continuar administrándose mientras se finaliza la evaluación de todos los acontecimientos relacionados con las alteraciones de la coagulación notificados.

Una vez que se complete la revisión, el PRAC hará las recomendaciones necesarias para minimizar los riesgos y proteger la salud de los pacientes, si fuera necesario.

En cuanto a la suspensión de la vacunación con el lote ABV5300, por el momento nada indica que exista un problema de calidad. Por consiguiente, no existen motivos que justifiquen la adopción de medidas cautelares sobre este u otros lotes.

En resumen, las vacunas frente a covid-19 no evitan otros problemas de salud diferentes a los causados por esta enfermedad.

Es inevitable que se produzcan acontecimientos adversos en personas vacunadas, pero eso no quiere decir que sean debidos a la vacunación.

Estas situaciones demuestran que tenemos sistemas de farmacovigilancia potentes. Funcionan y están llevando a cabo una vigilancia muy exhaustiva, con la mayor celeridad sobre este y otros eventos tratados como de especial interés. Así tendremos garantizado que los beneficios superan a los riesgos. Además, son un ejemplo de transparencia que debe trasmitir tranquilidad a la población.

*Juan José Carreras Martínez es Responsable de Farmacovigilancia en el Área de Investigación en Vacunas, Fisabio.

Esta nota apareció originalmente en The Conversation y se publica aquí bajo una licencia de Creative Commons.Lee el artículo original aquí.


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