La Secretaría de la Función Pública (SFP) considera como “falta no grave” el presunto desvío superior a 4 mil millones de pesos de la Sedatu permitido por el exoficial mayor, Emilio Zebadúa, según se establece en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa integrado el 1 de septiembre pasado.

Mientras Zebadúa busca el perdón legal ofreciéndose como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar pruebas que inculpen a su exjefa, Rosario Robles en La Estafa Maestra, enfrenta también una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu –a cargo de la Función Pública- junto con 24 exfuncionarios más implicados en el posible desvío de recursos públicos durante el sexenio pasado.

Sin embargo, el OIC considera que Zebadúa solo tuvo “faltas no graves”, como la omisión de no “supervisar” a sus subalternos, pese a que era el encargado de administrar los recursos de la Sedatu, el apoderado legal de las cuentas bancarias y jefe directo del equipo que firmó la salida de dinero, según se explica en el expediente PA-13/2020 de la Función Pública obtenido por Animal Político.

Las sanciones correspondientes por “faltas no graves” consisten en amonestación pública, suspensión del empleo o inhabilitación por de mínimo tres meses y pero menos de un año, según el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades administrativas. 

En el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa con fecha del 1 de septiembre de 2020, se confirma que la Oficialía Mayor a cargo de Zebadúa pagó convenios con universidades públicas por servicios que no se cumplieron con el dinero de las partidas presupuestales que debían servir sólo para infraestructura e indemnizaciones por expropiación de predios, lo que implicó un “probable daño patrimonial” a las arcas públicas, entre otras presuntas irregularidades.

Se trata del seguimiento a siete expedientes de investigación abiertos desde 2018 por presuntas irregularidades en la Sedatu, pero la SFP apenas este año determinó cuáles serían las faltas administrativas en las que presuntamente incurrieron los 25 exfuncionarios públicos.

Serrano Sánchez fue abogado supervisor de lo contencioso en el OIC de la Sedatu de 2016 a 2017, pero ascendió en esta administración. En su antiguo puesto rendía cuentas a Miguel Ángel Vega, entonces titular del OIC de la Sedatu y antes de la Sedesol, quien hizo la investigación en la Sedesol en la que determinó que no hubo irregularidades en los convenios de La Estafa Maestra, mismos que ahora forman parte de investigaciones penales. Ahora Vega García es director general de Anticorrupción y Transparencia en la Contraloría de Veracruz, en el gobierno de Cuitláhuac García.

Animal Político consultó a la Función Pública sobre las razones para determinar que Zebadúa incurrió solo en faltas no graves, pero respondió que se trata de una investigación en curso y, por tanto, se debe respetar el sigilo procesal.

Emilio Zebadúa fue oficial mayor en la Sedesol y la Sedatu, el segundo cargo más importante en una dependencia sólo después del titular, pues se encarga de ejecutar el presupuesto público y, en este caso, dependió directamente de Rosario Robles en ambas secretarías durante el sexenio pasado.

La Unidad de Inteligencia Financiera lo denunció, junto con dos de sus hermanos; Rosario Robles y su exjefe de oficina, Ramón Sosamontes, por presunto lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto de 2019.

A diferencia de Rosario Robles a quien la UIF no le encontró gastos millonarios, los hermanos Emilio, José Ramón y Lourdes Zebadúa gastaron 205 millones de pesos, sin que el monto correspondiera con sus ingresos. Se trató de pagos por insumos a través de tarjetas de crédito, compra de inmuebles, transferencias internacionales y casinos.

Pese a ello, existe la posibilidad que Zebadúa sea perdonado si es que la FGR le otorga el beneficio de “criterio de oportunidad”, es decir, ser testigo colaborador para inculpar a Rosario Robles, quien ya enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación de la Función Pública, que solo se encarga de la parte administrativa, Zebadúa violó la Ley de Responsabilidad Hacendaria, incumplió reglamentos de la dependencia y “de conformidad con las irregularidades, el presunto responsable habría causado un daño patrimonial de la Sedatu” por 2 mil 343 millones de pesos entregados a supuestos prestadores de servicio y mil 940 millones de pesos para pagar los convenios con universidades.

Pero al determinar el tipo de responsabilidad que se le fincaría, el OIC determinó que habría incumplido el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas referente a una “falta administrativa no grave”, cuando “el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan con la disciplina y respeto a los demás servidores públicos y con supervisar a sus subalternos”.

Aunque la Ley de Responsabilidades sí contempla el desvío de recursos públicos en el artículo 54, para el “servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”, este no fue referido en contra de Zebadúa.

Aún cuando las irregularidades detectadas por la Función Pública incluye el pago millonario por los convenios hechos con universidades públicas para hacer supuestos servicios, pero que estas a su vez subcontrataron a empresas que en realidad eran fantasma y, por tanto, el dinero público desapareció, como reveló la investigación periodística La Estafa Maestra. 

Además, los recursos se entregaban en un año fiscal distinto a la fecha en que se habían firmado los convenios. Entre 2016 y 2017, la Oficialía Mayor entregó 617 millones de pesos pese a que los supuestos convenios se firmaron en años previos.

Esto significa una violación a la Ley Hacendaria, pues los compromisos adquiridos por una dependencia en un año fiscal se deben pagar en el mismo periodo. En todo caso, si la dependencia debe saldar una deuda de un año anterior, debía pedir autorización a Hacienda, pero en este caso Zebadúa no lo hizo.

“Se realizaron sin contar con la autorización de Hacienda, que debió determinar las cuentas por liquidar certificadas susceptibles de pagarse por la Tesorería de la Federación durante el periodo de adeudo de ejercicios fiscales anteriores, mismas que debían estar registradas en el sistema de administración financiera federal de la propia Secretaría, contraviniendo la Ley Federal de Presupuesto”, indica la Función Pública en el Informe.

Zebadúa también permitió que Francisco Báez, su subordinado inmediato, realizara 76 pagos a prestadores de servicios por 2 mil 343 millones de pesos correspondientes a los convenios suscritos en 2015, 2016 y 2017.

Pero dichos pagos “habrían resultado injustificados”, toda vez que “no se habría contado con evidencia que acreditara la existencia de los documentos legales como lo son los convenios debidamente suscritos, que justificaran la obligación de hacer el pago”; tampoco había documentos que acreditaran que los servicios y bienes fueron efectivamente realizados y entregados a la Secretaría.

“Por lo que el presunto responsable en su desempeño como Oficial Mayor con sus omisiones habría originado que se pagaran injustificadamente a los prestadores de servicios la cantidad de 2 mil 343 millones de pesos”, concluye el Informe de la Función Pública.

Para pagar los convenios con universidades, la Oficialía Mayor también utilizó el dinero de las partidas presupuestarias 33901, 33903, 39402, 43101 y 32201 y de cuenta bancaria R15 410 Sedatu Infraestructura Concentradora que, según la clasificación de gasto, sólo se usa para el pago de arrendamiento de edificios, subcontratación de servicios con terceros, servicios integrales, indemnizaciones por expropiación de predios y subsidios a la producción.

“Con sus omisiones el presunto responsable habría omitido detectar y evitar que se utilizaran los recursos asignados y las facultades atribuidas a esa Oficialía Mayor, exclusivamente para los fines a que están afectos; con lo que además se genera un daño patrimonial a la Sedatu por mil 940 millones de pesos, cuya erogación fue indebida al haberse utilizado para fines distintos a los que estaban efectos”, dice la Función Pública.

Entre el 15 de febrero de 2016 al 17 de julio de 2017, Zebadúa habría omitido controlar y evaluar el funcionamiento de la Dirección General de Programación y Presupuestación, (a su cargo) y omitir intervenir en la autorización de las erogaciones con cargo al presupuesto aprobado con lo que habría originado que personal a cargo de Francisco Báez, como Martha Lidia Montoya, directora de Tesorería; Juan Pablo Ramírez García, subdirector de Fondos realizaron 61 pagos con motivo de los convenios celebrados en 2015, 2016 y 2017.

Esto “habría resultado injustificados toda vez que al realizarse los pagos se carecía de certeza respecto de la celebración de los convenios y la prestación de los servicios, por lo que con sus omisiones originó que los servidores públicos pagaran injustificadamente”, advierte la Función Pública.