Función Pública considera 'falta no grave' el presunto desvío en Sedatu
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Función Pública considera 'falta no grave' el presunto desvío millonario en Sedatu

Existe la posibilidad que Zebadúa sea perdonado si es que la FGR le otorga el beneficio de “criterio de oportunidad”, es decir, ser testigo colaborador para inculpar a Rosario Robles.
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12 de noviembre, 2020
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) considera como “falta no grave” el presunto desvío superior a 4 mil millones de pesos de la Sedatu permitido por el exoficial mayor, Emilio Zebadúa, según se establece en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa integrado el 1 de septiembre pasado.

Mientras Zebadúa busca el perdón legal ofreciéndose como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar pruebas que inculpen a su exjefa, Rosario Robles en La Estafa Maestra, enfrenta también una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu –a cargo de la Función Pública- junto con 24 exfuncionarios más implicados en el posible desvío de recursos públicos durante el sexenio pasado.

Leer más: Zebadúa negocia perdón, mientras pelea en tribunales por sus bienes

Sin embargo, el OIC considera que Zebadúa solo tuvo “faltas no graves”, como la omisión de no “supervisar” a sus subalternos, pese a que era el encargado de administrar los recursos de la Sedatu, el apoderado legal de las cuentas bancarias y jefe directo del equipo que firmó la salida de dinero, según se explica en el expediente PA-13/2020 de la Función Pública obtenido por Animal Político.

Las sanciones correspondientes por “faltas no graves” consisten en amonestación pública, suspensión del empleo o inhabilitación por de mínimo tres meses y pero menos de un año, según el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades administrativas

En contraste, en otra investigación contra Rosario Robles en 2019, la Función Pública la sancionó con 10 años de inhabilitación por haber omitido informar sobre una cuenta bancaria con un saldo de poco menos de 3 mil pesos en su última declaración patrimonial cuando fue funcionaria pública. 

En el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa con fecha del 1 de septiembre de 2020, se confirma que la Oficialía Mayor a cargo de Zebadúa pagó convenios con universidades públicas por servicios que no se cumplieron con el dinero de las partidas presupuestales que debían servir sólo para infraestructura e indemnizaciones por expropiación de predios, lo que implicó un “probable daño patrimonial” a las arcas públicas, entre otras presuntas irregularidades.

Se trata del seguimiento a siete expedientes de investigación abiertos desde 2018 por presuntas irregularidades en la Sedatu, pero la SFP apenas este año determinó cuáles serían las faltas administrativas en las que presuntamente incurrieron los 25 exfuncionarios públicos.

Dicha investigación que ahora se encuentra ahora en etapa de audiencias para que los señalados expongan sus argumentos de defensa, está a cargo de Miguel Ángel Serrano Sánchez, titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Sedatu, quien también fue el encargado de determinar el tipo y la gravedad de las presuntas irregularidades cometidas por cada funcionario.

Serrano Sánchez fue abogado supervisor de lo contencioso en el OIC de la Sedatu de 2016 a 2017, pero ascendió en esta administración. En su antiguo puesto rendía cuentas a Miguel Ángel Vega, entonces titular del OIC de la Sedatu y antes de la Sedesol, quien hizo la investigación en la Sedesol en la que determinó que no hubo irregularidades en los convenios de La Estafa Maestra, mismos que ahora forman parte de investigaciones penales. Ahora Vega García es director general de Anticorrupción y Transparencia en la Contraloría de Veracruz, en el gobierno de Cuitláhuac García.

Animal Político consultó a la Función Pública sobre las razones para determinar que Zebadúa incurrió solo en faltas no graves, pero respondió que se trata de una investigación en curso y, por tanto, se debe respetar el sigilo procesal.

El presunto desvío de 2.3 mil mdp en Sedatu

Emilio Zebadúa fue oficial mayor en la Sedesol y la Sedatu, el segundo cargo más importante en una dependencia sólo después del titular, pues se encarga de ejecutar el presupuesto público y, en este caso, dependió directamente de Rosario Robles en ambas secretarías durante el sexenio pasado.

La Unidad de Inteligencia Financiera lo denunció, junto con dos de sus hermanos; Rosario Robles y su exjefe de oficina, Ramón Sosamontes, por presunto lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto de 2019.

A diferencia de Rosario Robles a quien la UIF no le encontró gastos millonarios, los hermanos Emilio, José Ramón y Lourdes Zebadúa gastaron 205 millones de pesos, sin que el monto correspondiera con sus ingresos. Se trató de pagos por insumos a través de tarjetas de crédito, compra de inmuebles, transferencias internacionales y casinos.

Pese a ello, existe la posibilidad que Zebadúa sea perdonado si es que la FGR le otorga el beneficio de “criterio de oportunidad”, es decir, ser testigo colaborador para inculpar a Rosario Robles, quien ya enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación de la Función Pública, que solo se encarga de la parte administrativa, Zebadúa violó la Ley de Responsabilidad Hacendaria, incumplió reglamentos de la dependencia y “de conformidad con las irregularidades, el presunto responsable habría causado un daño patrimonial de la Sedatu” por 2 mil 343 millones de pesos entregados a supuestos prestadores de servicio y mil 940 millones de pesos para pagar los convenios con universidades.

Pero al determinar el tipo de responsabilidad que se le fincaría, el OIC determinó que habría incumplido el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas referente a una “falta administrativa no grave”, cuando “el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan con la disciplina y respeto a los demás servidores públicos y con supervisar a sus subalternos”.

Aunque la Ley de Responsabilidades sí contempla el desvío de recursos públicos en el artículo 54, para el “servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”, este no fue referido en contra de Zebadúa.

Aún cuando las irregularidades detectadas por la Función Pública incluye el pago millonario por los convenios hechos con universidades públicas para hacer supuestos servicios, pero que estas a su vez subcontrataron a empresas que en realidad eran fantasma y, por tanto, el dinero público desapareció, como reveló la investigación periodística La Estafa Maestra. 

Además, los recursos se entregaban en un año fiscal distinto a la fecha en que se habían firmado los convenios. Entre 2016 y 2017, la Oficialía Mayor entregó 617 millones de pesos pese a que los supuestos convenios se firmaron en años previos.

Esto significa una violación a la Ley Hacendaria, pues los compromisos adquiridos por una dependencia en un año fiscal se deben pagar en el mismo periodo. En todo caso, si la dependencia debe saldar una deuda de un año anterior, debía pedir autorización a Hacienda, pero en este caso Zebadúa no lo hizo.

“Se realizaron sin contar con la autorización de Hacienda, que debió determinar las cuentas por liquidar certificadas susceptibles de pagarse por la Tesorería de la Federación durante el periodo de adeudo de ejercicios fiscales anteriores, mismas que debían estar registradas en el sistema de administración financiera federal de la propia Secretaría, contraviniendo la Ley Federal de Presupuesto”, indica la Función Pública en el Informe.

Zebadúa también permitió que Francisco Báez, su subordinado inmediato, realizara 76 pagos a prestadores de servicios por 2 mil 343 millones de pesos correspondientes a los convenios suscritos en 2015, 2016 y 2017.

Pero dichos pagos “habrían resultado injustificados”, toda vez que “no se habría contado con evidencia que acreditara la existencia de los documentos legales como lo son los convenios debidamente suscritos, que justificaran la obligación de hacer el pago”; tampoco había documentos que acreditaran que los servicios y bienes fueron efectivamente realizados y entregados a la Secretaría.

“Por lo que el presunto responsable en su desempeño como Oficial Mayor con sus omisiones habría originado que se pagaran injustificadamente a los prestadores de servicios la cantidad de 2 mil 343 millones de pesos”, concluye el Informe de la Función Pública.

Para pagar los convenios con universidades, la Oficialía Mayor también utilizó el dinero de las partidas presupuestarias 33901, 33903, 39402, 43101 y 32201 y de cuenta bancaria R15 410 Sedatu Infraestructura Concentradora que, según la clasificación de gasto, sólo se usa para el pago de arrendamiento de edificios, subcontratación de servicios con terceros, servicios integrales, indemnizaciones por expropiación de predios y subsidios a la producción.

“Con sus omisiones el presunto responsable habría omitido detectar y evitar que se utilizaran los recursos asignados y las facultades atribuidas a esa Oficialía Mayor, exclusivamente para los fines a que están afectos; con lo que además se genera un daño patrimonial a la Sedatu por mil 940 millones de pesos, cuya erogación fue indebida al haberse utilizado para fines distintos a los que estaban efectos”, dice la Función Pública.

Entre el 15 de febrero de 2016 al 17 de julio de 2017, Zebadúa habría omitido controlar y evaluar el funcionamiento de la Dirección General de Programación y Presupuestación, (a su cargo) y omitir intervenir en la autorización de las erogaciones con cargo al presupuesto aprobado con lo que habría originado que personal a cargo de Francisco Báez, como Martha Lidia Montoya, directora de Tesorería; Juan Pablo Ramírez García, subdirector de Fondos realizaron 61 pagos con motivo de los convenios celebrados en 2015, 2016 y 2017.

Esto “habría resultado injustificados toda vez que al realizarse los pagos se carecía de certeza respecto de la celebración de los convenios y la prestación de los servicios, por lo que con sus omisiones originó que los servidores públicos pagaran injustificadamente”, advierte la Función Pública.

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COVID-19: Qué nivel de vacunación se necesita para volver a "la vida normal"

Todavía no está claro qué normalidad viviremos al conseguir una inmunidad colectiva. Dependerá de cuánto dure la protección de las vacunas y de si cortan la transmisión además de evitar que enfermemos.
27 de noviembre, 2020
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Los anuncios sobre las vacunas contra el coronavirus invitan al optimismo, pero acabar con la pandemia y regresar a la normalidad sigue estando lejos.

Viajar sin restricciones, no usar mascarillas y asistir a eventos masivos son algunas actividades que tardarán en volver.

No basta con que se aprueben las vacunas y los países arranquen sus campañas de vacunación.

Para hablar de “nueva normalidad”, según expertos, hará falta vacunar a una gran mayoría.

Y esto podría tomar varios meses o incluso años.

Tampoco está claro qué normalidad viviremos al conseguir una inmunidad colectiva. Dependerá de cuánto dure la protección de las vacunas y de si cortan la transmisión además de evitar que enfermemos.

Cuatro desarrolladores han mostrado hasta ahora sus credenciales: Pfizer/BioNTech (EE.UU.-Alemania), Instituto Gamaleya (Rusia), Moderna (EE.UU.) y la Universidad de Oxford/AstraZeneca (Reino Unido).

Las cuatro vacunas demostraron ser efectivas en la Fase III de ensayos clínicos, pero son resultados preliminares pendientes de aprobación.

Cómo se comparan las vacunas en la Fase III de los ensayos clínicos

BBC

Teniendo en cuenta esto y los sacrificios para distribuir dosis en masa, ¿Cuánta gente hará falta vacunar para recuperar la vida antes del coronavirus?

Inmunidad global

“Cómo y cuándo volveremos a la normalidad está en la mente de todos“, reconoce Andrew Bradley, profesor de medicina molecular de la Clínica Mayo en Estados Unidos.

Pero es muy seguro que para lograrlo haya que vacunar a cerca del 75% de la población“, explica Bradley a BBC Mundo.

Son datos similares a los que maneja la Asociación de Vacunología en España (AEV), país que el 24 de noviembre aprobó su plan de vacunación contra la covid-19.

Este arrancará en enero de 2021 y las vacunas serán gratuitas y se administrarán primero a los grupos con mayor riesgo de mortalidad y exposición a la enfermedad.

Vacunación contra la gripe en California.

Getty Images
La OMS estima que hará falta inmunizar a un 60-70% de la población para frenar el avance del virus.

“Con un 60-70% de vacunación se empieza a controlar al microorganismo y cortar la transmisión”, dice a BBC Mundo Amós García Rojas, presidente de la AEV.

Los números también coinciden con los porcentajes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima necesarios para alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, una inmunidad colectiva mínima pero necesaria para frenar la enfermedad.

“Dada la alta transmisibilidad del SARS CoV-2, creemos que será necesario inmunizar entre el 60 y 70% de la población. Eso se consigue vacunando de forma segura”, dijo en conferencia la doctora Soumya Swaminathan, científica jefa en la OMS.

Con estas cifras, en países como México habría que vacunar a 88 millones de personas, en Colombia a 35 millones y en Perú a 22 millones, por ejemplo.

México, que anunciará pronto su plan definitivo de vacunación, tiene preacuerdos cerrados con AstraZeneca y Pfizer para adquirir sus vacunas cuando se aprueben.

Colombia, por otra parte, aseguró tener 20 millones de dosis cerradas el 24 de noviembre.

Y el Ministerio de sanidad peruano se comprometió a pagar más de US$100 millones para adquirir 9,9 millones del compuesto de Pfizer.

Sin embargo, opina Bradley, es vital que los niveles de vacunación se consigan a nivel global.

“Será necesario alcanzar la inmunidad de rebaño a una escala global para reducir la incidencia de la enfermedad o erradicarla. Teniendo en cuenta que somos más de siete billones, esto podría tomar años”, estima el especialista.

“Estamos en una pandemia y no se trata de solo controlar la enfermedad en Reino Unido, Francia o España. También hay que combatirla en África y América Latina“, coincide García Rojas.

Puesto de vacunación en Ciudad de México.

Getty Images
Los expertos opinan que para hablar de nueva normalidad, debe alcanzar altos porcentajes de vacunación a nivel global y no solo en algunos países.

“Los países ricos deben ayudar a los de menos recursos. Esto es un problema global, de solidaridad”, añade.

Actualmente, varios gobiernos, organizaciones sanitarias, fabricantes, científicos y filántropos contribuyen en el proyecto Covax, diseñado para proveer un reparto equitativo y fluido de vacunas y tratamientos en todo el mundo, al margen de los recursos de cada país.

Algunos países, explica García Rojas, puede que ya tengan más inmunizados por vía natural y hayan superado la enfermedad.

Sin embargo, opina que la vacuna debe administrarse a todos “independientemente de si se hayan infectado o hayan sido asintomáticos o no”.

Interrogantes

Aunque existe cierto consenso sobre vacunar a un 70% de la población para recuperar cierta normalidad, otras organizaciones demandan cautela y apuntan a varias interrogantes por despejar.

“Todavía no se conocen al 100% la enfermedad y su inmunidad. Es pronto para decir qué porcentaje se necesita vacunar para disminuir la transmisión“, comenta a BBC Mundo el doctor Rodrigo Romero, secretario general de la Asociación Mexicana de Vacunología.

“También dependerá de la efectividad de la vacuna y cuánto dure la protección en las personas”, añade.

A las dudas sobre la protección e inmunidad de las vacunas, se suman los retos logísticos, de distribución y almacenamiento.

Las vacunas de Moderna y Pfizer/BioNtech, por ejemplo, deben conservarse a temperaturas ultrafrías usando tecnologías especiales.

Persona sostiene una cartel donde se lee "No vaccine" (No a la vacuna) durante una protesta en Estados Unidos.

Getty Images
“Estamos viendo un considerable número de personas que no están seguras sobre si vacunarse o no. Cada campaña de vacunación tendrá que acompañarse de una estrategia de comunicación clara. Todo esto suma más tiempo”

Los expertos opinan que esto será un desafío, especialmente en países con menos recursos o en vías de desarrollo.

“El ritmo de cómo van llegando las vacunas a cada país irá marcando posibles horizontes temporales sobre cuándo volver a la normalidad”, dice García Rojas.

“También estamos viendo un considerable número de personas que no están seguras sobre si vacunarse o no. Cada campaña de vacunación tendrá que acompañarse de una estrategia de comunicación clara. Todo esto suma más tiempo”, agrega.

¿Nueva o vieja normalidad?

Aún consiguiendo inmunizar a suficiente población, los expertos dudan sobre cómo será la vuelta a la normalidad e incluso si volveremos a tener una vida como la de antes de la pandemia.

Bradley, de la Clínica Mayo, cree “improbable” volver pronto a la misma vida. Argumenta que “muchos negocios cambiarán y los empleados continuarán su trabajo remoto”.

Hombre con mascarilla dentro de un vagón del metro de Moscú.

Getty Images
García Rojas espera que el uso de mascarillas continúe tras la pandemia. No siempre, pero como muestra de solidaridad cuando estemos resfriados, por ejemplo.

“Los restaurantes y bares funcionarán con capacidad reducida y los viajes seguirán limitados”, añade.

García Rojas, por otra parte, dice que hablar de ‘nueva normalidad’ le provoca “sarpullidos”.

“Yo quisiera la normalidad de siempre. Pero hablar de esto en medio de una pandemia es peligroso para la ciudadanía. Puede hacer creer que estamos listos para volver a la rutina de antes”, opina.

“Honestamente, espero que después del coronavirus mantengamos muchas costumbres que adquirimos para protegernos. Espero que el lavado de manos frecuente se quede. También las mascarillas; no siempre, pero sí para solidarizarnos y usarla en la calle cuando estamos resfriados”, concluye García Rojas.


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