A Leonardo lo mataron policías de Guanajuato en 2018; Fiscalía no investigó
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A Leonardo lo mataron policías de Guanajuato en 2018; Fiscalía no investigó el caso

Su familia denuncia que salió de su comunidad para buscar señal en el celular y fue tiroteado por efectivos de una unidad de élite de Guanajuato.
3 de noviembre, 2020
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Leonardo Reyes, de 23 años, murió el 13 de diciembre de 2018 por disparos de agentes pertenecientes al Grupo Táctico Operativo de la Policía Estatal de Guanajuato. Desde los 13 años vivía en Dallas, Texas, Estados Unidos, pero llegó a su comunidad en San Miguel de Allende para visitar a su familia. Aquella noche salió a buscar señal de teléfono, pero nunca regresó. Fue tiroteado por los policías, que argumentaron que alguien les había atacado y que ellos solo repelieron la agresión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la jueza Mónica Edith Olmos Ortega, del Juzgado de Oralidad Penal de San Miguel de Allende, apoyan esta versión: no quieren investigar la muerte de Reyes. Solo la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato reconoció que hubo vulneraciones a los derechos de la víctima, aunque elude hablar de ejecución extrajudicial. Los familiares del joven han apelado la decisión judicial y piden justicia.

Entérate: Más de 8 mil policías estatales carecen de preparación básica para ser agentes

Animal Político contactó con el Poder Judicial de Guanajuato y con la FGE para conocer su versión de los hechos, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

“Me pongo muy mal cuando me recuerdan, pero nunca dejo de recordarlo. Estuvo muy mal lo que hicieron. A los policías ni siquiera los quieran castigar. Es algo muy triste. Parece que mi hijo ni era una persona humana. Porque lo que hicieron con él no se vale”, dice Guadalupe Moreno Cayente, de 54 años, madre de la víctima, en conversación telefónica desde San Antonio, Texas.

La última vez que vio a su hijo, el joven le dijo que salía de casa a llamar por teléfono. Ella, recuerda, le pidió que no saliese, que ya era tarde. Pero él no vio peligro. La suya es una comunidad pequeña en la que todos se conocen y no pensó que pudiese ocurrirle nada malo. Minutos después su camioneta fue rafagueada. Recibió más de 50 impactos de bala y él murió desangrado. Ninguno de los policías llamó a una ambulancia, según explica Juan José Padierna, abogado de la familia.

“Creemos que hay un cubrimiento, una tapadera por parte del mismo Estado. Estos policías son del cuerpo de elite y al Estado no le conviene decir que se equivocaron y lo mataron”, dice el abogado.

En casa de la familia Reyes todo el mundo recuerda que Leonardo se ganó un balón en un torneo de fútbol que jugó el día en el que lo mataron. Cenó con la familia y, pasada la medianoche, fue a un lugar conocido como La Caseta, donde los comunitarios acuden para llamar por teléfono porque es el único punto en el que tienen señal.

Minutos después todo se descontrola. Un tío de Leonardo pasa por la zona y ve a los policías que rafaguean la camioneta. Como es una comunidad muy pequeña, la recorre casa por casa preguntando si falta alguien. Ahí se da la primera alarma: falta Leonardo, el “paisano” recién llegado de Texas.

Asustados, algunos familiares se acercaron a la zona. Entre ellos estaba Moreno Cayente, su madre, acompañada de un tío, un hermano y la cuñada de Reyes. Escuchan las risas de una mujer y un policía que le dice a otro: “ya la cagaste, cárgale otra pistola”. Aterrorizados, no regresarán al lugar hasta la mañana siguiente.

Cuando amanece, la familia retoma la búsqueda. Pero en ese momento el rumor ya apunta a que Leonardo Reyes murió por balas de policía. Hasta la zona se desplaza Juan José Padierna, ya nombrado abogado de la familia. “Vimos falta de pericia de los peritos, que estaban recogiendo, manipulación de la cadena de custodia”, explica.

Entre la 1 y las 6 de la madrugada el cuerpo estuvo ahí, en manos de los mismos policías que habían apretado el gatillo y sin que nadie supervisase qué es lo que hacían con él. De hecho, ni siquiera llamaron a la ambulancia. A juicio de Padierna, esto prueba que los agentes dejaron morir a la víctima sin proporcionarle ayuda médica. Esta versión es sustentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, que emitió una recomendación en la que no habla de ejecución extrajudicial pero sí denuncia que no se prestó asistencia al fallecido. “La autopsia dice que murió desangrado. Así que le dejaron morir”, dice el abogado.

A partir de aquí comienza un proceso lleno de irregularidades que la familia de la víctima asegura que está montado para exonerar a los policías.

Los allegados de Reyes creen que los policías acabaron con la vida del joven sin que hasta el momento hayan ofrecido una explicación convincente.

Los agentes, por el contrario, aseguraron que dispararon en defensa propia ya que fueron víctimas de un ataque.

“Dicen los policías que les dispararon, lo repelieron y la camioneta se dio a la fuga. Los seis usaron sus armas largas porque no se detenía. Según declararon, le alcanzaron los disparos, la furgoneta impactó contra un árbol, dos ocupantes huyeron y Leonardo murió”, explica Padierna.

Su madre recuerda que recién acababan de llegar de Estados Unidos  y dice que ni siquiera tuvo tiempo de juntarse con sus amigos, como para encima participar en un acto delictivo. Para lo único que había salido su hijo era para jugar un partido de fútbol, dice la señora. Y para ayudar en la iglesia. “Todavía anduvo en el río juntando piedra”, asegura.

La demanda de justicia de la familia Reyes ha chocado con unas autoridades reacias a investigar.

Los familiares pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) se hiciera cargo de la investigación, sin éxito. Además, abordaron al gobernador Diego Sinhué, a quien exigieron justicia. Este se comprometió a promover la investigación, pero los acontecimientos avanzaron en la dirección opuesta.

El 25 de marzo de este año, la fiscal Ramona Pérez decidió archivar el caso, dando la razón a los policías que decían que fue en defensa propia a pesar de no presentar heridas ni rastros de ataque alguno. Un mes antes, el 17 de febrero, la Procuraduría de los Derechos Humanos reconoció que se había vulnerado el derecho a la Justicia.

El 17 de septiembre tuvo lugar una audiencia para desahogar la impugnación al archivo del caso. La juez Mónica Edith Olmos aceptó la versión de la FGE que aseguraba que se había notificado a la madre de la víctima sobre los plazos para presentar la apelación y que esta no había hecho caso. En realidad, la versión es todavía más extraña. Lo que dice fiscalía es que dejaron una nota en la casa de Guadalupe Moreno Cayente en San Miguel de Allende. Aunque esta vive en San Antonio, Texas, asegura que en el domicilio siempre hay gente y que, de haber recibido algo, le hubiesen avisado. Sin embargo, la juez rechazó estos argumentos y decretó nuevamente archivar el caso.

“La jueza está violando derechos porque fue el estado, un cuerpo de élite, quien está involucrado”, denuncia el abogado Padierna.

Guadalupe Moreno Cayente, por su parte, dice estar harta de mentiras. “Yo les digo a los abogados que me traigan a los policías a la cara. Que yo no tengo por qué mentir. Que eran cinco hombres y una mujer y escuchamos lo que estaban diciendo”, dice.

Desde entonces, asegura temer por su integridad. “Tengo miedo. Estoy muerta en vida. Ellos saben dónde vivimos y todo”, afirma. A pesar de las dificultades, reitera que “no vamos a descansar y vamos a seguir buscando justicia hasta que dios nos de licencia”.

“Queremos justicia porque no estuvo bien lo que hicieron. Él no andaba en malos pasos ni tuvo culpa de nada. No porque sean policías no hay derecho a que sean castigados”, asegura.

Sus esperanzas están ahora en el amparo indirecto 617/2020 presentado ante el juzgado Segundo de Distrito. “Nos han mentido hasta donde han querido. Nos han mentido mucho. Pero nosotros queremos justicia”, dice.

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Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
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Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


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