Cuando Margarita Garfias descubrió que un derivado de cannabis reducía los ataques de epilepsia de su hijo, comenzó a cultivar mariguana para preparar por su cuenta el aceite que requería Carlos, un joven con discapacidad múltiple, pese al prohibicionismo de esta sustancia.
Desde 2015, junto con otras 600 personas en situaciones similares, fundó el colectivo Familias y Retos Extraordinarios, quienes luchan para que se les reconozca a sus hijos el derecho a la salud, mediante la regulación de la cannabis medicinal.
Este 13 de noviembre, las Comisiones unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos del Senado decidieron retirar un dictamen de regulación de cannabis, que ya había sido aprobado en marzo, tras recibir fuertes críticas por considerar que criminalizan a consumidores y pretendía sobrerregular el consumo recreativo y medicinal.
Aunque se emitirá un nuevo dictamen de regulación, Margarita Garfias señala que no se ha tomado en cuenta a personas con enfermedades crónicas o que viven con discapacidad y requieren de mariguana medicinal .
La madre de familia puso como ejemplo el Artículo 197 del dictamen desechado que proponía una sanción de tres a nueve años de cárcel y multa a quien “sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por inyección, inhalación o ingestión o por cualquier otro medio, algún narcótico a que se refiere el artículo 193”.
Cuestiona que pese a que existe desde 2017 una regulación de cannabis medicinal, las autoridades sanitarias no han emitido siquiera un reglamento para saber el tipo de receta que se debe prescribir y en qué cantidades, por lo que el acceso al cannabinoide queda en un hoyo negro.
“Se va a criminalizar a quien no tenga receta. Sería una triple criminalización, de por sí estamos en el exilio médico, porque todos los médicos nos cierran las puertas al saber que estamos utilizando cannabis, en el exilio legal porque estamos cultivando y consiguiendo por nuestra cuenta y bajo nuestro propio riesgo. No había implícita una ley que nos criminalizara, ahora sí la va a haber”, acusa.
Puerta abierta para la persecución
Tania Ramírez, directora del Programa de Política de Drogas de la organización México Unido Contra la Delincuencia, señala que hay graves contradicciones, pese a la decisión de realizar un nuevo dictamen.
La contradicción más grande, considera, es que se está proponiendo una regulación sin despenalización, y se mantiene el delito de posesión simple en el Código Penal Federal, únicamente modificando la cantidad permitida, que iría de los 5 gramos actuales, a 28 g.
“Si antes te extorsionaban con 5 gramos, ahora te pueden extorsionar con 28. Es necesario modificar ese régimen penal, eliminando el delito de posesión simple, es una conducta que no tendría que estar considerada como un delito, y tendrían que cambiarse los parámetros para perseguir el transporte de pequeñas cantidades” sostiene Ramírez.
En este punto también coincide Zara Snapp, investigadora en política de drogas y cofundadora del Instituto RIA, al señalar que se mantiene un enfoque punitivo y que pone en riesgo a los consumidores.
“Tenemos que seguir exigiendo esos cambios… si de verdad los legisladores quisieran eliminar la posesión simple como un delito lo podrían hacer, pero no veo que vayan a dejar de legislar desde el miedo y el prejuicio en el próximos años”, dice la especialista que considera que el Congreso solo está buscando cumplir con el plazo que le dio la Suprema Corte de Justicia para emitir una regulación.
¿Qué pasa con el autocultivo?
Ambas especialistas también consideran que había una intención de sobrerregular el cultivo de cannabis, mediante el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, quien podrá emitir y controlar licencias y permisos, con sanciones administrativas, y hasta penales para quienes incumplan.
Sin embargo, entre los cambios propuestos por los senadores está el que ya no se requiera un permiso de cultivo para el autoconsumo, aunque se limita a cuatro las plantas de mariguana, “así como el producto de la cosecha de la plantación por persona, las cuales deberán permanecer en la vivienda de quien la consume para su uso personal”.
Además, no podrán consumir mariguana de manera recreativa frente a niñas, niños y adolescentes, así como de personas “que no hayan otorgado su consentimiento libre e informado”.
Semillas
Los legisladores también plantean que los consumidores registren sus semillas y plantas ante el Instituto, para verificar su procedencia, mediante un mecanismo de “testeado y trazabilidad”.
Esto quiere decir que habrá un procedimiento para “identificar el origen y las diferentes etapas del proceso de producción y distribución del Cannabis, su materia prima y sustancias derivadas hasta su disposición final y que contiene la información unificada de todas las actividades para fines de control”.
Aquí es donde las especialistas y consumidores ven otra gran incongruencia, pues ninguna semilla mexicana es legal, por lo que tendrían que importarlas de un mercado regulado, como el de Canadá, Países Bajos o ciertas entidades de Estados Unidos.
“Tienes que registrar tus semillas, cuando no tienen elementos psicoactivos, y tienes que probar su licitud, cómo puede probar la licitud de algo que es ilegal en México, la única manera es que las importes en un mercado que actualmente sea legal”.
Mercado desigual
Los legisladores plantean cinco tipos de licencias solo para la regulación de mariguana de uso recreativo: un permiso de cultivo; de transformación, que incluye la preparación y fabricación de productos; de comercialización; exportación o importación; e investigación.
Sin embargo, proponen que “las licencias de cultivo, transformación y comercialización se excluyen entre sí”, excepto en permisos de cannabis no psicoactivo.
También se prevé que al menos 40% de las licencias de cultivo se otorguen a pueblos y comunidades indígenas, campesinos y comunidades en situación de marginación que hayan resultado afectados por el sistema prohibitivo.
Sin embargo, las especialistas señalan que se necesitan reglas que permitan beneficiar a estas comunidades y no a las grandes empresas contra las que no se pueda competir.
“Hay tantos requisitos que cumplir, que solo los grandes actores, las grandes empresas podrán entrar al mercado y los chiquitos se van a quedar fuera o porque no cumplen con los requisitos o porque no van a poder competir”, señala Ramírez.
Insiste en que no servirá que las comunidades más afectadas tengan derecho a un porcentaje de permisos, si se les exigen medidas sin apoyos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), sin el simple acceso a luz e internet.
“Lo que te arroja es que al final va a ser un mercado chiquitito, de pocos actores, acaparados por grandes empresas que van a vender a un cierto sector de la población, y el resto se va a mantener en los márgenes, todavía en la ilegalidad y, además, todavía siendo criminalizado”, sostiene.
Zara Snapp considera también que los requisitos para obtener un permiso no deben se runa barrera para comunidades indígenas y pueblos afectados por tráfico ilegal de mariguana.
“Nuestro trabajo va a ser que el mercado vaya con esas comunidades primero, que esa sea la realidad más pronta y no una donde trasnacionales sacan una licencia para poder formar parte del mercado”, explica.
Los requisitos, considera, serán “barreras de entrada para muchas comunidades por falta de acceso a electricidad, mucho menos internet. Tenemos que ver cómo vamos ajustando esos requisitos”.
Si no nos quieren ver, nos van a oler
Leopoldo Rivera, coordinador del Movimiento Cannábico Mexicano, asegura que no se apoyará ningún dictamen que siga criminalizando a los consumidores de mariguana, por lo que planean protestar este 17 de noviembre en las oficinas de los senadores de cada estado, para exigir cambios en la próxima regulación.
“Es un despropósito, no están respetando los derechos de los usuarios. Pareciera que existe la consigna de ignorarnos, los senadores no han bajado a comprobar que las plantas no hacen nada”, dice el activista al referirse al plantón y siembra de cannabis frente al Senado que está desde febrero pasado.
“Si no nos quieren ver nos van a oler”, advierte Rivera, quien considera que ningún dictamen violatorio de derechos humanos debe aprobarse en la regulación.
¿Cómo regular la mariguana con justicia social?
Para la especialista de México Unido Contra la Delincuencia, es indispensable eliminar el delito de posesión simple, si se busca una regulación que abone a la paz y a la justicia.
También considera que debe haber una reclasificación del tetrahidrocanabinol (THC), el principal componente activo de la mariguana, el cual se encuentra en pequeñas cantidades, principalmente en las flores y hojas de la planta.
Además, señala que el proceso debe acompañarse educación financiera o esquemas de financiamiento, principalmente para cultivadores, así como eliminar las “reglas excesivas de trazabilidad, que impidan la incorporación de comunidades afectadas, y eliminar el registro de semillas”.
En tanto, la investigadora Zara Snapp vislumbra a colectivos y a comunidades impugnando partes de la regulación, si se aprueba con elementos violatorios de derechos humanos.
“Es importante que vayamos avanzando en una ley que respeta el libre derecho de la personalidad”.
