Electrochoques, violaciones y golpes: la realidad de la salud mental
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Electrochoques, violaciones y golpes: la realidad en hospitales de salud mental en México

Un informe de la asociación civil Documenta muestra que el país sigue anclado en un modelo de salud mental que privilegia el internamiento y los abusos.
23 de noviembre, 2020
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Mientras otros países como Argentina y Perú han transitado a modelos de atención a la salud mental más comunitarios y humanizados, en México todavía prima un sistema “maniconial”, en el que hay instituciones donde aún se usan los electrochoques, los internos entran contra su voluntad, hay violaciones sexuales, golpes y demás tipos de abuso. 

Así lo muestra el informe de la organización civil Documenta, titulado “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”.

En el documento se señala, por ejemplo, que la respuesta institucional en el país frente a los problemas de salud mental ha tenido como eje de atención el hospital monovalente, y como estrategia la institucionalización y la segregación. 

“Diversos países de la región han transitado por profundas reformas en salud mental impulsadas por el reconocimiento de que el modelo centrado en la atención psiquiátrica hospitalaria no ha cumplido su misión y, peor aún, ha generado espacios de violaciones de derechos”, dice el documento.

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Y agrega, “seguimos anclados en el pasado, con un marco normativo que limita el ejercicio de los derechos de las personas usuarias y con políticas públicas que destinan más del 80% del gasto en salud mental a los hospitales psiquiátricos de alta especialidad”. 

A modo de resumen, dentro de las irregularidades más comunes en el respeto al derecho al consentimiento informado están:

El suministro de tratamientos médicos en contra de la voluntad de las personas o sin que se les explique el tipo de medicamentos, para qué sirven y los riesgos asociados.

Existencia de formatos incompletos e inadecuados de consentimiento informado para la aplicación de tratamientos con consecuencias graves, como la Terapia Electroconvulsiva y Castración Química (TEC), un tratamiento que sigue generando hasta la fecha una gran controversia en los ámbitos clínico y social. 

Aunque muchos países la siguen empleando, las garantías que debe cumplir son cada vez más estrictas; por ejemplo, destaca que sea obligatorio recabar el consentimiento de la persona, el monitoreo electroencefálico y la aplicación modificada con el uso de anestesia y relajantes musculares. En cualquier caso, siempre que la TEC sea aplicada involuntariamente y de forma no modificada se estará ante un caso de tortura.

La Comisión Nacional de Salud Mental (Consame) documentó, en todas las 10 visitas que realizó a los hospitales psiquiátricos, diversas irregularidades, como expedientes desactualizados y sin rubros dedicados al consentimiento o la falta de notas para aplicar sujeciones o aislamiento. Estas irregularidades se detectaron, incluso, en la aplicación de la TEC. 

Por ejemplo, hospitales que contaban con documentos de consentimiento en los que no se especificaban todos los efectos adversos a la TEC; casos en los que se aplicaba sin justificación médica o se solicitaba que el familiar firmara tanto el procedimiento como la aplicación de anestesias. 

En 2018, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) documentó que en el 20.51% de los hospitales visitados se producían internamientos involuntarios en los que una vez restablecida la persona no se le pedía el consentimiento para permanecer internada. En varios hospitales los expedientes carecían de historia clínica, de hojas para brindar el consentimiento o no contenían indicaciones del médico psiquiatra para internar a los usuarios.

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En cuando a privación ilegal de la libertad hay narraciones en las que los afectados describen que los que parecían paramédicos entraron a los dormitorios de sus casas para sedarlos, amarrarlos y llevarlos en contra de su voluntad a un centro de salud mental, con el permiso de la madre y la orden de internamiento de un psiquiatra que el afectado no conocía y solo firmaba con sus iniciales. 

Respecto a otro tipo de violaciones a los derechos humanos, en México es común que las personas internadas vean restringida no solamente su libertad personal, sino también la capacidad para tomar decisiones relacionadas con aspectos esenciales de su vida diaria; por ejemplo: realizar actividades, manejo de horarios, posibilidad de contactar con el mundo exterior, disfrutar de espacios, ropa y objetos propios y tener un mínimo de privacidad.

En el informe se presenta el caso de un niño de doce años de edad, que en 2014 estaba en el Hospital Psiquiátrico Dr. Víctor M. Concha Vázquez, en Orizaba, Veracruz, sin tener posibilidad de asistir a la escuela, ni acceso a la educación. La mayor parte del tiempo la pasaba en un cuarto, vigilado por personal de seguridad. 

El niño no convivía con ninguna otra persona de su edad, no tenía acceso a medios de información ni a alguna opción de esparcimiento. “Estaba privado de cualquier oportunidad de desarrollo y acceso a una vida digna”.

También es común que las personas no puedan tener espacios, ropa o artículos propios ni privacidad al momento de realizar sus actividades íntimas. 

El MNPT concluyó que del total de los centros psiquiátricos que visitó en 2018: el 66.66% presentaba deficiencias en el mantenimiento e higiene de las instalaciones; 10.25 % hacinamiento; 25.64% deficiencias relacionadas con el vestido, el calzado y la ropa de cama de las personas usuarias.

Estos hallazgos complementan  los obtenidos por el Consame, cuyos informes también registran la insuficiencia de alimentos o que las personas duermen en el suelo y están descalzas, entre otras irregularidades.

Debido a las condiciones en los hospitales, las personas con condiciones graves de salud mental tienen una mortalidad exacerbada —entre dos y tres veces mayor que la de la población en general— que se traduce en una esperanza de vida que puede llegar a ser 30 años inferior a la media nacional. 

Lee: Así se vive en un psiquiátrico en tiempos de COVID-19

Un alto porcentaje de las causas de muerte se relaciona con enfermedades físicas —como infecciones bacterianas y víricas—, cardiovasculares, musculoesqueléticas, respiratorias, nutricionales y metabólicas, por mencionar algunas. 

Las deficiencias en la atención a las enfermedades, especialmente en los hospitales psiquiátricos, chocan con el propósito de los últimos programas nacionales de crear estructuras que brinden servicios de atención integrales.

Más del 80% de los hospitales psiquiátricos en 2018 presentaba deficiencias en programas preventivos, equipo médico y abasto de medicamentos no psiquiátricos. Algunos ejemplos son las áreas de urgencias sin tomas de oxígeno, aire comprimido, ni aspiración funcionales para la atención crítica; la inexistencia de áreas de urgencia y servicios de electroencefalografía, rayos X u odontología; unidades sin farmacia y la falta de programas de vacunación y prevención de enfermedades.

La relación entre violencia sexual y salud mental es estrecha y bidireccional, alerta también el informe de Documenta. Las mujeres con alguna condición de salud mental institucionalizadas involuntariamente son especialmente vulnerables a los abusos sexuales. 

“En México, la desprotección que sufre la población institucionalizada ha creado un desequilibrio de poder entre el personal y la población interna, una de las expresiones más documentadas son los actos de violencia sexual acompañados de amenazas, intimidación y humillaciones”.

Existen cuatro informes especiales que documentan la violencia sexual u omisión de las autoridades para prevenirla. La CNDH también informó de un caso en Hidalgo en donde una usuaria fue víctima del delito de violación equiparada agravada por parte de un servidor público. 

En otras quejas en contra de hospitales se denunció que el trato humillante llevó a una persona a aventarse de un tercer piso y a una mujer a intentar acabar con su vida por las condiciones en las que vivían. También existen varias quejas que narran suicidios consumados y dos recomendaciones que señalan a las autoridades penitenciarias como responsables de los suicidios por omisas en la vigilancia y seguridad de las personas ubicadas en los pabellones psiquiátricos.

Desde algunos años, en México se ha intentando transitar hacia un modelo de atención a la salud mental de carácter más comunitario: el Modelo Miguel Hidalgo. El Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018 señala que busca privilegiar sistemáticamente la asistencia en centros de salud no especializados “[…] recurriendo a una red de servicios comunitarios” y trabajando con programas de rehabilitación psicosocial siempre pensando en la reinserción del usuario a su comunidad.

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Este modelo pretendía crear nuevas estructuras de atención, con servicios conforme al respeto a los derechos humanos de los usuarios para que éstos recibieran una atención integral. Entre 2006 y 2012 se establecieron villas de transición hospitalaria en seis estados del país con la finalidad de contribuir al desarrollo integral e inclusión plena de las personas usuarias. 

Estas escasas experiencias no han traído cambios sustanciales. Ni siquiera existe información pública y rigurosa sobre cómo operan, afirma el estudio de la ONG. 

Invitado a participar en la presentación del informe de Documenta, Juan Manuel Quijada, director de Servicios Psiquiátricos de la Secretaría de Salud, aseguró en su intervención, que en sus cuatro años en el Instituto Nacional de Psiquiatría jamás vi estos tratos. 

“Estuve lejos de ver alguna atrocidad. En el Fray Bernardino no veo sujeciones forzadas ni internamientos. Esto no quiere decir que no tengas oídos y ojos hacia lo que está sucediendo y sigue sucediendo en algunas instituciones. Estamos en una situación transicional hacia un modelo preventivo y comunitario y en el que el último de los eventos que suceda sea la hospitalización”, comentó.

El funcionario recalcó que, “estamos ante una tercera gran reforma (en el modelo de atención a la salud mental) y lo estamos haciendo mediante el diálogo, pero también con el apoyo de la ciencia y las mejores prácticas”. 

Como parte de su informe, Documenta incluye una serie de recomendaciones, entre estas: 

  • Elaborar un plan nacional multisectorial de salud mental comunitaria.
  • Conformar y asegurar el funcionamiento de un órgano rector que supervise la transformación del sistema y se encargue de dictar la política pública en materia de salud mental y adicciones.
  • La transformación del sistema de salud mental requiere el incremento y la redistribución del financiamiento de operación e inversión, especialmente en la prestación de los servicios de primer nivel, ya que actualmente se destina a la salud mental únicamente el 2% del presupuesto asignado a la salud en general, y de ese 2%, el 80% se invierte en la atención hospitalaria.
  • Diseñar e implementar un plan de desinstitucionalización con procesos, protocolos y metas claras, así como objetivos de corto y mediano plazo destinados a integrar a la comunidad a las personas que se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos, villas de transición u otras estructuras monovalentes.
  • Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios tanto residenciales como ambulatorios.
  • Solicitar la asistencia técnica de la OMS, particularmente del programa Quality Rights, para iniciar un proceso de transformación en la prestación de servicios de salud mental, así como de capacitación de las y los profesionistas de salud mental y las personas usuarias con base en los derechos humanos.

Además, Ángel Salvador, integrante de Documenta, advirtió que la Secretaría de Salud debe tomar las riendas de los centros privados para el tratamiento de adicciones, ni el 10% están registradas, dijo, y se presentan diversas violaciones a los derechos humanos.

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¿Por qué tantos niños mueren en Brasil por COVID-19?

La pandemia no da tregua en Brasil y estudios muestran que las cifras oficiales pueden ser menores respecto a la cantidad de niños fallecidos por el virus. Una madre relata como perdió a su hijo porque no consiguió que la enfermedad fuera detectada a tiempo.
15 de abril, 2021
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Un año después de la declaratoria de la pandemia del coronavirus, las muertes en Brasil se encuentran en su punto máximo.

Sin embargo, a pesar de la abundante evidencia de que la COVID-19 rara vez mata a niños pequeños, en la nación sudamericana han fallecido más de 800 menores por esa enfermedad, según cifras oficiales. Y esas cifras pueden ser mayores, de acuerdo a estudios.

Uno de esos casos tiene que ver el hijo de un año de la profesora Jessika Ricarte, al que un médico se negó a realizar una prueba bajo el argumento de que sus síntomas no se ajustaban al perfil del coronavirus.

Dos meses después, el menor murió por complicaciones asociadas con la enfermedad. Sucedió en Tamboril, una ciudad en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil.

La historia

Luego de un par de años de intentos y tratamientos de fertilidad fallidos, Ricarte casi había renunciado a tener una familia hasta que quedó embarazada de Lucas.

“Su nombre proviene de ‘luminoso’. Y fue una luz en nuestra vida. Demostró que la felicidad era mucho más de lo que imaginamos”, cuenta.

El primer cumpleaños de Lucas.

Jessika Ricarte
El primer cumpleaños de Lucas.

Primero sospechó que algo andaba mal cuando Lucas, que siempre tenía buen apetito, dejó de sentir hambre.

Jessika se preguntó entonces si era debido a que le estaban saliendo los dientes.

La madrina de Lucas, una enfermera, sugirió que podría tener dolor de garganta. Pero después de que desarrolló fiebre, luego fatiga y dificultad para respirar, la madre lo llevó al hospital y pidió que le hicieran la prueba de COVID-19.

“El médico puso el oxímetro. Los niveles (de oxígeno) de Lucas eran del 86%. Ahora sé que eso no es normal”, dice Jessika.

Como no tenía fiebre, el médico dijo: “No se preocupe, no hay necesidad de una prueba de COVID-19. Probablemente sea solo un dolor de garganta leve”.

Le afirmó a Jessika que el coronavirus era raro en los niños y solo le dio algunos antibióticos.

A pesar de las sospechas de la madre, no había ninguna opción para que Lucas hiciera una prueba en laboratorios privados en ese momento.

Y Ricarte relata que algunos de sus síntomas se disiparon al final de su tratamiento de antibióticos de 10 días, pero el cansancio permaneció.

Lucas

Jessika Ricarte
Jessika tomaba videos de su hijo y las enviaba a familiares porque estaba preocupada por su condición.

“Le envié varios videos a su madrina, a mis padres, a mi suegra, y todos decían que estaba exagerando, que debía dejar de ver las noticias, que me estaba volviendo paranoica. Pero yo sabía que mi hijo no era el mismo, que no respiraba normalmente”, recuerda.

Inesperado

Era mayo de 2020 y el contagio del coronavirus estaba creciendo. Dos personas ya habían muerto en la ciudad donde vive Ricarte.

“Todos se conocen aquí. La ciudad estaba en shock“, afirma.

Israel, el esposo de Jessika, estaba preocupado de que una visita al hospital pudiera aumentar el riesgo de que ella o el hijo de ambos se infectaran con el virus.

Pasaron las semanas y Lucas se volvió cada vez más somnoliento. Finalmente, el 3 de junio, el pequeño vomitó una y otra vez después de almorzar y Ricarte entendió que tenía que hacer algo.

Regresaron al hospital donde el médico examinó a Lucas para evaluar si se trataba de un contagio de COVID-19.

La madrina de Lucas, que trabajaba allí, le dio la noticia a la pareja de que el resultado de la prueba era positivo.

“En ese momento, el centro de salud ni siquiera tenía un reanimador clínico”, dice Jessika.

El menor fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos pediátricos en la ciudad de Sobral, a más de dos horas de distancia, donde le diagnosticaron una afección llamada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS, por su sigla en inglés).

Se trata de una respuesta inmune extrema al virus que puede causar inflamación severa de órganos vitales.

Niños

Los expertos dicen que el síndrome, que afecta a los niños hasta seis semanas después de que se infectan con el coronavirus, es un fenómeno raro.

Sin embargo, la reconocida epidemióloga de la Universidad de Sao Paulo Fatima Marinho dice que, durante la pandemia, está viendo más casos de PIMS que nunca antes.

Lucas

Jessika Ricarte

Cuando Lucas fue intubado, a Jessika no se le permitió quedarse en la misma habitación. Llamó a su cuñada para intentar distraerse de la preocupación.

“Podíamos escuchar el sonido de la máquina (de la unidad de cuidados intensivos), el ‘bip’. Hasta que la máquina se detuvo y escuchamos ese pitido constante. Y sabemos que eso sucede cuando la persona muere. Después de unos minutos, la máquina comenzó a funcionar nuevamente y comencé a llorar”, cuenta.

La doctora Manuela Monte, la pediatra que trató a Lucas durante más de un mes en la unidad de cuidados intensivos de Sobral, afirmó que le sorprendió que la condición del niño fuera tan grave porque no tenía ningún factor de riesgo.

La mayoría de los menores afectados por coronavirus tienen enfermedades o trastornos (afecciones existentes como diabetes o problemas cardiovasculares) o sobrepeso, según Lohanna Tavares, infectóloga pediátrica del Hospital Infantil Albert Sabin en Fortaleza, la capital del estado de Ceará.

Pero ese no fue el caso de Lucas.

Durante los 33 días que Lucas estuvo en cuidados intensivos, a Jessika solo se le permitió verlo tres veces.

Lucas's parents, Israel and Jessika

BBC

Lucas necesitaba inmunoglobulina, un medicamento muy caro, para desinflamar su corazón.

Afortunadamente un paciente adulto que había comprado donó una ampolla sobrante al hospital.

Lucas estaba tan enfermo que necesitó recibir una segunda dosis. Desarrolló una erupción en su cuerpo y tenía fiebre persistente. Necesitaba apoyo para respirar.

Luego el niño comenzó a mejorar y los médicos decidieron sacarle el tubo de oxígeno. Hicieron videollamadas a Jessika e Israel para que no se sintiera solo cuando recuperara la conciencia.

“Cuando escuchó nuestras voces se puso a llorar“, relata la madre.

Era la última vez que la pareja vería a su hijo reaccionar. Durante la siguiente videollamada “tenía la mirada paralizada”.

El hospital solicitó una tomografía computarizada y descubrió que Lucas había tenido un derrame cerebral.

Pese a ello, a la pareja se le dijo que Lucas se recuperaría bien con la atención adecuada y que pronto sería trasladado a una sala general.

Cuando Jessika e Israel fueron a visitarlo, el médico estaba tan esperanzado como ellos, cuenta la mujer.

“Esa noche, puse mi celular en silencio. Soñé que Lucas se me acercó y me besó la nariz. Y el sueño fue un gran sentimiento de amor, gratitud y me desperté muy feliz. Luego vi mi celular y vi las 10 llamadas que había hecho el médico”, narra.

Jessika

BBC
Jessika Ricarte

El doctor encargado le dijo a Jessika que la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno de Lucas habían bajado repentinamente y que había muerto temprano esa mañana.

Ella está segura de que si le hubieran hecho una prueba cuando ella la solicitó, a principios de mayo, habría sobrevivido.

“Es importante que los médicos, incluso si creen que no es coronavirus, hagan el examen para eliminar la posibilidad”, dice.

Indica que “un bebé no dice lo que siente, así que todo depende de las pruebas“.

Un menor en una sala de cuidados intensivos

BBC
Un menor en una sala de cuidados intensivos.

Jessika cree que la demora en el tratamiento adecuado agravó la condición de su hijo.

“Lucas tuvo varias inflamaciones, el 70% del pulmón estaba comprometido, el corazón aumentó en un 40%. Era una situación que podría haberse evitado”, indica.

La doctora Monte está de acuerdo. Ella dice que aunque una situación de PIMS no se puede prevenir, el tratamiento es mucho más exitoso si la condición se diagnostica y se trata temprano.

“Cuanto antes hubiera recibido atención especializada, era mejor. Llegó al hospital ya críticamente enfermo. Creo que podría haber tenido un resultado diferente si lo hubiéramos tratado antes”, señala.

Jessika ahora quiere compartir la historia de Lucas para ayudar a otras personas que pueden prevenir esa clase de síntomas críticos en los menores.

“En el caso de todos los niños que conozco y fueron salvados por alguna advertencia mía, la madre me dice: ‘Vi tus publicaciones, llevé a mi hijo al hospital y ahora está en casa’. Es como si fuera una parte de Lucas“, cuenta.

Los médicos usan teléfonos móviles para que los menores puedan verse con sus familiares.

BBC
Los médicos usan teléfonos móviles para que los menores puedan verse con sus familiares.

El problema

Existe la idea errónea de que los niños corren cero riesgo de un contagio de coronavirus, según Fatima Marinho, quien también es asesora principal de la ONG de salud Vital Strategies.

La investigación de la doctora sostiene que un número sorprendentemente alto de niños y bebés fueron afectados por la enfermedad.

Entre febrero de 2020 y el 15 de marzo de 2021, la COVID-19 mató al menos a 852 niños de Brasil, incluidos 518 bebés menores de un año, según cifras del Ministerio de Salud de ese país.

Pero la experta estima que más del doble de esta cantidad de niños murieron a causa de esa enfermedad dado que, señala, existe un problema grave de bajo registro debido a la falta de pruebas que reduce las cifras.

Marinho revisó el exceso de muertes por síndrome respiratorio agudo durante la pandemia y encontró que hubo al menos 10 veces más muertes que en años anteriores.

Considerando esas estimaciones sostiene que el virus mató a un aproximado de 2.060 niños menores de nueve años, incluidos 1.302 bebés.

¿Qué está pasando?

Los expertos señalan que la gran cantidad de casos de coronavirus en Brasil, el segundo en cantidad de contagios más alto del mundo, elevó la probabilidad de que bebés y niños se vean afectados.

“Por supuesto, cuantos más casos tengamos y, por ende, más hospitalizaciones, mayor será el número de muertes en todos los grupos de edad, incluidos los niños. Pero si se controlara la pandemia, este escenario evidentemente podría minimizarse“, explica Renato. Kfouri, presidente del Departamento Científico de Inmunizaciones de la Sociedad Brasileña de Pediatría.

Dr Cinara Carneiro

BBC
Dra Cinara Carneiro

Una tasa de infección tan alta sobrepasó el sistema de salud de Brasil. En todo el país, el suministro de oxígeno está disminuyendo, hay escasez de medicamentos básicos y en muchas unidades de cuidados intensivos de todo el país simplemente no hay más camas.

El presidente Jair Bolsonaro todavía se opone a los encierros estrictos y se estima que la tasa de infección está siendo impulsada por la variante llamada P.1, considerada más contagiosa y posiblemente surgida en el norte de Brasil.

En marzo murió el doble de personas que en cualquier otro mes de la pandemia y la tendencia al alza continúa.

Otro problema que impulsa las altas tasas de contagios en los niños es la falta de exámenes.

Marinho dice que para los menores es usual que el diagnóstico llegue demasiado tarde, cuando ya están gravemente enfermos.

“Tenemos un grave problema en la detección de casos. No tenemos suficientes pruebas para la población en general, menos aún para los niños. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, hay un retraso en la atención del menor”, explica.

Esto no se debe solo a que exista poca capacidad de prueba, sino también a que es más fácil pasar por alto, o diagnosticar erróneamente, los síntomas de los niños que padecen COVID-19, ya que la enfermedad tiende a presentarse de manera diferente en las personas más jóvenes.

Una salubrista en Brasil

Departamento de Salud de Ceará

“Un niño tiene mucha más diarrea, mucho más dolor abdominal y dolor en el pecho que el visto en un cuadro clásico de COVID-19. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, cuando el menor llega al hospital está en una condición grave y puede complicarse y morir”, señala Marinho.

Problemas sociales

Aunque todo esto también se trata de pobreza y acceso a la atención médica.

Un estudio de 5 mil 857 pacientes con COVID-19 menores de 20 años, realizado por pediatras brasileños dirigido por la Facultad de Medicina de Sao Paulo identificó tanto las enfermedades de base como las vulnerabilidades socioeconómicas como factores de riesgo para el peor resultado en menores.

Marinho está de acuerdo en que este es un factor importante.

“Los más vulnerables son los niños afrodescendientes y los menores de familias muy pobres, ya que tienen más dificultades para acceder al auxilio. Estos son los niños con mayor riesgo de muerte”, indica.

Ella dice que esto se debe a que las condiciones de vivienda hacinadas hacen que sea imposible distanciarse socialmente cuando se infectan, y porque las comunidades más pobres no tienen acceso a una unidad de cuidados intensivos local.

Estos niños también corren riesgo de desnutrición, lo que es “terrible para la respuesta inmunológica”, afirma Marinho.

Cuando se detuvieron las subvenciones en medio de la pandemia, millones volvieron a entrar en graves problemas de subsistencia.

“Pasamos de 7 millones a 21 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza en un año. Así que la gente también pasa hambre. Todo esto tiene un impacto en la mortalidad”, afirma la experta.

Braian Sousa, líder de la investigación de la Universidad de Sao Paulo, dice que su estudio identifica ciertos grupos de riesgo entre los niños a los que se debe dar prioridad para la vacunación. Aunque actualmente, no hay vacunas disponibles para menores de 16 años.


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