Obstáculos del gobierno de Coahuila para implementar la videovigilancia
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Videovigilancia en Coahuila: los obstáculos técnicos, legales y políticos para implementarla

Coahuila es el primer estado en vías de implementar un sistema de videovigilancia que identifique rostros de personas, pero el gobierno de Miguel Ángel Riquelme enfrenta una serie de obstáculos para arrancar la operación de esta controversial tecnología que atenta contra los derechos de los ciudadanos.
Quinto Elemento Lab
Por Federico Pérez y Paloma Robles / Quinto Elemento Lab
11 de noviembre, 2020
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La tarde del 27 de septiembre, en la Plaza de Armas de Saltillo, Coahuila, tres cámaras dispuestas en una torre de seguridad a pie de calle, cuatro en un edificio, dos instaladas en los extremos del Palacio de Gobierno y tres más en la puerta de entrada, captaron el regreso a las calles de grupos feministas tras meses de confinamiento. Ese día protestaron por la muerte de Alondra Gallegos García, una joven de 20 años víctima de feminicidio.

Fue la primera vez que las caras de decenas de manifestantes y activistas quedaron grabadas en los servidores del nuevo sistema de videovigilancia inteligente del estado.

En los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Torreón y Saltillo, grupos de policías estatales y funcionarios monitorean las calles en busca de personas con comportamientos sospechosos. Es el primer intento en México de operar a nivel estatal un sistema que reconoce rostros a través de datos biométricos, un compuesto matemático que deriva de la geometría facial, y cuyo avance e implementación en el mundo no ha estado libre de críticas.

En las computadoras habilitadas para la vigilancia en los C4, una interfaz de diseño futurista muestra el procesamiento de rostros captados por cámaras de reconocimiento facial. Un día después de la manifestación feminista, el sistema ya registraba más de 44.7 millones de capturas de imágenes de rostros en Coahuila.

Un software con inteligencia artificial integrado a las cámaras procesa las imágenes y las compara con otros rostros almacenados en el sistema y cuyos perfiles ya han sido identificados previamente. El sistema compara y coteja rostros automáticamente y en tiempo real y si se genera un match, el programa emite una alerta y activa un protocolo de seguimiento por parte de elementos de la policía con capacidad de reacción.

A decir de las autoridades, el sistema es tan avanzado que puede distinguir a personas con cubrebocas o pasamontañas, inclusive cuando las imágenes son borrosas.

“Con este sistema de videointeligencia hoy Coahuila se pone a la vanguardia, somos el primer estado de la república en tener este software”, presumió el gobernador Miguel Ángel Riquelme en abril de 2019. Un año y medio después, todo indica que la celebración resultó anticipada, pues su gobierno todavía no ha podido arrancar cabalmente el plan.

Y es que el proyecto ha enfrentado a una serie de obstáculos técnicos, legales y políticos. El gobierno estatal no ha logrado acceso a bases de datos federales para hacer tareas de cotejo y, de conseguirlo, el equipo computacional que ahora tienen no sería suficiente para almacenarlas y al mismo tiempo cumplir con las normativas que homologan los sistemas de vigilancia en México. Tampoco existen marcos legales que regulen el uso de datos biométricos y las estrategias oficiales para proteger los derechos humanos en relación a la tecnología han sido superficiales.

Pero dado el historial de violencia en Coahuila, a pocos les ha preocupado la llegada de una tecnología que ha detonado debates a nivel internacional y que ha sido prohibida en distintos lugares del mundo por su potencial de contravenir derechos humanos e importantes irregularidades técnicas. En Coahuila, la promesa de seguridad se sobrepone a todo.

Leer más: Videovigilancia y uso de tecnologías para prevenir la delincuencia

Una compra de impulso

 Desde el inicio de su administración en diciembre de 2017, Riquelme aseguró a los coahuilenses que no regresaría la época de violencia que marcó al estado durante los sexenios de los hermanos Moreira. “Coahuila no bajará la guardia en seguridad”, repite el gobernador a manera de eslogan en sus reuniones de gabinete y anuncios públicos.

A cinco meses de arrancar su gobierno, Riquelme encabezó una gira por China en búsqueda de inversión extranjera que resultó en un hermanamiento comercial con la provincia de Jiangsu. Cautivado con la red de cámaras instaladas en las calles de las ciudades que visitó, el gobernador se embarcó en una aventura para adquirir un sistema de reconocimiento facial con el que buscaría revolucionar la seguridad de su estado.

El 1 de abril de 2019, en un evento magistral en el patio central del Palacio Rosa en Saltillo, Riquelme presentó su proyecto de videointeligencia. Lo acompañaron empresarios locales, funcionarios de seguridad, miembros del ejército y Zhijie Li, CEO mundial de Dahua Technology, una empresa subsidiada por el gobierno chino que desarrolla tecnologías de vigilancia y a la que se le compraron por adjudicación directa cerca de 1,300 cámaras.

En septiembre de ese año, representantes del gobierno se reunieron en Hangzhou con directivos de Dahua, para revisar los avances de la instalación de cámaras en territorio coahuilense. Un mes después, Dahua fue puesta en una “lista negra” por el Departamento de Comercio de Estados Unidos por su participación en la represión, detenciones arbitrarias y vigilancia de grupos minoritarios musulmanes por parte del gobierno chino.

Estas preocupaciones no eran un caso aislado, estaban marcadas por un historial de vulnerabilidades técnicas de la empresa. En 2017, la compañía de ciberseguridad ReFirm Labs encontró “puertas traseras” en un red de cámaras Dahua que enviaban información a direcciones IP desconocidas en China y permitían a personas no autorizadas acceder de manera remota a los datos de los usuarios y sus contraseñas. Y un año atrás, alrededor de un millón de cámaras Dahua instaladas en Brasil, Colombia y Taiwán fueron hackeadas y convertidas en “bots” para ejercer campañas de extorsión y sobrecargar otros sistemas siendo atacados.

Pero los señalamientos contra Dahua no descarrilaron el proyecto en Coahuila y para el 3 de  noviembre de 2019 ya se había instalado el 95% de las cámaras en Torreón y Saltillo, según informó Riquelme. El gobierno siguió adelante con la inversión de 600 millones de pesos, de los cuales se sabe poco. La Secretaría de Finanzas reservó toda la información relativa a la compra, el contrato, los cheques y las facturas emitidas. Lo único que detalló es que se han erogado 273 millones para la instalación del sistema en la región Laguna y otros 285.7 millones en la región Sureste.

La oficina del gobernador declinó hacer comentarios para este reportaje.

Un sistema desaprovechado

Al presentar su proyecto, Riquelme afirmó que el sistema de videovigilancia podría consultar las bases de datos de Plataforma México y que inclusive podría aliarse con el Instituto Nacional Electoral (INE) para rastrear a posibles criminales. Pero al día de hoy, el gobierno coahuilense no tiene esos convenios y el sistema no está conectado a bases de datos nacionales.

Por ahora, la red de cámaras está en “estado de prueba” y todavía no funciona a su máxima potencia. Así lo reconoció el director de la plataforma C4, Luis Campos, quien fue llamado a supervisar su implementación después de una larga trayectoria diseñando proyectos de tecnología aplicada a distintas áreas de gobierno.

“Estamos en la etapa de prueba, pero ya funcional, ya en pruebas prácticas”, dijo Campos en entrevista.

A pesar de sus capacidades, en este momento el alcance del sistema es limitado. Y es que para agregar bases de datos más amplias se necesitaría por lo menos tres veces más de la memoria computacional con la que se cuenta en Coahuila.

Campos confirmó que el cotejo de imágenes sólo se hace por medio de “listas de excepción”, un concepto policial que se refiere a un listado de rostros que provee la fiscalía local. El sistema tiene cargada una “lista negra” de rostros de personas con órdenes de captura y una “lista blanca” de rostros de personas desaparecidas. Hasta la fecha, estas listas están compuestas por menos de un centenar de rostros, que son buscados de manera automática en millones de imágenes siendo captadas por el sistema.

De las casi 1,300 cámaras que se compraron a Dahua solo un tercio tiene la facultad de detectar rostros. Las otras son cámaras para la identificación de placas vehiculares y para monitoreo convencional a través de circuitos cerrados. Esta información no había sido esclarecida por las autoridades, que más bien enfatizaban el reconocimiento facial como la cualidad distintiva de su nuevo sistema de videovigilancia.

Aunque el gobernador ha insistido en que, inclusive en estado de prueba, las cámaras ya han servido para resolver crímenes, su efectividad para reconocer rostros continúa sin ser demostrada. La realidad es que el software no ha arrojado ningún match positivo de la “lista negra” de personas buscadas, y de la “lista blanca” las autoridades han dicho que han habido tres coincidencias entre imágenes capturadas y los registros, pero no han ofrecido detalles sobre hallazgos de personas desaparecidas.

 Sin regulación para operar

 El sistema de videovigilancia en Coahuila ya está en uso, pero no hay un ordenamiento legal que asegure el correcto tratamiento de los datos personales que son captados. La Secretaría de Seguridad Pública estatal opera el sistema amparada en la norma técnica de 2016 para estandarizar los sistemas de videovigilancia a nivel federal, que no contempla detalladamente el reconocimiento facial y la recolección de datos biométricos.

Los encargados del sistema en Coahuila aseguran que la tecnología no se liberará de manera “total” sino hasta que esté bien regulada y afirman que la Consejería Jurídica del gobierno del estado está trabajando en la creación de una nueva ley estatal para tal fin.

Esa iniciativa no ha sido presentada aún ante el Congreso y los legisladores desconocen sus avances. “No hemos hecho lo conducente al respecto. Ya son varios meses que esta tecnología está funcionando y no hemos cuestionado de manera pertinente cómo va la regulación de su uso”, reconoció el diputado Juan Carlos Guerra, coordinador de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local.

Quinto Elemento Lab tuvo acceso a un borrador de la iniciativa de un proyecto de decreto que sería suscrito por el gobernador para crear la “Ley que Regula el Uso de Cámaras de Videovigilancia y Videointeligencia para la Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza”.

El documento confirma el interés por usar bases de datos más amplias: contempla que la plataforma de reconocimiento facial tenga acceso a aquellas que conforman el Sistema Nacional de Información, las cuales están a cargo de Plataforma México y cuya operatividad es responsabilidad del Centro Nacional de Información (CNI). Estas son bases de datos creadas por ministerios públicos e instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno y contienen información criminalística de personas sujetas a un proceso o investigación penal, gente sentenciada y personal de seguridad pública y seguridad privada, entre otras.

Dentro de los protocolos técnicos y candados de seguridad actuales de Plataforma México no es posible vincular dichas bases de datos con tecnologías como la de Coahuila. Sin embargo, David Pérez Esparza, titular del CNI, confirmó estar colaborando con Coahuila en un proyecto de interconexión que le permitiría al estado acceder de manera directa y en tiempo real a dichas bases de datos. Aunque consideró que esto representa un reto técnico significativo y que sería un proceso tardado y muy costoso para el estado.

Instalación selectiva

Coahuila llegó a ser una de las regiones del país más afectadas por la delincuencia organizada entre 2011 y 2017, aunque los datos de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad Pública federal registran una disminución de 36% en los delitos entre 2018 y 2020, con excepción de zonas como la región centro y carbonífera de Coahuila. En esas áreas desde hace dos años aumentó la violencia, particularmente en los municipios de Candela y Juárez, según datos del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila.

Pero los sitios donde están ubicadas las cámaras no siempre coinciden con las regiones donde ocurren más crímenes. Es más, el sistema está enfocado en áreas metropolitanas y en colonias residenciales con interés económico.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado ha negado peticiones de transparentar las ubicaciones exactas de las cámaras, pero un mapeo realizado durante esta investigación en Torreón identificó una gran cantidad de cámaras Dahua en Torreón Jardín y Campestre La Rosita, dos colonias de alto poder adquisitivo, que además son sede de la casa de gobierno del estado de Coahuila. De ser todas parte del programa del estado, esta concentración representaría el 65% de los puntos de vigilancia de toda la región Laguna.

El proyecto de vigilancia tuvo un recibimiento caluroso por parte del sector empresarial, quienes incluso han ofrecido poner a disposición del gobierno recursos propios para incrementar la red de cámaras.

“La autoridad no busca invadir la privacidad, simplemente tener ojos en la calle”, dijo en entrevista el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Torreón, Luis Cuerda Serna.

El sistema fue calificado como “fabuloso” por Carlos Braña Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Torreón. “Se nos olvida que hace 8 años no podías salir y cuando salías tenías miedo de que algo te pasara (…) Si yo tuviera que decidir entre mi privacidad y mi libertad, voy a poner mi libertad por encimita”, afirmó.

Consulta aquí el reportaje completo de Quinto Elemento Lab

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Los controvertidos planes de Reino Unido para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo

Algunos solicitantes de asilo que llegan en embarcaciones pequeñas serán enviados al país africano como parte de un programa de prueba de US$150 millones.
14 de abril, 2022
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Algunas personas que buscan asilo en Reino Unido serán trasladadas a Ruanda -a más de 6.500 km de distancia- para ser procesadas en el país africano, según los nuevos planes del gobierno británico.

El controvertido programa forma parte de las nuevas y severas medidas del gobierno para reducir el número de migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha.

La ministra del Interior, Priti Patel, se encuentra en la nación africana para firmar el acuerdo de US$150 millones que involucra probar el esquema con hombres solteros que llegan a Reino Unido y serán enviados a Ruanda.

En un discurso el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el programa diciendo que era necesario “para salvar innumerables vidas” y evitar que “los traficantes de personas” conviertan el océano en un “cementerio acuático”.

Indicó que bajo el nuevo esquema cualquier persona que llegue ilegalmente a Reino Unido podría ser “reubicada” en Ruanda.

“Esta política no tiene límites”, indicó. Y agregó que Ruanda ha aumentado su capacidad de acoger personas a decenas de miles en los últimos años.

“No podemos mantener un sistema ilegal paralelo”, dijo Johnson. “Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a las personas no lo es”.

Se sabe que el año pasado, 28.526 personas cruzaron el Canal en botes pequeños, comparado con 8.404 en 2020.

Un 600 cruzaron el Canal el miércoles y, según Johnson, la cifra podría alcanzar 1.000 al día en las próximas semanas.

La BBC vio el alojamiento en el que serán ubicados los solicitantes de asilo, que se cree que tiene espacio para unas 100 personas a la vez y para procesar hasta 500 al año.

“Impracticable y poco ético”

El nuevo programa ha sido extensamente criticado tanto por grupos humanitarios, que calificaron los planes de crueles, como por los partidos de oposición que dicen que será “”impracticable, poco ético, exorbitante e ineficaz”.

BBC

BBC

Los partidos de oposición también han dicho que el costo anual del plan completo sería mucho más alto que el pago inicial de US$150 millones y expresaron su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda.

El editor de asuntos nacionales de la BBC, Mark Easton, informando desde Ruanda, explicó que el gobierno enfrenta obstáculos legales y costos sustanciales para lanzar el plan.

Los detalles precisos del plan aún no se han confirmado, pero dijo que el programa de prueba se limitaría en su mayoría a hombres solteros que las autoridades británicas consideran que son inadmisibles.

Según la propuesta, Ruanda asumiría la responsabilidad de las personas que hacen el viaje de más de 6.500 km, las sometería a un proceso de asilo y, al final de ese proceso, si tienen éxito, tendrán alojamiento a largo plazo en Ruanda.

El gobierno de Ruanda indicó que los migrantes tendrán “derecho a la protección total bajo la ley de Ruanda, igualdad de acceso al empleo e inscripción en los servicios de atención médica y social”.

El Ministerio del Interior del Reino Unido cree que la ley de asilo existente será suficiente para implementar el plan, pero quedan dudas sobre la legalidad del esquema.

Priti Patel en Ruanda

PA Media
La ministra del Interior, Priti Patel, (centro) llegó a Ruanda para firmar el acuerdo de US$150 millones.

También se han planteado dudas sobre el historial de derechos humanos del gobierno de Ruanda y su presidente, Paul Kagame.

Varios de sus críticos han muerto o han sido víctimas de intentos de asesinato, pero Ruanda siempre ha rechazado las sugerencias de que su gobierno ha estado involucrado.

También se han planteado preocupaciones sobre la condena por acusaciones de terrorismo de Paul Rusesabagina, quien fue representado en la película de Hollywood Hotel Ruanda por su papel en la salvación de más de 1.000 personas durante el genocidio en ese país en 1994.

El año pasado, el propio gobierno de Reino Unido expresó su preocupación en Naciones Unidas por las “continuas restricciones a los derechos civiles y políticos y la libertad de prensa” en Ruanda, y pidió investigaciones independientes sobre “acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y tortura”.


Un plan extremadamente controvertido

Análisis de Mark Easton, editor de asuntos nacionales, BBC

La asociación con Ruanda es la pieza central de una extensa campaña política más amplia para hacer frente a lo que ha sido una humillación para los ministros que prometieron que Brexit significaría poder controlar las fronteras de Reino Unido.

En cambio, un número récord de solicitantes de asilo ha estado apareciendo en embarcaciones frente a los acantilados blancos de Dover.

Este año se han visto 4.578 llegadas y parece que será un nuevo récord.

Sin embargo, es probable que enviar solicitantes de asilo a Ruanda resulte muy controvertido y legalmente complicado.

Los críticos apuntan al pobre historial de derechos humanos de Ruanda. El año pasado, el Reino Unido exigió en la ONU que se investigaran los presuntos asesinatos, desapariciones y torturas.

Los ministros tendrán que explicar por qué Ruanda es el lugar adecuado para confiar la protección de los derechos humanos de los solicitantes de asilo vulnerables que esperaban que Reino Unido los protegiera.


migrantes

Getty Images
Decenas de miles de migrantes podrían ser enviadas a Ruanda.

Activistas de derechos humanos destacan el impacto negativo en los derechos humanos de los refugiados, el costo del esquema y cuestionan si éste podrá lograr sus objetivos.

Enver Solomon, director ejecutivo del Refugee Council, dijo que la propuesta no aborda las razones por las que las personas desesperadas viajan a Reino Unido.

Amnistía Internacional Reino Unido describió el plan como una “idea sorprendentemente mal concebida” que desperdiciaría dinero público.

La secretaria de cultura del Partido Laborista de oposición, Lucy Powell, dijo que su partido aboga por “medidas aburridas” como restricciones a los traficantes de personas que promocionan negocios en internet.

El Partido Demócrata Liberal señaló que el gobierno estaba “cerrando la puerta” a los refugiados, mientras que Ian Blackford, del Partido Nacional Escocés, describió el plan como “absolutamente escalofriante”.

¿Es legal enviar solicitantes de asilo a Ruanda?

El gobierno británico quiere introducir nuevas leyes, bajo el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, para facilitar que el Reino Unido envíe refugiados a otro país para que se procese su solicitud de asilo.

Pero el país debe ser “seguro” y Reino Unido también firmó dos tratados internacionales clave que garantizan los derechos de los refugiados:

  • La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que protege a las personas de ser enviadas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a la vida o la libertad.
  • El Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Entonces, si existe el riesgo de que una persona sea maltratada en Ruanda, no podría ser enviada allí.


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