A 7 meses de la Ley de Amnistía: hay 762 peticiones, ninguna concedida
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A siete meses de la Ley de Amnistía: hay 762 peticiones presentadas, pero ninguna concedida

Mientras tanto la sobrepoblación en las cárceles se agrava y 4 de cada 10 penales están en condiciones de hacinamiento; van 234 muertes reconocidas oficialmente por COVID.
Cuartoscuro
1 de diciembre, 2020
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A siete meses de la aprobación exprés de la Ley de Amnistía con la que supuestamente se ayudaría a despresurizar los penales y reducir los contagios de COVID-19, el gobierno federal acumula 762 solicitudes formales de reos que quieren acceder a dicho beneficio, sin que hasta ahora se haya podido resolver alguna.

Mientras tanto la cifra de personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios del país ha continuado en ascenso y el numero de cárceles con problemas de sobrepoblación ya es del 43%. El nuevo virus ha contagiado a 2 ,774 reos y ha matado a 234.

Leer más: Cárceles enfrentan el COVID con sobrepoblación, sin doctores ni insumos médicos: CNDH

La Ley de Amnistía fue aprobada el pasado 20 de abril en el Senado de la República. El dictamen de dicha norma, que estaba congelado desde 2019, fue rescatado y avalado en una sesión exprés bajo el argumento de que ayudaría en alguna medida a despresurizar las cárceles y, con ello, disminuir los riesgos de contagio ante el arranque de la pandemia.

Pero el diseño y puesta en marcha del aparato burocrático para hacer esto posible (las instancias, los formularios y los lineamientos que la propia ley contempla) le ha tomado a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador más de medio año.

Fue hasta el 19 de agosto (cuatro meses después de la aprobación de la ley) cuando se logró publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para el Procedimiento de Atención de Solicitudes de Amnistía, sin los cuales era imposible siquiera iniciar con el registro de las solicitudes que se presentaran y comenzar su análisis.

En dichos lineamientos se establece que, por cada petición presentada, se debe elaborar un expediente que, a su vez, debe terminar en un proyecto de resolución elaborado por una secretaría técnica. Luego la Comisión de Amnistía debe sesionar formalmente para aprobar o rechazar los proyectos que le presente la secretaría. Dicha comisión, hasta ahora, solo ha tenido una sesión y fue la de su instauración en junio pasado.

“Ha sido bastante lamentable lo que ha pasado. La ley se aprueba en el contexto de la pandemia con un mensaje de que va a despresurizar la prisión cuando en realidad va mucho mas allá de la pandemia: es una deuda con ciertos grupos de población y un esquema de justicia transicional, no una respuesta a la pandemia. Y sin embargo ni con el contexto de la pandemia se han entregado amnistías rápidamente, ni con la emergencia sanitaria”, dijo en entrevista María Sirvent, directora de la organización Documenta.

El balance oficial: 75 en espera de aprobación

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de información, hasta el corte de octubre pasado se habían recibido en total 762 solicitudes formales de amnistía por parte de internos que se encuentran en alguna prisión.

De ellas 75 se encuentran en proyecto de resolución, es decir, con un análisis realizado por la Secretaría Técnica de la comisión de Amnistía en donde se propone aprobar o desestimar la petición formulada.

“Del total de solicitudes recibidas hay 75 que ya cuentan con proyecto de resolución y las restantes solicitudes se encuentran en integración y análisis, por lo que hasta ahora no se ha concedido amnistía”, indica el informe de Gobernación.

Para que alguna de las 75 solicitudes se consume aun restan dos pasos que contempla la ley y los lineamientos. El primero es que la Comisión de Amnistía vuelva a sesionar para aprobar los proyectos que se le presenten. Una vez ocurrido lo anterior las peticiones que sean aprobadas en sentido favorable deberán ser enviados ante un juez federal para que este determine, de forma definitiva, si es procedente o no el perdón.

Dado que la ley contempla un periodo de cuatro meses entre que se presenta una solicitud y debe definirse, se espera que este mes la referida comisión sesione para aprobar los proyectos de resolución que estén listos.

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación detalló que de las 762 solicitudes formales que ha recibido, hay 78 donde los reos peticionarios no están procesados o condenados por ninguno de los delitos que la ley contempla para abrir la posibilidad de conceder el perdón. Por tanto, se prevé que sean desestimados.

En cuanto a las peticiones que sí están dentro del abanico de ilícitos que pueden recibir la amnistía, la mayoría corresponden a delitos contra la salud que involucran la venta de narcóticos con 452 casos. En cambio, solo se ha presentado una solicitud de una mujer procesada por aborto, y otra mas de una persona por homicidio en razón de parentesco.

Hay 230 solicitudes donde no se proporcionó detalle del delito.

La ley establece que solo los internos procesados a nivel federal pueden acceder a este beneficio. Por ello las solicitudes que correspondan a delitos del fuero común también serán rechazadas por la secretaría técnica y la comisión a cargo de este procedimiento.

Crisis en penales se agrava

Pese a que a lo largo de 2020, y sobre todo en el contexto de la pandemia, se ha tratado de despresurizar los penales federales y estatales con figuras como la libertad anticipada o condicional pare reos, la cantidad de personas en prisión ha ido en aumento.

Al cierre de septiembre pasado, según datos del cuaderno de estadística penitenciaria del gobierno federal, en el país había 214 mil 202 personas privadas de la libertad en cárceles locales o federales, que son 14 mil más que las que había al arranque del año.

La misma estadística señala que de los 294 penales que funcionan en el país hay 129 (equivalentes al 43%) que tienen problemas de sobrepoblación.

En ese contexto, la pandemia del COVID-19 ha ocasionado estragos. De acuerdo con datos del Observatorio de Prisiones, recolectados por la organización Documenta a partir de informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al cierre del pasado 22 de noviembre ya sumaban 2 mil 774 los internos contagiados con el nuevo virus, y 234 los que han fallecido por la enfermedad. 

La Ciudad de México concentra casi la mitad de los casos reportados, aunque hay varias entidades que no son transparentes en su información.

Los datos del observatorio también arrojan, a partir de la realización de diversas encuestas, que en el 51%  de los casos ni los internos ni sus familiares han recibido información sobre medidas de prevención ante la pandemia, y en el 85% de los casos no se les ha dado a conocer un protocolo en caso de que haya algún caso positivo.

Contradicciones y lentitud: especialista

La organización civil Documenta, que ha seguido de cerca la creación de la Ley de Amnistía desde la elaboración del proyecto hasta su puesta en marcha, considera que el proceso que ha llevado el gobierno en materia de política penitenciaria ha sido lento y a su vez contradictorio.

Su directora, María Sirvent, recordó que de forma paralela a la creación de esta ley la administración de López Obrador ha promovido reformas constitucionales para incrementar la cifra de delitos que ameritan prisión preventiva automática lo que, en los hechos, ha contribuido al incremento de la población en las cárceles de México

“La verdad es que tenemos que pensar que tan cierta fue esta promesa de campaña de poder darle la libertad a ciertas poblaciones cuando no solo siguen sin concederse las amnistías, sino que además se aumentan los delitos de prisión preventiva. Es un discurso un poco contradictorio”, dijo Sirvent.

La especialista cuestionó que la Comisión de Amnistía solo haya sesionado una vez hasta el momento, situación que impide que los primeros proyectos de resolución puedan ser enviados a los jueces y con ello se materialicen las absoluciones. 

Sirvent también recalcó que a nivel estatal ha sido muy lento el avance en la creación de leyes de amnistía locales, pese a que en los artículos transitorios de la ley aprobada a nivel federal se hacia un exhorto a los congresos locales para avanzar en esta materia. El que haya leyes en los estados es vital porque en México la mayoría de las personas está presa por cargos del fuero común, no del fuero federal.

“Hasta donde tenemos entendido solo Hidalgo tiene una ley ya aprobada en este tema. Hay avances en otras entidades como Ciudad de México donde hubo un parlamento abierto. Hay esfuerzos en algunos estados, pero definitivamente hace falta mayor celeridad para las leyes de amnistía en los estados. Eso es una obligación”, dijo.

Pero más allá de ello la especialista insistió en la importancia de que se materialice en los hechos lo que las leyes indiquen. “Una ley que no se implementa es estéril. No solo se tarta de que exista sino de que funcione, sea expedita. No importa que haya ley de amnistía si siete meses después no ha beneficiado a nadie ni siquiera en el contexto de una emergencia sanitaria”, concluyó.

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Qué tanto contamina el bitcoin, la moneda que consume más electricidad que Finlandia, Suiza o Argentina

La minería del bitcoin utiliza gigantescas cantidades de energía para mantener funcionando servidores que trabajan día y noche en busca de la divisa digital. Pero.... ¿proviene toda esa energía de combustibles fósiles?
22 de febrero, 2021
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Bitcoins

Getty Images
En las últimas semanas el precio del bitcoin ha llegado a máximos históricos.

Si el bitcoin fuera un país, consumiría más electricidad al año que Finlandia, Suiza o Argentina, según un análisis del Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge (CCAF, por sus siglas en inglés).

Eso ocurre porque el proceso de “minar” la criptomoneda -utilizando gigantescos servidores que no cesan de trabajar- consume mucha energía.

Según los investigadores, la minería de bitcoins utiliza cerca de 121,36 teravatios-hora (TWh) de electricidad al año, un récord que provoca un fuerte impacto en el medioambiente y supera a una larga lista de países.

El tema volvió al debate luego que Elon Musk, a través de su empresa de autos eléctricos Tesla, reportó la compra de US$1.500 millones en bitcoin, disparando el precio de la divisa y encendiendo críticas por la contaminación que genera.

Esta última subida del precio del bitcoin -que ha seguido una meteórica tendencia alcista en los últimos meses- le ha dado nuevos incentivos a los mineros de la divisa para hacer funcionar más y más ordenadores con el objetivo de generar más criptomonedas.

A medida que sube el precio del bitcoin, sube el consumo de electricidad, dice Michel Rauchs, investigador del CCAF, donde crearon una herramienta en línea que permite hacer este tipo de cálculos.

“Realmente es por su diseño que el bitcoin consume tanta electricidad”, le explica Rauchs a la BBC. “Esto no es algo que cambiará en el futuro, a menos que el precio de bitcoin baje significativamente”.

Los investigadores trabajan con el Índice de Consumo Eléctrico del Bitcoin de Cambridge (CBECI, por sus siglas en inglés), el cual provee estimaciones en tiempo real sobre cuánta electricidad consume la generación de la divisa.

El bitcoin usa más energía que Argentina. Si el bitcoin fuera un país, estaría entre los 30 países que más utilizan energía en el mundo. Uso nacional de energía en teravatios-hora (TWh).

Este índice funciona con base en un modelo que asume que las máquinas utilizadas para minar en el mundo funcionan con distintos niveles de eficiencia.

Siguiendo la relación entre un precio promedio de electricidad por kilovatio hora (US$0.05) y la demanda de energía de la red bitcoin, la herramienta estima cuánta electricidad se consume en un momento dado.

“El bitcoin es anti eficiente”, dice David Gerard, autor del libro “Attack of the 50 Foot Blockchain”.

“Es muy malo que toda esta energía se desperdicie literalmente en una lotería”.

¿Por qué el bitcoin consume tanta electricidad?

Las máquinas dedicadas a “minar” o extraer bitcoins, son ordenadores especializados que se conectan a la red de criptomonedas.

Su trabajo es verificar las transacciones realizadas por las personas que envían o reciben la divisa, en un proceso que implica resolver complejos acertijos matemáticos.

Granja de minado en Islandia.

Getty Images
Los lugares donde se ha ce la minería del bitcoin consumen gigantescas cantidades de electricidad.

Como recompensa, los mineros ocasionalmente reciben pequeñas cantidades de bitcoin en lo que a menudo se compara con una lotería.

Para aumentar las ganancias, los mineros conectan una gran cantidad de computadores, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de conseguir bitcoin.

Y como los computadores trabajan casi día y noche para completar los rompecabezas, el consumo eléctrico es muy alto.

El consumo eléctrico vs la huella de carbono

Existe una gran diferencia entre el consumo de energía y la huella de carbono, argumenta Nic Carter, socio fundador de la firma de capital de riesgo Castle Island Ventures, especilizada en el sector de blockchains (cadenas de bloques).

“Si miramos solamente el consumo de energía no estamos contando toda la historia”, le dice a BBC Mundo.

hOMBRE MINANDO BITCOINS

Getty Images
En las provincias chinas de Sichuan y Yunnan los mineros del bitcoin utilizan energía hidroeléctrica excedente.

Aunque es cierto que la mayor parte de la electricidad se produce a partir de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas -que son altamente contaminantes- también se utilizan energías renovables (como la hidroeléctrica o la eólica) o energía nuclear.

Entonces, si bien importa el nivel de consumo de electricidad, también hay que tomar en cuenta cómo se genera aquella electricidad, apunta Carter.

Por ejemplo, señala, hay mineros en China que aprovechan la energía hidroeléctrica excedente en las represas. Si no la usaran, esa energía simplemente se perdería.

Eso explica por qué la minería del bitcoin se ha expandido tanto en las provincias de Sichuan y Yunnan.

Otro caso ocurre cuando algunos mineros capturan el metano descargado o quemado (que es un subproducto de la extracción de petróleo) y lo utilizan para generar la electricidad que requieren sus computadoras.

sÍMBOLO DE BITCOIN EN VITRINA

Getty Images
“Es muy malo que toda esta energía se desperdicie literalmente en una lotería”, dice David Gerard.

Muchos activistas consideran que esos ejemplos son casos puntuales que no le quitan la responsabilidad ambiental a la industria del bitcoin.

De todos modos, Carter advierte que la minería del bitcoin se acabará en unos años, puesto que el sistema fue diseñado de tal manera que los acertijos matemáticos que resuelven las computadoras llegarán a su fin.

“Este proceso está completado en un 88%, apunta, lo que en la práctica significa que cada vez se hace más difícil seguir minando.

Sin embargo, en la medida que el precio siga disparándose, es probable que el consumo energético también aumente.


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