México no ha cumplido mandatos de la Corte IDH para capacitar a militares
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Cuartoscuro

México no ha cumplido con mandatos de la Corte IDH para capacitar a militares en derechos humanos

De acuerdo con diversas organizaciones, ninguna de las instituciones de fuerzas federales ha cumplido con la obligación de capacitar a sus elementos en materia de derechos humanos.
Cuartoscuro
10 de diciembre, 2020
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El Estado Mexicano no ha cumplido con su obligación de capacitar y formar en materia de derechos humanos a los miembros de las Fuerzas Armadas en el país, de acuerdo con el informe “Falsas salvaguardas: Las capacitaciones de las fuerzas armadas en derechos humanos y género (2010-2019)”, elaborado por las organizaciones Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta.

Según el informe, a 10 años de las sentencias por los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú contra México, el Estado Mexicano sigue sin cumplir con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre  la implementación “en un plazo razonable, de un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos, dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas”.

Dicha sentencia se suma a otra pendiente de hace dos años del caso Alvarado Espinoza, en la que se pide a México “continuar con las capacitaciones en derechos humanos dirigidas a las Fuerzas Armadas”.

Para dar seguimiento a estas sentencias, las organizaciones antes mencionadas iniciaron un monitoreo del cumplimiento de las responsabilidades internacionales establecidas, a través de diversas solicitudes de acceso a la información pública a las instituciones castrenses del país, incluida la Guardia Nacional.

De acuerdo con las organizaciones, “ninguna de las instituciones a las cuales solicitamos información cumple con cabalidad con la obligación de contar con programas de capacitación y de efectivamente capacitar a todo su personal”.

El informe señala que de las instituciones consultadas, ni la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), ni la Secretaría de Marina (SEMAR), ni la Guardia Nacional “cuentan con evidencia completa que permita evaluar el resultado de las capacitaciones que sí se llevaron a cabo”.

Refieren que en el mejor de los casos, las respuestas a las solicitudes de información solo les permitieron conocer el número de personas capacitadas, “pero ninguna institución es capaz de responder con evidencia de qué se trató exactamente la capacitación que recibió su personal”.

Las dependencias tampoco fueron capaces de mostrar los mecanismos que utilizan para medir el éxito de las capacitaciones”.

12 cursos en 7 años

Las organizaciones señalan que en sus respuestas, “la Sedena reportó 12 cursos y 62 videoconferencias en derechos humanos impartidas a lo largo de siete años —entre 2013 y 2019—.

Las capacitaciones en temas específicos de derechos humanos —como son los derechos de las mujeres, los derechos de personas LGBT+, los derechos de personas con discapacidad, entre otros— son incluso menos”.

No solo eso. En todo este tiempo, revela el informe, “solo hicieron referencia a una única capacitación en derechos de las personas indígenas”, pese a que la Corte IDH explícitamente ordenó realizar capacitaciones en este tema.

La Sedena tampoco proporcionó información sobre los temarios o contenidos de las capacitaciones y las personas que las imparten.

“La SEDENA ha gastado cientos de millones de pesos en actividades de capacitación de las que responde no tener registro alguno. Peor aún: ha declarado no contar con ninguna evidencia documental, de actividades para las cuales tiene registro, al menos parcial, en información que se encuentra públicamente disponible en su página web. En ese sentido, consideramos que no se ofreció información suficiente para asegurar que las capacitaciones que sí han llevado a cabo sirvan para garantizar que las injusticias cometidas contra Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes no se repitan”.

“Dicen que hacen un examen, que sus supervisores evalúan que lo aprendido se implemente con la ciudadanía, pero eso no lo sabemos… (sus respuestas) muestran una profunda opacidad de la SEDENA o de un mal manejo de la información; sino tenemos información cómo sabemos que se cumple con las recomendaciones de la Corte (IDH)”, dijo durante conferencia de prensa Nicole Huete, de la organización Intersecta.

En el caso de la Semar, en un primer momento la institución respondió no estar obligada a implementar las recomendaciones de la Corte IDH.

“Si bien la SEMAR afirma contar con un curso permanente de capacitación en derechos humanos, este no incluye los criterios mínimos ordenados por la Corte IDH para garantizar la no repetición. Además, no pudo proporcionar información precisa y desagregada por cargo y por área acerca del personal que asiste a las actividades de capacitación ni proporcionó información acerca de la duración de las actividades reportadas. Tampoco fue capaz, realmente, de proporcionar las cartas descriptivas y temarios de las mismas”.

La Guardia Nacional, por su parte, cuya integración está compuesta por militares y civiles, “presentó resultados similares a las anteriores instituciones”.

“En el mejor de los casos, sólo 7 de cada 100 elementos de la Guardia Nacional han sido capacitados en materia de derechos humanos a través de los cuatro escalones del Curso de Formación Inicial Homologado, un curso que, en teoría, debería ser obligatorio para todos los elementos”, dijo Alicia Franco de Data Cívica.

En el informe se destaca que la Guardia Nacional, al igual que las demás instituciones de las fuerzas armadas, “no fue capaz de brindarnos información sobre los temas específicos que se imparten en los cursos que presumen, así como los cargos de quienes las recibieron, ni el tipo de capacitaciones que brindaron, cartas descriptivas, temarios ni personal docente. Tampoco proporcionó evidencia sobre los mecanismos de evaluación que utilizan para garantizar que estas capacitaciones cumplieron con sus objetivos”.

A manera de conclusión, las organizaciones destacan que la falta de evaluación de las capacitaciones que se imparten a las fuerzas armadas en materia de derechos humanos, así como la imposibilidad que existe de fiscalizarlas de forma independiente, “es particularmente preocupante porque se continúa recurriendo a las capacitaciones del personal casi por inercia y sin que sepamos, con base en evaluaciones y evidencia, que están funcionando para lo que se sostiene que deberían funcionar”.

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Por qué acumular grasa corporal nos hace más vulnerables al COVID

El exceso de grasa en el cuerpo provoca problemas de suministro, de distribución y de entrada de aire que nos hacen más propensos a sufrir todo tipo de infecciones respiratorias, entre ellas la covid-19.
19 de enero, 2022
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Seguro que conoces la historia contada en “La ilíada” de Homero. Relata cómo los griegos, después de varios años intentando conquistar Troya, lograron su propósito gracias a un enorme caballo de madera en cuyo interior se ocultaron sus soldados.

Aprovechando la oscuridad de la noche, asaltaron la ciudad desde dentro.

Pues bien, parece que nuestro enemigo el SARS-CoV-2 ha encontrado un caballo de Troya inesperado en nuestro interior que le ayuda en su lucha: nuestra grasa corporal.

Un caballo de Troya para la infección por coronavirus

El SARS-CoV-2 entra en las células del organismo cuando una proteína de su envoltura, la llamada spike o proteína S viral, se une con la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, molécula de la membrana de varios tipos de células humanas.

En el fenotipo obeso, la expresión de estas moléculas de membrana en el tejido adiposo aumenta.

Y eso convierte a la grasa en reservorio ideal del virus tras su entrada en el organismo, permaneciendo en el cuerpo de los pacientes con obesidad durante más tiempo.

Por si fuera poco, en modelos animales de obesidad se ha observado que la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 también aumenta en las células pulmonares.

Eso implica un mayor número de sitios de unión para el virus y favorece la entrada de partículas virales en el epitelio pulmonar.

La intensidad de la infección aumenta, como también la respuesta local en los pulmones, principal lugar en el que se libra la batalla para evitar el desarrollo de la covid-19.

A esto hay que añadirle que las personas con obesidad presentan un estado inflamatorio crónico de bajo grado que activa una respuesta inmune local caracterizada por la movilización de células inmunes productoras de sustancias proinflamatorias.

Esto da lugar a una respuesta inmune deficiente que aumenta la susceptibilidad a las infecciones, entre ellas la producida por el SARS-CoV-2.

Este déficit inmune, junto con la situación previa de inflamación, puede ampliar la conocida tormenta de citoquinas desencadenada tras la infección viral, produciendo un empeoramiento de los síntomas.

Por otro lado, el exceso de grasa abdominal de las personas con obesidad impide el correcto desplazamiento del diafragma durante la respiración, reduciendo la capacidad pulmonar y generando dificultades que predisponen al desarrollo de infecciones respiratorias.

Obesidad

Getty Images

De hecho, no es la primera vez que la obesidad se define como factor de riesgo en las infecciones causadas por virus respiratorios.

En 2009, durante la pandemia causada por el virus influenza H1N1, la obesidad se asoció con un incremento en el riesgo de hospitalización e ingreso en la UCI tras la infección vírica.

Atascos y problemas de abastecimiento

Imaginemos el cuerpo de una persona con obesidad como una ciudad amurallada.

La alta cantidad de tejido adiposo disregulado que contiene hace que, en condiciones normales, la ciudad sufra una obstrucción en las vías de suministro (por hipertensión, aterosclerosis o patologías cardiovasculares).

Pero también dificultades con el suministro y la gestión de los alimentos (resistencia a la insulina y diabetes) y con la entrada de aire (por dificultades respiratorias).

El acceso esta ciudad, ya de por sí debilitada y enferma, sería relativamente fácil para un invasor como el causante de la covid-19, puesto que el tejido adiposo se comportaría como un caballo de Troya.

Es decir, serviría de refugio al nuevo enemigo. Quien, dicho sea de paso, se encontraría con más puertas de entrada en la zona verdes de suministro de aire de la ciudad (el pulmón, en nuestro cuerpo).

El desastre sería absoluto. Sobre todo porque cuando los soldados del ejercito inmune de la ciudad tratasen de expulsar al enemigo, su respuesta deficitaria provocaría aún más daños “urbanos” como consecuencia de la tormenta de citoquinas.

Además, al atacar al caballo de Troya (nuestro tejido adiposo), invadido por el virus, se produciría muerte adipocitaria.

Y las calles de la ciudad se llenarían de residuos (gotas de grasa), que las taponarían y nos predispondrían a desarrollar el síndrome del embolismo graso. Un síndrome que dispara la probabilidad de sufrir un evento trombótico.

Esto generaría aún mayores problemas de circulación de mercancías y distribución de alimentos.

En resumen, el exceso de grasa corporal no hace si no empeorar los síntomas de la infección por SARS-CoV-2 e incrementar el riesgo de hospitalización y muerte.

Ilustración de coronavirus

Getty Images
El coronavirus puede permanecer más tiempo en el cuerpo de los pacientes con obesidad.

Las “ciudades” viejas y de sexo femenino sufren más

Cuando la ciudad afectada por obesidad es de sexo masculino, la distribución del tejido adiposo a nivel visceral es mayor.

Eso provoca un incremento de citoquinas proinflamatorias que conduce a una mayor activación de las células inmunes, lo que hace a los hombres presentar un mayor riesgo de desencadenamiento de la famosa tormenta de citoquinas responsable del empeoramiento y agravamiento de los síntomas de la COVID-19.

Con todo y con eso, parece que el efecto devastador de la enfermedad en el largo plazo es mayor cuando esa ciudad pertenece al sexo femenino.

Ahora que ha pasado tiempo suficiente para ver las secuelas de la enfermedad, se ha podido comprobar que, dentro de los factores de riesgo de síndrome post-covid-19 , tener obesidad y ser mujer predispone a presentar covid persistente.

Siguiendo con el símil, desde el inicio de la pandemia se ha observado que ciudades más envejecidas (mayores de 55 años) tendrían más riesgo de ser totalmente destruidas por la invasión (mayor mortalidad).

Incluso en caso de personas con normopeso. Sin embargo, ya desde el principio de la pandemia observamos que la “ciudad obesa” joven sufría igual los efectos que “ciudades normopeso” de mayor edad.

Todo ello explica la mayor propensión de las personas con obesidad a desarrollar la infección por SARS-CoV-2 con síntomas más graves y necesitar hospitalización, ventilación mecánica y cuidados intensivos.

También explica por qué las personas con obesidad suelen requerir una hospitalización prolongada y tratamientos más intensos: tardan más tiempo en eliminar la presencia del virus.

Más a largo plazo, la presencia de obesidad aumenta el riesgo de desarrollar secuelas crónicas de covid-19.

Visto lo visto, deberíamos reflexionar sobre la necesidad de realizar importantes esfuerzos, tanto a nivel personal como desde todos los estamentos implicados, para implementar todas las medidas que ayuden a paliar la actual epidemia de obesidad.

*Marta Domínguez Álvaro es investigadora postdoctoral en enfermedades crónicas, de la Universidad Camilo José Cela y Silvia Salado Font es directora de la OTRI, Universidad Camilo José Cela. Este artículo se publicó en The Covnersation. Puedes leer la versión original aquí.


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