ONU pide información a México sobre represión a víctimas en Guanajuato
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Grupos de la ONU piden información a México sobre represión contra colectivos de víctimas en Guanajuato

Piden información sobre la detención de tres familiares y una activista durante una protesta celebrada en julio. Una jueza pidió continuar las investigaciones por abuso de autoridad después de que la FGE archivó la causa.
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3 de diciembre, 2020
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Representantes de diversos grupos de trabajo de la ONU dirigieron a México una comunicación en la que se interesan por la represión sufrida por colectivos de familiares de desaparecidos que se manifestaban Guanajuato cuando fueron reprimidos por policías estatales.

En su escrito, los representantes del organismo internacional piden información sobre la detención que sufrieron Gisela Verenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, que buscan a sus familiares desaparecidos, y la activista María del Carmen Ramírez. Las tres primeras pertenecen al colectivo A tu encuentro, mientras que la última participa de la organización Guanajuato Despertó. Todas ellas estaban manifestando el pasado 10 de julio contra el nombramiento de Héctor Alonso Díaz Ezquerra como comisionado estatal de búsqueda cuando fueron golpeadas y posteriormente detenidas por los agentes. 

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos solicitaron información sobre los hechos ocurridos en aquella protesta, así como detalles sobre “la debida investigación de los hechos, y en su caso sanción a los elementos que hubieran incurrido en faltas administrativas o delitos en el operativo llevado a cabo el 10 de julio de 2020 y en las detenciones, incluyendo el abuso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad”.

Recientemente, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quiso archivar las investigaciones contra los policías. Sin embargo, la jueza Liliana Martínez Sandoval revocó esta decisión y ordenó que se reactive la investigación para determinar si hubo abuso de autoridad, así como revisar la cadena de mando para saber quiénes fueron los responsables. 

Las acusaciones contra las mujeres fueron retiradas tres meses después de los hechos. En un principio, los colectivos acordaron levantar el plantón que mantenían en Guanajuato a cambio de que el gobierno de Diego Sinhué organizara mesas de diálogo y retirara los cargos. Sin embargo, las mujeres tuvieron que pasar varios meses con la acusación encima. 

Sobre esta detención, los representantes de la ONU piden “informaciones detalladas sobre la base legal del arresto de las defensoras”. “En particular, sírvase indicar en qué medida el arresto y la privación de libertad de estas personas son compatibles con las normas contenidas en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, indican.

Además, reclaman datos sobre las investigaciones penales que se condujeron contra las activistas y “sobre las medidas de reparación del daño ocasionado por las violaciones y hechos descritos”. 

El documento está fechado a 1 de octubre y da 60 días a México para responder. El plazo ya ha expirado pero hasta el momento no se han hecho públicas las alegaciones gubernamentales. A partir de aquí, el organismo internacional podría decidir emitir recomendaciones o incluir estos hechos en el informe anual que redacta el Consejo de los Derechos Humanos. 

Así sucedió la protesta

Los hechos tuvieron lugar el 10 de julio de este año en el contexto de un plantón instalado por colectivos de desaparecidos en Guanajuato. Durante una protesta, las activistas fueron interceptadas por policías estatales que las golpearon y jalonearon. Cuatro de ellas resultaron detenidas. 

“Me siento destrozada, desilusionada, decepcionada. Todos los sentimientos. Si las autoridades nos hacen esto, ¿quién nos va a ayudar?”, explicó entonces Verónica Durán, de 49 años, en entrevista con Animal Político. Relató que estaba protestando de forma pacífica cuando agentes uniformadas la rodearon, la golpearon y la introdujeron un vehículo junto a varias compañeras. 

“Nos jaloneaban del cabello y de los brazos. Cuando estábamos al frente, policías nos pegaban en las piernas con la macana”, denunció. 

“Es muy relevante que se de esta comunicación y da cuenta de la situación tan grave que se vive en Guanajuato, donde no solo hay una crisis de desaparición forzada y forense, sino que cuando las familias se organizan, son reprimidas”, dijo Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Según explicó, esta comunicación de la ONU pide que “cesen las violaciones a los Derechos Humanos, que cese la criminalización y no quede en impunidad”. Recordó la abogada que las familiares de desaparecidas tienen derecho no solo a participar en los procesos de búsqueda, sino a “no ser criminalizadas”. 

Publicado por A Tu Encuentro en Lunes, 10 de agosto de 2020

 

La protesta tuvo lugar en un contexto de grave crisis por la violencia en Guanajuato. En julio el gobierno de Sinhué ni siquiera reconocía la existencia de desaparecidos o fosas clandestinas, aunque posteriormente tuvo que asumir que el estado se encuentra a la cabeza del país también en personas a las que se busca o en enterramientos clandestinos. En agosto, Animal Político reveló que el cálculo llegaba hasta los 2 mil desaparecidos. A finales de octubre se hicieron públicos los primeros hallazgos de fosas en Salvatierra. Un escenario terrible que mujeres como las que fueron detenidas y golpeadas por la policía de Guanajuato llevan meses denunciando. 

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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