ONU pide información a México sobre represión a víctimas en Guanajuato
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Grupos de la ONU piden información a México sobre represión contra colectivos de víctimas en Guanajuato

Piden información sobre la detención de tres familiares y una activista durante una protesta celebrada en julio. Una jueza pidió continuar las investigaciones por abuso de autoridad después de que la FGE archivó la causa.
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3 de diciembre, 2020
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Representantes de diversos grupos de trabajo de la ONU dirigieron a México una comunicación en la que se interesan por la represión sufrida por colectivos de familiares de desaparecidos que se manifestaban Guanajuato cuando fueron reprimidos por policías estatales.

En su escrito, los representantes del organismo internacional piden información sobre la detención que sufrieron Gisela Verenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, que buscan a sus familiares desaparecidos, y la activista María del Carmen Ramírez. Las tres primeras pertenecen al colectivo A tu encuentro, mientras que la última participa de la organización Guanajuato Despertó. Todas ellas estaban manifestando el pasado 10 de julio contra el nombramiento de Héctor Alonso Díaz Ezquerra como comisionado estatal de búsqueda cuando fueron golpeadas y posteriormente detenidas por los agentes. 

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos solicitaron información sobre los hechos ocurridos en aquella protesta, así como detalles sobre “la debida investigación de los hechos, y en su caso sanción a los elementos que hubieran incurrido en faltas administrativas o delitos en el operativo llevado a cabo el 10 de julio de 2020 y en las detenciones, incluyendo el abuso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad”.

Recientemente, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quiso archivar las investigaciones contra los policías. Sin embargo, la jueza Liliana Martínez Sandoval revocó esta decisión y ordenó que se reactive la investigación para determinar si hubo abuso de autoridad, así como revisar la cadena de mando para saber quiénes fueron los responsables. 

Las acusaciones contra las mujeres fueron retiradas tres meses después de los hechos. En un principio, los colectivos acordaron levantar el plantón que mantenían en Guanajuato a cambio de que el gobierno de Diego Sinhué organizara mesas de diálogo y retirara los cargos. Sin embargo, las mujeres tuvieron que pasar varios meses con la acusación encima. 

Sobre esta detención, los representantes de la ONU piden “informaciones detalladas sobre la base legal del arresto de las defensoras”. “En particular, sírvase indicar en qué medida el arresto y la privación de libertad de estas personas son compatibles con las normas contenidas en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, indican.

Además, reclaman datos sobre las investigaciones penales que se condujeron contra las activistas y “sobre las medidas de reparación del daño ocasionado por las violaciones y hechos descritos”. 

El documento está fechado a 1 de octubre y da 60 días a México para responder. El plazo ya ha expirado pero hasta el momento no se han hecho públicas las alegaciones gubernamentales. A partir de aquí, el organismo internacional podría decidir emitir recomendaciones o incluir estos hechos en el informe anual que redacta el Consejo de los Derechos Humanos. 

Así sucedió la protesta

Los hechos tuvieron lugar el 10 de julio de este año en el contexto de un plantón instalado por colectivos de desaparecidos en Guanajuato. Durante una protesta, las activistas fueron interceptadas por policías estatales que las golpearon y jalonearon. Cuatro de ellas resultaron detenidas. 

“Me siento destrozada, desilusionada, decepcionada. Todos los sentimientos. Si las autoridades nos hacen esto, ¿quién nos va a ayudar?”, explicó entonces Verónica Durán, de 49 años, en entrevista con Animal Político. Relató que estaba protestando de forma pacífica cuando agentes uniformadas la rodearon, la golpearon y la introdujeron un vehículo junto a varias compañeras. 

“Nos jaloneaban del cabello y de los brazos. Cuando estábamos al frente, policías nos pegaban en las piernas con la macana”, denunció. 

“Es muy relevante que se de esta comunicación y da cuenta de la situación tan grave que se vive en Guanajuato, donde no solo hay una crisis de desaparición forzada y forense, sino que cuando las familias se organizan, son reprimidas”, dijo Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Según explicó, esta comunicación de la ONU pide que “cesen las violaciones a los Derechos Humanos, que cese la criminalización y no quede en impunidad”. Recordó la abogada que las familiares de desaparecidas tienen derecho no solo a participar en los procesos de búsqueda, sino a “no ser criminalizadas”. 

Publicado por A Tu Encuentro en Lunes, 10 de agosto de 2020

 

La protesta tuvo lugar en un contexto de grave crisis por la violencia en Guanajuato. En julio el gobierno de Sinhué ni siquiera reconocía la existencia de desaparecidos o fosas clandestinas, aunque posteriormente tuvo que asumir que el estado se encuentra a la cabeza del país también en personas a las que se busca o en enterramientos clandestinos. En agosto, Animal Político reveló que el cálculo llegaba hasta los 2 mil desaparecidos. A finales de octubre se hicieron públicos los primeros hallazgos de fosas en Salvatierra. Un escenario terrible que mujeres como las que fueron detenidas y golpeadas por la policía de Guanajuato llevan meses denunciando. 

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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