Tortura e impunidad siguen: FGR resuelve 3 de 1,259 casos en el sexenio
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La tortura sigue y la impunidad también: FGR esclarece 3 de 1,259 casos en este sexenio

Aunque el presidente sostiene que ya no se permiten ni la tortura ni la impunidad, la Fiscalía responsable sigue recibiendo denuncias de nuevos casos en contra de agentes de su gobierno, sin que casi ninguno se haya resuelto.
Cuartoscuro
11 de diciembre, 2020
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En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las que ya existían antes, elevó la cifra de casos abiertos por este delito grave a más de 1,259. De todos esos casos, solo tres fueron enviados ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria en el mismo periodo.

Sin embargo, cerca de la mitad de esas carpetas de investigación fueron integradas por la Fiscalía a un archivo “temporal”, decretando que no le tocaba investigar, o determinando que no había elementos suficientes para proseguir con la indagatoria en contra de los probables responsables.

Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia. Inicialmente la FGR pretendió ocultar la estadística de casos resueltos alegando que no contaba con ella, pero luego de la interposición de una queja ante el INAI accedió a revelar parcialmente los datos solicitados, sin identificar a las corporaciones denunciadas.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en varias ocasiones desde que comenzó su sexenio que ya no se tolera ni permite la tortura y la impunidad, los datos oficiales muestran lo opuesto: las denuncias por tortura siguen llegando, mientras que solo en el 0.2% de los casos se ha identificado y procedido contra los funcionarios involucrados.

De acuerdo con el informe entregado por la FGR, de diciembre de 2018 a julio de 2020, se iniciaron 522 nuevas carpetas de investigación por delitos de tortura en contra de servidores públicos federales (civiles o militares). Aunque los datos se entregaron el 27 de noviembre, la Fiscalía no proporcionó la información de los últimos cuatro meses.

Lo anterior corresponde a un promedio de 25 nuevos casos de tortura a nivel federal reportados al mes en el actual sexenio. Si bien no se detalla quién presentó las denuncias, en muchas ocasiones el reporte proviene de los jueces federales ante los que se ponen a disposición a las personas detenidas. Por ley, ley FGR esta obligada a investigar de oficio los casos.

¿Qué ha pasado con estas nuevas investigaciones y con las que ya existían anteriormente? De acuerdo con la relación proporcionada por la FGR, de un total de 1 mil 259 carpetas de investigación en curso, se han “resuelto” de alguna manera 620 casos que equivalen al 49.2% de los casos.

Ello significa que hasta el cierre de julio había 639 carpetas de investigación que seguían “en trámite”, es decir, que estaban abiertas y en desarrollo sin ningún tipo de resolución.

¿Cómo se han “resuelto” los casos?

Aunque la FGR reporta haber tomado alguna determinación en casi el 50% de las carpetas de investigación iniciadas por tortura, los datos reflejan que —en realidad— solo en tres casos las indagatorias avanzaron lo suficiente para presentar una imputación ante un juez en contra de los probables responsables.

Solo se esclareció con una acusación ante el juez el 0.2% de todas las carpetas trabajadas en el actual sexenio. Son los casos denominados como “judicializados”.

De estos casos esclarecidos, en uno se presentó la acusación sin detenido, mientras que en los otros dos sí se detuvo y vinculó a proceso a los probables responsables. Se trata de tres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tres elementos de la extinta Policía Federal imputados por ese delito.

En resto de los casos “resueltos”, la FGR decidió dar carpetazo a los casos sin concluir las investigaciones.

La respuesta fue declararse “incompetentes” por causas internas o externas para seguir con la indagatoria, lo que ocurrió en 427 de las carpetas que se habían iniciado. En otros 145 expedientes la vía fue decretar el “no ejercicio de la acción penal”, es decir, concluir que no había evidencia suficiente para proceder en contra de alguien por la tortura denunciada.

En tanto, en 21 casos iniciados, el Ministerio Público Federal responsable determinó enviar los expedientes al “archivo temporal”, que es una forma de no cerrar el asunto, pero sí detener las indagatorias hasta que surja alguna nueva pista.

A ellos se suman 20 casos más donde la “solución” fue acumular los expedientes por tratarse de hechos similares o relacionados con otras carpetas de investigación que siguen en curso.

Finalmente, en cuatro casos, FGR optó por “abstenerse de investigar”, que es una vía que le permite la ley para cerrar un caso sin esclarecer nada.

Animal Político también requirió a la FGR el dato de las sentencias condenatorias obtenidas por el delito de tortura, pues de acuerdo con la ley y con los especialistas, un caso solo puede considerarse totalmente resuelto cuando hay una condena en firme en contra del probable o probables responsables.

La respuesta recibida arroja que de diciembre de 2018 a julio de 2020 solo se consiguió obtener una sentencia condenatoria, que corresponde al caso de los tres expolicías federales procesados por dicho delito.

Si se compara este único caso cerrado con una sentencia condenatoria respecto al universo completo de investigaciones iniciadas en sexenio, significa que la FGR ha tenido un nivel de eficacia del 0.07% en el esclarecimiento total de las torturas que ha indagado.

Información incompleta 

La información sobre denuncias por casos de tortura atendidas y resueltas fue requerida desde julio  a la FGR, pero fue entregada, de manera incompleta, hasta el 27 de noviembre pasado.

Luego de diversos atrasos por la pandemia, la Fiscalía otorgó una primera respuesta a este medio fechada el 7 de septiembre en la que solo proporcionaba los datos de carpetas de investigación iniciadas, pero sin detallar ninguno de los otros datos solicitados, como casos resueltos, y las corporaciones o dependencias a las que pertenecían los funcionarios implicados.

Tras una queja presentada ante el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y que continúa bajo análisis, la FGR envió una respuesta complementaria fechada el 27 de noviembre en la que desglosa el balance relacionado con la determinación de las carpetas y el sentido de las mismas, así como los datos de casos judicializados y sentenciados.

No obstante, la Fiscalía aún no proporciona los datos respecto a las instituciones o corporaciones responsables de los casos denunciados.

¿Por qué la ineficacia en FGR?

La baja eficacia en la resolución de casos de tortura es un padecimiento que la Fiscalía arrastra desde hace varios años. En 2017, por ejemplo, este medio publicó que la entonces PGR había resuelto menos del 1% de mas de 10 mil averiguaciones previas iniciadas por dicho delito en el periodo de 2012 y 2016.

Pero este fenómeno no se limita solo al delito de tortura. El 28 de enero pasado la Fiscalía entregó un informe al Congreso en el que reconocía que había conseguido esclarecer, en promedio, solo 1 de cada 100 carpetas de investigación en curso por delitos graves como desapariciones forzadas, trata de personas o ilícitos contra migrantes.

De acuerdo con especialistas y organizaciones agrupadas en el denominado “Colectivo contra la Impunidemia”, lo anterior es resultado de problemas estructurales que acarrea la FGR y que pasan por la falta de estrategias para investigar fenómenos macrocriminales, deficiencias en cantidad y calidad de los recursos humanos, ausencia de protocolos, problemas de comunicación entre áreas, corrupción, entre otros.

Aunque en enero de 2019 la entonces PGR se transformó oficialmente en la nueva Fiscalía general y se promulgó una nueva ley con otro modelo de organización que buscaba incrementar la eficiencia de la institución, en los hechos la institución ha seguido operando casi de la misma manera.

Según un informe del colectivo, esto es consecuencia de que la administración del fiscal General Alejandro Gertz no ha puesto en marcha la mayor parte de las disposiciones que contempla la nueva ley, incluyendo el diseño de un plan de persecución penal que encamine todos los esfuerzos de la fiscalía para atacar los grandes fenómenos delictivos.

De hecho, esta semana las organizaciones criticaron en un comunicado la intención del fiscal General de promover en el Senado la derogación completa de la Ley Orgánica de FGR en vez de haber intentado aplicarla.

Mientras eso sucede la Fiscalía acumula múltiples investigaciones por casos de tortura, entre las que destacan casos de alto impacto como los cometidos en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y varios mas atribuidos al Ejército y la Marina. A ellos se suman casos que la FGR está obligada a atraer por orden judicial como el de la tortura y abusos sexuales contra mujeres en Atenco cometidos hace 14 años.

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Protestas en Cuba: 3 claves para entender las manifestaciones en la isla, las más grandes en décadas

Por primera vez en más de 60 años, miles de personas se lanzaron a las calles en una veintena de poblados y ciudades a lo largo y ancho de la isla al grito de "libertad" y "abajo la dictadura".
13 de julio, 2021
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Cuba vivió este domingo 11 de julio la mayor protesta masiva de su historia reciente.

Por primera vez en más de 60 años, miles de personas se lanzaron a las calles en una veintena de poblados y ciudades a lo largo y ancho de la isla al grito de “libertad” y “abajo la dictadura”.

Ante la extensión de las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel se presentó ante la televisión nacional para convocar a sus seguidores a salir a las calles a “enfrentar” a los manifestantes.

“La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios”, afirmó el mandatario, quien atribuyó la actual crisis que vive la isla al embargo de Estados Unidos y a medidas del gobierno de Donald Trump.

Las protestas se iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana y, desde entonces, se extendieron como chispa en polvorín por todo el país.

“Esto es por la libertad del pueblo, ya no aguantamos más. No tenemos miedo. Queremos un cambio, no queremos más dictadura”, dijo en diálogo telefónico con BBC Mundo una manifestante en San Antonio.

Manifestantes en La Habana, Cuba

Getty Images
Las protestas se iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana y, desde entonces, se extendieron como chispa en polvorín por todo el país.

Alejandro, que participó en la protesta en Pinar del Río, le contó a BBC Mundo que la protesta en su provincia se inició tras ver en redes sociales lo que estaba pasando en San Antonio de los Baños.

“Vimos la protesta en las redes y la gente empezó a salir. Este es el día, ya no aguantamos más”, dijo el joven vía telefónica.

“No hay comida, no hay medicinas, no hay libertad. No nos dejan vivir. Ya nos cansamos”, agregó.

BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa Internacional, la única institución del gobierno autorizada a dar declaraciones a medios extranjeros para conocer su posición, pero no tuvo respuesta inmediata.

Las protestas de este domingo, que fueron duramente reprimidas según muestran numerosos videos y cuentas de redes sociales, son un hecho sumamente inusual en una isla donde la oposición al gobierno no está permitida.

¿Cómo se explica entonces que miles de cubanos hayan salido a las calles de un extremo a otro de la isla?

En BBC Mundo te ofrecemos tres claves para entenderlo.

1. La crisis del coronavirus

Las protestas de este domingo en la isla parecen ser el resultado de un hartazgo acumulado de la población que se ha acrecentado en los últimos meses tras una las mayores crisis económicas y de salud que ha vivido la isla desde el llamado “periodo especial” (la crisis a inicios de los 90 tras el desplome de la Unión Soviética).

El detonante de la actual situación parece ser, de hecho, una mezcla de la gravedad de la situación con el coronavirus y medidas económicas tomadas por el gobierno que han hecho cada vez más difícil la vida en Cuba.

La isla, que mantuvo la pandemia bajo control en los primeros meses de 2020, vio en las últimas semanas un rebrote que la ha llevado a colocarse entre los lugares con más casos registrados por cantidad de población en América Latina.

Solo el domingo, la isla reportó oficialmente 6.750 casos y 31 muertes, aunque numerosos grupos opositores denuncian que las cifras no dan cuentan de la situación real y que muchos fallecimientos por covid-19 son atribuidos a otras causas.

Durante la última semana, el país ha roto sus récords diarios de contagios y muertes, lo que ha llevado, según denuncias, al colapso de numerosos centros de salud.

BBC Mundo conversó en días anteriores con varios cubanos que aseguran que sus familiares murieron en sus casas sin recibir cuidados médicos o en los hospitales por carencias de medicamentos.

Es el caso de Lisveilis Echenique, que contó que su hermano, de 35 años, murió en su casa por no haber lugar para él en los hospitales o de Lenier Miguel Pérez, que asegura que su esposa embarazada murió por lo que considera “negligencias médicas”.

Mujer en La Habana en la protesta contra el gobierno de Cuba.

Getty Images

Casos como los anteriores comenzaron a multiplicarse en las redes sociales en los últimos días y, durante el fin de semana, se llenaron de mensajes bajo las etiquetas #SOSCuba y #SOSMatanzas para pedir ayuda internacional y una “intervención humanitaria” ante la crítica situación con el coronavirus en la isla.

Miles de cubanos se sumaron a la iniciativa, a la vez que se volvieron virales varios videos de hospitales colapsados.

En su mensaje del domingo, el presidente cubano consideró que la situación actual era la misma que habían vivido otros países y que a Cuba había llegado tarde porque habían logrado mantener controlado el virus antes.

Destacó, además, que Cuba había producido sus propias vacunas contra el coronavirus (aunque la administración de las dosis todavía es limitada en la mayoría de las provincias).

2. La situación económica

Con el turismo prácticamente paralizado —uno de los motores de la economía cubana— , el coronavirus ha tenido un profundo impacto en la vida económica y social de la isla, a lo que se ha unido la emergencia de una creciente inflación, apagones, escasez de comida, medicamentos y productos básicos.

A inicios de año, el gobierno propuso un nuevo paquete de reformas económicas que, a la vez que aumentaron los salarios, dispararon los precios y economistas como Pavel Vidal, de la Universidad Javeriana de Cali, estiman que podrían subir entre el 500% y el 900% en los próximos meses.

Ante la falta de liquidez de divisas, el gobierno promovió desde el pasado año la creación de tiendas por monedas libremente convertibles, en la que se comenzaron a vender algunos alimentos y productos de primera necesidad disponibles en una moneda en las que no recibe sus salarios la mayoría de la población.

La pandemia ha sido también sinónimo de grandes colas para que los cubanos puedan comprar bienes como aceite, jabones o pollo y un tiempo los cortes de electricidad se han vuelto cada vez más frecuentes.

Un manifestante siendo arrestado en La Habana

Getty Images
En La Habana, la capital del país, los manifestantes tomaron algunas de las principales avenidas a la vez que se enfrentaban o eran reprimidos por la policía.

Los medicamentos básicos han comenzado a escasear tanto en las farmacias como en los hospitales y en muchas provincias han comenzado a vender pan hecho a base de calabaza ante la carencia de harina de trigo.

Cubanos entrevistados en la última semana por BBC Mundo aseguran que en algunos centros médicos no existen ni aspirinas para bajar la fiebre, mientras la isla ha vivido también brotes de sarna y otras enfermedades infecciosas.

El mes pasado, el gobierno decidió dejar de aceptar “temporalmente” dólares en efectivo, la principal divisa que reciben en remesas los cubanos, en una medida que es vista por economistas como la más restrictiva impuesta sobre la moneda estadounidense desde que estuvo penalizada durante por el gobierno de Fidel Castro.

El gobierno de Cuba atribuye la actual situación económica al embargo de Estados Unidos.

En su comparecencia del domingo, Díaz-Canel aseguro que este era “el principal problema que atenta contra la salud y el desarrollo de nuestro pueblo”.

3. El acceso a internet

Antes de este domingo, la mayor protesta que había tenido lugar en Cuba después del inicio de la revolución de Fidel Castro tuvo lugar en agosto de 1994 frente al Malecón de La Habana.

Manifestante en La Habana siendo arrestado

Getty Images
Policías y agentes vestidos de civil reprimieron a manifestantes.

Entonces, muchos cubanos en otras provincias ni siquiera supieron qué había pasado en la capital.

Casi 30 años después del conocido como “Maleconazo”, el escenario es muy diferente: pese que durante el gobierno de Fidel Castro el acceso a internet en la isla estuvo restringido, Raúl Castro dio pasos de apertura que conllevaron a una mayor conectividad en la isla.

Desde entonces, los cubanos han utilizado las redes sociales para denunciar su incomodidad con el gobierno al punto que han llevado en muchas ocasiones a las autoridades a responder en sus medios oficiales sobre lo que están comentado los cubanos en las redes.

Al día de hoy gran parte de la población, principalmente los jóvenes, tienen acceso a Facebook, Twitter e Instagram, que constituyen también sus principales canales de información ante el discurso oficial de los medios estatales.

El acceso a internet también ha llevado a la aparición de numerosos medios independientes que reportan sobre temas que no solían aparecer generalmente en los medios oficiales.

Las redes se han vuelto también el canal para que artistas, periodistas e intelectuales reclamen sus derechos o convoquen protestas.

Manifestantes en Little Havana, en Miami

Getty Images
Cientos de cubanos también salieron a protestar en Little Havana, en Miami.

En noviembre pasado tuvo lugar otra manifestación que se organizó a través de las redes sociales luego de que la policía irrumpiera en la vivienda de unos jóvenes artistas que realizaban una huelga de hambre.

De hecho, las redes sociales fueron también la vía en la que se esparció el domingo la noticia de la protesta en San Antonio y la forma en la que se organizó la protesta inicial.

El gobierno de Cuba asegura que las redes sociales son utilizadas por los “enemigos de la revolución” para crear “estrategias de desestabilización” que siguen manuales de la CIA.

Y aunque para muchos las protestas eran de alguna manera previsibles, lo que pasará ahora es una incertidumbre.

Cuba se está enfrentando a un escenario inédito de protestas y represión policial. Habrá que ver en los `próximos días como reacciona el gobierno… y los cubanos.


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