2020 cerró sin una amnistía concedida; hay fallas en 70% de peticiones
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2020 cerró sin una sola amnistía concedida; Gobierno acusa fallas en el 70% de peticiones

Con otros mecanismos se han liberado a poco más de tres mil personas, pero los ingresos crecen a ritmo récord y 40% de penales ya están sobrepoblados.
Cuartoscuro
1 de enero, 2021
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La Ley de Amnistía, aprobada de manera urgente por el Senado en abril para, entre otras cosas, facilitar la liberación de personas privadas de su libertad y con ello despresurizar las prisiones ante la amenaza de la pandemia sanitaria, no benefició en 2020 a ni una sola persona presa. 

El pasado 28 de diciembre, la comisión que según la ley debe aprobar la concesión de estos beneficios sesionó apenas por segunda vez en seis meses con la finalidad de analizar los primeros 181 casos. Sin embargo, ninguno de ellos fue aprobado todavía, según lo confirmado por autoridades federales a Animal Político.

No solo eso: en la sesión se reveló que hay fallas y omisiones en el 70% de las solicitudes presentadas que impiden su trámite.

Mientras tanto la situación en las cárceles se agrava. La población penitenciaria del país ha crecido a niveles récord en 2020, y de acuerdo con estimaciones de las autoridades el 2020 cerrará con casi 15 mil reos más de los que había en diciembre de 2019.

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por la Secretaría de Gobernación (Segob) y que fue puesta sobre la mesa en la sesión del comité del pasado lunes, hasta ahora se han recibido formalmente 1 mil 62 solicitudes de amnistía de parte de personas recluidas en distintos penales del país.

El problema es que, de acuerdo con el análisis de la Secretaría Técnica de la comisión, el 70% de esas solicitudes (743) carecen de la información completa que permita darles el trámite correspondiente. Según la Segob ya se ha pedido la colaboración de autoridades judiciales y penitenciarias para tratar de completar la información faltante y proceder con el trámite de las peticiones.

Lo anterior deja solo 319 solicitudes con posibilidades de ser tramitadas. De ese total en 181 casos la Secretaría Técnica ya elaboró un proyecto que fue puesto sobre la mesa en la sesión de la comisión realizada el lunes. Gobernación confirmó lo anterior a través de un comunicado, pero no informó del resultado de dicho análisis.

Funcionarios de dicha dependencia consultados directamente informaron que en la reunión no se consiguió aprobar aún ninguno de esos proyectos y que el análisis continúa, sin que haya mayores detalles. Será hasta la próxima sesión del comité -para la que no hay fecha de posible realización- donde se podrían aprobar los primeros proyectos.

Cabe señalar que la aprobación de parte del Comité de Amnistía no es el último paso para que un perdón de este tipo pueda materializarse. La ley contempla que los casos que sean resueltos favorablemente por los comisionados aún tienen que ser sometidos a consideración de jueces federales de ejecución, los cuales tienen la última definición sobre la liberación o no de una persona en prisión.

Carrera de obstáculos

La Ley de Amnistía fue una promesa de campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador que estuvo acompañada de numerosas organizaciones y especialistas. El objetivo original era comenzar la construcción de una política encaminada a terminar con el encarcelamiento de personas que no deberían estar presas como, por ejemplo, mujeres acusadas de abortar, personas detenidas con pequeñas cantidades de droga, o individuos presos que tuvieron un mal asesoramiento jurídico.

La iniciativa se aprobó en diciembre de 2019 en la Cámara de Diputados, sin embargo, al ser enviada al Senado el tema se atoró y la minuta quedó congelada.

Ante el surgimiento de la pandemia sanitaria por el COVID-19 y la alerta de que los centros penitenciarios eran un foco rojo debido a la alta concentración de personas en espacios reducidos, los senadores rescataron la minuta y en una sesión exprés la aprobaron el 20 de abril.

El argumento, según los legisladores, era que con ello se ayudaría en la tarea de despresurización de las cárceles, algo que los expertos en la materia pusieron en duda debido al alcance limitado de dicha ley que solo abarca a reos del orden federal, los cuales representan menos del 15% de la población penitenciaria.

Luego de la aprobación y entrada en vigor de la ley vino la implementación, algo que se dijo se haría sin agotar los plazos legales, pero no fue así. Problemas burocráticos y hasta de presupuesto retrasaron, por ejemplo, la creación de la Comisión de Amnistía que era el paso uno para poder poner en marcha todo lo demás. 

El acuerdo presidencial que dio pie a la puesta en marcha de la comisión se consiguió publicar hasta el 18 de junio, dos meses después de la aprobación urgente de la ley. El 23 de junio, dicha comisión sesionó por primera vez para poner el procedimiento que marcaba la ley.

Pero luego tuvieron que pasar dos meses más para la publicación de los lineamientos a través de los cuales podrían presentarse las solicitudes de amnistía, lo cual se llevó a cabo el 19 de agosto. Solo a partir de esa fecha es que se pudieron comenzar a recibir formalmente las solicitudes de internos que quisieran acceder a este beneficio.

En un oficio fechado el 15 de octubre, entregado a Animal Político en respuesta a una solicitud de transparencia, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación indicó que para ese momento acumulaba más de 760 solicitudes presentadas, de las cuales 75 contaban con un proyecto de resolución.

No obstante, la dependencia dijo que ninguna de ellas había recibido luz verde debido a que las mismas debían ser aprobadas por la Comisión de Amnistía como lo establece la ley aprobada, y para ello se requería que esta sesionara.

Finalmente, luego de seis meses de su primera reunión, la comisión presidida por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, volvió a sesionar virtualmente el pasado lunes 21 de diciembre, para analizar 181 proyectos de resolución. No obstante, ninguno de ellos fue aprobado todavía y solo se refirió que continúan bajo análisis.

Y los penales se llenan

En el año en que se buscaban despresurizar los penales del país para disminuir los riesgos de contagio por la pandemia sanitaria, la realidad ha sido totalmente contraria: 2020 cerrará como el año con el crecimiento más acelerado de población penitenciaria de la última década.

Animal Político publicó el 15 de diciembre que, de acuerdo con datos oficiales, hasta el cierre de octubre ya había casi 14 mil personas más recluidas en las cárceles del país en comparación con la población penitenciaria con la que se había cerrado el 2019. Y de acuerdo con autoridades del gabinete de seguridad federal, se esperaba cerrar 2020 con un incremento de casi 15 mil reos.

Esto ha ocasionado que los más de 16 mil espacios a nivel nacional que estaban libres en los centros penitenciarios se hayan reducido a solo 4 mil y de mantenerse el ritmo de ingresos dichos espacios podrían agotarse el próximo año. De hecho, la cifra de penales que ya están sobrepoblados por encima de su capacidad creció de 106 a 127, que equivalen al 40% de todas las cárceles.

Aunque la Ley de Amnistía no ha beneficiado aún a una sola persona, Gobernación explicó a este medio que a través de otros mecanismos como las preliberaciones anticipadas se ha conseguido sacar de las cárceles a poco más de tres mil personas. No obstante, esto no ha impedido que la sobrepoblación crezca.

Especialistas han acusado que es la propia administración federal actual con el apoyo del Legislativo, la que ha socavado los esfuerzos para despresurizar los penales al promover reformas como la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva automática lo que facilita el ingreso de personas detenidas a prisión. De hecho, actualmente hay más de 90 mil personas presas sin sentencia.

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Cómo la pesca ilegal de la 'cocaína del mar' en México amenaza la existencia de la vaquita marina

La vaquita marina se encuentra solo en México. Es el mamífero marino más amenazado del planeta y su supervivencia está más en riesgo por un choque de intereses entre la pesca y la conservación.
15 de mayo, 2021
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El explorador Jacques Cousteau decía que el mar de Cortés, en el noroeste de México, es “el acuario del mundo”.

Uno de sus tesoros es la vaquita marina, una marsopa plateada con grandes ojos de panda. Pero sus pueden estar contados por la pesca ilegal de otra especie protegida: la totoaba.

Se trata de un pez que puede crecer tan grande como una vaquita marina y que era un alimento antes de ser incluido en la lista de especies amenazadas de México.

“Lo pescábamos en los años 60 y 70”, recuerda Ramón Franco Díaz, presidente de una federación de pescadores en la localidad costera de San Felipe, en la península de Baja California.

“Entonces vinieron los chinos con sus maletas llenas de dólares y compraron nuestras conciencias”.

Los asiáticos llegaron buscando la vejiga natatoria de la totoaba, un órgano que ayuda a los peces a mantenerse flotantes. En China es muy valiosa por sus presuntas propiedades medicinales, las cuales no están comprobadas.

Según la ONG Earth League International, las vejigas natatorias secas de 10 años pueden venderse por US$85.000 el kilo en China. Los pescadores de San Felipe ganan solo una pequeña fracción, pero siendo una comunidad pobre, el negocio ha florecido por la llamada “cocaína del mar”.

Lanchas con totoaba

Sea Shepherd
Pescadores de localidades cercanas a San Felipe se han beneficiado de la extracción ilegal de totoaba.

“Los pescadores ilegales pueden ser vistos a plena luz de día con sus redes ilegales y sus totoaba”, dice Franco Díaz.

Sueltan un “muro bajo el agua”

Todas las tardes, durante la temporada, las camionetas que remolcan botes de pesca bajan por una rampa en la playa pública de la ciudad y las sueltan en el agua.

La mayoría de estas embarcaciones no tienen licencia y sus pescadores usan redes que pueden matar a la vaquita marina.

“Las redes de enmalle pueden tener cientos de metros de largo y 10 metros de alto“, dice Valeria Towns, que trabaja con una ONG mexicana, el Museo de la Ballena.

“Se convierten en un muro bajo el agua“, afirma.

Para proteger a la vaquita, este tipo de redes de enmalle están prohibidas en la parte alta del Golfo. Sin embargo, son muy utilizadas, incluso por pescadores con permisos de pesca de rodaballo o langostino.

Las más peligrosas para la vaquita marina son las redes de malla grande que se utilizan para la totoaba. “No es fácil para los mamíferos marinos liberarse de ellas, la vaquita queda atrapada”, cuenta Towns.

Una vaquita marina en una red de pesca de totoaba

PA Media
No es difícil que una vaquita marina quede atrapada en las redes usadas para pescar totoaba.

Frente a la costa de San Felipe, se supone que toda la pesca comercial está prohibida dentro del Refugio para la Protección de la Vaquita Marina, un área de más de 1.800 kilómetros cuadrados. Dentro del refugio hay una zona más pequeña de “tolerancia cero”.

El Museo de la Ballena apoya a un puñado de pescadores interesados en acabar con la dependencia de las redes de enmalle y patrocina alternativas a la pesca como el cultivo de ostras.

También es una de las ONG que retira las redes de enmalle del área protegida. Esta es una actividad que ha aumentado las tensiones entre los lugareños y los conservacionistas.

El 31 de diciembre de 2020, un pescador murió y otro tuvo heridas graves después de que su barco de pesca chocara con un barco más grande perteneciente a la ONG internacional Sea Shepherd que estaba quitando redes de enmalle.

Los hechos son controvertidos, pero el resultado fue un motín en San Felipe, donde atraca el barco del Museo de la Ballena.

Map of the protected area

BBC
Map of the Gulf of California showing the protected area

“Iban a quemar nuestro barco”, dice Towns, que estaba en el mar en ese momento, probando redes aptas para las vaquitas.

“Cuando regresé, otros pescadores que trabajan con las redes alternativas estaban defendiendo nuestro barco, diciéndoles: ‘¡Este no es su enemigo! No quemen este barco'”.

El barco se salvó, aunque quedó con algunas ventanas rotas. La Marina de México no tuvo tanta suerte, pues una de sus lanchas de patrullaje fue incendiada en el puerto.

Ahora hay una tregua incómoda.

La Marina dice que continúa patrullando y retirando las redes del santuario. Pero hay pocas ONG involucradas: el Museo de la Ballena espera un permiso para reanudar el trabajo y el barco Sea Shepherd nunca regresó a San Felipe después del incidente.

“Gente loca con armas”

La impunidad y la ausencia de fuerzas de seguridad pueden explicar por qué decenas de barcos salen de la playa de San Felipe en la búsqueda de totoaba en el santuario.

“Ni una sola autoridad los detiene”, se queja Ramón Franco Díaz. “Si te atreves a acercarte a ellos, te dispararían. El crimen organizado ha robado el mar de Cortés”.

Ramón Franco Díaz

BBC
Franco Díaz dice que es muy peligroso interferir con quienes pescan totoaba de manera ilegal.

Un hombre que antes pescaba totoaba dice: “Ahora ves a muchos locos con armas”.

Los violentos sucesos del 31 de diciembre fueron noticia internacional y pusieron a San Felipe en el centro de atención.

Ahora el gobierno mexicano está considerando propuestas que podrían gustarle a los pescadores, pero enfurecerán a los conservacionistas preocupados por el precario destino de la vaquita marina.

Uno es levantar el estatus de especie en peligro de extinción de la totoaba. Otro es legalizar la otra pesca que ya se realiza en el santuario.

“Queremos establecer diferentes zonas de pesca, por ejemplo, para la corvina y el camarón”, dice Iván Rico López, del grupo de trabajo del gobierno que explora la sostenibilidad en la parte alta del Golfo.

“El santuario es enorme. Si se mantiene la prohibición de pescar allí, los pescadores simplemente no comerían. Así que tenemos que avanzar hacia la legalización de la pesca”.

Un barco del Museo de la Ballena

BBC
El Museo de la Ballena es una de las ONG que retira las redes de enmalle del área protegida

El gobierno mexicano también ha distribuido 3.000 “suriperas”, unas redes seguras para las vaquitas marinas. Pero los pescadores se quejan de que con ellas se reducen sus capturas en un 80%.

“Tenemos que buscar formas de aumentar eso”, dice Rico López. “Estamos buscando alternativas, pero tenemos que convencer a las comunidades: si no están involucradas en la toma de decisiones, no lo lograremos”.

¿Es posible proteger a este precioso mamífero y garantizar que los lugareños sigan viviendo?

En San Felipe, el comercio ilícito de totoaba, la amenazante participación del crimen organizado y la poca diversidad económica crean una mezcla tóxica.

Lanchas en Puertecitos

Getty Images
En las localidades del algo golfo de California no hay mucha diversidad económica.

También existe una arraigada cultura de la pesca tradicional.

Valeria Towns tiene una advertencia para las familias de pescadores de San Felipe que ignoran el llamado para hacer cambios para salvar a la vaquita: “No creo que nadie vaya a comprar productos de un área donde la gente provocó la extinción de una especie”.

Después de la temporada de totoaba, ¿apostaría a que la vaquita marina sobrevivirá hasta el próximo año?

“¡Por supuesto! Siempre hay esperanza. Si no, no estaría aquí”, dice sin dudarlo.


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