Buscó asilo y terminó en manos del narco por programa Quédate en México
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Buscó asilo y terminó con el narco: llega a su fin programa que puso en riesgo a refugiados en la era Trump

El presidente Joe Biden puso fin al acuerdo por el que más de 70 mil personas fueron devueltas desde EU a México. Cerca de 30 mil tiene su caso abierto; ONG esperan que les permitan cruzar la frontera.
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Manuel fue obligado a arreglar vehículos para el narco. Durante varias semanas a finales de 2019 fue conducido diariamente a un punto del estado de Tamaulipas donde se acumulaban los coches blindados con agujeros de bala y dobles fondos en los que transportar armas y drogas. 

“Trabajaba 15, 16 horas al día. No me pagaban un peso, decían que mi pago era la seguridad, me hacían psicoterror”, explica, ya lejos de quienes fueron sus captores. 

Manuel no se llama Manuel, pero no quiere dar su verdadero nombre. Está en un punto de la frontera que tampoco quiere identificar y lleva más de un año esperando que una corte de Estados Unidos analice su caso de asilo por última vez. Huyó de la inseguridad de Venezuela y se encontró con más peligro en México. Él es uno de los más de 70 mil solicitantes de refugio afectados por el denominado “Programa de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés, o “Quédate en México”) que desde enero de 2019 obliga a quienes pidieron protección en Estados Unidos a regresar al norte de México a esperar sus citas con el juez.

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Solos y vulnerables, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños o venezolanos quedaron expuestos en un territorio que no conocen y en el que el crimen organizado impone sus reglas. La decisión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de poner fin a este programa es una esperanza para miles de ellos, que todavía aguardan en ciudades como Tijuana, Baja California; Juárez, Cihuahua; o Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las cortes están cerradas desde marzo de 2020 debido a las medidas para prevenir el contagio de COVID-19, así que lo que iban a ser meses de espera se convirtió en una condena sin fecha de cierre. Pero esta decisión, que viene en paralelo con los 100 días sin deportaciones o el fin de la construcción del muro fronterizo, les da ilusiones. 

“Fue una locura”

“Me marché porque la situación era insostenible. Participé en algunas marchas contra el gobierno, pero quien de verdad era activista era mi esposa”, dice Manuel. Residía Venezuela y asegura que sus condiciones de vida se habían degradado. Por un lado, las carencias materiales. Por otro, las amenazas de personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro. Nunca pudo imaginar cuando dejó su país que dos meses después estaría arreglando los desperfectos de un coche blindado perteneciente a una organización criminal. Su intento por escapar de la inestabilidad y la violencia le llevó al corazón del narco en México. 

Cuenta Manuel que en septiembre de 2019 decidió hacer las maletas después de varios episodios de amenaza violenta. Compró un billete para Ciudad de México, pero en la escala de Cancún, Quintana Roo, lo devolvieron a Bogotá. En su segundo intento logró su objetivo de alcanzar la capital. De ahí, directo a Tamaulipas, donde cruzó la frontera tratando de alcanzar Estados Unidos.

“Fue una locura. Entiendo la cantidad de gente que se ahoga. Si lo llego a saber no hubiese cruzado así”, explica. 

Una vez en EU, cuenta Manuel que se entregó a la Policía Fronteriza, que lo llevó a unas carpas ubicadas en Donna, Texas. Ahí lo entrevistaron y lo incluyeron en el programa “Quédate en México” que obliga a gente como Manuel, hombres y mujeres vulnerables que huyen de la violencia, a quedar abandonados en lugares violentos y donde no conocen a nadie. 

Sus compañeros de cautiverio, centroamericanos en su mayoría, le advirtieron: “me decían que cuando pusiese un pie en México me secuestrarían”.

No hizo falta.

Cuando fue empujado a México la casualidad le llevó a un hotel. Y allí, al intentar conseguir trabajo, se metió en la boca del lobo. Pero no sabía cómo huir. Nadie le protegía. Así que aguantó durante semanas trabajando de sol a sol en un taller de uno de los carteles que operan en Tamaulipas. Hasta que a finales de noviembre, aprovechando que tenía su primera cita en Estados Unidos, aprovechó para escapar. 

Lee: Cuánto se construyó del muro de Trump en la frontera con México que Joe Biden mandó parar

Manuel fio todo a que su proceso de asilo saliese bien. Y logró llegar hasta la tercera audiencia, la definitiva. El 31 de marzo era el día en el que, confiaba, un juez le permitiría quedarse en EU bajo protección. Pero diez días antes de aquella cita las fronteras se cerraron por la pandemia de COVID-19. Y las audiencias se suspendieron. Y personas como Manuel quedaron abandonadas en un territorio hostil, temerosas de que los criminales para los que tuvo que trabajar volviesen a encontrarlo. 

Desesperado, Manuel volvió a intentarlo en septiembre de 2020. Cruzó nuevamente el Río Bravo y volvió a ser interceptado por agentes estadounidenses. Les explicó su situación, les dijo que tenía miedo, les suplicó que no le obligasen a regresar a México. 

No le hicieron caso. 

El anuncio de Joe Biden de que suspenderá el programa le da esperanzas. “Confío en que abran y podamos seguir nuestro proceso en Estados Unidos. Yo ya he sufrido demasiado”, asegura. 

Ahora no hay secuestros, asegura AMLO

Esta mañana, durante su conferencia, el presidente Andrés López Obrador aseguró que su gobierno ha procurado atender bien a los migrantes y se han respetado sus derechos humanos.

Destacó que, incluso, su administración ha invertido para que se mantengan los refugios y los albergues.

“Nada que ver con lo que sucedía antes, nada que ver con que los secuestraban y los desaparecían, hemos estado pendientes y los hemos protegido”.

Dijo que tras el cambio de gobierno en EU esperarán para ver qué políticas se aplican, pues Joe Biden se comprometió a apoyar a los migrantes y “ahora debe definir si van a mantener el procedimiento del que solicita asilo se quede en México”.

El mandatario detalló que la próxima semana dará un informe sobre los migrantes y refugiados.

Un programa nacido tras la caravana de 2018

La historia de Manuel es uno de los dramas que queda en casi dos años de vigencia del programa “Quédate en México”. Desde que a finales de enero de 2019 fuese expulsado a Tijuana el hondureño Carlos Gómez Perdomo, un total de 70 mil 476 personas regresaron a México a esperar su cita con el juez de Estados Unidos. De ellos, la mayoría era de Honduras (23 mil 052 solicitantes de asilo), Guatemala (15 mil 799), Cuba (11 mil 175), El Salvador (8 mil 120), Ecuador (5 mil 900), Venezuela (2 mil 633) y Nicaragua (2 mil 329).

El programa que ahora llega a su fin fue resultado de un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. La idea comenzó a prepararse a finales de 2018, en el contexto de la llegada a México de la nueva administración y con miles de centroamericanos varados en Tijuana tras atravesar el país en caravana. La lógica de la negociación fue la misma que marcó la relación entre Washington y CDMX en temas migratorios. Trump amenazó, México acató pero, finalmente, terminó defendiendo las políticas impuestas desde Washington. 

“Tomamos estas decisiones de manera libre y soberana”; dijo el López Obrador el pasado 17 de diciembre, Día del Migrante, en relación al programa “Quédate en México”. Aquel día en su conferencia mañanera le preguntaron por el informe “En la boca del lobo” en la que diversas organizaciones documentaban las violaciones a los Derechos Humanos de los 70 mil expulsados por EU. El presidente dijo desconocer los datos del documento y prometió presentar un informe propio que, hasta la fecha, todavía no ha entregado.

Eso sí, aseguró que los derechos de los migrantes estaban siendo protegidos por México. Una afirmación que ha sido contradicha por diversos estudios elaborados por las organizaciones que trabajan sobre el terreno. Por ejemplo, Human Rights First documentó las agresiones sufridas por más de 300 migrantes a finales de 2019. Y Médicos Sin Fronteras constató efectos “devastadores” del programa y afirmó que el 80% de los migrantes que habían sido devueltos a Nuevo Laredo sufrieron algún secuestro. 

El papel del gobierno de México también fue cuestionado por instituciones internacionales. Por ejemplo, tras la revelación de Animal Político de que había organizado autobuses para trasladar a los solicitantes de asilo devueltos en Matamoros y Nuevo Laredo hasta la frontera con Guatemala. Una especie de “deportación encubierta” que fue pagada con fondos a la cooperación para Centroamérica. 

La llegada de la pandemia de COVID-19 cerró las fronteras. Desde el 21 de marzo dejaron de recibirse nuevos solicitantes de asilo y las cortes ya no celebran nuevas audiencias. Si no fuese por el coronavirus, Manuel podría estar ya en Estados Unidos. 

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca da esperanza a este venezolano. Su primera decisión fue suspender el programa “Quédate en México”. Aunque todavía falta saber qué ocurrirá con las personas que quedaron atrapadas, como Manuel. Se calcula que unas 30 mil personas tienen todavía su caso abierto. El resto o se regresó a su país o cruzó a EU como migrante irregular. Con la nueva política anunciada por la Casa Blanca, las organizaciones sociales esperan que pronto el gobierno de EU haga públicos los lineamientos que den una salida para las cerca de 30 mil personas que se calcula que todavía tienen su caso abierto. 

Animal Político consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la institución que negoció el acuerdo, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta. 

“Ha sido la política más cruel y devastadora para restringir el derecho internacional a la protección. Los dos gobiernos sabían perfectamente bien lo que podría pasar. Y dejaron varadas a 70 mil personas en situaciones de extrema vulnerabilidad donde grupos criminales se aprovecharon”, dice Gretchen Kuhner, directora del Instituto para la Mujer Migrante (Imumi), una organización que, junto a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos presentaron recientemente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los secuestros y las violaciones a los Derechos Humanos provocados por esta política.

Las consecuencias de dos años de “Quédate en México” todavía están por estudiarse. Miles de personas tuvieron su vida en suspenso y fueron víctimas de una violencia igual de brutal que aquella de la que escaparon. Entre ellos está Manuel, que solo reza para que pronto pueda rehacer su vida en un entorno sin amenazas.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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