Gobierno clasifica convenios de compra de vacunas con farmacéuticas
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Farmacéuticas exigen confidencialidad y gobierno clasifica los convenios de compra de vacunas contra COVID

La publicación de los documentos “podría causar daño en la obtención de la vacuna” alega SRE. En todo el mundo se imponen pactos que impiden revelar el precio exacto del fármaco o qué condiciones extra piden las empresas en la negociación.
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Los acuerdos firmados entre el gobierno de México y tres de las farmacéuticas que proveerán al país de vacunas contra la COVID-19 (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y CanSino) están clasificados como información confidencial y no se puede hacer público ningún dato sobre los mismos, incluyendo lo relativo a las negociaciones previas a que se firmaran los convenios.

Así lo determinó recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que alega que incumplir la cláusula que exige discreción “podrá causar daño en la obtención de la vacuna para atender a la población de la República Mexicana”. 

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Animal Político quiso conocer el contenido de los convenios anunciados en octubre pasado por el canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, todos los documentos fueron declarados como “confidenciales”. 

Este es un modelo que funciona en la industria farmacéutica antes de que la pandemia convirtiese a la vacuna en el bien más preciado por la humanidad. En todo el mundo, incluido México, se están firmando cláusulas de confidencialidad que impiden conocer detalles como el precio que se paga por la vacuna, si existen contraprestaciones exigidas por las farmacéuticas a cambio de priorizar un país u otro como quién se haría responsable en caso de que un fármaco no funcione. 

Por este motivo, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras (MSF) han reclamado transparencia como mecanismo para un acceso justo a la vacuna y evitar, por ejemplo, que los países más ricos paguen menos por cada dosis y encima puedan acaparar el mercado. 

“El convenio celebrado entre el Gobierno Mexicano y la farmacéutica establece, que las partes se encuentran obligadas a mantener en discreción toda la información que se genere al respecto”, dice la respuesta a la petición sobre el acuerdo con Pfizer, cuyo contenido fue clasificado el 12 de noviembre, al igual que el convenio con AstraZeneca.

“La omisión de cumplimiento por parte del Gobierno Mexicano a un convenio de confidencialidad podrá causar daño en la obtención de la vacuna para atender a la población de la República Mexicana”, explica la SRE.

La exigencia de confidencialidad llega hasta el punto de que, en la clasificación del convenio con CanSino, que tuvo lugar el 21 de septiembre, se especifica que los acuerdos señalan que “no podrá divulgarse ningún tipo de información escrita, verbal, gráfica o visual, generada directa o indirectamente por cualquier medio entre las partes, por lo que será “confidencial” toda la información no pública relacionada con el proyecto y la farmacéutica, aún aquella generada antes de la firma del acuerdo”. 

Animal Político solicitó entrevistas con las tres compañías para conocer su punto de vista, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Organizaciones piden transparencia

La opacidad en el manejo de los convenios suscita críticas desde organizaciones de Derechos Humanos. Su principal temor: que las farmacéuticas utilicen su posición de ventaja en un contexto de emergencia y haya poblaciones que queden fuera del reparto.

“Deben transparentarse los acuerdos, ya que las empresas tienen tratos diferenciales con los países”, explicó Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, en entrevista con Animal Político.

La organización reclama que se hagan públicos los convenios para que para que “el precio por dosis, el costo de desarrollar las vacunas y la tecnología usada en la producción sea conocimiento público”.

“Sin una acción decisiva de los gobiernos exigiendo más transparencia a las empresas, el acceso equitativo a las vacunas COVID-19 está en peligro. La opinión pública tiene derecho a saber qué hay en estos acuerdos: no hay lugar para los secretos durante una pandemia, hay demasiado en juego”, dijo Miriam Alía, referente en Vacunación de Médicos Sin Fronteras (MSF), en un comunicado difundido en noviembre.

En aquel momento se hizo público el contrato firmado por AstraZeneca con el organismo público de investigación brasileño Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), quienes pactaron la producción de 100 millones de dosis de la vacuna. En este documento se incluye una cláusula por la que la farmacéutica se otorga el derecho a decir que la pandemia ha concluido en julio de 2021 e incrementar los precios a los que entregue el fármaco a los gobiernos. 

MSF denunció que, a pesar de la fuerte inversión pública con la que contaron las farmacéuticas para sus investigaciones, estas sigan manteniendo estas cláusulas de confidencialidad que pueden incluir términos preocupantes para un acceso “asequible y equitativo” a las vacunas. Su propuesta: apoyar la iniciativa de India y Sudáfrica para que no apliquen las patentes de vacunas y medicamentos hasta que la población esté inmunizada. 

En este punto hay que destacar que la mayor parte de la financiación para desarrollar las vacunas llegó de los gobiernos y de donaciones.

Según datos de la empresa de análisis de datos científicos Airfinity citados por la BBC, los gobiernos aportaron 8 mil 600 millones de dólares (algo menos de 172 mil millones de pesos), las organizaciones sin ánimo de lucro 1 mil 900 millones de dólares (algo menos de 48 mil millones de pesos) y las empresas invirtieron 3 mil 400 millones de dólares (unos 68 mil millones de pesos). Sin embargo, luego son las empresas las que mantienen el control de la vacuna y marcan pautas como la secrecía de los convenios con los gobiernos. 

Un desliz hizo públicos precios en Europa 

En otros lugares del mundo la obligación de no revelar los acuerdos ha generado controversia.

La Comisión Europea, por ejemplo, también se ha negado a dar detalles sobre las cláusulas de confidencialidad firmadas con las farmacéuticas.

“Las cláusulas de no divulgación son una característica estándar de los acuerdos que los desarrolladores de vacunas cierran con otros países. Es necesario para proteger unas negociaciones que son sensibles e información de empresas como datos financieros o planes de desarrollo y producción”, dijo en noviembre Stella Kyriakides, comisaria de Salud.

Los países europeos negociaron como uno solo la compra de vacunas, por lo que las adquisiciones fueron centralizadas desde instituciones comunes.

El secretismo, sin embargo, se rompió a mediados de diciembre por la indiscreción de la ministra belga de Presupuestos, Eva De Bleeker, quien publicó en su cuenta de Twitter los precios de cada una de las vacunas.

Para Europa, cada dosis de la vacuna de AstraZeneca tiene un costo de 1.78 euros (43.54 pesos), mientras que la de Pfizer cuesta 12 euros (293.80 pesos). 

En México no se ha hecho público el precio de cada una de las dosis ni cuánto les cuesta a las farmacéuticas producirlos. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de un presupuesto de 32 mil millones de pesos para poder hacer frente a la emergencia y adquirir vacunas para los más de 127 millones de mexicanos. 

La vacunación en México

El gobierno mexicano desplegó un gran esfuerzo diplomático desde el inicio de la pandemia de COVID-19 para garantizar el acceso a las vacunas. Por el momento, Ebrard anunció acuerdos de precompra con Pfizer (EU-Alemania), AstraZeneca (Gran Bretaña) y CanSino (China). Sin embargo, también suscribió convenios con otras farmacéuticas, como la china Walvax Biotecnology.  

Pfizer deberá entregar 34 millones de dosis y los primeros cargamentos ya están siendo distribuidos desde el 24 de diciembre, cuando se aplicó la primera vacuna después de que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio su visto bueno.

De la segunda está previsto que lleguen 77 millones de dosis entre marzo y agosto, una vez lograda la aprobación de las autoridades sanitarias el lunes 4. La última farmacéutica que falta por recibir el aval de Cofepris es CanSino, que deberá surtir al país con 35 millones de dosis. 

Además, México forma parte del mecanismo internacional COVAX, una iniciativa impulsada entre otros por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que están presentes más de 100 países, con las ausencias de EU y Rusia y que está pensado para que los estados con mayor capacidad puedan apoyar a quienes disponen de menos recursos. 

Para lograr existencias que cubran de forma gratuita a toda la población mexicana, el gobierno tuvo que firmar sus acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas. Hay dos elementos que han podido dar ventaja a México en la obtención de vacunas: por un lado, la participación de voluntarios en pruebas de vacunas que se han desarrollado en el país. Por el otro, el convenio firmado junto a Argentina, AstraZeneca y la Fundación Slim para que ambos estados sean los productores de los fármacos para todo América Latina, exceptuando a Brasil. Sobre esto tampoco hay detalles, ya que el documento es también confidencial. 

Desde el inicio de la vacunación, el 24 de diciembre, poco más de 43 mil dosis han sido aplicadas en México. Es decir, que el 0.03% de los mexicanos (todos ellos trabajadores del sector salud) ya han recibido la inmunidad. El objetivo del gobierno es que en marzo estén vacunadas todas las personas mayores de 60 años, aproximadamente 12 millones y medio de mexicanos. 

En casi 10 meses de pandemia, más de 128 mil personas han muerto y casi un millón y medio se han contagiado según las cifras oficiales. 

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Los muertos vivientes de India: ‘Me miraron como si fuera un fantasma’

Una persona muerta lógicamente no puede poseer tierras. En India, podrías perderlo todo si te sacan un certificado de defunción.
2 de septiembre, 2021
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Si estás muerto, no es posible que puedas poseer tierras.

Esta es una simple lógica que ha generado innumerables casos de personas registradas como muertas y despojadas de sus propiedades en India. Y muchos han descubierto que es muy poco lo que pueden hacer al respecto, según escribe Chloe Hadjimatheou de la BBC.

Padesar Yadav está vivo y en forma, por eso fue una gran sorpresa para él descubrir que, según un papel, está muerto.

A finales de los años 1970, después de la muerte de su hija y de su yerno, inesperadamente tuvo que criar a sus dos nietos.

Para pagar su crianza y educación, vendió unas tierras que había heredado de su padre en el pueblo donde nació.

Pero unos meses después recibió una extraña llamada telefónica.

“El hombre al que le había vendido la tierra me llamó para decirme que había un caso legal en mi contra”, recuerda.

“Dijo que mi sobrino les había dicho a todos que yo había muerto y que un impostor había vendido la tierra”.

Yadav viajó inmediatamente desde Calcuta, donde vive ahora, a la aldea en el distrito de Azamgarh en Uttar Pradesh, en el centronorte de India. Cuando llegó, la gente se mostró sorprendida al verlo.

“Me miraron como si estuvieran viendo un fantasma y dijeron: ‘¡Tú estás muerto! ¡Ya te hemos hecho rituales de duelo!'”

Yadav dice que él y su sobrino tenían una relación cercana y que el joven solía ir a visitarlo cuando viajaba a la ciudad.

Pero las visitas cesaron cuando Yadav le informó que planeaba vender la tierra familiar.

Luego se enteró de que su sobrino estaba reclamando la tierra como su herencia y Yadav se enfrentó a él.

“Dijo: ‘Nunca he visto a este tipo en mi vida. Mi tío está muerto’. Yo estaba en shock'”, cuenta Yadav.

“Le dije: ‘Estoy parado aquí, vivo, justo frente a ti, ¿cómo no puedes reconocerme?‘”.

La Asociación de Muertos Vivientes

Yadav dice que lloró durante días, pero luego se recompuso y llamó a la Asociación de Muertos Vivientes de India.

Lal Bihari Mritak envuelto en una pancarta de la Asociación de Muertos Vivientes

BBC
Lal Bihari Mritak envuelto en una pancarta de la Asociación de Muertos Vivientes.

La organización es dirigida por Lal Bihari Mritak, un hombre de unos 60 años que algo sabe acerca de ser declarado muerto: vivió un tercio de su vida como alguien que supuestamente había fallecido.

Bihari proviene de una familia extremadamente pobre.

Nunca aprendió a leer ni a escribir porque lo enviaron a trabajara los 7 años a una fábrica de vestidos saris. Cuando tenía 20 abrió su propio taller textil en una ciudad vecina, pero necesitaba un préstamo para poner en marcha el negocio y el banco le pedía una garantía.

Fue a la oficina del gobierno local en su aldea, Khalilabad, también en el distrito de Azamgarh, con la esperanza de obtener las escrituras de la tierra que había heredado de su padre.

El contador del pueblo buscó su nombre y encontró los documentos, pero también halló un certificado de defunción que decía que Lal Bihari estaba muerto.

De nada sirvió el reclamo de Bihari, quien alegaba que no podía estar muerto porque estaba parado allí.

“Aquí en estos documentos, en blanco y negro, dice que estás muerto“, le dijeron.

Cuando se registró la muerte de Bihari ante la autoridad local, la tierra y las propiedades que había heredado de su padre habían pasado de él a la familia de su tío.

Hasta el día de hoy, Bihari asegura que no tiene claro si fue un error administrativo o si su tío lo estafó.

En cualquier caso, Bihari estaba arruinado. Tuvo que cerrar su taller y su familia quedó desamparada.

Pobres, analfabetos y de castas bajas

Pero Bihari no estaba dispuesto a rendirse y aceptar su supuesta muerte sin luchar, y pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Personas en todo el país estaban siendo estafadas por familiares que las declaraban muertas para apoderarse de sus tierras.

Fue así que Bihari creó la Asociación de Muertos Vivientes para unir a todas estas personas y comenzó una campaña para llamar la atención sobre su difícil situación.

Según una estimación, hay 40.000 muertos vivientes solo en el estado de Uttar Pradesh, la mayoría de ellos pobres, analfabetos y de castas bajas.

Bihari le agregó el sufijo mritak a su nombre, que significa “el difunto”, y pasó a llamarse “el difunto Lal Bihari”.

Junto a otros en su situación, organizó protestas para llamar la atención de los medios. Pero nada de esto fue suficiente para hacer que su estatus cambiara.

Lal Bihari Mritak (derecha) en 2015, con un granjero declarado muerto por su hermano.

Getty Images
Lal Bihari Mritak (derecha) en 2015, con un granjero declarado muerto por su hermano.

Luego decidió presentarse a las elecciones nacionales y logró que el nombre de un muerto apareciera en la boleta electoral.

Cuando eso no fue suficiente para convencer a las autoridades de que estaba vivo, casi se suicida tras hacer tres huelgas de hambre.

Finalmente, desesperado, decidió violar la ley secuestrando al hijo de su tío. Esperaba que la policía lo arrestara y, al hacerlo, se viera obligado a aceptar que estaba vivo; después de todo, no se puede arrestar a un hombre muerto.

Pero la policía se dio cuenta de lo que estaba intentando hacer y se negó a involucrarse.

Al final, Bihari encontró justicia no como resultado de sus propios esfuerzos, sino gracias al mismo sistema que le había cambiado la vida.

Un nuevo magistrado de distrito en Azamgarh examinó su caso nuevamente y decidió que, 18 años después de que lo declararan muerto, Lal Bihari estaba vivo.

Ver su propiedad a través de una cerca

Bihari señala que a través de su Asociación de Muertos Vivientes ha apoyado a miles de personas en toda India que han enfrentado situaciones similares.

Muchos de ellos, cuenta, no han tenido tanta suerte como él. Algunos se han suicidado después de perder la esperanza y pasar años luchando por su caso, mientras que otros murieron de verdad antes de que lograran probar que no estaban muertos.

Tilak Chand Dhakad está apenas empezando su lucha. Actualmente, el hombre tiene 70 años y cuando visita la tierra de cultivo en Madhya Pradesh donde creció, tiene que mirarla a través de una cerca.

El anciano tiene muchos problemas de salud y sabe que es posible que no viva lo suficiente como para volver a caminar por esos campos.

Más joven, Dhakad se mudó a la ciudad con la esperanza de obtener una mejor vida para sus hijos y mayores ingresos. Mientras estaba fuera, le alquiló sus tierras a una pareja.

Tilak Chand Dhakad

BBC
Tilak Chand Dhakad.

Fue cuando regresó al pueblo para firmar unos documentos que descubrió que ya no era el dueño de las tierras porque supuestamente había fallecido.

“El funcionario de la oficina de la autoridad local me dijo que estaba muerto. Pensé: ‘¿Cómo pudo pasar eso?’. Estaba muy asustado”, recuerda.

Dhakad afirma que pronto descubrió que la pareja casada a la que le había estado alquilando la tierra lo había registrado como muerto. La esposa había ido a la corte haciéndose pasar por su viuda y asegurando que estaba feliz de ceder la tierra.

Cuando la BBC se puso en contacto con la pareja a la que Dhakad acusa de adueñarse de su propiedad, la respuesta fue que no deseaban responder a ninguna pregunta.

Anil Kumar, un abogado que ha peleado varios casos de muertos vivientes, estima que en Azamgarh, la provincia donde vive Lal Bihari, debe haber al menos 100 personas que han sido declaradas muertas prematuramente.

Cada caso es complejo, afirma. A veces hay errores administrativos, otras veces se soborna a los funcionarios públicos para que redacten certificados de defunción falsos.

Shaina NC, portavoz del gobernante Partido Popular Indio (BJP), le dijo a la BBC que el gobierno actual ha sido muy diligente en hacer cumplir la legislación para combatir la corrupción.

“En un país tan grande y diverso como India, podría haber algunos casos sueltos que surgen una y otra vez, pero la mayoría (de la gente) está protegida por el buen gobierno del primer ministro, Narendra Modi”, agregó.

“Si hay un caso de corrupción, hay suficientes disposiciones en el Parlamento para asegurarse de que los perpetradores sean puestos a prueba”.

Pero Anil Kumar dice que cuando estos casos son el resultado de una estafa, la justicia puede ser difícil de lograr.

En un caso que defendió, le tomó seis años probar que su cliente estaba vivo, y más de 25 años después, todavía está esperando un veredicto contra el hombre que supuestamente había declarado muerto a su cliente.

“Si este tipo de casos se aceleraran para que el criminal sea castigado, infundiría miedo en la gente y evitaría este tipo de delitos”, señala Kumar.

El pastel de cumpleaños falso

Han pasado más de 45 años desde que Lal Bihari Mritak fue declarado muerto y más de dos décadas desde que logró demostrar que estaba vivo.

Pero todavía organiza, todos los años, una fiesta de cumpleaños, con invitados sentados alrededor de un gran pastel. A medida que el cuchillo corta el glaseado, a sus invitados les queda claro que es solo una caja de cartón decorada, un truco.

Lal Bihari Mritak y su pastel de cumpleaños.

BBC
Lal Bihari Mritak y su pastel de cumpleaños.

“Por dentro está totalmente vacío. Así también son algunos funcionarios del gobierno: vacíos e injustos“, denuncia.

“No corté este pastel para celebrarlo. Es un resumen de la sociedad en la que vivimos”.

Bihari indica que todavía recibe llamadas de personas de todo el país que quieren su consejo y su ayuda para demostrar que están vivos, pero con 66 años está perdiendo fuerzas y ​​ahora está contemplando retirarse de la lucha.

“Ya no tengo el dinero ni la energía para dirigir la Asociación de Muertos Vivientes”, agrega, “y no hay nadie que se haga cargo de ella”.

Él siempre ha esperado que los medios nacionales defiendan a los desposeídos y que el gobierno tome medidas drásticas contra los que aceptaban sobornos, pero esto no ha sucedido.

El hombre que pasó 18 años de su vida tratando de demostrar que está vivo algún día realmente estará muerto, sin haber logrado los cambios por los que luchó por mucho tiempo.

Piyush Nagpal, Ajit Sarathi y Praveen Mudholkar reportaron desde el terreno.


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