El Juzgado Segundo de Distrito decidió dar por concluido el juicio de la comunidad maya de San Antonio Chel en contra de la megagranja que contamina los cenotes de la región.
Esto pese a que la comunidad denunció que persiste la contaminación a los cenotes y que con la decisión la granja podría reiniciar sus actividades contaminantes.
En marzo de 2019, la comunidad de San Antonio Chel y avecindados presentaron un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS), el Municipio de Hunucmá y de la Comisión Nacional del Agua por permitir que la granja de Yuca Agroalimentos operara sin permisos pese a que se sabía que “vertía desechos de ganado a los ríos subterraneos que se encuentran bajo sus instalaciones”, informó la Unión de Pobladores y Avecindados de San Antonio Chel.
En el juicio se acreditó que el complejo de 1,000 vacas almacenaba clandestinamente cerros de excremento en los montes, después, el 11 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo concluyó que existía “un alto riesgo de que el medio ambiente de la comunidad pueda verse afectado” y ordenó como medida cautelar que las autoridades realizaran inspecciones a las actividades de la granja.
Derivado de la orden judicial, la SDS ordenó el cierre del complejo pero el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la CONAGUA no realizó la inspección y concedió en un solo acto todos los permisos de perforación de pozos y descargas a la empresa, “a pesar de no cumplir con los requisitos”, informó la comunidad.
El pasado 15 de diciembre pasado, el juzgado decidió sobreseer el caso lo que significa que lo da por concluido sin pronunciarse acerca de si las autoridades violaron o no los derechos humanos, denunció la comunidad.
En su decisión, el juzgado argumentó que las violaciones habían cesado porque la granja se encontraba cerrada. La decisión generó inconformidad entre los pobladores debido a que los permisos de CONAGUA siguen vigentes y la granja podría intentar el reinicio de sus operaciones.
“Al sobreseer el juicio el juzgado no se pronuncia sobre las violaciones a derechos, ni considera los daños ya ocasionados que deben de repararse”, indicó Kalycho Escoffié, quien asesora legalmente a la comunidad.
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“Es absurda la decisión porque si la granja está cerrada es porque el juzgado otorgó la suspensión como medida cautelar, pero sin el juicio esa medida se pierde”, indicó.
Guillermo Solís, también abogado de la comunidad, indicó que presentaron un recurso de revisión para revertir la resolución, el cual sería resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Yucatán.
“Los casos de violaciones al medio ambiente no se resuelven solo parando las actividades, sino también evaluando los daños ocasionados y ordenando a las autoridades que establezcan las sanciones que correspondan”, señaló el abogado.
Por su parte, los habitantes de San Antonio Chel reportaron que aunque la granja está cerrada “el olor a excremento en el agua regresa durante las lluvias”, por lo que temen que el agua que utilizan siga contaminada.
“Se han ido las vacas, pero el problema sigue”, indicó Cecilio Bacab de la comunidad. Por ahora los habitantes han asegurado que continuarán la denuncia de los hechos “hasta que se cancelen todos los permisos y se repare el daño”, se informó en un comunicado emitido por la comunidad.
