Entre 2012 y 2020 un total de 185 personas fueron víctimas directa o indirectamente de violaciones a derechos humanos o de algún delito cometido por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). Pese a estar reconocidas oficialmente como tales, a menos de la mitad de ellas se les ha compensado el daño causado.

Así lo revelan datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que señalan que hasta octubre pasado solo se había autorizado el pago de compensaciones económicas y otros apoyos para 81 víctimas de abusos de elementos de la Armada, que son el 44% de las oficialmente registradas y confirmadas. El resto continúa en espera de una resolución.

Para las víctimas que sí han sido compensadas se han destinado pagos por más de 35 millones de pesos provenientes del fondo de ayuda que fueron erogados entre 2015 y 2019, sin que 2020 no se autorizaran pagos. Dicho dinero no fue cubierto por la Marina sino por el fondo de ayudas víctimas conocido como FAARI, cuyo fideicomiso fue extinguido por el gobierno federal el año pasado.

“Estas víctimas ya están reconocidas en el registro. Ya están inscritas. No hay razón para que no hayan sido compensadas todas ya en un plazo que, según la ley, debe ser máximo de 30 días y no de años. Lo que hay aquí es una falta de voluntad que con la desaparición de fideicomiso y el fondo será peor”, dice Reyna Velasco, abogada especialista en el seguimiento de caso de víctimas ante CEAV.

De las 185 víctimas inscritas en el registro, 126 fueron personas que directamente padecieron las violaciones o delitos cometidos por los marinos, y 59 son víctimas indirectas como, por ejemplo, dependientes económicos de una persona fallecida por una agresión de los elementos de la Armada. 

Además, 64 de las víctimas son personas originarias de Tamaulipas, Veracruz y Colima, estados que concentran la mayor cantidad de hechos irregulares cometidos por los marinos. En 54 casos la comisión dice no tener datos del origen de las víctimas. Y el resto corresponden a las demás entidades.

Entre ellos figuran, por ejemplo, los casos de varias víctimas de posibles desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, las cuales fueron perpetradas por elementos de un grupo élite de la Armada. Se trata de hechos que ya fueron calificados como graves violaciones a derechos humanos por CNDH, y que han dado pie a múltiples investigaciones en la FGR.

¿Y los apoyos? En la minoría de casos

Pero hasta ahora, la Comisión solo reporta haber emitido 41 resoluciones de compensación y reparación del daño en favor de 81 víctimas directas o indirectas de la Marina. Lo anterior significa que hay 104 víctimas de la Semar inscritas en el registro, a las que aún no se les compensa los agravios causados.

De las resoluciones que sí han sido emitidas, las primeras dos se tomaron en 2015. En 2016, se sumaron cinco, en 2017 nueve; para 2018 fueron 14, la cifra anual más alta hasta; para 2019, las resoluciones bajaron a nueve; y en octubre de 2020 solo se resolvieron dos.

Para cubrir económicamente las compensaciones resueltas y otros apoyos de ayuda inmediata, la CEAV reporta que se han destinado 36 millones 613 mil 881 pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).

Los referidos pagos comenzaron en 2015 cuando se erogaron poco más de 1 millón 200 mil pesos. En 2016 se destinaron más de cinco millones, y para el año siguiente la cifra ascendió a más de 9 millones de pesos. En 2018 se entregaron compensaciones 3 millones 281 mil pesos, y en 2019 se erogó la cifra anual más alta con 16 millones 407 mil pesos en compensaciones.

En 2020, al menos hasta el cierre de octubre, la CEAV no registra pagos por concepto de compensaciones por violaciones a derechos humanos o delitos a víctimas de la Marina. Solo se destinaron 812 mil pesos para ayudas inmediatas como pagos de viáticos o servicios que requieren las víctimas.

Por otro lado, la CEAV indicó que también ha brindado otro tipo de apoyos como asesorías jurídicas a 92 víctimas de la Marina.

De mal en peor

De acuerdo con la abogada Reyna Velasco, quien se ha especializado en la asesoría de víctimas ante CEAV, no hay impedimento legal que justifique el hecho de que más de la mitad de las víctimas de abusos de la Marina reconocidas en el registro nacional, sigan sin recibir una compensación por el daño que sufrieron.

La experta explicó que, una vez inscritas las víctimas en el registro, estas ya están confirmadas como tal, por lo que corresponde únicamente a la CEAV gestionar el proceso que consiste en determinar los montos de la reparación que se estaría otorgando y hacerlo efectivo. 

Según los plazos que establece la Ley General de Víctimas, todo ese procedimiento no debería tomar más de 30 días como máximo, sin embargo, prácticamente nunca se ha respetado.

“Lo que normalmente sucede es que las víctimas tienen que litigar contra la propia CEAV. Tienen que ir con los jueces, con amparos para pedir que la Comisión emita las resoluciones. Y aun cuando llegan a haber esas sentencias la CEAV tampoco lo hace. Ponen muchos pretextos como falta de personal o de recursos, pero lo que hay de fondo es una falta de voluntad”, dice Velasco.

Cabe recordar que en junio de 2020 la titular de la CEAV, Mara Gómez, renunció al cargo tras reconocer que dicha institución enfrentaba serias dificultades presupuestales, las cuales se profundizarían debido a la decisión del gobierno de recordar recursos a la misma. 

Unos meses después, el gobierno extinguió el fideicomiso a través del cual se manejaba el fondo de víctimas del cual se pagan las ayudas inmediatas y las compensaciones. De inmediato esto comenzó a generar problemas ya no solo en el pago de compensaciones, sino incluso en la entrega de apoyos básicos como viáticos.

“Si con el fondo como estaba ya era difícil acceder a las medidas de compensación y a los apoyos inmediatos, pues ahora con el tema de la extinción las cosas van a estar peor. Se dependerá directo del presupuesto a la CEAV el cual ni siquiera alcanza para el gasto operativo de ese organismo”, señaló Velasco.