En enero de 2018, una de las actividades favoritas de Cecilia, el tochito, se volvió una pesadilla con la llegada de un nuevo entrenador al equipo. Un día recibió mensajes telefónicos de él con insinuaciones de un encuentro o intercambio íntimo, algo que la incomodó mucho. Aunque informó de esto al departamento de asuntos deportivos, el entrenador sólo tuvo una “llamada de atención”.

Por eso decidió dar un paso más y hacer una denuncia formal apegándose al protocolo contra violencia de Género recién creado en el Tec de Monterrey. Cecilia esperaba más de su universidad, pero el proceso de denuncia fue revictimizante y su acosador continuó trabajando en la institución.

El caso de Cecilia no es un hecho aislado. Aunque las instituciones de educación superior deberían de ser espacios seguros, los casos de acoso sexual en las universidades son recurrentes. De acuerdo con una encuesta de Distintas Latitudes, en 2016, 67% de los  estudiantes universitarios latinoamericanos dicen conocer al menos un caso de acoso en su respectiva institución. Las universidades han respondido a las denuncias de acoso de diferentes maneras.

En la Zona Metropolitana de Monterrey, tres de las principales universidades tienen un protocolo para atender los casos de violencia de género, pero ninguno de ellos ha cumplido con el propósito de acompañamiento con perspectiva de género ni de asegurar que las escuelas sean un espacio libre de cualquier tipo de violencia, de acuerdo con el análisis de especialistas y testimonios recabados para esta investigación.

Los protocolos surgieron como parte del compromiso de estas instituciones por cultivar una cultura de cero tolerancia de la violencia de género, pero las estudiantes han identificado que estos documentos que en el papel parecen eficaces, en la realidad no han atendido los casos de manera adecuada.

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Cecilia dice que su denuncia no trajo ninguna sanción para su acosador, y tampoco mejoró el ambiente escolar para evitar la repetición. En cambio, ella quedó en una posición vulnerable frente al entrenador. “Él tomó represalias, me dejó en la banca todo el semestre, a pesar de que yo ya era jugadora titular, se supone que era anónima [la denuncia] pero pues dedujo quién era”.

Además, la sacó del equipo oficial y la difamó con sus compañeras diciendo que ella había inventado todo lo ocurrido. “Yo fui la víctima y se me revictimizó, no solo sufrí de acoso sexual sino que él se encargó de que yo pagara por haberlo denunciado”.

Además, “normalmente todos los protocolos de las universidades tienden a combinar políticas de atención de violencia de género con políticas de sanción por violencia de género. En realidad deberíamos tratar de separarlos porque no necesariamente la persona que llega a denunciar quiere que se inicie un procedimiento formal y quiere que haya una sanción. Cuando tú combinas sancionar con resolver la situación, entonces solamente puedes sancionar”.

Y aunque los protocolos se declaran centrados en la víctima, no es así, pues se centran en la investigación y sanción de la persona agresora. “En realidad el protocolo te habla del proceso sancionador porque al final, el denunciar, el presentar pruebas, todo eso culmina en un proceso sancionador, no culmina en la reparación de la víctima”.

Explica que para ofrecer una mejor atención a la víctima, los organismos responsables de atender estos casos deberían tener una serie de rutas de acción y dejar que la persona escoja la ruta, una vez que se le han explicado todas las implicaciones y variables del proceso.

Tampoco hay mecanismos de evaluación para el protocolo, explica Huete. Cualquier mecanismo debería de seguir el siguiente proceso: realizar un diagnóstico, diseñar el protocolo adecuadamente, implementarlo, evaluar su desempeño, y constantemente reevaluarlo para cuestionarse si continúa funcionando.

Para que los protocolos logren su objetivo es necesario que las instituciones rindan cuentas ante la comunidad universitaria y ante los usuarios del protocolo. Todo esto idealmente a través de reportes semestrales de cómo se han ido implementando los mecanismos de atención que se ofrecen a través del protocolo.

El Tec de Monterrey es la única institución de la Zona Metropolitana de Monterrey, que cuenta con datos publicados acerca de los casos que han recibido y resuelto. Tan solo en 2019, se atendieron 254 casos de violencia de género, de los cuales solo 56 fueron atendidos a través del protocolo y de este número sólo 27 tuvieron algún tipo de resolución.

La UANL no tiene cifras o indicadores publicados sobre los casos atendidos, pero se prevé incluirlo como parte de las acciones de la UNIIGÉNERO (Unidad para la Igualdad de Género), informó María Luisa Martínez, directora de la unidad.

También se buscó a la UDEM para conocer sus cifras, pero no hubo respuesta.

Las denunciantes no reciben la atención que buscan

A partir de varios testimonios recopilados de estudiantes que denunciaron su caso ante el protocolo de su respectiva universidad, y con el análisis de los protocolos por parte de especialista, se observa que las fallas de protocolos se encuentran ligadas al proceso de atención de los casos.

Cuando Cecilia acudió al protocolo del Tec para denunciar fue atendida por Karla Urriola en la Oficina de Género y Comunidad Segura. “Enseñé la evidencia y me dijeron que sí había un caso porque sí eran mensajes aludiendo a un intercambio íntimo”. El proceso para llegar a la resolución duró cerca de un mes, debido a que tenía que ser evaluado por distintos departamentos. Finalmente la conclusión fue mala comunicación entre ambas partes. “Eso me dio mucho coraje porque nunca fue mala comunicación de mi parte”.

Luisa, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, decidió tomar acción en 2019, cuando #MeTooUANL comenzó a subir denuncias anónimas. Posteriormente, junto con una compañera decidió hacer una denuncia en la universidad.

“Fuimos a las oficinas de UNIIGÉNERO. La primera en entrevistarse fue mi compañera, ella pidió que yo me quedara en el cuarto, y María Luisa [la directora de UNIIGÉNERO] dijo que no, le cuestionamos esto y dijo que era necesario que estuviera sola y que la viera directamente a la cara al hacer la denuncia. Esto nos hizo sentir inseguras y sobre todo, que desconfiaba de nosotras”.

Un mes después le escribieron por parte de la CIIGEN (la Comisión para la Investigación en Igualdad de Género del Consejo Universitario) para citarla a una entrevista y, dice, esa fue la peor parte del proceso. “En UNIIGÉNERO nos hicieron dar nuestra declaración, escribir nuestro testimonio y responder algunas preguntas condescendientes, pero en la CIIGEN fue un proceso totalmente intimidante y revictimizante”.

“La universidad debería apoyarme, comprenderme, ayudarme, pero en todo el proceso nunca sentí empatía o comprensión por parte de ninguna de las personas involucradas”.

Universidades no investigan

Eva es estudiante de la preparatoria de la UDEM, y junto a varias compañeras denunció varias veces a través “Puerto Seguro”, el portal de denuncias, a un compañero de clase. “Desde sus inicios en la prepa disfrutaba de acosar a las chavas, especialmente a las de primer año. Varias de mis amigas y yo recopilamos capturas de chats en los que nos pedía fotos con poca ropa y nos hacía comentarios sobre nuestros cuerpos en nuestras publicaciones de Instagram y otras redes sociales. También a muchas se los hizo en persona y algunas cuentan que las tocó indebidamente (…). Nunca se hizo nada, ahora él va a entrar a medicina sin ninguna repercusión o al menos una llamada de atención”.

Nicole Huete afirma que la investigación debería ser responsabilidad de la universidad, “aquí parece que es como bueno tráiganme sus pruebas y yo las evalúo, cuando las universidades deberían de hacer algo para buscar pruebas.”

Karla Urriola, líder de la Oficina de Género del Centro de Reconocimiento a la Dignidad Humana del Tecnológico de Monterrey, afirma que uno de los compromisos que hicieron con ONU Mujeres a través de HeForShe es la constante mejora del protocolo. “Antes de diciembre van a estar publicadas todas las mejoras que se le han estado haciendo, y aún así después tendrá que tener otra mejora”.

En noviembre del 2020, luego de jornadas de consulta y diálogos con las y los estudiantes, colaboradores, profesores, académicos y directivos para revisar el estado actual del Protocolo para la Atención y Prevención de la Violencia de Género; se publicó un nuevo documento actualizado que responde a las fallas de la versión anterior.

Este protocolo presenta un carácter más vinculante, reforzando el proceso de atención a víctimas, al igual que mejoras en la resolución de casos. El proceso anterior vinculaba las medidas de protección a la víctima con la activación del protocolo, a través de la denuncia, sin embargo el protocolo actual proporciona medidas de seguridad y acompañamiento a la víctima aunque no se active el protocolo.

Urriola comentó que una de las actualizaciones que trabajaron para implementar es darle más atribuciones a la Oficina de Género para que las víctimas no tengan la sensación de que su proceso pasa a otra instancia completamente diferente. El nuevo protocolo le da la facultad a la Oficina de Género para aplicar sanciones a la persona agresora si es que se requiere.

Finalmente, el nuevo protocolo hace énfasis en la cultura de prevención de la violencia de género. “Lo ideal sería no tener que usar el protocolo, tener campus seguros, libres de abuso, de acoso, etcétera, y para llegar a ello requerimos una reeducación, todo un cambio cultural”, comentó Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tec, al portal informativo de la institución Conecta.

¿Para qué sirven los protocolos de violencia de género?

Los protocolos como están diseñados hasta ahora, sirven para sancionar, pero para que estos puedan realmente generar un cambio en la sociedad tienen que dar un paso hacia atrás. El verdadero cambio no llega cuando se implementan castigos, sino cuando se genera una cultura de prevención.

En lugar de ser reaccionarias, las universidades deben de crear condiciones para que no ocurran estas acciones. “Lo que hay que tratar de cambiar son todas estas estructuras que permiten que estos casos sucedan”, menciona Huete.

Este cambio de estructura no se limita a cambios de políticas dentro de las universidades, sino a generar espacios para educar a la comunidad sobre lo que es la violencia de género. Si quienes agreden no entienden el daño que causan a otras personas, las sanciones que se le apliquen al momento de pasar por el proceso del protocolo no van a lograr que cambie su actitud, ni que cambie la cultura dentro de las aulas.

A su vez, los protocolos deben de estar enfocados en la atención a las víctimas. El objetivo final de los protocolos es proteger y escucharlas. Si se promete que los protocolos son la solución a todos los problemas que existen de violencia de género en las universidades,  todas las personas involucradas saldrán decepcionadas, en especial las víctimas.

Es de suma importancia la transparencia, que existan mecanismos de rendición de cuentas y una instancia de apelación conformada por expertos como segunda instancia, que no solamente se queden con el veredicto del comité. Se debe garantizar que los miembros tengan conocimientos mínimos, que estén sensibilizados con el tema y que tengan capacitaciones constantemente.

Nicole menciona que a pesar de sus fortalezas, los protocolos están basados en procesos penales y considera que los procesos universitarios no tienen que ser un juicio. La justicia restaurativa es una buena opción a implementar en los procesos de los protocolos dado que “si es una realidad que hay chavos que son violentos sin saber que están siendo violentos y  tampoco podemos ignorarla (…) si solo se sanciona a lo mejor no entiende que es lo que está haciendo está mal”.