Solo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual terminan en sentencia
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En cinco años, solo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia

Víctimas, principalmente mujeres, denunciaron casi 145 mil ataques sexuales de 2014 a 2018, pero más del 95 % no se ha resuelto. Ineficacia de las fiscalías y la normalización de la violencia propician la impunidad: experta.
Cuartoscuro
4 de febrero, 2021
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Entre 2014 y 2018 casi 145 mil víctimas – principalmente mujeres – de presuntas violaciones y abusos sexuales en México presentaron una denuncia formal en contra de sus agresores ante una agencia del Ministerio Público. Sin embargo, apenas 5 de cada 100 de esos casos avanzaron lo suficiente para llegar a una sentencia.

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Datos oficiales provenientes de cinco censos nacionales de procuración e impartición de justicia de INEGI revisados por Animal Político revelan que el 95 por ciento de las indagatorias iniciadas en todo el país a partir de dichas denuncias no están resueltas. Es decir, los posibles ataques siguen impunes.

La mayoría de los casos ni siquiera han dado pie al arranque de un proceso penal: apenas la quinta parte de las denuncias son enviadas a los juzgados. El resto de los casos se quedó en las agencias del Ministerio Público como indagatorias que siguen en curso, o que de plano fueron archivadas.

Entre esos casos sin resolución se encuentra, por ejemplo, el de la presunta violación denunciada en 2016 en contra del hoy precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. En dicha entidad, de casi 2 mil 500 denuncias formales por abusos y violaciones registradas en cinco años, solo 146 llegaron a sentencia.

“Lo que vemos aquí no solo es la habitual ineficacia de las agencias del Ministerio Público sino además una cultura de la violación que es aceptada. Una violencia sexual en contra de mujeres y niñas que ha sido normalizada. No es que se reconozca abiertamente, pero se acepta y tolera”, señaló Karla Micheel Salas, abogada penalista experta en temas de derechos humanos y feminismo.

Los datos provenientes de las 32 fiscalías/procuradurías y tribunales de todo el país reunidos por INEGI arrojan que, entre 2014 y 2018, se denunciaron 144 mil 586 delitos de posible violación y abusos sexual en todas sus modalidades. En promedio, se trata de 79 ataques cometidos y denunciados todos los días. 

Dicha cifra, señala también el propio INEGI, es una fracción de las agresiones sexuales que realmente se cometen el país. Las encuestas de victimización que anualmente publica el instituto muestran que más del 94 por ciento de las agresiones ni siquiera son denunciadas por las víctimas que las padecen.

Que la agresión cometida sí sea denunciada por la víctima ante un Ministerio Público y que se inicien las carpetas de investigación correspondientes tampoco garantiza resultados. De hecho, el promedio de casos que no llegan a una sentencia judicial es similar al de los casos que no se denuncian.

Los datos lo confirman: en el mismo lapso de 2014 a 2018, los poderes judiciales del país reportaron la emisión de 6 mil 898 sentencias por delitos de violación y abuso sexual en todas sus modalidades. El registro no desglosa cuantas de esas sentencias serían condenatorias o absolutorias.

En comparación con los casos denunciados, la proporción de sentencias dictadas apenas equivale al 4.7 por ciento de todo ese universo. Es decir: solo cinco de cada cien denuncias llegan a una sentencia. Dicho de otra forma: es una impunidad que rebasa el 95 por ciento.

Los censos de INEGI también revelan que solo una minoría de las averiguaciones y carpetas iniciadas en este periodo llegaron ante un juez para la apertura del proceso penal correspondiente. En total fueron 31mil 644 los procesados, que equivalen al 21.88 por ciento del universo total de delitos denunciados.

Lo anterior significa que, en promedio, apenas en la quinta parte de las denuncias presentadas se reúne la evidencia inicial suficiente para hacer una imputación ante un juez y que este inicie el proceso penal correspondiente. El resto de los casos permanecen abiertos sin resultados, o son determinados por el propio MP con figuras como el no ejercicio de la acción penal, o el enviarlos a un archivo temporal.

En abuso sexual, “eficacia” hasta de 2%

El desglose de los datos muestra que los delitos de abuso sexual se resuelven, en promedio, menos que los delitos de violaciones, aunque unos ni otros alcanzan el diez por ciento de sentencias dictadas respecto a las denuncias presentadas.

Los dos ilícitos se denuncian con una frecuencia similar. Entre 2014 y 2018 las fiscalías reportaron a INEGI un total de 72 mil 744 probables delitos de abuso sexual reportados, a los que se suman 71 mil 842 casos de presunta violación.

Respecto a los abusos sexuales, en el mismo lapso se registraron 12 mil 875 casos procesados ante un juez, que equivalen a solo 17.69 por ciento de las denuncias, es decir, menos de la quinta parte. Mientras que las sentencias por este delito en ese lapso sumaron 2 mil 576, apenas un 3.54 por ciento en comparación con los casos iniciados.

Año con año, el nivel de esclarecimiento de abusos sexuales en el país ha fluctuado por debajo del cinco por ciento: las sentencias dictadas en 2014 respecto a los nuevos casos denunciados equivalieron al 4.4 por ciento; para 2015 fueron 3.5 por ciento; en 2016 un 3.1 por ciento; en 2017 apenas un 2.4 por ciento, y para 2018 un ligero ascenso a 4.2 por ciento.

Respecto al delito de violación, en el referido lapso de cinco años las fiscalías enviaron ante un juez 8 mil 769 casos que derivaron en procesos penales iniciados. Es apenas el 26.1 por ciento respecto al universo total de denuncias, equivalente a poco más de la cuarta parte.

En cuanto a las sentencias por delitos de violación, los datos del censo de INEGI arrojan 4 mil 322 dictadas en el referido lapso, equivalente a solo el 6 por ciento de todos los casos denunciados en el mismo periodo. El porcentaje de casos de violación cerrados con sentencia de 2014 a 2018 fluctuó por debajo del ocho por ciento, alcanzando su punto mas bajo 2016 con apenas 3.7 por ciento.

Lee más: De las palabras a la violencia sexual y los golpes: relatos de la violencia machista

Edomex y Baja California: impunidad superior al 98%

De las 72 mil 744 denuncias por abuso sexual reportadas en el país entre 2013 y 2018 hay cinco estados que por si solos concentran más de la mitad de los casos. Se trata de Jalisco con 9 mil 861 denuncias, Ciudad de México con 9 mil 461, estado de México con 7 mil 612 casos, Chihuahua con 5 mil 721 y Baja California con 5 mil 364.

En conjunto dichas entidades acumularon 38 mil 19 denuncias de abuso sexual, que representan el 52 por ciento de los casos.

Chihuahua, Jalisco y la capital del país también figuran entre las cinco entidades con mas sentencias dictadas con 1 mil 21 entre los tres que equivalen a casi el 40 por ciento del total nacional.

No es el caso del estado de México que reporta solo 140 sentencias por abuso sexual, las cuales equivalen apenas al 1.8 por ciento de los casos denunciados en cinco años. Es una impunidad superior al 98 por ciento. O en Baja california donde solo se reportan 20 condenas, equivalentes a solo el 0.3 por ciento de sus denuncias.

En el estado de Guerrero, donde se ubica la denuncia de 2016 por una posible agresión sexual en contra de Salgado Macedonio, los datos de INEGI muestran apenas 47 sentencias en cinco años. Estas equivalen a solo el 4.3 por ciento de los casos abiertos.

En cuanto al delito de violación, Baja California, Chihuahua, el estado de México, Morelos y Nuevo León encabezan la lista de denuncias con 28 mil 5 en total, que equivalen al 39 por ciento de todas las denuncias registradas por este delito grave entre 2014 y 2018.

Pero con excepción del estado de México y Chihuahua, los otros tres estados no figuran en la lista de los que tienen mas sentencias. Baja California apenas reporta 25 sentencias, equivalentes al 0.4 por ciento de todas sus denuncias acumuladas. En Nuevo León, las 81 sentencias reportadas representan apenas el 1.7 por ciento respecto a la incidencia total en la entidad.

Mientras que, en Guerrero, de 2014 a 2018 se registraron 1 mil 412 denuncias por delitos de violación pero solo 99 sentencias, que equivalen al 7 por ciento del total de la incidencia.

No se indaga… se tolera: experta

Karla Micheel Salas Ramírez, penalista experta en temas de feminismo y derechos humanos, explica que los altos índices de impunidad que se registran en delitos sexuales tienen, por una parte, una explicación en las pocas capacidades de investigación de las fiscalías (falta de protocolos, poca profesionalización, sobrecargas de trabajo, etc.) que dificultan el esclarecimiento de casi cualquier delito.

Pero mas importante, añade, es que en el caso de las agresiones sexuales donde la mayoría de las víctimas son mujeres, lo que hay es una normalización de este tipo de violencias. Una tolerancia hacia lo que la experta denomina la “cultura de la violación”.

“No es porque abiertamente se diga: está perfecto violar mujeres y niñas. Es porque en actitudes, comentarios, decisiones, comportamientos se manifiesta esa tolerancia y aceptación. Por ejemplo: minimizar las agresiones, negar la existencia, no creerles a las víctimas, personas que las víctimas fueron las responsables de lo ocurrido”. Dice la experta.

El caso de Salgado Macedonio, quien fue designado precandidato a gobernador de Guerrero por Morena con el argumento de que las denuncias por agresiones sexuales en su contra no se han probado con sentencias, es un ejemplo de esta situación, señala Salas.

“Las denuncias hechas a Salgado Macedonio están hechas antes de la época electoral, es decir, no se realizan con el objetivo de desprestigiarlo porque será candidato a gobernador. Hay evidencia de que se presentaron denuncias, que no exista una sentencia no significa que las denuncias sean falsas, en realidad lo que evidencia es que las instituciones de procuración e impartición de justicia no hacen su trabajo, no investigan, no sancionan a los agresores sexuales”, añadió la experta.

Salas Ramírez recordó casos emblemáticos como los de Inés Fernández, Valentina Rosendo e Indira Sandoval, todas ellas víctimas de violencia y agresiones sexuales, y todas en su momento discriminadas y maltratadas por las instituciones de procuración de justicia. A la postre, fue gracias a la intervención de instancias nacionales e internacionales de Derechos Humanos que fueron reconocidas.

Por su parte, la diputada federal Martha Tagle, que ha dado seguimiento a casos agresiones e impunidad, lamentó que con los altos índices de impunidad que imperan en el país, aun se pidan sentencias para creerle a una víctima. Dijo que el caso de Salgado Macedonio es muestra de ello.

“No se pide que se le mande a la cárcel sin un proceso penal, pero que si haya una consecuencia política que es no acceder a una candidatura. No le dan valor a la palabra de las mujeres, siguen los estereotipos de que ella se lo ganó…. Para las víctimas no hay justicia, mientras que a él de le dejan a salvo sus derechos”, dijo la legisladora.

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Guayaquil en manos del narco: las vidas destrozadas por la violencia histórica que azota a la ciudad ecuatoriana

Un fiscal que investigaba redes de narcotráfico fue asesinado a tiros. 72 ataques con bombas se registraron en la ciudad entre enero y agosto de 2022. Los habitantes de Guayaquil cuentan a BBC Mundo cómo afrontan el acecho del crimen organizado.
27 de septiembre, 2022
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Jeremy dormía en una habitación que miraba hacia la Calle 8, donde la música del bailadero más cercano se filtraba a través de las ventanas a las 3:00 de la mañana, como cualquier otra madrugada de domingo en el barrio Cristo del Consuelo, al sureste de Guayaquil.

Tras escuchar una ráfaga de disparos, su madre Roxana lo llamó a gritos para prevenirlo.

El niño de 7 años se levantó de un salto y se dejó guiar por Roxana para abandonar la casa familiar ubicada en los márgenes del Estero Salado, un brazo de mar proveniente del océano Pacífico, en la costa suroeste de Ecuador.

Voces de la calle presagiaban una bomba.

Mientras bajaban por las escaleras, un estruendo sacudió la casa. Luego Jeremy divisó el fuego.

Cuando recobró la consciencia, se descubrió sobre el techo de un auto. Envuelto en la oscuridad, no logró distinguir quiénes lo cargaban y lo llevaban al suelo. Quizás se había quedado sordo, no podía escuchar lo que decían.

“Mami, levántese”

Cuando Nayelis llegó media hora después, descubrió que el fuego consumía la fachada de la casa donde vivía con su hija, su madre, su abuela y su hermano Jeremy.

Mientras corría en dirección opuesta a las personas que escapaban de la explosión, la joven de 21 años encontró a Roxana tirada en el suelo.

“Mami, levántese”, dijo mientras la sacudía. El rostro de Roxana estaba impregnado de sangre. “¡Llamen a una ambulancia!”, gritó a los agentes de la Policía Nacional que custodiaban el lugar, aunque sabía que su madre estaba muerta.

Nayelis Barrios en Cristo del Consuelo.

Donald Díaz / BBC
Nayelis Barrios encontró el cadáver de su madre en la calle después de la explosión.

Rodeada por heridos y escombros, Nayelis avistó a Jeremy en una esquina. Aturdida por el temor de perderlo también, lo revisó cuidadosamente para evitar causarle más daño.

Jeremy tenía la cara cubierta de sangre, un hueco en la cabeza y otro en el brazo.

“Estaba como traumado. Yo le hablaba pero no me escuchaba, hacía como si no me conociera”, contó Nayelis a BBC Mundo tres semanas después del estallido. “Perdí a mi mami y mi casa por la bomba. Si hubiese dormido allí esa noche, quizás estaría muerta”.

Guerra contra el Estado

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han registrado 145 atentados con explosivos en Ecuador entre enero y agosto de este año, un récord en la historia del país. 72 de ellos, casi la mitad, han ocurrido en Guayaquil. El de Cristo del Consuelo es el primero que ocasiona muertes.

Las autoridades ecuatorianas reportaron 5 fallecidos, 17 heridos y 117 personas afectadas por el estallido de Cristo del Consuelo, un barrio conocido por sus discotecas clandestinas, los caldos de salchicha para prevenir la resaca, y las procesiones religiosas de Semana Santa.

A las 8:30 de la mañana de aquel domingo 14 de agosto de 2022, cinco horas después de la explosión, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, afirmó por Twitter que el ataque constituía “una declaración de guerra al Estado” por parte de “mercenarios del crimen organizado”.

https://twitter.com/CarrilloRosero/status/1558793994573910016

El presidente Guillermo Lasso declaró estado de excepción durante un mes en los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, para contener la violencia y facilitar el despliegue de policías y militares en las calles.

Los explosivos más comunes usados en los ataques de este año han sido dinamita y dinamita en gel, granadas y pentolita, un compuesto que se emplea para fabricar armamento militar como las ojivas.

Sin embargo, el ministro del Interior aseguró que la bomba del Cristo del Consuelo, que alcanzó una onda expansiva de 70 metros, se habría confeccionado con una mezcla de sustancias químicas de fabricación casera, disponibles comercialmente como acetona.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
La bomba en Cristo del Consuelo estalló de madrugada.

“Lo que más nos preocupa es cómo van llegando a estas capacidades para cometer toda esta barbarie”, dijo Carrillo en una entrevista con el canal local Teleamazonas.

Cumplidos los 30 días del estado de excepción, el gobierno ecuatoriano renovó el decreto hasta mediados de octubre. El lunes 19 de septiembre, mientras estaba en vigencia la medida, fue asesinado a tiros el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil, Édgar Escobar, quien investigaba a organizaciones del crimen organizado relacionadas con el narcotráfico.

“Me quedé sola”

Mónica Medina, la madre de Roxana, construyó la planta baja de la casa familiar hace más de 30 años. Comenzó con paredes de caña, y poco a poco juntó el dinero para reemplazarlas por vigas y cemento. Roxana levantó el segundo piso con madera y techo de zinc.

Apenas ocurrió la explosión, una vecina levantó a Mónica del suelo y la llevó al hospital, con vidrios y escombros incrustados en el rostro y el pecho. Aunque intentaba abrir los párpados, todo estaba oscuro. El dolor le hizo suponer que sus ojos se habían desprendido del rostro.

Mónica Medina en Cristo del Consuelo

Donald Díaz / BBC
Vidrios y escombros se incrustaron en el pecho y el rostro de Mónica Medina durante la explosión.

Testigos reportaron a la policía haber visto a dos hombres, a bordo de una moto, cuando descargaron una ráfaga de disparos y luego soltaron el bolso que contenía la bomba frente a la casa de Mónica.

La explosión arrasó el techo, las paredes, la fachada y todo lo que había dentro de la casa de Mónica. También la de sus vecinos. Quedó un hueco en el asfalto que permite ver las aguas del Estero Salado detrás de las viviendas.

Las autoridades hicieron un censo para repartir ayudas a los afectados, pero no entrevistaron a Mónica. “En esa explosión perdí a mi única hija y mi casa. Me quedé sola y ahora no tengo dónde vivir”.

Código de silencio

La Policía Nacional instaló un patrullaje permanente en la esquina que da acceso a la Calle 8, parcialmente cerrada por una reja donde cuelga un aviso que dice “Queremos solución!”, en referencia a las viviendas perjudicadas por la explosión.

La casa de Leida Guerrero, vecina pared con pared de Mónica y Roxana, acabó fracturada tras el estallido. “Las paredes están rajadas, el piso está colapsado y los pilares se movieron. Mi casa en cualquier momento se puede venir abajo”.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
Leida Guerrero teme que su casa se derrumbe después de la explosión.

Leida es la única habitante de la Calle 8 que accedió a revelar su identidad para esta historia. Los transeúntes se mostraban dispuestos a contar dónde estaban cuando explotó la bomba o qué lesiones tuvieron sus familiares —la mayoría en la vista o los oídos—, pero se retiraban con una despedida cortés al preguntarles sobre posibles responsables o la seguridad en el barrio.

Al menos una decena coincidió en que el estallido de una bomba era inimaginable en Cristo del Consuelo. Aunque las fiestas solían prolongarse desde los viernes hasta los domingos, el fin de semana que BBC Mundo visitó el barrio estaba sumido en el silencio.

Todos temen que ocurra otra explosión.

Ataque contra alias “Cucaracha”

El Ministerio del Interior inició la investigación a partir de dos hipótesis: el ataque era una represalia por parte de bandas del crimen organizado contra las autoridades por el decomiso de 250 kilos de drogas dos días antes, o se trataba de una revancha contra alias “Cucaracha”, quien “aparentemente tenía en zozobra” a los habitantes del Cristo del Consuelo, dijo el ministro Carrillo.

Los vecinos de la Calle 8 contaron que “Cucaracha” es propietario de un bailadero, un hombre a quien todos conocen y que también resultó herido en el ataque. Algunos sospechaban que la bomba era un castigo por haberse negado a “pagar vacuna”, un término que los ecuatorianos usan para referirse a las extorsiones.

“Cucaracha” pidió no ser identificado con nombre y apellido y negó haber sido víctima de extorsiones. Aunque dijo que no quería responder mi llamada para evitar exponerse, le pregunté por qué las autoridades suponían que él era el objetivo del ataque. “No lo sé. Gracias a Dios yo no ando metido en cosas malas y no tengo por qué meterme en cosas que no me incumben”, respondió.

Lamentó que el ministro lo hubiera involucrado en la explosión sin siquiera conocerlo. “Quiero que algún día él salga y diga que se confundió, pero nunca lo hará”.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
El Estero Salado es un brazo de mar que rodea al Cristo del Consuelo.

Mientras tomábamos imágenes de las viviendas afectadas, se acercaron agentes de la Policía Nacional.

Uno de ellos aseguró que no podía identificarse, y bajó la voz para afirmar que las fiestas de madrugada en la Calle 8 encubrían el traslado y embarque de droga en lanchas que zarpan del Estero Salado hacia aguas abiertas, donde la mercancía se introduce en buques que la llevan a puertos internacionales.

El gobernador de la provincia de Guayas, Lorenzo Calvas, le explicó a BBC Mundo que la conexión de Guayaquil con el océano Pacífico, así como el puerto marítimo y el puerto de aguas profundas de Posorja, convierten a la ciudad en un “sitio ideal” para la exportación de sustancias ilícitas.

Los policías que vigilaban la Calle 8 se mantuvieron cerca hasta que nos marchamos de Cristo del Consuelo.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
La Policía Nacional custodia la Calle 8 desde la explosión.

Guayaquil, el hub de la cocaína

Ecuador se encuentra entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, por lo cual ha sido un país de tránsito en el tráfico de narcóticos.

En 2022, figura como el tercer país donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

Las autoridades ecuatorianas confiscaron 18 toneladas de drogas en 2010. Diez años más tarde fueron 128 toneladas. Un año después, en 2021, se decomisaron 201 toneladas, la mayor cifra de incautación en la historia de Ecuador.

Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de la droga que navega por el Pacífico hacia el norte del continente americano.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
Policías y militares hacen redadas en las calles bajo el estado de excepción.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos ha definido a la ciudad ecuatoriana como el mayor hub para la cocaína que va a Europa y al resto del mundo.

Las autoridades de Guayaquil confiscaron 46 toneladas de droga entre enero y agosto de 2021. Los decomisos escalaron a 78 toneladas para el mismo período este año, precisó el gobernador de Guayas.

Añadió que ocho de cada diez muertes violentas en Guayaquil derivan del narcotráfico.

“Guayaquil es el lugar de exportación, consumo, lavado de dinero y producción de cocaína más significativo de Ecuador”, explicó el experto ecuatoriano en seguridad Fernando Carrión. En ese contexto, “un 75% de los homicidios en la ciudad son ocasionados por bandas, mafias y carteles vinculados al narcotráfico”.

Cinturón de marginalidad

El economista Uriel Castillo nació en el norte de Esmeraldas, una provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia, permeable durante décadas a las actividades de las guerrillas colombianas y de organizaciones del narcotráfico.

Su familia se instaló en Cristo del Consuelo cuando emigró a Guayaquil hace más de 40 años, al igual que la mayoría de los habitantes de este barrio que nació como un asentamiento de los pobladores de comunidades afroecuatorianas.

Castillo recuerda que Cristo del Consuelo era una barriada segura a principios de los 90. Sin embargo, asegura que en las últimas décadas se ha creado en Guayaquil un “cinturón de marginalidad, en el que se fusiona la delincuencia, la precariedad social y las bandas organizadas”.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
El economista Uriel Castillo se crió en Cristo del Consuelo.

Una semana antes de que estallara la bomba en Cristo del Consuelo, las autoridades encontraron seis cuerpos en una fosa común en el Guasmo, una zona de manglares al sur de Guayaquil.

Tres semanas después de la explosión se ordenó la militarización de la barriada guayaquileña Socio Vivienda II, luego de que bandas se enfrentaran a tiros con armas de guerra, y la balacera quedara registrada en videos que circularon por las redes sociales.

Esa semana, el domingo 4 de septiembre, fui a almorzar al centro de Guayaquil. Al llegar a la turística calle Panamá, me topé con una mujer que lloraba mientras contaba a un grupo de agentes de la Policía Nacional que dos hombres en moto acababan de apuntarla con un arma para arrancarle la cartera.

Calle Panamá en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
Una mujer denuncia ante la policía que fue asaltada en Guayaquil.

“Esto se jodió. Ya no tenemos paz, ahora nos matan en cualquier parte”, dijo un empleado del restaurante de la esquina que presenció el asalto.

La actuación de la Fiscalía

Cristo del Consuelo forma parte de la zona 8, cuya seguridad es coordinada por el general de la Policía Nacional Víctor Zárate.

Después de 34 años en el oficio, Zárate considera que el tráfico de drogas es la mayor amenaza de seguridad que afronta Ecuador.

“El peor momento de inseguridad puede ser ahora. El tema más grave es el microtráfico. He pasado 20 años de mi vida en grupos especiales, he trabajado en el tema de delincuencia organizada, secuestro y narcotráfico. Hoy estamos en un punto crucial porque todo se ha elevado“, dijo en una entrevista desde su despacho en Guayaquil.

Añadió que la ola de violencia también se debe “a la incautación de drogas y a la pugna de estas organizaciones por ganar espacios de territorio”.

Indicó que la policía investiga si la bomba en Cristo del Consuelo fue producto del enfrentamiento entre Los Choneros y Tiguerones, dos de las bandas armadas más temidas en Ecuador.

Víctor Zárate

Donald Díaz / BBC
El general de la Policía Nacional Víctor Zárate combate el crimen organizado.

La Fiscalía ecuatoriana confirmó a BBC Mundo que investiga los delitos de terrorismo, asesinato y tráfico ilícito de armas de fuego en el caso de Cristo del Consuelo. Ordenó la detención de Darío Arturo C. S., alias “Morado”, como uno de los sospechosos de participar en la fabricación y activación del explosivo.

Cuando fue capturado, “Morado” tenía en su poder “una pistola marca Glock con su respectiva alimentadora, 17 cartuchos sin percutir, un fusil calibre 5,56, con 30 cartuchos del mismo calibre; cuatro teléfonos celulares, una laptop, una tablet, droga en pequeñas cantidades y dinero en efectivo”, informó la Fiscalía.

Zárate cuestionó que “Morado” haya estado libre antes del ataque, dado que era investigado por tráfico y tenencia de armas de fuego y tentativa de asesinato, luego de verse involucrado en un ataque que ocasionó siete heridos en el Distrito Sur.

El sospechoso “estaba con grillete electrónico y medidas sustitutivas o alternativas a la pena”, precisó.

El general de la Policía Nacional lamentó que el sistema judicial no procese a los sospechosos de delitos, aunque existan evidencias que los incriminen.

“Como policía entregamos los insumos necesarios para que reciban la sanción correspondiente a través de los jueces, impulsados por Fiscalía. Pero muchos de ellos no valoran las pruebas y los ponen en libertad, a pesar de haber sido encontrados con armas o en posesión de drogas”.

Guayaquil

Reuters

“Es él o yo”

Un “rey” de los Latin King, una de las bandas armadas más conocidas en Ecuador, explicó a BBC Mundo que la policía y los miembros de otras organizaciones armadas son los principales enemigos de las personas que integran el crimen organizado.

“Todo el mundo sabe quién manda en dónde. Nadie se atreve a meterse en el territorio de otro, pero si eso ocurre no se perdona”, afirmó desde un barrio de Guayaquil bajo la condición de mantenerse anónimo.

Aunque dijo que nunca ha asesinado a nadie, aseguró que matar no causa remordimiento. “Si el otro tiene familia, yo también. Es él o yo, es un asunto de sobrevivencia”.

Guayaquil

Donald Díaz / BBC
Guayaquil se encuentra bajo estado de excepción hasta mediados de octubre.

Olvidar jamás, pero sí pasar página

Después de perder a su madre y su casa en la explosión, Jeremy se mudó con su abuela paterna. Elvia Cacao Zambrano cuenta que su nieto se ha vuelto más retraído desde la muerte de Roxana. “Ahora quiere que lo abrace todo el tiempo. Antes no hacía eso”.

“Sé que mi nieto nunca podrá olvidar lo que pasó, pero sí me gustaría que pudiera pasar página y seguir adelante”, dijo Elvia en la sala de su casa, desde otra orilla del Estero Salado.

La psicóloga clínica Paola Cercado se ofreció a brindarle asistencia a Jeremy, luego de que Mónica trabajara para ella durante seis años como empleada doméstica.

Cercado vio crecer a Jeremy dentro de su casa como un miembro más de la familia.

La psicóloga se reunió con Jeremy hace pocos días. Parecía tranquilo, aunque la abuela contó que cuando el niño se llena de coraje golpea las almohadas.

“Hay que hacer un trabajo psicológico porque a Jeremy le mataron a su mamá. Esa herida tiene que sanar para que en el futuro no busque venganza”, afirmó.

Cristo del Consuelo en Guayaquil

Donald Díaz / BBC
Los familiares de Jeremy buscan formas de ayudarlo a superar el trauma de la explosión.

Cuando le pregunté por su madre, a Jeremy le tembló la mandíbula y se le humedecieron los ojos. Evitó mirarme, se contuvo y no lloró. Su padre le ha dicho que es mejor no hablar de la explosión.

Jeremy quiere ser policía cuando sea grande.

Le gusta el uniforme.

Y las armas.


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