Con AMLO crecen 56% quejas en solicitudes de transparencia
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Con AMLO crecen 56% las quejas por falta de datos en respuestas de transparencia

El índice de recurrencia, que compara las quejas frente a las solicitudes que se presentan, llega al nivel más alto de los últimos cinco años, según informe del INAI. La presidencia registra sus niveles más bajos de cumplimiento en dos décadas.
Cuartoscuro
24 de febrero, 2021
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Las quejas de los ciudadanos por la falta de información en las respuestas a solicitudes de transparencia en el actual sexenio van en ascenso. En comparación con lo que se registraba hace cinco años, el promedio de recursos de revisión promovidos ante el INAI en el periodo de octubre de 2019 a septiembre de 2020 se elevó más de 56%.

Leer más: Presidencia se declara no competente para atender 24% de solicitudes de información en 2020

El Poder Ejecutivo —junto con los sindicatos— son los entes más opacos, y la oficina de la Presidencia en específico se encuentra en los niveles más bajos de acceso a la información pública desde 2003.

Así lo revela el informe anual de labores 2020 del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) presentado por la Comisionada Presidenta de dicho organismo, Blanca Lilia Ibarra Cadena, ante el Senado de la República.

El documento de más de 400 paginas muestra que si bien, en términos generales la mayor parte de las solicitudes se siguen respondiendo y que el promedio de respuesta se ha reducido de 12 a 11 días, lo que se ha elevado es la inconformidad de los peticionarios por la poca o nula cantidad de información que se entrega.

De acuerdo con el informe, de octubre de 2019 a septiembre de 2020 se presentaron a nivel federal un total de 237 mil 62 solicitudes de información, de las cuales, 195 mil 995 fueron respondidas en el periodo señalado.  

Sin embargo, en 31 mil 557 respuestas la dependencia no entregó la información que se le pidió con argumentos como que los datos eran confidenciales, que no era competencia suya, o que era inexistente.

En ese mismo lapso el INAI recibió 14 mil 509 recursos de impugnación promovidos por ciudadanos inconformes con las respuestas que recibieron de las dependencias, lo que equivale al 6.1% de todas las solicitudes recibidas. Es lo que el Instituto denomina como “índice de recurrencia”.

Dicho índice de recurrencia es ligeramente superior al registrado en el periodo anterior (octubre 2018 a septiembre 2019) que fue de 6.0. Pero ambos índices, que en su mayoría corresponden al actual sexenio, son los más altos de los cinco años en los que se hace esta medición.

En comparación con el periodo de octubre de 2015 a septiembre de 2016, donde el índice de recurrencia fue de 3.9, se trata de un incremento del 56%. 

Los datos cobran mayor relevancia si se toma en cuenta que la mayoría de los casos recurridos ante el INAI son ganados por los ciudadanos, lo que permite a dicho Instituto revocar las respuestas de las dependencias y ordenarle que busque y entregue la información solicitada. De los 9 mil 182 recursos de revisión resueltos en el último año, en 5 mil 954 – que equivalen al 64.5% – los comisionados le dieron la razón a los peticionarios.

Entre la información que se había negado a los ciudadanos y que el INAI ordenó que sí fuera entregada destaca las averiguaciones previas por las desapariciones en San Fernando Tamaulipas y Cadereyta Nuevo León; las operaciones facturadas de diversas empresas fantasma; o diversos datos de la construcción e inversión en el Aeropuerto Felipe Ángeles.

El informe del INAI también calcula el denominado “índice de acceso a la información”, que evalúa cuántas solicitudes de información fueron respondidas de acuerdo con el parámetro que marca la ley. El promedio en el último año fue de 97.6%, ligeramente superior al 97.4% registrado un año antes, pero por debajo de los registrado entre 2015 y 2018.

Más opaco que los fideicomisos

El INAI también analizó el nivel de cumplimiento de los distintos entes federales en cuanto a sus obligaciones de transparencia. Mide qué tan completa es la información que están forzados a transparentar proactivamente, sin que nadie la solicite, de acuerdo con las leyes Federal y General en materia de Transparencia. Esto incluye desde directorios y nóminas hasta contratos.

Lo que el informe muestra es que en el último año el Poder Ejecutivo tiene un porcentaje de cumplimiento de sus obligaciones del 93.8%, que es el segundo más bajo solo detrás de los sindicatos que reportan un 78.9%.

Con un mejor desempeño en cuanto a cumplimiento de sus obligaciones se encuentran el Poder Judicial y el Poder Legislativo con un 100% de ellas cubiertas. Le siguen los partidos políticos con un nivel de cumplimiento del 98.5%.

Incluso los fideicomisos, varios de los cuales fueron extinguidos el año pasado bajo acusaciones de ser opacos, presentan un mejor desempeño que el Ejecutivo en su índice de cumplimiento con un 98%. Los organismos autónomos, también criticados por el gobierno, presentaron un nivel de cumplimiento del 96.3%.

El informe del INAI incluye en sus anexos un índice de acceso a la información pública desagregado por cada dependencia obligada a transparentar su información. Y que la ley define como sujetos obligados.

La estadística muestra que, en el caso de la Oficina de la Presidencia de la República, en los últimos dos años ha registrado un nivel de cumplimiento de 93.5 y 94.4%. Se trata de los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Entre 2013 y 2018 dicho porcentaje nunca había bajado del 95%.

La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, ha presentado en los últimos dos años índices de acceso a la información pública de 93.1 y 94.8%. Son sus niveles más bajos desde 2013 cuando registró 92%.

Más de 370 amparos contra el INAI 

El informe también muestra que, en los dos primeros años del actual sexenio, el gobierno federal ha promovido 371 juicios de amparo en contra de resoluciones del INAI en las que se le instruye dar a conocer alguna información. De ellos 211 fueron presentados en 2019 y otros 160 en 2020.

Se trata de una tendencia a litigar en contra de resoluciones de transparencia que proviene de años anteriores y que se ha mantenido en el sexenio actual. En 2016, por ejemplo, se promovieron 113 demandas de amparo, mientras que en 2017 se presentaron 292 y en 2018 el registro fueron 206.

Aunque el 72% de las sentencias provenientes de dichos amparos terminan siendo favorables para el INAI, con ello se logra retrasar el cumplimiento en la desclasificación de información. Un ejemplo de ello ha sido el caso Odebrecht.

Hombres y empresarios, los que más preguntan

El INAI analizó los perfiles de las personas que en el último año promovieron solicitudes de información a nivel federal y concluyó que los hombres son los que más preguntas mandan en una proporción considerable, y que los empresarios son los que más peticiones mandan superando a académicos y periodistas.

En el tema específico del sexo, del total de lo solicitantes de información el 62.9% son hombres y el 37.1%son mujeres. Es una proporción de casi 2 a 1. En cuanto al rango de edad, casi el 30% de los solicitantes se ubican entre los 30 y los 39 años.

El informe alerta de la asimetría que persiste en cuanto a hombres y mujeres que presentan solicitudes de información, sobretodo si se toma en cuanto que a nivel demográfico la población femenina es mayor.

En cuanto a la ocupación de los solicitantes, el INAI llama la atención en el crecimiento de aquellos que dicen ser empresarios, al pasar de 19.2 a 28.7% en los últimos dos años. En cambio, los académicos bajaron de forma sensible del 38.7 al 26.3%.

Lo anterior provoca que ahora sea el ámbito empresarial del que proviene la mayor cantidad de solicitudes de información en el último año, desplazando a los académicos. En tanto los periodistas se ubicaron en el tercer sitio con un 10-5%, nivel muy similar al del año anterior.

En contraste, el informe muestra que de sectores como el de amas de casa proviene solamente el 2.1% de las solicitudes, mientras que de los sindicatos el porcentaje es de apenas 0.2%.

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¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres que cualquier otro país?

La BBC habló con activistas de derechos humanos dentro y fuera de Irán sobre las razones que explican esta situación.
10 de agosto, 2022
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Advertencia: este artículo contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras.

Los grupos de derechos humanos dicen que Irán vive una ola de ejecuciones. Solo en la última semana de julio, 32 personas fueron ejecutadas, incluidas tres mujeres que fueron ahorcadas por asesinar a sus maridos.

“No hay pena de prisión por asesinato . O perdonas o ejecutas“, dice Roya Boroumand, directora ejecutiva de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos.

Mientras que otros países ejecutan a más personas que Irán, ningún otro ejecuta a más mujeres, según las cifras anuales de Amnistía Internacional.

¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres?

Pena de muerte

Además de las tres mujeres ejecutadas afines de julio, otras seis murieron en los primeros seis meses del año, según el Centro Abdorrahman Boroumand.

Agentes preparan una soga de ahorcamiento en Irán.

Getty Images
Los activistas acusan a las autoridades iraníes de ocultar el número real de ejecuciones.

Es cierto que la gran mayoría de ejecuciones en el país son de hombres, pero estas 9 mujeres se suman a un total creciente.

“Entre 2000 y 2022, hemos registrado las ejecuciones de al menos 233 mujeres”, dijo Boroumand a la BBC.

106 mujeres fueron ejecutadas por asesinato y 96 por presuntos delitos de drogas”, agregó.

Se cree que un número menor fue condenado a muerte por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Boroumand dijo que solo alrededor del 15% de estos casos se anunciaron oficialmente. Se conocen otros de presos políticos o de funcionarios que se filtran sin la aprobación de las autoridades.

El alto número de ejecuciones se debe en parte a la falta de flexibilidad, aseguró Boroumand. Según el sistema legal del país, el Estado no puede conmutar una sentencia de muerte por asesinato. La decisión de perdonar recae en la familia de la víctima.

Sin ayuda

La activista iraní Atena Daemi trató de obtener un indulto de última hora para Sanubar Jalali, una mujer afgana de 40 años que finalmente fue ejecutada la semana pasada por matar a su esposo.

La madre de Abdolah Hosseinzadeh, quien fue asesinado en 2007, remueve la soga del cuello de Balal, quien mató a su hijo.

Getty Images
En un extraño acto de compasión, los padres de un joven asesinado perdonaron al asesino después de que fuera llevado a la horca.

Daemi esperaba negociar el perdón con la familia del esposo de Jalali.

“Tratamos de encontrar a la familia de la víctima para suplicarles, pero las autoridades penitenciarias no ayudaron. Nos dieron el número de teléfono de su abogado asignado por el Estado, pero ignoró nuestras solicitudes”, dijo Daemi a la BBC.

“Las autoridades penitenciarias a veces ayudan a que la familia acepte dinero y perdone, pero no siempre”.

Sin embargo, Boroumand puede contar algunos éxitos: trabajando con otros activistas, aseguró haber salvado a dos personas de la ejecución y a otras ocho de la amputación de una parte del cuerpo.

De las otras dos mujeres que fueron ahorcadas el mismo día que Jalali, una era una niña casada a la edad de 15 años. La otra había sido arrestada por matar a su esposo hace más de cinco años.

Defensa débil

Daemi ha pasado siete años en prisión por su activismo. Ella dijo que las prisiones para mujeres carecen de instalaciones básicas y que a veces las reclusas son golpeadas.

Atena Daemi

Atena Daemi
Atena Daemi dice que el sesgo de género en el sistema judicial dificulta la absolución de una mujer acusada de asesinato.

Los procedimientos judiciales a menudo se inclinan contra las mujeres, ya que solo los hombres pueden ser jueces y la mayoría de los abogados también son hombres, señaló.

Los tribunales iraníes deben proporcionar un abogado defensor, pero Daemi aseguró que no brindan suficiente apoyo legal ya que “muchos de estos abogados asignados son exjueces o fiscales”.

“Probar la inocencia no es fácil en los casos de asesinato. En esos casos, las palabras de los familiares de la víctima tienen más peso que las del acusado”, indicó Daemi.

Sistema sexista

La periodista iraní Asieh Amini, que ahora vive en Noruega, ha seguido de cerca los casos en que las mujeres son condenadas a muerte. Ella considera que la raíz del problema es el propio sistema legal.

Una mujer iraní detenida en prisión.

Getty Images
Muchas familias cortan vínculos con las mujeres que son acusadas judicialmente, explican los activistas.

“Según la ley, el padre y el abuelo paterno son el cabeza de familia y pueden decidir el destino de las hijas, incluido el matrimonio”, explicó Amini a la BBC.

Esto significa que las niñas que se ven obligadas a casarse pueden enfrentar graves problemas, incluida la violencia doméstica, y les resultará casi imposible divorciarse en los tribunales iraníes, añade.

Las mujeres condenadas a muerte a menudo pierden incluso el apoyo de sus padres, quienes pueden desear defender lo que consideran el “honor de la familia“.

“En esta condición, algunas mujeres siguen siendo víctimas de la violencia para siempre”, dice Amini.

Otras consideran matar a sus maridos.

“Algunas de estas mujeres confesaron que ellas mismas cometieron el asesinato o alguien las ayudó. Casi todas enfatizaron en que si hubiera habido una manera de apoyarlas contra la violencia que estaban soportando, no habrían cometido el crimen”, afirmó.

Asieh Amini

Javad Montazeri
Asieh Amini atribuye la ejecución de mujeres en Irán a las leyes religiosas y a la sociedad patriarcal.

Ejecuciones de menores

Amini citó como ejemplo de cómo los tribunales tratan a algunas mujeres el caso de una niña de 16 años, Atefeh Sahaleh, quien fue abusada sexualmente por varios hombres.

En lugar de buscar justicia para la adolescente, los jueces dictaminaron en 2004 que había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

“Fue condenada a muerte por confesar haber tenido relaciones sexuales con unos hombres, cuando en realidad fue violada”, explicó Amini.

Aseguró que, según el Código Penal Islámico de Irán, si una persona soltera confiesa haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, será sentenciada a 100 latigazos. Y si este acto se repite tres veces, pueden ser condenadas a muerte.

“Pero en el caso de Atefeh, ni siquiera se aplicó esta ley inhumana, porque descubrí que le dieron 100 latigazos solo dos veces antes de que el juez dictaminara que tenía que ser ejecutada”, dijo Amini.

“Por cuarta vez, este mismo juez, cuyo nombre era Haji Rezaei, puso la cuerda alrededor del cuello de Atefeh“.

El entusiasmo por la retribución no termina ahí. La activista contra la pena de muerte Narges Mohammadi publicó un video donde describe una ejecución en la que el hijo de una mujer condenada por asesinar a su esposo pateó el taburete de debajo de los pies de su madre en la horca.

Reclusas iraníes sentadas en su celda en la cárcel de Evin.

Getty Images
Atena Daemi dice que las cárceles de mujeres a menudo carecen incluso de las necesidades básicas

Mohammadi cree que la familia del marido asesinado ejerció mucha presión sobre el hijo y sus parientes para restaurar el “honor familiar”.

Herramienta de intimidación

Amini lamenta que la discriminación en la ley, los tribunales y las tradiciones “jueguen un papel en llevar a estas mujeres a un callejón sin salida, convirtiéndolas en criminales o en víctimas”. Sin embargo, no está segura de qué hacer con esta serie de ejecuciones.

“Realmente nunca entendí durante los años que seguí estos casos de prisión en prisión, cómo el gobierno de Irán se beneficia de un castigo tan brutal“, dijo.

No obstante, Boroumand tiene una teoría.

Una mujer parada en la horca en Irán.

Getty Images
En el exterior ha habido muchas protestas contra el uso de la pena capital por parte de Irán.

Las prisiones de Irán ahora están abarrotadas de presos políticos y consumidores de drogas, y para aliviar la presión sobre las cárceles, cree que los funcionarios obligan a los familiares de las personas asesinadas a acelerar su decisión: clemencia o muerte.

Boroumand teme que esto lleve a que muchos más sean enviados a la horca.

Ella también sospecha que las autoridades tienen un motivo oculto para el castigo extremo.

“Recientemente le amputaron la mano a un hombre en Teherán. Están trayendo prisioneros de otras ciudades para realizar las amputaciones”, aseguró.

“No lo están anunciando, pero lo hacen de tal manera que la información sobre el castigo se filtrará en la sociedad en general y creará miedo entre los activistas”.

El gobierno iraní no responde a las solicitudes de comentarios de la BBC, pero el poder judicial ha dicho previamente que las ejecuciones son legales y no violan las obligaciones internacionales (tratados firmados por Irán). El gobierno iraní ha negado repetidamente los informes de tortura y confesiones forzadas.


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