CEAV: caen 80% las reparaciones a víctimas; funcionarios, sin contrato
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Foto ilustrativa Cuartoscuro

CEAV se desploma: caen más de 80% las reparaciones a víctimas; funcionarios laboran sin contrato

Desde hace más de medio año no hay titular en la Comisión y quien estaba de encargado renunció al arranque de año. Hay víctimas que, aún cuando ya ganaron amparos siguen sin ser indemnizadas.
Foto ilustrativa Cuartoscuro
9 de febrero, 2021
Comparte

La Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV), que desde hace un año enfrentaba problemas serios de operación, organización y falta de presupuesto, ha llegado a un punto crítico: su labor fundamental, los pagos por reparación del daño e indemnizaciones a las víctimas, se desplomaron más de 80 por ciento en 2020.

Datos oficiales obtenidos por Animal Político vía transparencia revelan que mientras en 2019 se entregaron más de 440 millones de pesos a 715 víctimas por conceptos de reparación y compensación, para 2020 dicha cifra se desplomó a menos de 75 millones de pesos para 213 victimas. 

Los recursos para dichos pagos provenían del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que el año pasado fue eliminado por decreto presidencial y que, hasta ahora, no está claro cómo será sustituido. La Comisión, con el presupuesto de su propia operación, ha tenido que asumir el pago de algunos apoyos emergentes como viáticos.

La situación afecta a los propios funcionarios de la CEAV. Trabajadores contratados vía outsourcing en la institución laboran sin que sus contratos que terminaron el 31 de diciembre hayan sido renovados. Aunque no se le ha dejado de pagar señalan que viven en la incertidumbre de perder su trabajo en cualquier momento.

Y no hay quien responda en el puesto más alto de la institución. Desde mediados de 2020 la comisionada titular de la CEAV, Mara Gómez, renunció al cargo tras haber denunciado falta de apoyos a la comisión, y a más de seis meses de distancia no se ha nombrado una nueva comisionada. El funcionario que fue designado como encargado, también renunció a principios de año.

Lee: “Si se elimina fideicomiso de la CEAV no podremos seguir buscando”: familias de desaparecidos

“No sabemos qué ocurre, no nos dicen casi nada. Ni siquiera está claro quien dirige la institución porque nuestras jefas directas tampoco saben. Seguimos laborando, pero hay mucha incertidumbre, hace mucho que tampoco se dan capacitaciones. Y eso está ocurriendo en todas las áreas”, dijo una psicóloga que colabora en la comisión, y cuya identidad no se revela por temor a alguna represalia.

La falta de una comisionada ha dejado aún más en la indefensión a las víctimas que desde hace meses – y en algunos casos años – han esperado sus compensaciones de reparación integral del daño. Algunas recurrieron y ganaron amparos promovidos en contra de la excomisionada Gómez para que ya se liberaran los pagos, pero con su salida de la institución el proceso no se ha consumado.

“Aquí no solo es un tema de recursos sino de falta de voluntad. Porque el FAARI aun existió durante buena parte del año pasado y sí había recursos, que si bien no eran los suficientes por lo menos había y aún con ello los pagos tampoco fluían. No emiten las resoluciones y no hay reparaciones” dijo Reyna Velasco, asesora legal de varios casos de víctimas ante CEAV.

El pasado viernes por la mañana, Animal Político solicitó a la CEAV un posicionamiento en torno al descenso en el pago de las indemnizaciones y el hecho de que haya colaboradores suyos sin contrato, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

El desfonde en apoyos

Para apoyar a las personas que padecieron una violación grave a sus derechos humanos o que fueron victimas de un delito, la CEAV entrega una compensación económica como parte del proceso integral de reparación del daño. Se trata de un pago definitivo que se concede a las víctimas previa resolución de un comité que analiza y pondera las circunstancias de cada hecho.

En el caso específico de las compensaciones por violaciones a derechos humanos, los datos oficiales obtenidos en respuesta a la solicitud de transparencia folio 0063300035020 arrojan que, en 2020, la CEAV entregó apoyos por 48.6 millones de pesos a 156 victimas directas e indirectas. Esto representa una caída de más del 81 por ciento respecto a 2019, donde las indemnizaciones de este tipo alcanzaron los 259 millones de pesos para 427 víctimas.

Lo mismo ocurre en los subsidios a víctimas de un delito. La comisión reportó la entrega de solo 26.3 millones de pesos a 57 víctimas, muy por debajo de los 181.5 millones de pesos que se pagaron en 2019 a 288 víctimas. Equivale a una caída del 85 por ciento.

Dicho de otra forma: de cada 10 pesos que en 2019 autorizó la CEAV como reparaciones del daño, en 2020 ya solo se entregaron 2 pesos.

En el caso de las compensaciones por violaciones a derechos humanos, el desplome es aún más significativo si se toma en cuenta que desde el arranque del actual sexenio comenzaron a descender. En comparación con 2018, en 2019 se entregaron casi 92 millones de pesos menos.

Lo anterior significa que entre 2018 y 2020, los pagos por compensaciones por violaciones a derechos humanos han descendido casi 88 por ciento.

El único rubro que no ha registrado descensos es el de los pagos de ayuda inmediata, que son apoyos mensuales para cubrir gastos de traslados, servicios médicos, tratamientos psicológicos, cambios de domicilio, etc., y otras necesidades urgentes de las víctimas. Se trata de un recurso provisional que se entrega a las personas mientras se define y se les paga la compensación final por reparación del daño.

Los datos proporcionados por CEAV muestran que en 2020 se entregaron 522.2 millones de pesos a 6 mil 38 victimas, cifra ligeramente superior a los 521.6 millones de pesos repartidos a 5 mil 426 victimas en 2019. Aunque ya repartido, el promedio de apoyo por victima bajó de los 96 a los 86 mil pesos.

El dinero para todos estos apoyos provenía por ley del FAARI, un fondo de apoyo a victimas que la ley contemplaba para los subsidios, el cual era independiente del presupuesto corriente de CEAV. Sin embargo, en octubre de 2020 el Congreso aprobó la propuesta presidencial de desaparecer este y otros fideicomisos. Eso significó, en consecuencia, la desaparición del propio fondo.

El pasado 15 de enero la CEAV emitió un comunicado en el que aseguró que los pagos de ayuda inmediata como viáticos y traslados no se suspenderían pese a la desaparición del FAAARI, ya que los mismos serían cubiertos con el presupuesto asignado a la institución. No obstante, reconoció que aún no estaban listas las reglas de operación para el resto de los apoyos.

“Ante las dudas sobre la operación de la CEAV, informamos que actualmente la Comisión Ejecutiva y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elaboran en conjunto las nuevas reglas de operación para el uso y dispersión de esos recursos. Una vez que se cuente con los nuevos lineamientos, se harán de conocimiento”, indicó la comisión.

¿Por qué han caído los apoyos?

Yuriria Rodríguez Estrada, una de las integrantes de la terna final propuesta por el gobierno para ser la nueva titular de la CEAV, advirtió que detrás de la drástica reducción de las indemnizaciones podría haber varias explicaciones. Por un lado, menciona que los apoyos trabajan en función de las solicitudes que presentan las víctimas, por lo que un descenso de estas podría justificar en algún grado la caída.

Sin embargo, Rodríguez subrayó que desde la puesta en marcha de la CEAV las víctimas han enfrentado múltiples dificultades burocráticas para acceder de forma ágil y rápida a los recursos del ya desaparecido FAARI. Estas dificultades se han ido agravando conforme las demandas de las víctimas han crecido y el sistema no es capaz de solventarlas.

Lee: Ejército acepta a 187 víctimas de sus operativos, pero negocia con ellos para no reportarlos a la CEAV

“Una de las fallas del FAARI era el entramado administrativo que tenía y donde las víctimas llegaban a tardar meses e incluso años para acceder a los recursos. Hay que garantizar que los lineamientos que se dice ahora que se están preparando sean expeditos y pro-persona para que los recursos fluyan y sean acordes” dijo en entrevista con este medio.

Hay casos que prueban que este problema ocurre y con frecuencia. Por ejemplo, en octubre de 2019 una jueza federal decidió amparar a los padres de una menor fallecida en el incendio de la Guardería ABC, que reclamaban a la CEAV una indemnización acorde al daño que padecieron. La jueza le ordenó a la comisión establecer una reparación justa y proceder con el pago.

Pero a más de dos años de distancia dicha reparación no ha llegado. En febrero de 2020 el juzgado multó a la comisionada por no agilizar el trámite y en marzo se inició un procedimiento por la inejecución del amparo. Pero ni con eso ha llegado el apoyo. La renuncia de Gómez y la falta de un nuevo titular dejó el caso en el limbo.

La abogada Reyna Velasco, experta en la representación legal de víctimas, advirtió que el caso de la familia de la Guardería ABC es uno de varios donde las personas son revictimizadas por la propia CEAV debido a la lentitud y a la burocracia que impera en la entra de los apoyos. Incluso, la comisión ha llegado a litigar en contra de las propias víctimas.

“La reparación del daño de una víctima es una de las labores fundamentales de la CEAV. Para eso se creó esta comisión y es algo que desde hace tiempo no hace. Lo que ha habido es un empeoramiento progresivo de esta comisión y si bien es cierto que ahora falta dinero, ha faltado mucha más voluntad”, dijo la experta.

Un reflejo del nivel al que ha llegado la crisis, señala la abogada, es el plantón que desde hace varios días instalaron decenas de víctimas afuera de la Secretaría de Gobernación, reclamando que la falta en entrega de apoyos por parte de la CEAV. “Simplemente las víctimas ya no tienen a quien acudir, la Comisión no opera”, dijo la experta.

Sobre dicho plantón, la Comisión emitió un segundo comunicado el pasado viernes en el que reiteró que ha escuchado a los manifestantes y se han atendido en lo posible sus peticiones, e insistió que los apoyos inmediatos serán cubiertos con su presupuesto operativo luego de la desaparición del FAARI. Esto mientras se definen nuevos lineamientos.

Renuncias e incertidumbre

El año pasado la CEAV emitió un informe en el que reconoció que, debido a un mal diseño institucional de origen, más del 60 por ciento de sus especialistas y colaboradores son trabajadores eventuales o contratados vía outsourcing. Para corregir ello y crear las plazas que se requieren se necesita un incremento presupuestal que no ha llegado.

Al concluir 2020 el convenio laboral de los empleados subcontratados en CEAV terminó y, según lo revelado por varios de ellos bajo condición de anonimato, hasta ahora han continuado trabajando sin que se les haya renovado.

“Parece que no saben muy bien que hacer con nosotros. En algún momento nos dijeron que podrían darnos plazas por la política del presidente de que no haya outsourcing pero no pasó nada. Luego nos iban a pedir papeles, pero tampoco pasó nada. No hemos firmado ningún contrato y desde diciembre se acabó” dijo una de las funcionarias.

De acuerdo con estimaciones dadas a conocer por la propia CEAV el año pasado, aproximadamente 230 de sus trabajadores y colaboradores de sus áreas centrales no tienen plaza de estructura y están subcontratados.

La necesidad de hacer una reestructuración a fondo en la comisión y dotarlas de mayores recursos fue expuesta en mayo del año pasado por la entonces titular de la CEAV Mara Gómez Pérez, en respuesta a las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno que, según la funcionaria, ponían en peligro la operación de dicha institución. 

Unas semanas después de esos señalamientos, la titular de la CEAV presentó su renuncia en una carta en la que acusó que “no se puede transformar una institución sin apoyo”. Desde esa fecha la titularidad de la comisión ha permanecido acéfala, debido a que el Congreso no ha logrado finiquitar el proceso para designar a una nueva titular.

Tras la salida de Mara Gómez fue designado como encargado del despacho de la Comisión Andrés Vázquez, quien originalmente ocupaba la Dirección General de Asesoría y Asuntos Jurídicos. Sin embargo, dicho funcionario también renunció al cargo en la primera semana del año.

Desde su creación la CEAV ha sufrido de múltiples movimientos en su dirección. Originalmente contaba con un pleno de siete comisionados, sin embargo, debido a distintas diferencias e incluso señalamientos de posible corrupción varios de ellos fueron renunciando. Finalmente, dicho pleno fue eliminado.

Animal Político publicó en enero del año pasado que la comisión ya operaba al borde del colapso, debido a la carga de trabajo y personal insuficiente, a lo que se sumaban denuncias negligencias, maltratos y hasta posibles abusos.

“Deberían existir condiciones laborales muy claras, pero esta práctica de la subcontraración vía outsourcing se volvió un patrón común en muchas dependencias y la CEAV no fue la excepción. No se respetan los derechos laborales de las personas. Y cada año es lo mismo, no se puede recontratar y tiene que haber ampliaciones.  El problema es que, si se decide no recontratar en la CEAV al personal de outsourcing, es muy complicado e irreal que siga operando”, dijo Rodríguez Estrada.

Renovación o extinción

La abogada Reyna Velasco consideró que, actualmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra en una condición de “abandono institucional” que pone en serio riesgo su existencia. Sus fallas y mal diseño de origen (poniéndola como órgano único de atender a las víctimas de muchos otros) sumado a su presupuesto cada vez más reducido y la eliminación del FAARI, han complicado aún más el panorama.

“Y parece que ni urge o si no cómo se explica que pasan los meses y ni siquiera el nombramiento de una nueva o nuevo titular parece ser una prioridad”, dijo la abogada.

Para Rodríguez Estrada, quien tuvo los mejores puntajes de la terna final para elegir a una nueva comisionada, lo que la Comisión requiere no son promesas de cambio de la noche a la mañana, sino una reestructuración de fondo que de la vuelta a una forma de operar que, en los hechos, no ha cumplido con las expectativas de procurar a las víctimas y reparar el daño que sufrieron.

“Yo creo que más allá de fortalecer a la comisión tenemos que hablar de un proceso que nos ayude a reestructurar una comisión que no se ha podido consolidar desde el inicio. Muchas veces ha atendido más a intereses políticos que a una operación y acompañamiento real de las víctimas que es lo que se requiere. Requerimos una institución humanista que acompañe a las víctimas desde una visión integral y social, y que sea humana y cálida” concluyó Rodríguez.

La elección de una nueva comisionada o comisionado de CEAV está actualmente en las manos del Senado de la República quien deberá convocar primero, a los tres finalistas para que comparezcan en comisiones. Se prevé que esto ocurra en el actual periodo de sesiones.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Getty Images

Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
Comparte

Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

Getty Images

1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

Getty Images
Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

Getty Images
Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

Getty Images
106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

Getty Images

Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Iw8YMJx_rSM

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.