CEAV: caen 80% las reparaciones a víctimas; funcionarios, sin contrato
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Foto ilustrativa Cuartoscuro

CEAV se desploma: caen más de 80% las reparaciones a víctimas; funcionarios laboran sin contrato

Desde hace más de medio año no hay titular en la Comisión y quien estaba de encargado renunció al arranque de año. Hay víctimas que, aún cuando ya ganaron amparos siguen sin ser indemnizadas.
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9 de febrero, 2021
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La Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV), que desde hace un año enfrentaba problemas serios de operación, organización y falta de presupuesto, ha llegado a un punto crítico: su labor fundamental, los pagos por reparación del daño e indemnizaciones a las víctimas, se desplomaron más de 80 por ciento en 2020.

Datos oficiales obtenidos por Animal Político vía transparencia revelan que mientras en 2019 se entregaron más de 440 millones de pesos a 715 víctimas por conceptos de reparación y compensación, para 2020 dicha cifra se desplomó a menos de 75 millones de pesos para 213 victimas. 

Los recursos para dichos pagos provenían del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que el año pasado fue eliminado por decreto presidencial y que, hasta ahora, no está claro cómo será sustituido. La Comisión, con el presupuesto de su propia operación, ha tenido que asumir el pago de algunos apoyos emergentes como viáticos.

La situación afecta a los propios funcionarios de la CEAV. Trabajadores contratados vía outsourcing en la institución laboran sin que sus contratos que terminaron el 31 de diciembre hayan sido renovados. Aunque no se le ha dejado de pagar señalan que viven en la incertidumbre de perder su trabajo en cualquier momento.

Y no hay quien responda en el puesto más alto de la institución. Desde mediados de 2020 la comisionada titular de la CEAV, Mara Gómez, renunció al cargo tras haber denunciado falta de apoyos a la comisión, y a más de seis meses de distancia no se ha nombrado una nueva comisionada. El funcionario que fue designado como encargado, también renunció a principios de año.

Lee: “Si se elimina fideicomiso de la CEAV no podremos seguir buscando”: familias de desaparecidos

“No sabemos qué ocurre, no nos dicen casi nada. Ni siquiera está claro quien dirige la institución porque nuestras jefas directas tampoco saben. Seguimos laborando, pero hay mucha incertidumbre, hace mucho que tampoco se dan capacitaciones. Y eso está ocurriendo en todas las áreas”, dijo una psicóloga que colabora en la comisión, y cuya identidad no se revela por temor a alguna represalia.

La falta de una comisionada ha dejado aún más en la indefensión a las víctimas que desde hace meses – y en algunos casos años – han esperado sus compensaciones de reparación integral del daño. Algunas recurrieron y ganaron amparos promovidos en contra de la excomisionada Gómez para que ya se liberaran los pagos, pero con su salida de la institución el proceso no se ha consumado.

“Aquí no solo es un tema de recursos sino de falta de voluntad. Porque el FAARI aun existió durante buena parte del año pasado y sí había recursos, que si bien no eran los suficientes por lo menos había y aún con ello los pagos tampoco fluían. No emiten las resoluciones y no hay reparaciones” dijo Reyna Velasco, asesora legal de varios casos de víctimas ante CEAV.

El pasado viernes por la mañana, Animal Político solicitó a la CEAV un posicionamiento en torno al descenso en el pago de las indemnizaciones y el hecho de que haya colaboradores suyos sin contrato, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

El desfonde en apoyos

Para apoyar a las personas que padecieron una violación grave a sus derechos humanos o que fueron victimas de un delito, la CEAV entrega una compensación económica como parte del proceso integral de reparación del daño. Se trata de un pago definitivo que se concede a las víctimas previa resolución de un comité que analiza y pondera las circunstancias de cada hecho.

En el caso específico de las compensaciones por violaciones a derechos humanos, los datos oficiales obtenidos en respuesta a la solicitud de transparencia folio 0063300035020 arrojan que, en 2020, la CEAV entregó apoyos por 48.6 millones de pesos a 156 victimas directas e indirectas. Esto representa una caída de más del 81 por ciento respecto a 2019, donde las indemnizaciones de este tipo alcanzaron los 259 millones de pesos para 427 víctimas.

Lo mismo ocurre en los subsidios a víctimas de un delito. La comisión reportó la entrega de solo 26.3 millones de pesos a 57 víctimas, muy por debajo de los 181.5 millones de pesos que se pagaron en 2019 a 288 víctimas. Equivale a una caída del 85 por ciento.

Dicho de otra forma: de cada 10 pesos que en 2019 autorizó la CEAV como reparaciones del daño, en 2020 ya solo se entregaron 2 pesos.

En el caso de las compensaciones por violaciones a derechos humanos, el desplome es aún más significativo si se toma en cuenta que desde el arranque del actual sexenio comenzaron a descender. En comparación con 2018, en 2019 se entregaron casi 92 millones de pesos menos.

Lo anterior significa que entre 2018 y 2020, los pagos por compensaciones por violaciones a derechos humanos han descendido casi 88 por ciento.

El único rubro que no ha registrado descensos es el de los pagos de ayuda inmediata, que son apoyos mensuales para cubrir gastos de traslados, servicios médicos, tratamientos psicológicos, cambios de domicilio, etc., y otras necesidades urgentes de las víctimas. Se trata de un recurso provisional que se entrega a las personas mientras se define y se les paga la compensación final por reparación del daño.

Los datos proporcionados por CEAV muestran que en 2020 se entregaron 522.2 millones de pesos a 6 mil 38 victimas, cifra ligeramente superior a los 521.6 millones de pesos repartidos a 5 mil 426 victimas en 2019. Aunque ya repartido, el promedio de apoyo por victima bajó de los 96 a los 86 mil pesos.

El dinero para todos estos apoyos provenía por ley del FAARI, un fondo de apoyo a victimas que la ley contemplaba para los subsidios, el cual era independiente del presupuesto corriente de CEAV. Sin embargo, en octubre de 2020 el Congreso aprobó la propuesta presidencial de desaparecer este y otros fideicomisos. Eso significó, en consecuencia, la desaparición del propio fondo.

El pasado 15 de enero la CEAV emitió un comunicado en el que aseguró que los pagos de ayuda inmediata como viáticos y traslados no se suspenderían pese a la desaparición del FAAARI, ya que los mismos serían cubiertos con el presupuesto asignado a la institución. No obstante, reconoció que aún no estaban listas las reglas de operación para el resto de los apoyos.

“Ante las dudas sobre la operación de la CEAV, informamos que actualmente la Comisión Ejecutiva y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elaboran en conjunto las nuevas reglas de operación para el uso y dispersión de esos recursos. Una vez que se cuente con los nuevos lineamientos, se harán de conocimiento”, indicó la comisión.

¿Por qué han caído los apoyos?

Yuriria Rodríguez Estrada, una de las integrantes de la terna final propuesta por el gobierno para ser la nueva titular de la CEAV, advirtió que detrás de la drástica reducción de las indemnizaciones podría haber varias explicaciones. Por un lado, menciona que los apoyos trabajan en función de las solicitudes que presentan las víctimas, por lo que un descenso de estas podría justificar en algún grado la caída.

Sin embargo, Rodríguez subrayó que desde la puesta en marcha de la CEAV las víctimas han enfrentado múltiples dificultades burocráticas para acceder de forma ágil y rápida a los recursos del ya desaparecido FAARI. Estas dificultades se han ido agravando conforme las demandas de las víctimas han crecido y el sistema no es capaz de solventarlas.

Lee: Ejército acepta a 187 víctimas de sus operativos, pero negocia con ellos para no reportarlos a la CEAV

“Una de las fallas del FAARI era el entramado administrativo que tenía y donde las víctimas llegaban a tardar meses e incluso años para acceder a los recursos. Hay que garantizar que los lineamientos que se dice ahora que se están preparando sean expeditos y pro-persona para que los recursos fluyan y sean acordes” dijo en entrevista con este medio.

Hay casos que prueban que este problema ocurre y con frecuencia. Por ejemplo, en octubre de 2019 una jueza federal decidió amparar a los padres de una menor fallecida en el incendio de la Guardería ABC, que reclamaban a la CEAV una indemnización acorde al daño que padecieron. La jueza le ordenó a la comisión establecer una reparación justa y proceder con el pago.

Pero a más de dos años de distancia dicha reparación no ha llegado. En febrero de 2020 el juzgado multó a la comisionada por no agilizar el trámite y en marzo se inició un procedimiento por la inejecución del amparo. Pero ni con eso ha llegado el apoyo. La renuncia de Gómez y la falta de un nuevo titular dejó el caso en el limbo.

La abogada Reyna Velasco, experta en la representación legal de víctimas, advirtió que el caso de la familia de la Guardería ABC es uno de varios donde las personas son revictimizadas por la propia CEAV debido a la lentitud y a la burocracia que impera en la entra de los apoyos. Incluso, la comisión ha llegado a litigar en contra de las propias víctimas.

“La reparación del daño de una víctima es una de las labores fundamentales de la CEAV. Para eso se creó esta comisión y es algo que desde hace tiempo no hace. Lo que ha habido es un empeoramiento progresivo de esta comisión y si bien es cierto que ahora falta dinero, ha faltado mucha más voluntad”, dijo la experta.

Un reflejo del nivel al que ha llegado la crisis, señala la abogada, es el plantón que desde hace varios días instalaron decenas de víctimas afuera de la Secretaría de Gobernación, reclamando que la falta en entrega de apoyos por parte de la CEAV. “Simplemente las víctimas ya no tienen a quien acudir, la Comisión no opera”, dijo la experta.

Sobre dicho plantón, la Comisión emitió un segundo comunicado el pasado viernes en el que reiteró que ha escuchado a los manifestantes y se han atendido en lo posible sus peticiones, e insistió que los apoyos inmediatos serán cubiertos con su presupuesto operativo luego de la desaparición del FAARI. Esto mientras se definen nuevos lineamientos.

Renuncias e incertidumbre

El año pasado la CEAV emitió un informe en el que reconoció que, debido a un mal diseño institucional de origen, más del 60 por ciento de sus especialistas y colaboradores son trabajadores eventuales o contratados vía outsourcing. Para corregir ello y crear las plazas que se requieren se necesita un incremento presupuestal que no ha llegado.

Al concluir 2020 el convenio laboral de los empleados subcontratados en CEAV terminó y, según lo revelado por varios de ellos bajo condición de anonimato, hasta ahora han continuado trabajando sin que se les haya renovado.

“Parece que no saben muy bien que hacer con nosotros. En algún momento nos dijeron que podrían darnos plazas por la política del presidente de que no haya outsourcing pero no pasó nada. Luego nos iban a pedir papeles, pero tampoco pasó nada. No hemos firmado ningún contrato y desde diciembre se acabó” dijo una de las funcionarias.

De acuerdo con estimaciones dadas a conocer por la propia CEAV el año pasado, aproximadamente 230 de sus trabajadores y colaboradores de sus áreas centrales no tienen plaza de estructura y están subcontratados.

La necesidad de hacer una reestructuración a fondo en la comisión y dotarlas de mayores recursos fue expuesta en mayo del año pasado por la entonces titular de la CEAV Mara Gómez Pérez, en respuesta a las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno que, según la funcionaria, ponían en peligro la operación de dicha institución. 

Unas semanas después de esos señalamientos, la titular de la CEAV presentó su renuncia en una carta en la que acusó que “no se puede transformar una institución sin apoyo”. Desde esa fecha la titularidad de la comisión ha permanecido acéfala, debido a que el Congreso no ha logrado finiquitar el proceso para designar a una nueva titular.

Tras la salida de Mara Gómez fue designado como encargado del despacho de la Comisión Andrés Vázquez, quien originalmente ocupaba la Dirección General de Asesoría y Asuntos Jurídicos. Sin embargo, dicho funcionario también renunció al cargo en la primera semana del año.

Desde su creación la CEAV ha sufrido de múltiples movimientos en su dirección. Originalmente contaba con un pleno de siete comisionados, sin embargo, debido a distintas diferencias e incluso señalamientos de posible corrupción varios de ellos fueron renunciando. Finalmente, dicho pleno fue eliminado.

Animal Político publicó en enero del año pasado que la comisión ya operaba al borde del colapso, debido a la carga de trabajo y personal insuficiente, a lo que se sumaban denuncias negligencias, maltratos y hasta posibles abusos.

“Deberían existir condiciones laborales muy claras, pero esta práctica de la subcontraración vía outsourcing se volvió un patrón común en muchas dependencias y la CEAV no fue la excepción. No se respetan los derechos laborales de las personas. Y cada año es lo mismo, no se puede recontratar y tiene que haber ampliaciones.  El problema es que, si se decide no recontratar en la CEAV al personal de outsourcing, es muy complicado e irreal que siga operando”, dijo Rodríguez Estrada.

Renovación o extinción

La abogada Reyna Velasco consideró que, actualmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra en una condición de “abandono institucional” que pone en serio riesgo su existencia. Sus fallas y mal diseño de origen (poniéndola como órgano único de atender a las víctimas de muchos otros) sumado a su presupuesto cada vez más reducido y la eliminación del FAARI, han complicado aún más el panorama.

“Y parece que ni urge o si no cómo se explica que pasan los meses y ni siquiera el nombramiento de una nueva o nuevo titular parece ser una prioridad”, dijo la abogada.

Para Rodríguez Estrada, quien tuvo los mejores puntajes de la terna final para elegir a una nueva comisionada, lo que la Comisión requiere no son promesas de cambio de la noche a la mañana, sino una reestructuración de fondo que de la vuelta a una forma de operar que, en los hechos, no ha cumplido con las expectativas de procurar a las víctimas y reparar el daño que sufrieron.

“Yo creo que más allá de fortalecer a la comisión tenemos que hablar de un proceso que nos ayude a reestructurar una comisión que no se ha podido consolidar desde el inicio. Muchas veces ha atendido más a intereses políticos que a una operación y acompañamiento real de las víctimas que es lo que se requiere. Requerimos una institución humanista que acompañe a las víctimas desde una visión integral y social, y que sea humana y cálida” concluyó Rodríguez.

La elección de una nueva comisionada o comisionado de CEAV está actualmente en las manos del Senado de la República quien deberá convocar primero, a los tres finalistas para que comparezcan en comisiones. Se prevé que esto ocurra en el actual periodo de sesiones.

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Cómo los cárteles en México están usando armas no convencionales como si fueran ejércitos en guerra

La reciente muerte de un hombre tras pisar una mina sembrada por el narco da muestra de la creciente militarización de los cárteles mexicanos en su carrera armamentística.
24 de marzo, 2022
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La muerte de un campesino en febrero tras pisar una mina sembrada por el narco en Aguililla, en el oeste de México, encendió las alarmas sobre la escalada de violencia en una zona ya de por sí asediada durante años por el fuego cruzado entre grupos rivales.

El suceso en este municipio, bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde nació su líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, dista mucho de ser una amenaza puntual.

En unas tres semanas, el Ejército mexicano desactivó al menos 250 explosivos caseros en esta zona conocida como Tierra Caliente, revelado como un auténtico campo minado para mayor terror de la población local.

Las minas antipersona, que recuerdan a las estrategias utilizadas en países de grandes conflictos armados, se suman así al arsenal de los cárteles mexicanos que han aumentado su poder y diversificado sus armas hasta contar con muchas de las utilizadas por militares y ejércitos en guerra.

“Ahora el crimen organizado utiliza minas artesanales en los caminos y drones cargados con explosivos. Entonces, o te cuidas del suelo que pisas, o te cuidas de lo que hay sobre tu cabeza”, resume la situación para BBC Mundo Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, donde en febrero se desplegaron efectivos del Ejército para tratar de recuperar su control.

En efecto, a medida que la violencia aumentó en México, los grupos criminales adoptaron en la última década un enfoque cada vez más militarizado en sus tácticas y, sobre todo, en sus armas.

De contar con viejas armas soviéticas en el pasado, los cárteles pasaron a utilizar desde fusiles característicos de ejércitos en guerra hasta los drones con explosivos de tecnología más sofisticada, pasando por la fabricación de sus propios vehículos blindados o incluso submarinos. Y ahora, también minas improvisadas.

Vehículo blindado

Sec. Seguridad Michoacán
Autoridades de Michoacán aseguraron en Aguililla recientemente varios “monstruos” o “narcotanques”, vehículos blindados de manera artesanal utilizados por carteles en México.

Para Robert J. Bunker y John P. Sullivan, autores de dos libros sobre los avances en las tácticas de los carteles mexicanos en los últimos años y sobre la evolución de su armamento con artefactos explosivos aéreos, la adopción de minas terrestres o drones armados refleja “una escalada de violencia potencialmente indiscriminada”.

“Representan amenazas potenciales significativas a las que el Ejército mexicano tendrá que responder y evitar antes de que proliferen entre otros grupos dentro del país”, dice Bunker, entrevistado por BBC Mundo.

BBC Mundo solicitó comentarios sobre este tema de la Secretaría de Defensa de México (Sedena), que desplegó efectivos para desactivar las minas en Michoacán, pero no obtuvo respuesta.

Según autoridades militares citadas por el diario El Universal, en el rastreo en la zona se encontraron minas fabricadas de modo casero, colocadas a unos 150 metros una de otra, y escondidas no solo a las afueras de las comunidades sino también en su interior.

Soldado mexicano buscando minas

AFP
El Ejército mexicano desactivó cientos de minas en los alrededores de Aguililla, Michoacán.

En un comunicado del 9 de febrero, la Sedena aseguró que “se logró restablecer la transitabilidad y la paz social” en Aguililla tras el ingreso de soldados al municipio “con la finalidad de realizar operaciones para fortalecer el estado de derecho en la región”, pero no hubo mención al hallazgo de las minas.

Sin embargo, el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, fue asesinado menos de un mes después.

“Llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región, trabajando con programas sociales (…) y se está avanzando, ya empezó a regresar la gente, recogieron sus cosechas, están inscribiéndose en los programas de Bienestar. Sin embargo, sigue habiendo tensiones“, dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo logran estas armas?

Los expertos consultados sitúan el inicio de esta evolución y militarización de las armas del crimen organizado en México en el momento en que el Cártel del Golfo desplegó hace años por primera vez a exsoldados profesionales como parte de los Zetas, su antiguo brazo armado.

Aquello fue el detonante para que cuando un cartel intentaba sobrevivir y competir contra grupos rivales, optara por reforzar sus unidades utilizando armamento de grado militar, opinan los fundadores del sitio web de análisis de conflictos y grupos criminales en América Latina Small Wars Journal-El Centro.

En opinión de Bunker, “esto resultó en una ‘revolución militar de carteles’ que aún continúa”.

Dron usado por grupos de delincuencia organizada

Fiscalía General de la República
Drones cada vez más sofisticados son usados por grupos de delincuencia organizada en México.

El origen de dichas armas pueden ser tres. En el pasado, los cárteles mexicanos obtuvieron armas de arsenales de gobiernos centroamericanos como rifles de asalto, lanzagranadas, ametralladoras, armas antitanque y granadas.

De un mercado ilegal más lejano llegaban armas de grado militar fabricadas en países como China, Rusia, Corea del Sur o Sudáfrica. Estas líneas de tráfico, sin embargo, no son hoy tan sólidas como cuando los cárteles estaban presentes en algunos puertos de México, apunta Bunker.

Por el contrario, un segundo e importante origen actual de estas armas continúa siendo Estados Unidos.

Del país con el que México comparte la frontera terrestre más transitada del mundo proceden miles de los rifles Barret calibre 50 o los fusiles semiautomáticos utilizados por los cárteles, y que son compradas por intermediarios en aquel país para luego ser introducidas en México escondidas en vehículos.

Armas

Sedena
El Ejército anunció haber asegurado este mes en varias localidades de Michoacán armas largas, 23 artefactos explosivos improvisados, 21 vehículos (tres con blindaje artesanal) y diverso equipo táctico, además de unos 200 paquetes de marihuana.

Según datos del gobierno mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.

Por ello, el Ejecutivo interpuso el año pasado una demanda contra un grupo de empresas estadounidenses de armas que sigue su curso.

“Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada”, aseguró entonces el presidente López Obrador.

Esta procedencia de las armas fue visible en multitud de sucesos.

Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.

Pero un tercer origen de estas armas es, sin embargo, el propio México.

Según Bunker, “los cárteles han obtenido armas de funcionarios policiales, militares y gubernamentales corruptos. Incluso cuando las autoridades se incautan de armas de grado militar de los carteles, no siempre se destruyen y pueden volver a ellos por un precio acordado”.

Rifles calibre 50 incautados en Mexico

AFP

Fabricación propia

En los últimos años, los carteles han aumentado además sus conocimientos y capacidades para fabricar sus propias armas como las recientes minas terrestres improvisadas o drones armados. Una de sus principales fuentes de aprendizaje es la interacción con otros grupos criminales.

“A veces, eso se aprende en prisión. Tales habilidades tácticas de armamento se han transmitido de grupos como las FARC de Colombia al CJNG, por ejemplo, cuando los grupos cooperan y forman alianzas”, destaca Sullivan.

De hecho, si hay algo que para los expertos representa esta militarización de las armas de los carteles y que es su mejor ejemplo de fabricación casera son los conocidos como “monstruos” o “narcotanques”.

Auto blindado

SEDENA

“Estos vehículos blindados han evolucionado desde solo tener puertos de armas desde los cuales pegar cañones de armas a monturas de armas fijas (para ametralladoras y rifles Barret calibre .50) a torretas blindadas giratorias que contienen estas armas”, dice Bunker.

Otra muestra de este poderío son el uso de drones, que ha pasado de un uso como artefacto explosivo improvisado de detonación puntual a un elemento con capacidades de bombardeo aéreo.

El pasado enero, un video grabado desde un dron del CJNG permitió ver el momento en que el artefacto lanzaba varias bombas sobre un campamento en Michoacán, del que las personas huían despavoridas.

https://twitter.com/ConflictsW/status/1481039512646172672

Poderío del CJNG

De hecho, el grupo liderado por el Mencho es, hoy por hoy, el cartel considerado más avanzado operativamente en su carrera armamentística.

Así se encargan de mostrarlo en videos en los que exhiben sin pudor, a plena luz del día e incluso a cara descubierta, parte de su equipamiento como cuando desfilaron en tanques caseros por Aguililla el año pasado entre gritos de “¡Pura gente del Mencho!” y “Ahora paseamos los de las 4 (letras, en referencia al CJNG)”:

https://twitter.com/MeganoticiasZAM/status/1366889818446307333

“Estas ‘demostraciones de fuerza’ son una muestra de poder para impresionar a la población y a sus rivales, pero también tienen una utilidad táctica verdadera. Son propaganda con capacidad operativa real”, analiza Sullivan.

De cara al futuro, los expertos consideran que la especialización en armas vista actualmente en la región en disputa de Tierra Caliente podría extenderse a otras zonas de México donde los grupos criminales vean la necesidad de lograr una ventaja táctica.

“Una vez que allí haya un cartel definitivamente en control, la violencia e innovación serán menos pronunciadas. A medida que el conflicto se traslade a otros frentes donde los carteles compiten, esas nuevas áreas en disputa se convertirán en incubadoras de innovación táctica”, pronostica Sullivan.

Además, recuerda que grupos colombianos que usaron minas terrestres como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o bandas criminales como el Clan del Golfo han interactuado en diversos grados con los carteles mexicanos. “Se puede esperar que las minas continúen proliferando”, concluye el analista.

Fuerzas de seguridad en Michoacán

Sec. Seguridad Michoacán

Bunker remarca sin embargo que el Ejército mexicano sigue teniendo mucho más poder armamentístico que los carteles en forma de tanques, artillería o helicópteros.

Uno de sus puntos débiles, sin embargo, es que “los cárteles se involucran en actos de corrupción que socaban las instituciones del gobierno mexicano. Las unidades de la Secretaría de Defensa en terreno pueden ser vulnerables a la corrupción si se despliegan en un área por periodos prolongados”, alerta.


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