FGR incumple plazo final para abrir expediente Odebrecht
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
AFP

FGR incumple plazo final para abrir expediente Odebrecht; el caso suma cuatro años sin juicio ni detenidos

FGR argumenta que no ha sido “oficialmente” notificada de que perdió el amparo que le quedaba para desclasificar la carpeta de investigación del caso, que esta semana cumple cuatro años de haber sido iniciada.
AFP
2 de febrero, 2021
Comparte

La Fiscalía General de la República (FGR) incumplió con el plazo final de cinco días hábiles que le dio el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) para transparentar en versión pública la carpeta de investigación iniciada por los sobornos de la constructora Odebrecht, y proporcionar datos y resultados del caso.

Pese a las advertencias del INAI de posibles sanciones y hasta denuncias si no acataba la orden, la Fiscalía no desclasificó ni un dato. El argumento que dio esta vez, según autoridades del Instituto, es que no había sido notificada formalmente de que el último de los amparos que tramitó en contra de la orden de abrir el caso ya había sido desechado.

Mientras tanto, la carpeta de investigación del caso Odebrecht cumple esta semana cuatro años de haber sido abierta sin que, hasta el momento, se haya conseguido llevar a ningún probable responsable a juicio. No hay detenidos, no hay condenas, y tampoco reparación del posible daño.

El único exfuncionario procesado, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, también está libre. El 31 de enero terminó el periodo original de seis meses que un juez había dado para que la FGR definiera si lo lleva a juicio o no, pero debido a la pandemia sanitaria la resolución de su situación se aplazó hasta marzo.

La importancia de conocer quiénes son los funcionarios o exfuncionarios implicados en los hechos, y qué ha hecho la Fiscalía para investigar y esclarecer el caso, fueron justamente los argumentos que llevaron a jueces federales a confirmar las 13 resoluciones del INAI en donde ordenaba transparentar el expediente.

Lo anterior ya que la corrupción de Odebrecht, según las resoluciones judiciales, es un caso de interés público relacionado con graves hechos de corrupción, excepciones que Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla para la desclasificación de una averiguación previa o carpeta de investigación.

Sin embargo, la FGR encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero se ha rehusado reiteradamente a desclasificar el caso, al igual que lo hiciera la PGR en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En cambio, emprendieron desde hace tres años una ofensiva legal a través de demandas de amparo contra el pleno del INAI.

Gracias a las suspensiones provisionales obtenidas como parte de dichas demandas de amparo, la FGR logró retrasar por tres años la entrega de la información. Pero en noviembre pasado un juez federal desechó de manera definitiva el último recurso judicial que la Fiscalía había propuesto.

En ese contexto, el INAI determinó dar un plazo de cinco días hábiles a la Fiscalía para cumplir con dichas determinaciones. Ese periodo venció la semana pasada por lo que ahora el instituto analizará con el poder judicial cuando fue notificada la FGR de la pérdida de los amparos y, a partir de ello, definirá posibles sanciones.

Animal Político requirió directamente a la FGR conocer las razones del incumplimiento a las resoluciones del INAI o un posicionamiento oficial, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

Opacidad… también en el Poder Judicial

A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, la información relacionada con la investigación del caso Odebrecht difundida oficialmente al público es escasa. En primera instancia porque la Fiscalía se ha rehusado a cumplir con las órdenes de transparentar el caso, pero también porque el propio Poder Judicial ha reservado información.

De acuerdo con un reportaje publicado en el diario El País, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha usado evasivas para no responder integralmente a las peticiones de información sobre el proceso penal en curso por el caso Odebrecht.

En algunos casos, señala dicho reportaje, las peticiones no han sido respondidas, mientras que en otros casos sí se han aportado documentos, pero con páginas faltantes o con la mayor parte de la información suprimida. Además, hay múltiples retrasos en la entrega de informes bajo el argumento de que la pandemia complica los plazos y hay exceso de carga de trabajo.

El único proceso penal en marcha, el del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, tampoco ha podido ser presenciado por el público en general debido a que el Poder Judicial decidió restringir la presencia de personas ajenas a las partes en las audiencias, excluyendo con ello a los medios de comunicación. Ello bajo el argumento de prevenir posibles contagios.

Dichas restricciones para ingresar a las salas de audiencias de este y de otros casos se mantienen vigentes hasta la fecha.

Cuatro años de impunidad

El 25 de enero de 2017, la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia penal ante la entonces PGR para que se indagara y, en su caso, se sancionara a los funcionarios que resultaran responsables de haber acordado o recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Lo anterior, luego de que directivos de dicha compañía confesaran ante autoridades estadounidenses que pagaron sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de obtener ventajas y contratos.

Pero a diferencia de investigaciones relacionadas con la misma empresa en otros países -donde incluso se han procesado a presidentes y expresidentes- en México los resultados conocidos han sido escasos.

En octubre de 2017 el entonces titular de la PGR Raúl Cervantes, dijo a senadores que el caso estaba prácticamente resuelto y eran inminentes las acusaciones contra los probables responsables. Sin embargo, los meses pasaron y nada de ello ocurrió. Los fiscales mexicanos argumentaron que había complicaciones con sus contrapartes brasileñas para que les proporcionaran información.

Fue hasta 2019, ya con el cambio de gobierno, cuando la FGR envió a un juez un desglose de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 para solicitar cinco órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y familiares suyos. Esto por los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

En julio de ese mismo año fue detenida en Alemania Gilda Margarita Austin, madre de Lozoya, y en noviembre fue extraditada a México. Debido a su avanzada edad el juez que revisó el caso le permitió seguir su proceso en libertad.

En febrero de 2020, tres años después de iniciada la indagatoria y tras varios meses de búsqueda, Lozoya fue detenido en una zona exclusiva desde Málaga, España. Ya bajo custodia judicial el exfuncionario ofreció colaborar con las autoridades para revelar y probar una supuesta red de corrupción encabezada por expresidentes, a cambio de ser exculpado de los cargos que se le imputaron.

De vuelta en México, dicha colaboración le ha permitido a Lozoya mantener su libertad condicional pese a estar vinculado a proceso y a que originalmente se dio a la fuga para no ser capturado. Ello mientras se resuelve si la denuncia e información que aportan le alcanzan para darle un criterio de oportunidad que, al menos, suspenda los procesos en su contra.

Hasta ahora la información aportada por Lozoya le ha permitido a la FGR iniciar una nueva carpeta de investigación en contra de varios exfuncionarios y exlegisladores, sin que hasta ahora alguno de ellos haya sido procesado. A finales de enero estaba prevista una audiencia en donde se comenzarían a imputar cargos a uno de los denunciados, el exsenador de PAN Jorge Luis Lacalle Maury, pero de última hora la Fiscalía General pidió su suspensión.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
Comparte

Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=C0ydVmP8DCU

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.