Becas a fallecidos: irregularidades de Jóvenes Construyendo el Futuro
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Becas a fallecidos y centros de trabajo que no existen: las irregularidades de Jóvenes Construyendo el Futuro

La Auditoría Superior de la Federación determinó que hay 57 millones de pesos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que la dependencia debe aclarar o justificar en qué se gastaron.
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21 de febrero, 2021
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El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los nueve prioritarios del Gobierno Federal que tiene como objetivo dar una ayuda económica a jóvenes de entre 18 y 29 años para que aprendan un oficio en un centro de trabajo, entregó apoyos a fallecidos, repartió ayudas a personas que ya estaban recibiendo otras becas gubernamentales, y carece de mecanismos de control para validar los datos de los aspirantes a la beca.

Además, entre los Centros de Trabajo que participan en el programa ofreciendo un puesto de aprendiz a los becarios, se encontraron domicilios inexistentes o abandonados, mientras que otros centros localizados no presentaron documentos ni pruebas que amparen cuál fue la capacitación impartida a los jóvenes que recibieron la ayuda económica.

Lee: Jóvenes Construyendo el Futuro: nadie verifica que becarios salgan capacitados, dice Coneval

Estas son las principales irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un informe forense realizado a la Secretaría del Trabajo como parte de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, en el que determinó que hay 57 millones de pesos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que la dependencia debe aclarar o justificar en qué se gastaron. 

Si no se trata de una auditoría forense, las dependencias cuentan con un lapso de 30 días, desde que son notificadas, para aclarar y solventar las observaciones. De no hacerlo, la Auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable, según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Reciben ayuda después de fallecer

En el informe número 374-DE, la ASF hizo una revisión del perfil de los jóvenes inscritos en el programa social que recibieron capacitación en un centro de trabajo, detectando que 68 personas recibieron la beca, a pesar de que al momento de que se les depositó el apoyo ya habían fallecido.

En total, esas 68 personas recibieron transferencias bancarias por 482 mil pesos, lo cual, en opinión de la Auditoría, “constató la falta de acciones para verificar, monitorear y dar seguimiento al desempeño del Programa”.

Sobre este punto, la ASF también refiere que, aun y cuando se hizo del conocimiento de esta irregularidad a la Secretaría del Trabajo, la dependencia no aportó información, ni documentación, que pruebe que recuperó el dinero entregado a las personas fallecidas. Tampoco informó cuáles son los procedimientos o mecanismos que utilizará para asegurar el reintegro de los recursos públicos a las arcas del Estado.

En respuesta, según consta en el informe forense, la Secretaría del Trabajo responsabilizó a los Centros de Trabajo por esta irregularidad.

“Los Centros de Trabajo son los responsables de desvincular a un beneficiario en caso de no cumplir lo establecido en el Plan de Capacitación, o en caso de situaciones extraordinarias tales como el fallecimiento de un becario”, apuntó la dependencia, que, como medida preventiva, propuso para este 2021 realizar un “cruce bimestral” de los beneficiarios que están en activo en el programa, con la base del Registro Nacional de Población (RENAPO), para así evitar el pago a personas fallecidas.

No obstante, la ASF apuntó que la dependencia no presentó tampoco la documentación que acredite la implementación de esta medida.

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Centros de trabajo que no existen

Por otra parte, la Auditoría investigó a una muestra de siete Centros de Trabajo adscritos al programa, y encontró numerosas irregularidades en cuatro de esos centros que, supuestamente, capacitaron a 718 jóvenes que recibieron un total 5 millones 396 mil pesos de dinero público en becas.

Por ejemplo, los auditores visitaron los tres domicilios diferentes registrados por la empresa INAEP S.A.S. de CV y en ninguno fue encontrada: un domicilio era una bodega de artesanías que ya estaba vacía al momento de la visita de los auditores, otro un taller mecánico que no conocía a la empresa auditada, y otro un piso de oficinas vacías.

Por tanto, la ASF no pudo verificar la participación de esta razón social como Centro de Trabajo, ni la impartición de la capacitación a 212 jóvenes, a pesar de que éstos sí recibieron más de un millón de pesos de beca.

En cuanto a Construcciones y Servicios Lukman SA de CV, los auditores encontraron que se trata de una casa habitación, que no tiene la capacidad operativa ni la infraestructura para alojar a los 129 jóvenes que se supone que capacitó.

Una vez que los auditores lograron localizar al representante de esta razón social, éste aportó una lista de asistencia por beneficiario y un total de 138 fotografías. Sin embargo, la ASF detectó dos irregularidades: uno, que la lista de asistencia no tenía firmas de los asistentes. Y dos, que por medio de un software forense descubrió que las fotografías aportadas por la empresa como comprobante de la capacitación fueron tomadas en octubre y noviembre de 2020; es decir, un año después de que supuestamente hizo la capacitación de 129 personas que recibieron un millón 712 mil pesos.

Esta compañía tiene su dirección fiscal en Oaxaca capital, y según consta en la herramienta digital QuiénEsQuién.Wiki ha recibido al menos nueve contratos por 22 millones 850 mil pesos entre 2018 y 2020 de diferentes instancias gubernamentales, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como de múltiples presidencias municipales, incluyendo las de Juchitán y Oaxaca capital.

Por otra parte, los auditores también visitaron las empresas Barista Factory SA de CV y Technogourmet SA de CV, cuyos representantes legales dijeron que no las habían inscrito en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, puesto que alguien habría usurpado sus identidades, motivo por el que interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

Por ello, la Auditoría determinó que los 377 jóvenes inscritos al Programa en estos Centros de Trabajo no recibieron capacitación alguna, de ahí que recibieron de manera improcedente 2 millones 674 mil pesos.

Como consecuencia de todo lo anterior, la ASF determinó que la Secretaría del Trabajo “no contó con acciones para verificar, monitorear y dar seguimiento” al desempeño del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y determinó un probable daño de 5 millones 396 mil pesos por los pagos realizados a 718 beneficiarios inscritos en las cuatro empresas mencionadas.

La Secretaría del Trabajo, por su parte, respondió que a partir de estas irregularidades detectadas por la Auditoría, más las halladas por su propio personal, desde agosto de 2019 comenzó a realizar visitas de supervisión y verificación  a todos los Centros de Trabajo, con el fin de tener “un seguimiento constante” y “determinar el cumplimiento de objetivos del Programa y obligaciones de los tutores y aprendices”.

Sin embargo, la ASF señala que “no se proporcionó información justificativa y comprobatoria de las visitas realizadas a todos los Centros de Trabajo”, por lo que no dio por solventada en su totalidad la observación, y emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa para que el Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo investigue a los funcionarios de esta dependencia por este probable daño al erario.

Duplicidad de apoyos

Por otra parte, la ASF señaló que hubo otro probable daño al erario por 48 millones 628 mil pesos por los pagos realizados a 3 mil 188 becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes no debían estar trabajando ni estudiando para ser parte de este programa, y que, sin embargo, estaban recibiendo al mismo tiempo apoyos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que permanecieran estudiando en una escuela.

Asimismo, detectó otro probable daño por 2 millones 584 mil pesos por los pagos realizados a 183 beneficiarios que tampoco debían estar trabajando ni estudiando para ser parte del programa y que, sin embargo, también estaban recibiendo dinero del Programa de Apoyo a la Educación Indígena para que terminaran su formación escolar en escuelas públicas.

Entérate: AMLO dice que becarios de programas sociales son empleos, pero ni el gobierno los clasifica así

Más irregularidades

La Auditoría hizo, además, otras dos investigaciones al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero analizando los recursos destinados a este programa que ejecutó la Secretaría de Educación Pública.

En el informe de cumplimiento financiero 104-DS, la ASF señaló que la SEP benefició con becas a más de 35 mil personas que no cumplían con los requisitos para acceder a la ayuda, otorgó apoyos económicos a más de 29 mil personas por arriba del monto establecido en las bases del programa, y depositó becas con una diferencia de hasta cuatro meses entre el primer y el último pago, lo cual disparó el riesgo de deserción escolar entre los alumnos becados.

Mientras que en la auditoría 105-DS, la ASF apuntó que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) hizo pagos improcedentes por 6 millones 960 mil pesos a 736 beneficiarios mayores de 29 años (la edad máxima para recibir la beca) y señaló que no aportó documentación que compruebe el pago a 475 beneficiarios por 9 millones 523 mil pesos.

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Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar civiles y cometer "crímenes de guerra", algo que está investigando la Corte Penal Internacional.
11 de marzo, 2022
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Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “crimen de guerra”.

No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.

Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.

Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.

En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los Convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.

Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto.

Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.

Firma de los Convenios de Ginebra

Getty Images
Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye:

  • El homicidio intencional.
  • La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.

El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:

  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.

También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.

Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un “tribunal de último recurso”.

El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.

Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.

Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.

Sala de la Corte Penal Internacional

Getty Images
La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.

Los Juicios de Núremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.

Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.

En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.

Thomas Lubanga

Getty Images
Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia.

El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.

Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.

¿De qué se ha acusado a Rusia?

El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional.

“¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?”, cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.

Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está “horrorizado” ante el ataque.

“En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra”, agregó la organización.

Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.

Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.

Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.

Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.

No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

Un comercio en la ciudad ucraniana de Járkiv

Getty Images
La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo y de vacío. Ha descartado las acusaciones como “noticias falsas”.

El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: “Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión”.

¿Puede Putin ser procesado?

Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar.

Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de “librar una guerra agresiva”.

Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado, que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia.

Un cartel con la cara de Vladimir Putin y la palabra "Asesino" pegado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago Chile

EPA
Este cartel colgado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago, Chile, deja claro lo que algunos piensan sobre Vladimir Putin.

Curiosamente, esa tipificación se originó en Núremberg, después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por “crímenes contra la paz”.

Pero este es el problema: el profesor y magistrado británico Philippe Sands, un experto en ley internacional de University College London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal.

En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirle a la CPI que investigue esa ofensa. Pero, una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los cinco miembros permanentes del consejo.


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