Niña lleva 3 años buscando justicia tras denunciar a su padrastro de abuso
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Archivo Cuartoscuro

Niña lleva 3 años buscando justicia tras denunciar a su padrastro de abuso sexual

La denuncia se inició en la CDMX, el caso se trasladó a Morelos y ahí la audiencia inicial se ha pospuesto durante un año.
Archivo Cuartoscuro
25 de febrero, 2021
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Ale es solo una adolescente, pero usa con naturalidad términos como “revictimizar”, “carpeta de investigación bien integrada” o “plazo legal para presentar pruebas”. La razón es que, apenas a sus 15 años, ya lleva tres en un proceso legal contra su padre adoptivo, al que acusó de abusar sexualmente de ella cuando tenía siete.

Un proceso lleno de obstáculos, donde la audiencia inicial del juicio se pospuso varias veces en el último año y el juez la anuló porque consideró que el acusado no estaba teniendo una defensa adecuada.

Los derechos de un presunto abusador sexual de menores han estado por encima de los derechos de una niña, se quejan Ale y su madre en entrevista virtual desde un lugar que no revelan, porque ante la falta de medidas de restricción al acusado, que las ha agredido y amenazado antes, prefieren ocultarse.

Leer más: En cinco años, solo 5 de cada 100 denuncias por abuso sexual y violación terminaron en sentencia

El nombre artístico del presunto abusador es Freddy Potenza, ciudadano argentino residente en México, cantante de tango en lugares como el restaurante La Vid Argentina (de la calle Nuevo León, en la Condesa, en Ciudad de México), e hijo de un reconocido músico de este género.

También ha jugado a su favor su condición de extranjero, o la actuación del Consulado argentino, que ignoró dos citatorios legales para enviar un representante consular a la audiencia inicial, un derecho de cualquier persona de otro país que, al no cumplirse, le sirvió de argumento al indiciado para pedir que se pospusieran las audiencias durante dos meses más.

La Embajada de Argentina en México negó a Animal Político que Freddy sea su “representante cultural”, tenga algún cargo ni influencias, como él ha asegurado ante el juez. Mientras que el Consulado dijo que su labor no es de representación de sus connacionales, sino solo de “mero acompañamiento”, pero que ante la contingencia sanitaria, no están desplazando a sus funcionarios y así se lo hicieron saber al juzgado de Morelos en un oficio (aunque se los pidieron tres veces).

El caso tiene ya casi tres años, porque primero pasó 10 meses en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lugar donde originalmente se presentó la denuncia porque ahí residían Ale y su mamá, y donde ocurrieron algunos de los abusos. Pero después de que la niña, entonces de 12 años, fue revictimizada con entrevistas intimidantes y un trato “sin tacto” —según sus propias palabras— por parte de las personas que le tomaron la declaración, las autoridades decidieron que, aunque sí había elementos de delito, era mejor que el caso se investigara en Morelos porque ahí ocurrió el abuso sexual más grave, en una cabaña de Tepoztlán, y en dónde, además, hubo testigos. Así que trasladaron el caso a Morelos para volver a empezar.

En el vecino estado se abrió la carpeta de investigación JC/1280/19. Pasó casi un año bajo investigación del Ministerio Público. Ahí el trato fue humano, sin revictimización —lo relatan Ale y su mamá—. Una vez integrada la carpeta de investigación, acompañada de dos peritajes (el de la Ciudad de México y el de Morelos) que confirmaron que existen daños por abuso, se citó a la audiencia inicial de imputación en la que, si se encontraban suficientes elementos, se podía dictar prisión preventiva para el acusado por tratarse de un delito grave.

La audiencia se citó para el 25 de marzo de 2020, pero llegó a México la pandemia de COVID-19, se cerró el juzgado y se pospuso la audiencia, con el presunto abusador ya enterado de que había un proceso en su contra.

Pasaron seis meses de suspensión, y cuando la audiencia para formular la imputación se iba a realizar, volvió a aplazarse, esta vez por falta de asistencia legal del Consulado de la República Argentina en México, a la que tienen derecho sus connacionales.

Animal Político tiene copia de tres oficios que el juzgado envió al Consulado para advertir que se tuvo que diferir la audiencia inicial por falta de presencia de un representante consular. Los oficios están fechados el 9 de septiembre, el 2 de octubre y el 10 de noviembre de 2020.

Dos de estos oficios no fueron atendidos ni contestados por el Consulado, omisión que dio pie a sendos aplazamientos de la audiencia inicial. Para el juez y el Ministerio Público era indispensable que el denunciado, ciudadano argentino, recibiera asistencia consular o por lo menos una respuesta de la representación de ese país. Finalmente, al tercer citatorio el Consulado respondió que no estaba en posibilidad de enviar a nadie para asistir a su connacional. Pero la audiencia ya se había diferido tres meses.

Juez anula juicio para que el acusado corrija sus pruebas; eran absurdas, dice víctima

Cuando por fin tuvo lugar la audiencia inicial, sin representante consular, al acusado se le concedieron 144 horas para presentar pruebas. Llegó con 16 elementos de prueba “que no tenían nada que ver”, dice Ale molesta.

Una de esas pruebas eran fotos de Facebook con Ale y Freddy juntos, para mostrar que tenían muy buena relación. Las fotos eran anteriores a 2014, cuando su madre pidió el divorcio después de salir huyendo junto con la niña del departamento en el que vivían porque una noche él la violentó físicamente. El juez descartó que eso fuera una prueba y además le advirtió que era ilegal exhibir fotos de una menor, explica la mamá de Ale.

Las otras pruebas ya no tenían que ver con la niña, sino con su mamá. Por ejemplo, una demanda agraria que él mismo inició para tratar de quitarles parte de un terreno en Tepoztlán, que el juez que llevó el divorcio decidió dividir entre los tres, una decisión que el propio Freddy aceptó y firmó hace seis años, pero que, dicen, no ha respetado: ha invadido su propiedad, destrozado parte de lo que han construido en ella y amenazado con volver a violentarlas.

El juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Morelos, con sede en Xochitepec, Ramón Villanueva Uribe, anuló todas y cada una de esas pruebas. De las fotos, le advirtió al acusado que incluso era ilegal exhibir imágenes de una menor, y del resto, le preguntó si entendía que quien lo acusa es la niña y no su madre (que tiene el papel de representante legal porque la víctima es menor de edad).

Ale no estaba ese día en el juzgado, porque por protección a menores, basta con que haya presentado sus declaraciones, además de que el juzgado está en una zona lejana e insegura, describe su madre. Pero Ale asegura que no le molestaría ir para decirle a la cara a Freddy Potenza que es ella —y no su mamá— quien lo está denunciando por lo que le hizo.

Sin embargo, la improcedencia de las pruebas presentadas por el acusado, no perjudicaron al presunto agresor; al contrario, el juez consideró que esas pruebas demostraban que el indiciado carecía de una defensa eficaz. En vez de autorizar la vinculación a proceso por haber abusado de una menor, o por lo menos formular la imputación como lo solicitaba el Ministerio Público, el juez Villanueva Uribe decidió anular el juicio y volver al punto de inicio.

“En audiencia inicial de fecha diez de noviembre de dos mil veinte, al declararse nulo todo lo actuado por cuestiones relativas a la falta de conocimiento de las estrategias y técnicas de litigación por parte de la defensa particular, se procedieron a señalar nuevamente las catorce horas del día miércoles veinticinco de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo audiencia inicial”, señala el último documento enviado al Consulado argentino.

También anuló una orden de restricción contra el presunto abusador y solo le retuvo el pasaporte para garantizar que no salga del país; sugirió que si la víctima y su madre querían medidas de protección, tenía que dárselas la Fiscalía, pero eso implicaría que solo pueden estar en Tepoztlán, precisamente en el terreno rústico en el que el denunciado ha ido a agredirlas previamente.

Con esa decisión del juez, se abrió la puerta a más obstáculos para seguir el proceso. El 25 de noviembre, que volvería a empezar la audiencia inicial, llegó una persona (sin tener ninguna acreditación como representación legal), mostró una receta médica sin información clara, pero con ella alegó que Freddy Potenza no podía presentarse porque probablemente tenía COVID-19, y que, de hecho, en la puerta le habían tomado la temperatura y no lo dejaron entrar. Aunque el policía de la entrada negó que eso hubiera ocurrido, según la madre de Ale, el juez contestó que era mejor no arriesgarse y otra vez suspendió la audiencia.

La audiencia se pospuso una vez más, para un sexto intento de realizarla el 4 de enero. Pero al llegar 2021, Morelos volvió a entrar en semáforo rojo por la pandemia y los juzgados se cerraron de nuevo.

Así que ahora están peor que hace un año, sin siquiera tener fecha para el inicio oficial del juicio que lleva posponiéndose desde marzo de 2020.

“Nadie tiene derecho a hacerte daño”, el slogan escolar que cambió la vida de Ale

Cuando Ale tenía siete años, en 2012, vivía con su madre y su padre adoptivo en una cabaña de Tepoztlán, Morelos. También rentaban un departamento en la Ciudad de México, a donde la pareja iba a trabajar algunos días de la semana. A veces iba solo la madre y la niña se quedaba al cuidado de él. 

Uno de esos días en los que la mamá de Ale se había quedado a trabajar en la capital, la niña despertó en medio de la noche sintiendo algo raro. No tenía puesta su pijama ni la ropa interior. No solo eso; sintió el cuerpo de su papá adoptivo también desnudo, pegado al de ella, y sus manos la estaban tocando.

“Cuando fue lo del abuso, yo no sabía ni qué significaba eso, ¡tenía siete años! No tenía dimensionado que eso era algo que estuviera mal. Cuando pasó, solo sabía que no fue algo que me hiciera sentir bien, y que me dio miedo, o sea, fue una situación de miedo más que de otra cosa”, recuerda la ahora adolescente.

La niña no se movió, fingió seguir dormida. De pronto, sonó el ruido de una camioneta y una luz iluminó la cabaña, porque no tenía cortinas: era el vecino, amigo de la familia, que acababa de llegar. Vecino que junto a la que en esa época era su novia, son ahora testigos en la denuncia.

Animal Político pudo contactar a esa testigo, que recuerda que siempre vieron que algo raro estaba ocurriendo. De esa noche, su entonces novio le contó que se desconcertó porque en cuanto llegó a la zona de las cabañas, Freddy salió de inmediato, en bata, y muy nervioso. Ella pensó que a lo mejor estaba drogado, porque sabían que él a veces consumía cocaína, y le preocupó que lo hiciera estando con la niña.

Aunque solo iba a ver a su expareja los fines de semana, recuerda que hizo clic de inmediato con Ale y notó que ella prefería estar todo el tiempo en la cabaña vecina, en lugar de en la suya. Al grado de que un día les pidió quedarse a dormir con ella. La testigo lo comentó con otra persona, que le sembró la primera duda, de si no estaría sufriendo un abuso sexual.

“No sé, no sabes qué difícil fue como haberlo tenido tan de frente y no haberme dado cuenta a tiempo… me da mucho coraje”, se lamenta la testigo.

La niña relata que los abusos se repitieron. Un año después de eso, el matrimonio terminó cuando la violencia de Freddy llegó a los golpes contra su esposa. Ale recuerda que fue ella misma quien ese día le azotó una puerta en la cara a su padre adoptivo, y que empezó a pensar que no era una buena persona. Pero no se le ocurrió hablar de lo que le había hecho antes. Incluso, después de separados, todavía lo visitó algunas veces, en las cuales, también hubo abusos. Hasta que ella misma sintió que ya no quería volver a verlo.

Todo lo que había pasado cobró otro sentido cuando entró a una nueva escuela para terminar la primaria, el Colegio Sócrates, en la Ciudad de México. “Fue en la escuela, que nos empezaron a enseñar de educación sexual. Aparte, uno de los lemas ahí era que ‘nadie tiene derecho a hacerte daño’. De verdad que esa escuela fue súper importante. Porque los directores eran psicólogos y fueron los que se dieron cuenta de que algo no estaba bien conmigo, mis calificaciones bajaron. Porque yo empecé a pensar: creo que esto no estuvo bien”, explica.

A su madre le advirtieron que Ale tenía síntomas de bullying o un posible abuso sexual, pero lo más importante era que ella pudiera contar qué es lo que la estaba afectando. A Ale le explicaron que si tenía algo que decir, podía hacerlo con toda la confianza, y que no tenía que pensar en cómo lo tomarían los adultos, sino solo en cómo se sentía ella.

Ale recuerda nuevamente el slogan escolar y cómo se los remarcaban: “Nadie tiene derecho a hacerte daño, ni siquiera tu familia, ni siquiera tus papás”. Ese mismo día cuando volvió a casa, se lo contó todo a su mamá. Los tocamientos, la forma extraña en que la trataba y el daño que le había causado.

De acuerdo con especialistas en violencia sexual infantil, una niña o niño puede tardar en promedio 20 años en entender lo que sufrió y poder verbalizarlo. A ella le tomó solo cinco y además decidió que no quería dejarlo pasar. Aceptó la idea de presentar una denuncia legal, aunque tuviera que volver a contar varias veces lo que pasó.  

No ha tenido el apoyo psicológico apropiado, porque cuando denunció en la Ciudad de México la canalizaron al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) de la Fiscalía, pero la hacían salirse de clases para acudir a las citas, lo cual la hacía sentir enojada, y después le pareció que no la escuchaban.

Luego su madre no pudo conseguirle terapias privadas, porque de por sí tuvo que empezar a trabajar el doble para poder pagar abogados y estar haciendo viajes constantes a Morelos, que implicaban gastar como mil pesos cada vez que tenía que ir por un documento o a una audiencia. 

Sin embargo, ahora Ale se siente fuerte y habla sin miedo. Su mayor terapia ha sido buscar justicia. Habla con la convicción de que terminar con el silencio es una causa justa y que debe luchar por ella. Ha leído sobre violencia sexual infantil, ha leído que, de mil denuncias, solo una llega a condena. Ella cree que esa una de mil, puede ser la suya.

“No me siento mal, de decir: ‘ay, es que mi niñez’… Ahora me siento bien en el sentido de que hablar nos ha fortalecido. Y sí, de seguir hasta el final, porque desde el principio mi mamá me dijo que igual y no procedía, que no llegaba a un juicio. Pero hay que hacer algo. Y llegado este punto, sabemos que va a proceder”. 

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"Fue un capricho de Pinochet": la historia de los 15 mil libros de García Márquez que quemó el gobierno de Chile

En noviembre de 1986, el gobierno militar de Chile ordenó la incautación del libro 'La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile', del premio Nobel de Literatura, cuando un embarque se dirigía a Santiago.
5 de junio, 2022
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El 28 de octubre de 1986, después de varios días de viaje, el ‘Peban’, un vapor de bandera panameña, atracó finalmente en el puerto chileno de Valparaíso. Mientras se preparaba para diligenciar los papeles de aduana, la tripulación recibió la noticia de que se procedería con la incautación de una parte del cargamento.

El capitán, que estaba seguro de que todo lo que llevaba en su barco estaba en regla, preguntó cuál era la mercancía que iban a retener.

La respuesta oficial fue la que menos esperaba: “Los libros”, específicamente, 15 mil ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile, escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que habían sido enviados desde el puerto de Buenaventura, en Colombia.

Y que debían llegar a manos de Arturo Navarro, el representante de la editorial Oveja Negra que publicaba los libros del Nobel en aquellos años en Chile.

El libro narraba las peripecias que había que tenido que sortear el cineasta chileno Miguel Littín, quien vivía en el exilio desde el golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder en 1973.

Littín había vuelto a Chile durante dos semanas en 1985 para filmar en la clandestinidad un documental sobre lo que estaba pasando en el país 12 años después de la irrupción militar.

Arturo Navarro

BBC
Arturo Navarro era el representante de la editorial Oveja Negra en Chile.

Luego estrenaría el documental Acta Central de Chile en el Festival de Cine de Venecia del 86.

Pero el libro de García Márquez iba más allá: contaba sobre todo detalles que no aparecían en la cinta, como por ejemplo el encuentro de Littín, quien se había hecho pasar por un empresario uruguayo, con el propio Pinochet en los pasillos del Palacio de La Moneda, donde el presidente de facto no lo reconoció.

“Yo me enteré de la incautación de los libros dos semanas después porque estaba fuera del país”, recuerda Arturo Navarro, tomándose un café bajo la nave central del Museo Nacional de la Memoria en el corazón de Santiago.

Navarro había regresado de un viaje por EU para visitar a su familia cuando se encontró con un mensaje de alerta en el contestador automático de su casa. Era de su agente aduanero y le describía una situación crítica: “Arturo, me dicen que los libros fueron quemados”.

"Esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describen cómo le habían metido los dedos en la boca"", Source: , Source description: , Image:

Para Navarro, el cargamento era fundamental: era el principal producto que esperaba exponer durante la feria del libro de Santiago, que se iba a celebrar pocas semanas después del incidente.

Él, que había sido empleado de la Editorial Nacional Quimantú (ampliamente perseguida por el régimen) y había visto a los militares ejercer la destrucción de libros en primera fila, también sabía que el régimen de Pinochet había flexibilizado sus políticas de censura.

En ese contexto, creyó que la incautación debía ser más un malentendido que un acto de represión y decidió viajar a Valparaíso para resolver el problema personalmente.

“El libro ya había sido publicado en capítulos en Chile por una revista (Análisis) meses antes”, señala Navarro. “Sin embargo, lo que me preocupaba es que, de acuerdo a la prensa, la incautación de los libros se debía al mal estado de los contenedores, que me parecía una disculpa inusual”.

Los ejemplares habían quedado bajo el control de la jefatura de Zona en Estado de Emergencia, a cargo de militares.

Cuando Navarro se acercó al edificio castrense donde podría intentar rescatar los libros, percibió de inmediato la tensión que se sentía dentro del gobierno por esos días: un mes y medio antes, el 7 de septiembre, militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían estado muy cerca de acabar con la vida de Augusto Pinochet, en un feroz atentado cuando este regresaba a Santiago desde su residencia en el Cajón del Maipó, a unos 50 kilómetros de la capital.

El asalto había dejado cinco escoltas muertos y varios heridos.

“En el edificio logré hablar con un militar de rango medio al que le pedí que al menos me permitiera devolver los libros a Lima”, señala. “Pero después de hacer un par de llamadas, finalmente me dijo: ‘Navarro, no se preocupe, que los libros ya los quemamos'”.

La versión en los medios se mantenía: contenedores en mal estado, lo que podría explicar la incautación, pero nunca la incineración.

Para Navarro, era claro que la orden había venido de arriba y, aunque no tuviera pruebas, no se iba a quedar quieto hasta que la gente supiera que el régimen de Pinochet había mandado a quemar 15 mil volúmenes de nada menos que un premio Nobel.

“Yo sigo sosteniendo que esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describe cómo le habían metido los dedos en la boca”, afirma Navarro.

La noticia lo dejó abatido y sin ejemplares para la feria.

Entonces, convocó a ruedas de prensa para dar a conocer lo que había pasado, hizo la denuncia pertinente ante la Cámara Chilena del Libro y, aunque dentro del país no hubo mucho eco, en el mundo sí publicaron la noticia.

Navarro guarda recortes de prensa de medios de Grecia, Holanda y EU que hablan de los ejemplares calcinados.

Pero quedaba por saber qué era realmente lo que había pasado. “Yo de verdad no creía nada de lo que me habían dicho. Ni siquiera que los habían quemado”.

Uno de sus colegas le recomendó que el mejor camino para obtener una respuesta del régimen era la vía diplomática, por lo que decidió acudir a la embajada de Colombia, país de donde originalmente habían salido los libros.

“Ahí conocí a Libardo Buitrago, el cónsul colombiano, quien se ofreció a ayudarme”.

Poco después, gracias a la presión de un país extranjero, le llegó al cónsul un papel muy revelador, una carta fechada del 9 de enero de 1987, firmada por el vicealmirante John Howard Balaresque, en la que no solo se confirma la incineración de los libros sino también las razones: a los ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile se les impuso “una medida de censura previa” por considerar que el contenido “transgredía abiertamente las disposiciones constitucionales”.

“Ese papel es el único documento oficial que existe en el que el régimen de Pinochet acepta que quemó libros y que lo hizo por censura. Algo imposible de obtener en esos tiempos”, relata Navarro.

“Y ahora está acá, en el Museo de la Memoria”.

El documento, con firma oficial, le sirvió a la editorial Oveja Negra para poder cobrar el seguro por la pérdida, pero además implantó en la cabeza de Navarro una certeza que no lo abandonó nunca: la cultura sería clave en el fin del régimen.

“Esta represión a los libros, a la cultura, se daría vuelta y terminaría siendo uno de los principales motivos por los que Pinochet saldría del poder. Porque fueron los cantantes, los artistas, los escritores quienes serían fundamentales en la campaña de votar ‘No’ en el plebiscito de 1988 que acabaría con la dictadura”, concluye.


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