ONG pide a jueces revertir desaparición de fondo de víctimas
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

ONG promueve amparo contra desaparición de fondo de víctimas

La ONG, que ha encabezado la representación de victimas de casos como Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa, argumenta que la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral representa un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Cuartoscuro
16 de febrero, 2021
Comparte

La extinción del fondo a través del cual se garantizaba contar año con año con un presupuesto exclusivo para la atención a las víctimas de delitos graves y violaciones a derechos humanos ya llegó a los tribunales. La jueza federal Ana Luisa Priego Enriquez abrió un juicio de amparo para analizar si dicha reforma representa una violación a la Constitución. 

El proceso se puso en marcha gracias a una demanda presentada por la organización civil Centro Prodh, que interpuso este recurso luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejara pasar el plazo con el que contaba para promover una acción de inconstitucionalidad. 

La ONG, que ha encabezado la representación de victimas de casos como Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa, argumenta que la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) representa un grave retroceso en materia de derechos humanos. A su vez, un colectivo de 20 familias de personas desaparecidas también promovió un amparo contra dicha reforma.

“Ante la omisión de la CNDH de no haber presentado acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma, estos amparos adquieren especial relevancia para revisar las violaciones a derechos humanos que representan estas modificaciones a la Ley General de Víctimas” indicó la organización.

Cesas Contreras, abogado del área de atención integral del Centro Prodh, dijo que la gravedad de la reforma no es la extinción directa de un fondo que, en efecto, presentaba problemas y era revisable. El problema es que se eliminó toda la disposición legal que establecía que cada año el Poder Legislativo destinaría una partida específica para apoyar a las victimas.

“Se afectó el artículo de la ley que establecía que año con año se tiene que dar un recurso etiquetado específicamente para la atención a víctimas, que no podía disminuir del año anterior y que además no podría destinarse a otro fin. Y si consideramos que la Constitución es clara en que no se puede retroceder en el avance de derechos ya conquistados, consideramos que esto debe ser revisado por un juez” dijo.

Animal Político publicó el pasado 9 de febrero que los pagos de indemnizaciones por violaciones a derechos humanos y compensaciones por delitos, que se financiaban con dicho fondo, se desplomaron más de 80% en 2020, y en el caso de las victimas de los militares cayeron hasta un 100%

Familias de víctimas que exigen que no cesen los apoyos mantienen desde hace varios días plantones y una huelga de hambre en el exterior de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación. La respuesta oficial, hasta ahora, es que se preparan nuevas reglas para que dichos apoyos no se pierdan.

“No tenemos conocimiento de que se haya convocado a las victimas para el diseño de esas supuestas reglas, pero además llega muy tarde porque esto debió ocurrir antes de la reforma. Y no cambia el hecho de que, en medio de una pandemia, de crisis económica, no se puede garantizar que haya un presupuesto para el próximo año (…) en los hechos, muchas personas no están recibiendo esos apoyos y sus trámites están suspendidos”, dijo Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh.

Retroceso y omisiones

La propuesta de desaparecer el fideicomiso de víctimas fue impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como parte de una estrategia para extinguir 109 fideicomisos que, según la iniciativa, resultaban onerosos y además estaban penetrados por la corrupción. En octubre las dos cámaras del Congreso aprobaron dicha iniciativa.

La propuesta subrayaba que la extinción del fideicomiso no afectaría a las víctimas, sin embargo, desde antes de que esto se aprobara los apoyos ya habían comenzado a desplomarse de forma coincidente con las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno. Tras la extinción del fideicomiso hubo ayudas que dejaron de entregarse.

Desde su creación en 2014 el denominado FAARI ya presentaba fallas de origen, según el análisis de diversos especialistas y del propio Centro Prodh. Excesiva burocracia y opacidad en su operación complicaban en muchas ocasiones una entrega rápida de los apoyos.

Aun con lo anterior, el fideicomiso del FAARI – operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas – se había convertido en un instrumento importante. Con el se había logrado, por ejemplo, financiar la búsqueda de víctimas de personas desaparecidas o los tratamientos de mujeres sobrevivientes de torturas sexuales. 

El Centro Prodh destacó que a través de los recursos del fondo se logró cumplir con una instrucción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reparar a víctimas del caso Atenco. También se compensó de forma subsidiaria a familias de personas que fallecieron en los derrumbes del sismo de 2017.

“El fideicomiso no era nada transparente y se había aprovechado de manera arbitraria para atender algunos casos. Pero haberlo borrado sin dejar salvaguardas preocupa. Aun con sus fallas representaba un piso del cual partir y mejorar” dijo María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.

En ese contexto la organización civil considera que la CNDH tendría que haber sido la primera en poner en marcha todos los recursos legales a su disposición para que ello no se consumara. Más aún si se toma en cuenta que el 8 de octubre de 2020 la Comisión manifestó públicamente su “preocupación” por la reforma la Ley de Víctimas, situación que reiteró en el informe anual de su titular, Rosario Piedra Ibarra.

“Nosotros hicimos un análisis y es claro que legalmente tenían las facultades para presentar una acción de inconstitucionalidad por esta reforma que vulnera derechos humanos y que transgrede el principio de progresividad de los derechos, entre varios más…por eso es bastante notable esta omisión de la CNDH”, dijo la abogada Melissa Zamora.

El Centro Prodh destacó que la CNDH reportó haber promovido 113 acciones de inconstitucionalidad en 2020, pero solo una de ellas fue en contra de una legislación a nivel federal. El resto fueron acciones contra normas o disposiciones locales. “Han decidido voltear para otro lado pero no hacer su trabajo…” señaló María Luisa Aguilar.

Un amparo inédito

Ante la falta de acción de parte de la CNDH, víctimas y organizaciones decidieron llevar por su cuenta la extinción del fondo de víctimas ante los tribunales. En San Luis Potosí, por ejemplo, un colectivo de 20 familias de personas desaparecidas promovió un amparo ante la amenaza que supone dejar de recibir los recursos del fondo.

En el caso del Centro Prodh, el juicio promovido puede dar paso a un resultado inédito. Ello, ya que la demanda no se interpuso a nombre de un grupo específico de víctimas, sino de manera general, partiendo de la base de que una reforma legal como la aprobada puede generar un perjuicio en conjunto para la sociedad.

La organización ya consiguió materializar un primer paso luego de que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México analizara las constancias iniciales y aceptara, el pasado 4 de febrero, dar trámite a la demanda promovida y abrir el juicio de amparo indirecto 7/2021.

“Si el amparo progresa podría tener efectos generales, es decir, aplicar para todos. Habría que ver qué tan garantista sería la sentencia, pero lo que buscamos es que se determine la inconstitucionalidad de la reforma y que se instruya a la Cámara de Diputados a encontrar una vía para garantizar los recursos a las víctimas”, dijo la abogada.

De acuerdo con los registros judiciales, el próximo 23 de marzo la jueza Priego Enríquez ha convocado a una audiencia para determinar si concede o no una suspensión definitiva, y para el 12 de mayo se ha programado la audiencia final en la que se determinará si se concede el amparo.

María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, reiteró que no se busca volver a un fideicomiso que no de resultados, pero sí garantizar, por lo menos, la obligación de que cada año se cuente con un recurso para las víctimas y que este no pueda ser recortado. A partir de ello, dijo, pueden diseñarse las reglas de operación que se quieran.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
Comparte

En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=d1kdOny_ufM

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.