Política de radiocomunicación desde y con los Estados
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Política de radiocomunicación desde y con los Estados
Los Estados quieren también modernizar sus comunicaciones según sus necesidades específicas.
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Por Ricardo Corral Luna
25 de febrero, 2021
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“No me fío de un Estado que pretende saber lo que me conviene mejor que yo misma” (‘Corpus Delicti’, Juli Zeh)

La red de comunicaciones para seguridad pública en México está hoy en una encrucijada histórica: consolidarse o pulverizarse hasta desaparecer.

Los gobiernos estatales, principales propietarios y operadores de la red nacional actual, deciden en estos días si destinarán recursos federales a su mantenimiento y operación, o bien, si comprarán equipos y pedazos de red en tecnologías de banda angosta diferentes.

Desafortunadamente lo hacen en un marco de incertidumbre y de señales cruzadas que poco les ayudan. 

Desprovistos de una política nacional compartida que los involucre y una hoja de ruta que articule sus esfuerzos, los Estados están a la deriva, atrapados entre argumentos encontrados, presiones comerciales contrapuestas y señales informales de la autoridad rectora respecto del rumbo a seguir.

En general, todos reconocen que la red debe evolucionar, modernizarse, pero con drásticas diferencias y ninguna definición oficial respecto de cuál es la solución, qué camino tomar, cómo hacerlo, con quienes, en qué tiempos y con qué recursos.  

En la indefinición los gobiernos estatales enfrentan señales divergentes. Por un lado, la federación promueve la adquisición de equipos y tecnologías distintas a la Red nacional existente. Por otro, los invita a sumarse voluntariamente a una red nueva que planea crear solo con instituciones federales, sin contar aún con las definiciones, reglas y lineamientos técnicos indispensables. Por otro, la normatividad vigente obliga a los estados a mantener, operar y consolidar la Red actual. Y por otro, las condiciones y necesidades de cada Estado son distintas y encuentran poca receptividad para atenderlas.

La migración tecnológica de una red nacional no puede darse de manera casuística, Estado por Estado, desarticulada y a voluntad de cada quien. Las redes nacionales no se construyen a pedazos con la esperanza de que algún día se conecten. Requiere de un plan rector sustentado técnica, operativa y económicamente.

En ese sentido apuntan los resultados del “Estudio prospectivo” presentado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2018, pero la estrategia sigue sin materializarse.

La política de dejar cada entidad a su suerte llevará a que los Estados tomen por rumbos divergentes contribuyendo a una mayor pulverización de las radiocomunicaciones y eventualmente a la desaparición de la única red nacional que tenemos, mejorable sin duda, pero necesaria.

Los Estados quieren también modernizar sus comunicaciones, pero entienden de las complejidades y repercusiones operativas y financieras de una migración tecnológica como la que se les propone, sin bases transparentes ni acuerdo nacional.

Saben que migrar de una red de banda angosta a otra de banda angosta no es una solución durable ni pertinente en el corto plazo.

Saben que las funcionalidades de los equipos de banda angosta que ya tienen y los de otra tecnología son prácticamente iguales, por lo que tiene poco sentido cambiarse.

Saben que para contar con video y datos como los que usamos en los teléfonos celulares se requiere de soluciones de banda ancha y que para ello deben moverse primero a tecnología IP, sin que sea indispensable cambiar de compañía o protocolo de comunicación. 

Saben también que reemplazar sus sistemas generará dobles y triples coberturas, requiriendo incluso que sus policías traigan dos o más radios para un mismo trabajo.

Saben que la inversión en una nueva red impedirá mantener y operar adecuadamente la que ya tienen. 

Saben que no podrán financiar una nueva red que reemplace rápidamente a la actual, por lo que seguirán dependiendo de ésta por varios años y en consecuencia no pueden abandonarla. 

Saben que sus recursos alcanzarían apenas para unos cuantos equipos y una fracción de la cobertura que requieren, lo que operaría como un parche que además sería incompatible con su propia red actual. 

Saben de las apreturas presupuestales 2021 y se preguntan si no es mejor consolidar lo que ya tienen a dar un salto que impondrá costos prácticamente imposibles de financiar.

Los Estados saben, y deben jugar un papel central en la definición de la política de Estado. Cada realidad es importante y todas deben caber en la arquitectura de la estrategia nacional.  Para algunos es posible sea viable moverse de una red de banda angosta a otra. Para la mayoría, como lo dijo el “Estudio prospectivo” desde 2018, el paso a la modernización está en consolidar su red actual en IP y moverse en un plan de convergencia hacia banda ancha. 

Promover una migración consensuada permitirá avanzar hacia la deseada modernización de las comunicaciones de misión crítica. Ello fortalecerá al Sistema Nacional con integrantes más comprometidos con la coordinación y unidad nacional; facilitará la confección y aprobación de la indispensable política de Estado y ayudará al país en conjunto a sortear de manera más eficiente los apremios de las crisis que nos aquejan.

 

El autor es experto y consultor en seguridad pública. Actualmente es director del Centro de Consultoría en Administración Pública. Antes fue secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Titular del Centro Nacional de Información.

 

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