La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones el dictamen que eleva a rango constitucional el reconocimiento de la figura de matrimonio, concubinato o cualquier otra forma de unión entre personas del mismo sexo.
Dicho dictamen también establece la prohibición de la diferencia salarial motivada por origen étnico o nacional, identidad y expresión de género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias y orientación sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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Asimismo, reconoce a las personas intersexuales en la Constitución, a efecto de que gocen, sin obstáculo por una condición biológica, de cualquier prerrogativa a la que como mexicanas tienen derecho.
En materia de paridad en la designación de cargos que no son de elección popular, como el caso de la integración de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y entidades federativas, en puestos de primer nivel (secretarías, subsecretarías, unidades y direcciones generales); organismos de la administración pública paraestatal; organismos autónomos nacionales, federales y locales; puestos de primer nivel y mandos superiores de la administración pública municipal y de alcaldías en la Ciudad de México.
Actualiza también el artículo 116 para que, en las candidaturas a gubernaturas, los partidos políticos nacionales deban postular a una mujer en al menos la mitad de las entidades en las que se renueve el Poder Ejecutivo el mismo año.
Además, plantea dos artículos transitorios que permiten que las reformas subsecuentes deban redactarse con lenguaje incluyente y reconoce que todas las referencias en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos que se hagan a ciudadano, diputado, senador, presidente, ministro, magistrado, gobernador, secretario o subsecretario, consejero,candidato, el titular, hijo, servidor, empleado así como sus formas en plural o cualquier otra análoga, se entenderán hechas a ambos géneros.
Propone la adición del párrafo décimo noveno del artículo 4º constitucional para establecer la obligación del Estado con la colaboración de la sociedad para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, y que se reforme el segundo párrafo para dotar de claridad el derecho a decidir libremente sobre el número de hijos o a no tenerlos, pero no se prevé la regulación del aborto.
Finalmente, en materia de justicia con perspectiva de género, eleva a rango constitucional en los artículos 20 y 102 la obligación de jueces y ministerios públicos para aplicar esta visión en la administración e impartición de justicia.
Posturas a favor y en contra
La diputada Soraya Pérez (PRI) señaló que la iniciativa contiene avances importantes para disminuir la brecha salarial y la violencia de género, y que no haya candidatos que hayan ejercido violencia o con antecedentes como deudores alimentarios.
Madeleine Bonnafoux (PAN) se pronunció en contra, pues dijo, incluye temas sin consenso, como quitar el concepto de mujer y varón por el de personas o limitar la libertad de expresión sobre estereotipos de género, entre otros.
Al hablar a favor, Lorena Villavicencio (Morena) consideró que con este dictamen “se reconoce el derecho a la vida libre de violencia y ahora vamos por una política de Estado que garantice este derecho. Con esta iniciativa derrumbamos de la Constitución los pilares del pacto patriarcal”.
Por su parte, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz (Morena) señaló que en México la inclusión de las mujeres en espacios de toma de decisión es constante, y se ha avanzado en la Cámara de Diputados. Expresó que “la reforma en materia de paridad de género es histórica. Es un avance, sin lugar a duda, en la construcción de la democracia paritaria”.
El dictamen se remitirá a la Mesa Directiva para los efectos reglamentarios correspondientes.
