Acompañar abortos no es delito, responde médica denunciada en Puebla
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Acompañar abortos no es delito, abortar tampoco debería serlo, responde médica denunciada en Puebla

La médica Aïssata Si enfrenta una demanda de un estudiante de Puebla, por “promover” abortos; ella responde que no le importa que la juzguen por lo que hace, pero espera que se despenalice la interrupción del embarazo en el estado.
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14 de abril, 2021
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Cuando Aïssata Si González terminó la carrera de Medicina, una amiga suya tuvo un embarazo no deseado y decidió interrumpirlo. La ayudó a investigar qué tenía que hacer y a tener una receta para comprar el medicamento necesario, misoprostol. Pero ahí se dio cuenta de que quienes ofrecen acompañar abortos suelen ser feministas y no médicas, así que se sintió con la obligación moral de hacer algo.

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Aunque los grupos feministas están reconocidos para hacer esa labor por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), aclara, al toparse con los mitos y desinformación que promueven grupos antiaborto decidió aprovechar su mayor conocimiento de las medicinas y sus efectos para orientar a mujeres, difundir información confiable y desmentir fake news sobre el tema en redes sociales, lo que después se convirtió en la página Medicina por el Derecho a Decidir.

Seis años después y ya dedicada de tiempo completo a auxiliar a entre 25 y 30 mujeres al día, se enfrenta a que un Estudiante de Derecho de Puebla anunció el pasado viernes que las denunció legalmente a ella y a una de las 13 chicas de su red de acompañamiento por “promover” la interrupción del embarazo.

Aïssata dice en entrevista que no le importaría si de verdad pudieran juzgarla por lo que hace; lo que importa es que se discuta que los abortos no deberían ser considerados ilegales. Una discusión que justamente se está llevando en el Congreso del Estado en parlamento abierto (es decir, con participación ciudadana).

La médica explica que la mayoría de los procedimientos se realizan en casa, justo así, con un medicamento y el seguimiento adecuado, y que es absurdo cómo pretenden acusarla, ya que si bien practicar un aborto está criminalizado, dar acompañamiento no.

“La Ley federal dice que se penaliza a quien cause aborto, porque esa ley es de mil novecientos treinta y tantos, cuando los abortos se hacían instrumentados, y esto me lo han dicho muchísimos abogados, pero ¿cómo van a comprobar que una mujer compró las pastillas de misoprostol, se las introdujo y abortó, si no hay evidencia de nada, todo sería circunstancial? Y la siguiente cuestión es, ¿y qué sería ‘causar’ el aborto? Porque si tú agarras las pastillas y tú se las metes en la boca, pues tú lo estás causando; pero si tú solo estás del otro lado de la línea dando una consulta de telemedicina, diciéndoles cuáles son las características de un aborto seguro y cuáles son los datos de alarma, pues ¿qué te pueden hacer?”, señala.

El Código Penal de Puebla castiga actualmente con uno a tres años de prisión a la mujer que tenga un aborto voluntario y “al que hiciere abortar a una mujer”, excepto si el embarazo fue por violación, pone en peligro la vida de la embarazada o el producto tiene graves malformaciones.

Este año ya hay una carpeta de investigación abierta en el Estado por este delito en enero pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante 2020 se reportaron 6, una cifra menor al 1% de las 633 registrada en todo el país.

Una investigación publicada recientemente por CIMAC reveló que de 2009 a 2019 fueron sentenciadas 11 mujeres por el delito de aborto, de acuerdo con información entregada vía transparencia por el Tribunal de Justicia del Estado, aunque hubo otras seis mujeres encarceladas por “homicidio en razón de parentesco”, que se castiga con más de 20 años de prisión.

Aïssata asegura que el hecho de que el aborto esté considerado ilegal no ha detenido a ninguna mujer que no quiera tener un hijo a tomar acciones para evitarlo y lo que está pasando en Puebla —donde ya ni siquiera vive— es que están viajando a la Ciudad de México a acceder a abortos legales. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud de la capital, Puebla es la segunda entidad, después del Estado de México, de donde más usuarias acuden a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE): mil 458 mujeres de 2007 a diciembre de 2020.

Lee más: Por qué el derecho de las mujeres al aborto seguro no es algo que necesite consultarse, como dice AMLO

Segunda denuncia en menos de un año

Esta no es la primera vez que un hombre intenta denunciar a mujeres por acompañar procedimientos de interrupción del embarazo. En septiembre pasado, el diputado local de Nuevo León Carlos Leal presentó una iniciativa para castigar la difusión de información sobre el tema y dijo que había denunciado a Vanessa Jiménez, vocera de la red Necesito Abortar.

Pero siete meses después, ella confirma a Animal Político que nunca procedió la supuesta denuncia, ni siquiera fue notificada ni citada porque hubiera algo legal en su contra.

“El delito de aborto aquí en Nuevo León aplica por ejemplo si alguien obligara a abortar a una mujer. Pero brindar información, hablar de los procedimientos de aborto, hablar de los protocolos, entender el funcionamiento de cómo es el misoprostol, pues eso no es delito ni aquí ni en ninguna parte de México”, asegura.

“En este país, a todos nos asiste el derecho de tener la más alta calidad posible en cuanto a derechos de salud se trate, y la información es un derecho básico de todas las personas. Vaya, hablar de aborto, les guste o no, es un derecho”.

En Nuevo León se han presentado tan solo en enero y febrero 20 carpetas de investigación por el delito de aborto, con las mismas excepciones que en Puebla, y ahí se castiga con seis meses a un año de prisión. El año pasado fueron 100 carpetas en la entidad, el 16% del total de denuncias por esta causa en el país. Aunque según la investigación de CIMAC, ninguna ha terminado en condena en más de una década.

Vanessa asegura que las demandas como la que intentan contra Aïssata y hace tiempo contra ella, o en su estado las iniciativas de ley para endurecer las penas que ha presentado Leal, más bien son actos de intimidación y con intenciones de promoción política para ganar notoriedad. Lo que le preocupa es que los medios retomen declaraciones de los grupos antiaborto que en realidad están plagadas de datos falsos.

Por ello, ambas activistas señalan que seguirán adelante en su lucha, primero por dar a conocer información confiable a las mujeres, y segundo, porque finalmente se despenalice el aborto.

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Ayotzinapa: quién es Jesús Murillo Karam, el exprocurador acusado de torturas y desaparición forzada

El extitular de la Procuraduría General de la República y principal responsable de la investigación tras la desaparición de los 43 estudiantes fue detenido este viernes.
20 de agosto, 2022
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Poco podía imaginar Jesús Murillo Karam que algunas de las frases que pronunció tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 se acabarían convirtiendo en auténticos emblemas cargados de polémica que resuenan hasta el día de hoy.

Como titular de la entonces Procuraduría General de la República (Fiscalía) de México, estuvo en el ojo del escrutinio público a medida que las dudas y distintas teorías salpicaban la investigación de uno de los mayores casos de vulneración de derechos humanos en la historia del país.

Una de sus intervenciones públicas más recordadas fue cuando habló de “verdad histórica” para referirse a la entonces versión oficial de lo sucedido: que los estudiantes habían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado e incinerado.

Pero ni familiares ni grupos independientes de expertos internacionales creyeron esta versión, que acabó siendo descartada oficialmente por la Fiscalía en 2020.

Este viernes, sin oponer resistencia, Murillo Karam fue detenido frente a su vivienda en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más lujosas de Ciudad de México.

Su arresto tuvo lugar solo 24 horas después de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad creada en 2018 por el gobierno para esclarecer lo sucedido.

El organismo tildó de “crimen de Estado” lo ocurrido en el que “estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles” y señaló a varios exfuncionarios, entre ellos el propio Murillo Karam.

Al exprocurador se le acusa de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

Familiares de los desaparecidos protestan ante la sede de la cancillería

Getty Images
Familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa protestan en la cancillería mexicana.

¿Quién es Murillo Karam?

Murillo Karam nació hace 74 años en el municipio de Real del Monte, en el estado mexicano de Hidalgo.

Tras estudiar Derecho, comenzó su carrera política como abogado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó el cargo de secretario general de la formación y llegó a ser diputado y senador de la República.

Entre 1993 y 1998, fue gobernador de Hidalgo, su estado natal. Posteriormente ocupó el cargo de subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación.

A finales de 2012,se incorporó al gobierno de Enrique Peña Nieto, de su mismo partido, como procurador general.

Aunque permaneció en el cargo durante poco más de dos años, durante su gestión estuvo al frente de sonados casos en México como la segunda captura en 2014 de Joaquín “el Chapo” Guzmán, exlider del cartel de Sinaloa.

Sin embargo, fue su investigación tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de aquel mismo año en Iguala, Guerrero, la que marcó su labor y le acarreó un aluvión de críticas y peticiones de dimisión.

Tomás Zerón durante una conferencia de prensa.

AFP
Tomás Zerón fue el jefe de investigación de la versión establecida como “verdad histórica” se encuentra fuera de México.

Del “ya me cansé” a la “verdad histórica”

El caso pronto adquirió repercusión internacional y la presión para que la investigación liderada por la Procuraduría arrojara resultados también aumentó casi tanto como las dudas de los familiares de los jóvenes ante las explicaciones que las autoridades les ofrecían sobre lo ocurrido.

Pocas semanas después de la desaparición, en una de sus múltiples conferencias ante la prensa para ofrecer detalles de las pesquisas, Murillo Karam protagonizó uno de los momentos más nefastos y criticados de su carrera.

El exprocurador cortó las preguntas de los periodistas con un recordado “Muchas gracias, ya me cansé”, en un momento en el que la sociedad exigía respuestas sobre lo ocurrido.

Aquella icónica frase se convirtió en una especie de lema para quienes exigían justicia, hartos de la violencia y la impunidad reinantes en el país, y que protagonizaron protestas en las calles y en las redes sociales durante semanas con el hashtag #YaMeCansé

En enero de 2015, acompañado del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón -actualmente prófugo de la justicia mexicana en Israel por su presunta vinculación con este mismo caso- Murillo Karam presentó lo que llamó “versión histórica” de lo sucedido con los jóvenes.

La teoría apuntaba a que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Colula, en el estado de Guerrero.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Murillo Karam en aquella polémica intervención por la que recibió duras críticas de familiares de los jóvenes y organismos internacionales en desacuerdo con el transcurso de la investigación.

Un mes después, Murillo Karam dimitió y le cedió su puesto como procurador a la senadora del PRI, Arely Gómez González.

Tras la polémica, el ya exprocurador concluyó su vida profesional al frente de la mucho más tranquila Secretaría de Desarrollo Agrario, donde solo permaneció unos meses.

Desde entonces, mantuvo un perfil público bastante bajo. Su nombre solo regresaba a la luz pública gracias a las distintas investigaciones e informes de organismos publicados sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en los años recientes.

El último, el publicado por la Comisión de la Verdad este jueves y que volvió a poner a Murillo Karam sobre la palestra como una de las autoridades presuntamente responsables de “alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad “, culminó con la detención del considerado “arquitecto de la verdad histórica” de Ayotzinapa.


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