México, sin capacidad para proteger activistas y ecosistemas
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Semarnat

La crisis que no se enfrenta: México, sin capacidad falla en proteger a activistas y ecosistemas

Las políticas ambientales y las capacidades institucionales en México son insuficientes para enfrentar la crisis ambiental que se vive a nivel mundial, según un estudio de la UDLAP.
Semarnat
20 de abril, 2021
Comparte

En México ningún estado ha sido capaz de terminar con los crímenes contra activistas o la degradación ambiental, situación que se debe, en parte, a la falta de capacidad institucional, señala la primera edición del Índice de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental), presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 

El estudio, realizado por diversos académicos e investigadores, señala que México “no está tomando con seriedad” la crisis ambiental y prueba de ello son los problemas que se viven continuamente a lo largo del país como la impunidad en temas ambientales, falta de acceso a agua, la mala calidad del aire y los ataques contra activistas y defensores ambientales. 

Leer más | 45 activistas han sido asesinados durante el gobierno de AMLO

Pese a tener un marco normativo que los obliga al cumplimiento de estándares mínimos, los gobiernos estatales no “están dando los resultados que deberían esperarse”, ante lo cual los ecosistemas y especies animales en el país se encuentran en riesgo. 

El IGI-Ambiental hace una medición comparativa de las acciones, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales en todos los estados del país. A continuación los resultados.  

Colima, el peor calificado en impunidad

El estudio calificó la impunidad a través de una medición estadística, con base en fuentes oficiales de información ambiental a nivel estatal, que permitieron comparar el funcionamiento de las políticas ambientales estatales y federales. 

En esta calificación, el valor máximo es de 4 puntos. Ninguna entidad alcanzó ese puntaje, mientras que el promedio nacional de impunidad ambiental es de 1.93. 

El estado peor calificado es Colima, con 1.59 puntos, lo que equivale a un nivel muy alto de impunidad ambiental, siendo la única entidad con ese nivel. 

A Colima le siguen: Sinaloa (1.71 puntos), Yucatán (1.72), Tlaxcala (1.73), Zacatecas (1.75), Michoacán (1.76) y Tabasco (1.77). La calificación de estos estados los ubica en el grupo de “alto nivel de impunidad ambiental”. 

Luego viene un grupo de 15 estados que tienen un nivel medio de impunidad, entre estos se encuentran: Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Nayarit, Baja California Sur y Campeche. 

En el lado opuesto, sin alcanzar la mejor calificación, se encuentra Durango, con 2.31 puntos, seguido de Morelos (2.22), Ciudad de México (2.22), Baja California (2.18) y Querétaro (2.11). Estos cinco estados tienen un nivel medio bajo de impunidad ambiental. En todo el país, solo 10 estados tienen ese nivel, pero ninguno se acerca a los 4 puntos. 

Ante esto, el estudio concluye que la política ambiental “es sumamente frágil en todas las entidades del país y que las capacidades institucionales son muy reducidas” para proteger ecosistemas, evitar la degradación de recursos naturales y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

También se encontró que las capacidades y recursos son tan limitados que no sería posible enfrentar las consecuencias naturales y humanas de la crisis ambiental global y el cambio climático.

El documento aclara que los niveles de impunidad ambiental identificados “de ninguna forma son resultado solo de decisiones u omisiones a nivel estatal”, ya que la responsabilidad de proteger al medio ambiente “es compartida e involucra la concurrencia de los tres órdenes de gobierno”. 

Señalan que la desagregación por estado “permite comprender la problemática y los retos que enfrentan las entidades en la materia en forma comparada (…) proteger efectivamente el medio ambiente y garantizar el disfrute a un medio ambiente sano requiere la definición de políticas y la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno”. 

Gráfico sobre impunidad ambiental

Gráfico sobre impunidad ambiental

Para obtener los resultados generales de impunidad, el IGI-Ambiental analizó cuatro dimensiones analíticas: capacidad institucional, degradación ambiental, crimen ambiental y estrategia intergeneracional, además de 42 indicadores representativos de problemáticas del sector ambiental. 

Los resultados de esas cuatro dimensiones sirven para tener una mayor dimensión de la situación en cada estado y se presentan a continuación. 

Capacidad institucional

Este rubro se refiere a los recursos presupuestales, instrumentos jurídicos o mecanismos de política pública existentes para la formulación e implementación de política ambiental en cada estado. 

En la capacidad institucional, la calificación máxima es de 1 punto, sin embargo el promedio nacional es de 0.25 y ningún estado alcanza el puntaje máximo. 

Veracruz y Yucatán, con 0.15 puntos, cada uno, son los estados peor calificados a nivel nacional. Le siguen Coahuila (0.16), Tamaulipas (0.16) y Quintana Roo (0.17). 

La entidad mejor calificada es la Ciudad de México, con apenas 0.46 puntos. El segundo lugar lo ocupa Baja California Sur (0.44) y Durango en tercer lugar con 0.38 puntos. 

El estudio plantea que conocer el nivel de la capacidad institucional es importante porque “nos permite identificar si las entidades asignan los suficientes recursos para cumplir con los objetivos de política ambiental y su obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano”. 

Los especialistas argumentan que aunque las políticas ambientales sean adecuadas y sus resultados ambiciosos, de poco sirven si los recursos presupuestales no son suficientes ni las capacidades institucionales adecuadas.

Gráfico sobre impunidad ambiental

Gráfico sobre impunidad ambiental

Algunos de los datos analizados para calificar este rubro fueron: la cobertura de población con agua potable, la capacidad instalada en plantas de agua en operación, los apoyos económicos de ordenamiento territorial, la duración y atención de incendios forestales y los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden). 

Crimen ambiental 

En el crimen ambiental se midió la existencia de delitos y factores de riesgo para el medioambiente. 

Entre otras cosas, en este punto se registraron: las denuncias de posibles violaciones al medio ambiente (por cada 100 mil habitantes), los ataques a defensores ambientales, los delitos federales contra el medio ambiente y las declaratorias de desastres naturales publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

El estudio señala que un problema para medir el nivel de crimen ambiental fue la cantidad y calidad de los datos existentes, ya que por lo menos cuatro estados (Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco) no reportan denuncias por delitos ambientales estatales en el periodo analizado. Lo cual puede deberse a que las personas afectadas no lo denuncian o las autoridades no lo reportan. 

Al igual que el punto anterior, la calificación máxima es de 1 punto, y el promedio nacional es de 0.75. Ningún estado alcanza el punto. 

La entidad peor calificada es Baja California Sur con 0.50, le siguen Colima (0.51), Quintana Roo (0.55) y Campeche (0.59). 

Los estados mejor evaluados son: Nuevo León (0.86), Tamaulipas (0.85) y Veracruz (0.84). 

Aunque en este rubro los estados se acercaron más a la puntuación máxima, el estudio  señala que “es necesario tomar los datos con prudencia y como un ejercicio aproximativo”, por la falta de información sobre denuncias que hay en varios estados. 

El IGI-Ambiental recomienda a los estados contar con estadística oficial actualizada y de mejor calidad, ya que conocer los niveles de crimen ambiental es indispensable para comprender la problemática ambiental en México. 

Degradación Ambiental 

En lo que corresponde a la degradación ambiental se midieron situaciones como los daños a los bosques, incendios forestales, municipios con sequía, la calidad del agua superficial y subterránea, el promedio diario de residuos sólidos urbanos y el índice de vegetación. 

El promedio nacional es de 0.57 sobre 1, y el estado mejor posicionado es Zacatecas con 0.64 y el segundo lugar Ciudad de México con 0.63.

En contraparte, la entidad con el puntaje más bajo es Colima con 0.45, y Veracruz con 0.49.

En este caso, el estudio resalta que la primera posición es ocupada por Zacatecas, entidad que se ubica entre los primeros 5 con peor nivel de impunidad. 

“Esto significa que hay entidades que mantienen mejores resultados en la protección al medio ambiente a pesar de contar con reducidas capacidades”, explica el documento.

Estrategia Intergeneracional 

Finalmente el estudio midió la existencia de instrumentos ambientales de largo plazo. 

En esta sección se midieron variantes como: estrategias estatales de biodiversidad, estrategias de desplastificación y las áreas naturales protegidas.

El promedio nacional de la estrategia intergeneracional es de 0.36. Baja California es el estado con el mejor resultado con 0.68 y Tlaxcala el peor calificado con 0.08. 

Los resultados de las estrategias intergeneracionales, dicta el estudio, se deben complementar con estudios comparados y de caso, “pues la existencia de instrumentos formales no necesariamente significa la implementación de acciones efectivas, eficientes y justas ante este tipo de fenómenos”. 

Problemas de atención prioritaria

Tras el análisis de los resultados, el estudio enmarca 5 problemas que requieren una acción más coordinada y eficiente por parte de las autoridades (estatales y federales), la sociedad civil, el sector privado y la academia para poder desarrollar una solución sostenible.

El primero de ellos es la biodiversidad. “A pesar de que México está entre los primeros lugares de países megadiversos en el mundo, las autoridades no han sido capaces de conservar y gestionar de manera sustentable su riqueza”, indica el estudio. 

Los especialistas señalan que pese a las estrategias y programas implementados por diversas administraciones, “no se ha logrado mantener el capital natural, pero tampoco parece haber una agenda clara, responsable y con recursos financieros suficientes para proteger la biodiversidad del país en las próximas décadas”.

El segundo punto es el acceso al agua. El estudio plantea que “la protección de ecosistemas es indispensable como fuente de abastecimiento de agua para el país, ya que se requiere una visión de cuencas y acuíferos que garantice la disponibilidad del recurso y así cubrir los requerimientos actuales y futuros de la población”. 

De acuerdo con el estudio la escasez de agua en algunas regiones y estados del país, es consecuencia de factores vinculados a la diversidad topográfica, geográfica y demográfica del territorio nacional. 

Por otro lado, “México requiere de un mecanismo operativo funcional para determinar precios justos e incrementales a quienes consuman una mayor cantidad del recurso, que también reflejen los costos de suministro y tratamiento, al mismo tiempo que se garantice efectivamente el derecho humano al agua”. 

El estudio recomienda la definición de una política nacional integral y sostenible con relación al agua, que al mismo tiempo asuma los efectos de la crisis ambiental global, sin embargo señala que a pesar de la urgencia en el tema, “la agenda política y los intereses partidistas a nivel local y nacional no han permitido un avance significativo”. 

El tercer punto de atención debe ser la calidad del aire. En nuestro país, las emisiones contaminantes del aire provienen principalmente del sector transporte, el cual, según el estudio es poco eficiente y consume grandes cantidades de combustible. 

Con el paso de los años, cada vez son más las ciudades que registran altos niveles de contaminación. 

Incluso, detalla el estudio, el Environmental Performance Index 2020 (Índice de Desempeño Ambiental) coloca a México en el lugar 83 de 180 (en donde el 1 es el mejor calificado) en cuanto a calidad del aire y en la posición 69 en cuanto al crecimiento de emisiones de contaminantes. 

Otro problema es la definición presupuestal. El IGI-Ambiental hace un recuento de los recortes presupuestales en el sector ambiental durante los últimos años, los cuales se dan con un gobierno federal que planteó el tema ambiental como uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

El quinto problema prioritario son los ataques contra activistas y defensores ambientales.

Sobre esto, el estudio señala que muchos de los crímenes se deben a la negligencia de las autoridades, los intereses de empresas trasnacionales y el establecimiento de grupos criminales. 

“Los ataques a activistas y defensores ambientales, además del daño a sus víctimas directas, impactan directamente en la vida de las comunidades y pueblos indígenas que quieren proteger sus ecosistemas”, dicta el documento. 

“…Es indispensable incorporar el factor crimen y daño ambiental (en las cifras oficiales) como elemento explicativo para comprender el desempeño de la política ambiental y la destrucción de ecosistemas en México (…) “Es indudable que, sin recursos presupuestales ni capacidades institucionales suficientes, las definiciones de la política ambiental no tendrán efecto en el objetivo de proteger ecosistemas, acotar la degradación ambiental o promover modelos de desarrollo más sostenibles”, concluye el IGI-Ambiental. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Los países donde más aumentó la pobreza extrema durante la pandemia (y los dos donde insólitamente bajó)

Pese a que la economía de América Latina sufrió una contracción de 7.7% en 2020 en medio de una de las peores recesiones de las últimas décadas, hubo dos países que lograron disminuir el nivel de pobreza y extrema pobreza.
21 de mayo, 2021
Comparte

Con la pandemia de covid-19 se disparó la pobreza y la extrema pobreza en Latinoamérica.

Eso, a pesar de los paquetes de estímulo fiscal con que los gobiernos trataron de mitigar los efectos más devastadores de la crisis.

En la mayoría de los casos, los gobiernos se endeudaron para inyectar fondos de emergencia en los sistemas de salud y entregar ayudas directas a las familias más vulnerables y a las empresas más afectadas por una recesión que hizo que la actividad económica cayera 7,7% en 2020.

La pobreza llegó a su nivel más alto en los últimos 12 años, afectando a un 33,7% de la población, es decir, uno de cada tres latinoamericanos lo está pasando muy mal.

Pero el mayor retroceso histórico ocurrió entre los “pobres extremos”, aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

La pobreza extrema alcanzó su mayor nivel en las últimas dos décadas: 12,5% de la población, según las proyecciones hechas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

Una estadística que quizás no dice mucho, pero que en la práctica es sinónimo de hambre.

Una de cada ocho personas se va a la cama con el estómago vacío. La mayoría no tiene agua potable, ni electricidad. Con suerte consigue un techo improvisado para cubrirse de la lluvia o el sol.

Y uno de los efectos más graves de vivir con hambre está relacionado con las secuelas que deja a largo plazo, como el irreparable deterioro en el desarrollo cognitivo y físico de los niños.

Niño en la calle, México

Getty Images
“Todo lo que se había avanzado en este siglo para disminuir la extrema pobreza se perdió durante la pandemia”, dice Alberto Arenas.

“Todo lo que se había avanzado en este siglo para disminuir la extrema pobreza se perdió durante la pandemia”, le dice a BBC Mundo Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal.

¿Dónde aumentó más la pobreza extrema?

El aumento de la pobreza extrema depende de la situación en la que se encontraba el país al momento en que llegó la pandemia, qué tan grave fue la situación de salud pública y de qué manera reaccionó el gobierno para enfrentar la crisis, señalan expertos.

Los países de Latinoamérica donde más subió la extrema pobreza en 2020 son: México, Honduras y Ecuador, según las proyecciones hechas por la Cepal.

Países con mayor aumento de la pobreza extrema en 2020. América Latina (en porcentajes) [ México aumentó de 10,6 a 18,3 ] [ Honduras subió de 20 a 26,1 ],[ Ecuador subió de 7,6 a 12,8 ], Source: Fuente: Proyección Cepal (comparación 2019-2020), Image:

Comparando 2019 y 2020, en México la extrema pobreza se disparó de 10,6% a 18,3%.

En Honduras el aumento fue de 20% a 26,1%, mientras que en Ecuador subió de 7,6% a 12,8%.

“Hay una relación entre la extrema pobreza y las transferencias monetarias hechas por los gobiernos”, dice Arenas, refiriéndose al dinero que el Estado le entrega directamente a las personas más vulnerables.

“Si no fuera por las transferencias monetarias los indicadores sociales serían mucho peores”, apunta, agregando que es importante mantenerlas.

La paradoja de Brasil y Panamá

Los únicos países donde bajó la pobreza y la extrema pobreza son Brasil y Panamá

Mientras en Brasil la extrema pobreza cayó de 5,5% a 1,4%, en Panamá registró una disminución de 6,6% a 6,4%.

Países donde bajó la pobreza extrema . América Latina (en porcentajes) [ Brasil cayó de 5,5 a 1,4 ] [ Panamá disminuyó de 6,6 a 6,4 ], Source: Fuente: Proyección Cepal (comparación 2029-2020), Image:

A diferencia de lo que ocurrió en aquellos países donde las ayudas fiscales fueron menores -ya sea porque no tenían más posibilidades de endeudarse o porque el gobierno tomó la decisión de seguir una política más austera-, Brasil y Panamá focalizaron gran parte de sus desembolsos en los sectores de menores ingresos.

Eso se explica, entre otras razones, porque en la región más de la mitad de los trabajadores son informales. Por lo tanto, para llegar a ellos, la manera más eficiente en esta emergencia, dicen los expertos, era optar por la política de entregarles dinero.

Paradójicamente en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro tuvo por mucho tiempo una actitud negacionista frente a la pandemia, al final del día fue el gobierno que más recursos destinó a enfrentar la pandemia como porcentaje del PIB.

Una decisión aún más compleja si se considera que Brasil es el país con la mayor deuda pública de la región.

Familia caminando con comida, Brasil

Getty Images
En los dos extremos de las ayudas fiscales por la pandemia está Brasil y México: mientras Brasil destinó cerca de un 8% de su PIB, México solo gastó un 0,7% del PIB.

Y es que las decisiones de gasto de esta envergadura no solo tienen un carácter técnico.

Desde un punto de vista político, por ejemplo, mientras los programas sociales estuvieron vigentes en Brasil, la popularidad del mandatario subió.

Y en la medida que esos estímulos comenzaron a ser retirados, la popularidad del presidente comenzó a bajar.

Los paquetes de estímulo fiscal

Las ayudas fiscales en Latinoamérica variaron sustancialmente de un país a otro. Los dos extremos fueron Brasil y México: mientras Brasil destinó cerca de un 8% de su PIB, México apenas gastó un 0,7%.

Hombre en Honduras

Getty Images
El aumento de la pobreza extrema depende de cómo estaba el país en el momento en que llegó la pandemia, qué tan grave fue la situación de salud pública y de qué manera reaccionó el gobierno para enfrentar la crisis.

Esos desembolsos incluyen gasto público y medidas de alivio tributario (que se consideran como ingresos no percibidos por el fisco en relación al pago de impuestos).

Este tipo de medidas fiscales representaron en promedio un 4,5% del PIB, considerando a las mayores economías de la región, le dice a BBC Mundo Jorge Roldos, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Aparte de esos recursos, explica Roldos, los países también gastaron cerca de un 3,5% del PIB en el financiamiento de créditos “blandos” y garantías, principalmente a pequeñas y medianas empresas (que suelen llamarse medidas de apoyo a través de instrumentos de liquidez).

Niña en la calle, México

Getty Images
Los paquetes de estímulo fiscal destinados a apoyar familias, empresas y el gasto de emergencia en salud, lograron contener en parte el aumento de la pobreza y la indigencia, pero no pudieron detener su aumento.

En aquel escenario, la pobreza y la pobreza extrema se dispararon en medio de una profunda recesión económica, lo cual significa que los gobiernos recibieron menos ingresos y, al mismo tiempo, tuvieron más gastos.

El resultado ha sido un aumento de la deuda y del déficit fiscal, que probablemente se convertirán en uno de los mayores desafíos que enfrentarán los países de la región cuando acabe la emergencia.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=EqG2FLNJvIQ

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.