México, sin capacidad para proteger activistas y ecosistemas
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Semarnat

La crisis que no se enfrenta: México, sin capacidad falla en proteger a activistas y ecosistemas

Las políticas ambientales y las capacidades institucionales en México son insuficientes para enfrentar la crisis ambiental que se vive a nivel mundial, según un estudio de la UDLAP.
Semarnat
20 de abril, 2021
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En México ningún estado ha sido capaz de terminar con los crímenes contra activistas o la degradación ambiental, situación que se debe, en parte, a la falta de capacidad institucional, señala la primera edición del Índice de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental), presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 

El estudio, realizado por diversos académicos e investigadores, señala que México “no está tomando con seriedad” la crisis ambiental y prueba de ello son los problemas que se viven continuamente a lo largo del país como la impunidad en temas ambientales, falta de acceso a agua, la mala calidad del aire y los ataques contra activistas y defensores ambientales. 

Leer más | 45 activistas han sido asesinados durante el gobierno de AMLO

Pese a tener un marco normativo que los obliga al cumplimiento de estándares mínimos, los gobiernos estatales no “están dando los resultados que deberían esperarse”, ante lo cual los ecosistemas y especies animales en el país se encuentran en riesgo. 

El IGI-Ambiental hace una medición comparativa de las acciones, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales en todos los estados del país. A continuación los resultados.  

Colima, el peor calificado en impunidad

El estudio calificó la impunidad a través de una medición estadística, con base en fuentes oficiales de información ambiental a nivel estatal, que permitieron comparar el funcionamiento de las políticas ambientales estatales y federales. 

En esta calificación, el valor máximo es de 4 puntos. Ninguna entidad alcanzó ese puntaje, mientras que el promedio nacional de impunidad ambiental es de 1.93. 

El estado peor calificado es Colima, con 1.59 puntos, lo que equivale a un nivel muy alto de impunidad ambiental, siendo la única entidad con ese nivel. 

A Colima le siguen: Sinaloa (1.71 puntos), Yucatán (1.72), Tlaxcala (1.73), Zacatecas (1.75), Michoacán (1.76) y Tabasco (1.77). La calificación de estos estados los ubica en el grupo de “alto nivel de impunidad ambiental”. 

Luego viene un grupo de 15 estados que tienen un nivel medio de impunidad, entre estos se encuentran: Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Nayarit, Baja California Sur y Campeche. 

En el lado opuesto, sin alcanzar la mejor calificación, se encuentra Durango, con 2.31 puntos, seguido de Morelos (2.22), Ciudad de México (2.22), Baja California (2.18) y Querétaro (2.11). Estos cinco estados tienen un nivel medio bajo de impunidad ambiental. En todo el país, solo 10 estados tienen ese nivel, pero ninguno se acerca a los 4 puntos. 

Ante esto, el estudio concluye que la política ambiental “es sumamente frágil en todas las entidades del país y que las capacidades institucionales son muy reducidas” para proteger ecosistemas, evitar la degradación de recursos naturales y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

También se encontró que las capacidades y recursos son tan limitados que no sería posible enfrentar las consecuencias naturales y humanas de la crisis ambiental global y el cambio climático.

El documento aclara que los niveles de impunidad ambiental identificados “de ninguna forma son resultado solo de decisiones u omisiones a nivel estatal”, ya que la responsabilidad de proteger al medio ambiente “es compartida e involucra la concurrencia de los tres órdenes de gobierno”. 

Señalan que la desagregación por estado “permite comprender la problemática y los retos que enfrentan las entidades en la materia en forma comparada (…) proteger efectivamente el medio ambiente y garantizar el disfrute a un medio ambiente sano requiere la definición de políticas y la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno”. 

Gráfico sobre impunidad ambiental

Gráfico sobre impunidad ambiental

Para obtener los resultados generales de impunidad, el IGI-Ambiental analizó cuatro dimensiones analíticas: capacidad institucional, degradación ambiental, crimen ambiental y estrategia intergeneracional, además de 42 indicadores representativos de problemáticas del sector ambiental. 

Los resultados de esas cuatro dimensiones sirven para tener una mayor dimensión de la situación en cada estado y se presentan a continuación. 

Capacidad institucional

Este rubro se refiere a los recursos presupuestales, instrumentos jurídicos o mecanismos de política pública existentes para la formulación e implementación de política ambiental en cada estado. 

En la capacidad institucional, la calificación máxima es de 1 punto, sin embargo el promedio nacional es de 0.25 y ningún estado alcanza el puntaje máximo. 

Veracruz y Yucatán, con 0.15 puntos, cada uno, son los estados peor calificados a nivel nacional. Le siguen Coahuila (0.16), Tamaulipas (0.16) y Quintana Roo (0.17). 

La entidad mejor calificada es la Ciudad de México, con apenas 0.46 puntos. El segundo lugar lo ocupa Baja California Sur (0.44) y Durango en tercer lugar con 0.38 puntos. 

El estudio plantea que conocer el nivel de la capacidad institucional es importante porque “nos permite identificar si las entidades asignan los suficientes recursos para cumplir con los objetivos de política ambiental y su obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano”. 

Los especialistas argumentan que aunque las políticas ambientales sean adecuadas y sus resultados ambiciosos, de poco sirven si los recursos presupuestales no son suficientes ni las capacidades institucionales adecuadas.

Gráfico sobre impunidad ambiental

Gráfico sobre impunidad ambiental

Algunos de los datos analizados para calificar este rubro fueron: la cobertura de población con agua potable, la capacidad instalada en plantas de agua en operación, los apoyos económicos de ordenamiento territorial, la duración y atención de incendios forestales y los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden). 

Crimen ambiental 

En el crimen ambiental se midió la existencia de delitos y factores de riesgo para el medioambiente. 

Entre otras cosas, en este punto se registraron: las denuncias de posibles violaciones al medio ambiente (por cada 100 mil habitantes), los ataques a defensores ambientales, los delitos federales contra el medio ambiente y las declaratorias de desastres naturales publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

El estudio señala que un problema para medir el nivel de crimen ambiental fue la cantidad y calidad de los datos existentes, ya que por lo menos cuatro estados (Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco) no reportan denuncias por delitos ambientales estatales en el periodo analizado. Lo cual puede deberse a que las personas afectadas no lo denuncian o las autoridades no lo reportan. 

Al igual que el punto anterior, la calificación máxima es de 1 punto, y el promedio nacional es de 0.75. Ningún estado alcanza el punto. 

La entidad peor calificada es Baja California Sur con 0.50, le siguen Colima (0.51), Quintana Roo (0.55) y Campeche (0.59). 

Los estados mejor evaluados son: Nuevo León (0.86), Tamaulipas (0.85) y Veracruz (0.84). 

Aunque en este rubro los estados se acercaron más a la puntuación máxima, el estudio  señala que “es necesario tomar los datos con prudencia y como un ejercicio aproximativo”, por la falta de información sobre denuncias que hay en varios estados. 

El IGI-Ambiental recomienda a los estados contar con estadística oficial actualizada y de mejor calidad, ya que conocer los niveles de crimen ambiental es indispensable para comprender la problemática ambiental en México. 

Degradación Ambiental 

En lo que corresponde a la degradación ambiental se midieron situaciones como los daños a los bosques, incendios forestales, municipios con sequía, la calidad del agua superficial y subterránea, el promedio diario de residuos sólidos urbanos y el índice de vegetación. 

El promedio nacional es de 0.57 sobre 1, y el estado mejor posicionado es Zacatecas con 0.64 y el segundo lugar Ciudad de México con 0.63.

En contraparte, la entidad con el puntaje más bajo es Colima con 0.45, y Veracruz con 0.49.

En este caso, el estudio resalta que la primera posición es ocupada por Zacatecas, entidad que se ubica entre los primeros 5 con peor nivel de impunidad. 

“Esto significa que hay entidades que mantienen mejores resultados en la protección al medio ambiente a pesar de contar con reducidas capacidades”, explica el documento.

Estrategia Intergeneracional 

Finalmente el estudio midió la existencia de instrumentos ambientales de largo plazo. 

En esta sección se midieron variantes como: estrategias estatales de biodiversidad, estrategias de desplastificación y las áreas naturales protegidas.

El promedio nacional de la estrategia intergeneracional es de 0.36. Baja California es el estado con el mejor resultado con 0.68 y Tlaxcala el peor calificado con 0.08. 

Los resultados de las estrategias intergeneracionales, dicta el estudio, se deben complementar con estudios comparados y de caso, “pues la existencia de instrumentos formales no necesariamente significa la implementación de acciones efectivas, eficientes y justas ante este tipo de fenómenos”. 

Problemas de atención prioritaria

Tras el análisis de los resultados, el estudio enmarca 5 problemas que requieren una acción más coordinada y eficiente por parte de las autoridades (estatales y federales), la sociedad civil, el sector privado y la academia para poder desarrollar una solución sostenible.

El primero de ellos es la biodiversidad. “A pesar de que México está entre los primeros lugares de países megadiversos en el mundo, las autoridades no han sido capaces de conservar y gestionar de manera sustentable su riqueza”, indica el estudio. 

Los especialistas señalan que pese a las estrategias y programas implementados por diversas administraciones, “no se ha logrado mantener el capital natural, pero tampoco parece haber una agenda clara, responsable y con recursos financieros suficientes para proteger la biodiversidad del país en las próximas décadas”.

El segundo punto es el acceso al agua. El estudio plantea que “la protección de ecosistemas es indispensable como fuente de abastecimiento de agua para el país, ya que se requiere una visión de cuencas y acuíferos que garantice la disponibilidad del recurso y así cubrir los requerimientos actuales y futuros de la población”. 

De acuerdo con el estudio la escasez de agua en algunas regiones y estados del país, es consecuencia de factores vinculados a la diversidad topográfica, geográfica y demográfica del territorio nacional. 

Por otro lado, “México requiere de un mecanismo operativo funcional para determinar precios justos e incrementales a quienes consuman una mayor cantidad del recurso, que también reflejen los costos de suministro y tratamiento, al mismo tiempo que se garantice efectivamente el derecho humano al agua”. 

El estudio recomienda la definición de una política nacional integral y sostenible con relación al agua, que al mismo tiempo asuma los efectos de la crisis ambiental global, sin embargo señala que a pesar de la urgencia en el tema, “la agenda política y los intereses partidistas a nivel local y nacional no han permitido un avance significativo”. 

El tercer punto de atención debe ser la calidad del aire. En nuestro país, las emisiones contaminantes del aire provienen principalmente del sector transporte, el cual, según el estudio es poco eficiente y consume grandes cantidades de combustible. 

Con el paso de los años, cada vez son más las ciudades que registran altos niveles de contaminación. 

Incluso, detalla el estudio, el Environmental Performance Index 2020 (Índice de Desempeño Ambiental) coloca a México en el lugar 83 de 180 (en donde el 1 es el mejor calificado) en cuanto a calidad del aire y en la posición 69 en cuanto al crecimiento de emisiones de contaminantes. 

Otro problema es la definición presupuestal. El IGI-Ambiental hace un recuento de los recortes presupuestales en el sector ambiental durante los últimos años, los cuales se dan con un gobierno federal que planteó el tema ambiental como uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

El quinto problema prioritario son los ataques contra activistas y defensores ambientales.

Sobre esto, el estudio señala que muchos de los crímenes se deben a la negligencia de las autoridades, los intereses de empresas trasnacionales y el establecimiento de grupos criminales. 

“Los ataques a activistas y defensores ambientales, además del daño a sus víctimas directas, impactan directamente en la vida de las comunidades y pueblos indígenas que quieren proteger sus ecosistemas”, dicta el documento. 

“…Es indispensable incorporar el factor crimen y daño ambiental (en las cifras oficiales) como elemento explicativo para comprender el desempeño de la política ambiental y la destrucción de ecosistemas en México (…) “Es indudable que, sin recursos presupuestales ni capacidades institucionales suficientes, las definiciones de la política ambiental no tendrán efecto en el objetivo de proteger ecosistemas, acotar la degradación ambiental o promover modelos de desarrollo más sostenibles”, concluye el IGI-Ambiental. 

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Los niños que olvidaron leer y escribir durante la pandemia de COVID-19

Unicef reclama que solo en América Latina 86 millones de menores no han vuelto a clases. Se les ha comenzado a llamar "la generación perdida".
28 de septiembre, 2021
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Ya los llaman “la generación perdida”: Naciones Unidas señaló en un informe reciente que cerca de mil millones de menores alrededor del mundo están en riesgo de tener una “pérdida de aprendizaje” significativa a causa de las interrupciones en la asistencia a la escuela durante la pandemia del covid-19.

Y la advertencia va mucho más allá: en muchos países el sistema de educación está a punto de colapsar, si además de la pandemia se suman otros factores como el cambio climático y los conflictos internos.

Un ejemplo de esta crisis que reporta la ONU es lo que ocurre en India.

La periodista de la BBC Divya Arya pudo comprobar que niños en varias regiones de este país asiático “se han olvidado de leer y escribir” debido a que se han visto impedidos de asistir a la escuela en el último año.

Arya expone el caso de Radhika Kumari, de 10 años, a quien básicamente se le olvidó escribir debido a que “estuvo 17 meses” fuera de las aulas.

Radhika vive en el estado de Jharkhand, donde la brecha digital es enorme. Y cuando la pandemia del covid-19 obligó al cierre de las escuelas, muchos niños de las escuelas públicas no tuvieron acceso a dispositivos que les permitieran continuar con su educación de manera remota.

“Fue realmente impactante descubrir que, de 36 niños matriculados en un solo curso de nivel primario, 30 no podían leer una sola palabra“, le explicó a la BBC el economista Jean Dreze, quien analiza la situación en esta región de India desde que los estudiantes pudieron regresar a clases.

Vishnu reads aloud to Radhika.

BBC
En algunos sectores de India hay niños que estàn olvidando leer y escribir debido al cierre de escuelas.

“Si no te olvidas de leer y escribir, que te atrases un poco puede remediarse. Pero si te olvidas de los conceptos básicos, ahora que regresas a clases y te hacen avanzar al siguiente curso la brecha va a ser peor“, agrega.

Alumnos latinoamericanos

En Latinoamérica el panorama es similar: de acuerdo con un informe presentado por Unicef hace una semana, cerca de 86 millones de niños aún no han retomado las clases, lo que pone en riesgo el progreso de su aprendizaje y los niveles de conocimientos previamente adquiridos.

Durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe no han visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla. Los que no tienen Internet, directamente no los han visto”, explicó Jean Gough, directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

Y añade que no solo existe el riesgo de que los niños dejen de aprender las competencias básicas para su vida, sino de que incluso no regresen nunca a la educación formal.

La educación virtual debe continuar y mejorar, pero está claro que durante la pandemia las familias más marginadas no han tenido acceso al aprendizaje”, añade la especialista.

La realidad es aún más acuciante entre los grupos más vulnerables, donde la deserción escolar era una problemática previa a la pandemia.

“Cada día fuera de las aulas acerca a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables a la deserción escolar, la violencia de las pandillas, el abuso o la trata de personas”, añade.

“Fracasó mi colegio”

Para muchos de los alumnos y alumnas, durante estos últimos 18 meses “no se ha aprendido nada”.

En BBC Mundo hablamos con algunos escolares en partes de América Latina que se han visto afectados por la falta de conectividad y la baja asistencia escolar durante la pandemia.

Uno de ellos es Richard Guimaraes. Él tiene 15 años y vive en San Rafael, una comunidad indígena ubicada a dos horas y media de la ciudad Pucallpa, en el Amazonas peruano.

Richard quiere ser diseñador gráfico.

“Mis papás hacen artesanías y yo he aprendido a tejer y a hacer varias cosas que vendemos en el mercado”, le cuenta BBC Mundo.

Richard en su casa.

UNICEF
Richard Guimaraes vive en la regiòn amazónica de Perú.

“Y quiero aprender a hacerlas mejor”, confiesa.

Hace un año, Richard estaba cursando cuarto grado de bachillerato cuando la pandemia del covid-19 irrumpió con fuerza inusitada en el Perú y obligó a poner la vida en pausa.

En este último año y medio no aprendí nada. La pandemia hizo que fracasara el colegio“, se queja.

Antes de la pandemia, iba a clases desde las 7:30 de la mañana hasta el mediodía.

“En ese horario, durante la semana veíamos 12 materias”, recuerda.

Pero una vez comenzó la pandemia y las clases se suspendieron, las cosas se volvieron más difíciles.

“Pasamos de 12 materias a solo seis”, relata. El sistema establecido para remediar la crisis funcionaba así: cada mes los maestros venían a su localidad, les dejaban una especie de cartillas y ellos las tenían que resolver y enviar las respuestas a través de WhatsApp.

Arte, que es su clase favorita, se redujo a dibujos que hacía en casa y que le enviaba a su profesor por el móvil.

Mi papá vive de las artesanías y de vender plátanos, vivimos en una zona muy alejada, por lo que es difícil poder acceder a internet”, relata.

Como muchos de sus maestros no vivían cerca de su comunidad, solo los podía contactar por teléfono cuando se conectaba a internet. Además, algunas de las cartillas le parecían confusas y a veces hasta inentendibles.

Clases cerradas

Getty Images
Unicef señala que en América Latina y el Caribe 86 millones de niños aún no han regresado a las aulas.

El aumento de la desigualdad

Para muchos expertos en psicopedagogía y procesos educativos, es claro que los niños necesitan volver a las aulas lo más pronto posible.

La desaparición de este espacio de aprendizaje y socialización ha sido para muchos niños y niñas – especialmente entre familias de menor nivel sociocultural- “una catástrofe”.

“La verdad es que, en materia de conocimientos, un año y medio, casi dos de pérdida de clase porque la realidad es que los niños están volviendo a una escolarización muy precaria, es una catástrofe, que además va a costar mucho tiempo superar”, le dice a BBC Mundo Guillermina Tiramonti, especialista en educación e investigadora de Flacso Argentina.

Hay muchos niveles en este tema, pero pongo un ejemplo: un chico que estaba en primer año de primaria antes de la pandemia, y aún no había logrado aprender a leer, ahora que regresó al colegio debe finalizar el segundo grado sin haber aprendido a leer o escribir”, señala.

Para la académica, no solo se trata de los contenidos que no han sido aprendidos o incorporados sino de algo más importante: recuperar el hábito de aprender.

“La pérdida del conocimiento no es solamente no haber aprendido determinados contenidos, sino el hecho de perder el ritmo, el hábito, la rutina escolar”, apunta.

Lo explico en relación con un elemento muy simple como los códigos lingüísticos. Los niños de los sectores más bajos socio culturalmente no están acostumbrados a estos códigos complejos y solo tienen acceso a ellos en la escuela, donde son fundamentales para luego poder avanzar en el conocimiento. En la casa no tienen acceso a ellos”.

Para los niños que no están expuestos a ese tipo de códigos durante dos años, el retroceso cognitivo es muy grande, concluye Tiramonti.

salones cerrados en una escuela

Getty Images
Para varios analistas se deben crear proyectos especiales para recuperar el tiempo perdido durante la pandemia.

Revisar los objetivos

A medida que se van levantando las restricciones de la pandemia en distintas regiones, la reapertura de las escuelas se ha vuelto una prioridad de muchos gobiernos. A la fecha, el informe de la ONU señala que 47 millones de niños han regresado paulitinamente a las aulas.

Y la siguiente etapa también se pone en evidencia el gran desafío de poner al día a los niños con los objetivos que se debieron aprender durante este año y medio.

La educación de los niños y las niñas se perdió en un esfuerzo por proteger las vidas de toda la población ante el coronavirus“, explica Irma Martínez, experta en temas de educación de Human Rights Watch.

Pero si de toda crisis surge una oportunidad, este es el momento de replantear algunas de las premisas de la escolarización y el sistema educativo como un todo, señalan los expertos.

“El objetivo no debería ser simplemente volver a como eran las cosas antes de la pandemia, sino arreglar los defectos de los sistemas que durante mucho tiempo han impedido que las escuelas sean abiertas y acogedoras para todos los niños y niñas”, agrega Martínez.

En este tema, Tiramonti es categórica: “No podemos volver a la escuela y hacer como si nada hubiera pasado”, le dice a BBC Mundo.

“Es necesario hacer evaluación, ver qué pasó con los niños, cuáles son las pérdidas, cuáles son las problemáticas de aprendizaje que tienen y armar un programa para que recuperen aquellos conocimientos que son básicos para poder seguir una trayectoria escolar”.

Se necesita trabajo muy profesional para elaborar un proyecto de recuperación“, anota.

Hace menos de un mes, Richard Guimaraes es uno de decenas de miles de alumnos que volvieron a a las aulas después de casi un año y medio.

Y aunque está contento, siente en carne propia los desafíos: “Ahora estamos viendo las materias que dejamos de ver en la pandemia y es difícil seguir el ritmo. Es como empezar de nuevo”.


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