A Elisa la atacaron con ácido: su denuncia desapareció y es revictimizada
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A Elisa la atacaron con ácido: su denuncia está desaparecida y las autoridades la revictimizan

Hace 20 años, Elisa fue atacada por su pareja con ácido. Denunció los hechos, pero su carpeta de investigación está perdida, y las autoridades solo la revictimizan.
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30 de abril, 2021
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“¿Por qué no le diste seguimiento al caso? ¿Por qué no hiciste nada?”, son las preguntas que escucha una y otra vez Elisa Xolalpa Martínez por parte de funcionarios de la Fiscalía de la Ciudad de México. Cuando tenía 18 años su expareja intentó matarla, la amarró a un poste para torturarla y le roció un garrafón con ácido. 

El ataque ocurrió hace 20 años en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, zona chinampera de Xochimilco, en Ciudad de México. Ella denunció los hechos, pero resulta que su carpeta de investigación está desaparecida. Las autoridades solo la revictimizan y las amenazas contra ella y su círculo más cercano no paran. 

Elisa pasó cinco años de su vida entre quirófanos y cirugías tratando de recuperarse. Una vez que estuvo mejor y tuvo la fuerza acudió al Ministerio Público para saber qué había sucedido con su denuncia, pero la mandaban de un lugar a otro. Las autoridades no dieron seguimiento al caso y nadie sabía nada de su denuncia ni la asesoraban sobre qué podía hacer. 

Lee: Retomar la vida tras un ataque con ácido, el largo y difícil proceso para la recuperación

Una funcionaria le dijo que tenía que demostrar que sí hizo una denuncia, aunque sus cicatrices sean la evidencia de lo que le ocurrió y de que cuenta con documentos. 

“Además de todo el desgaste emocional, las instituciones me hacen sentir que yo soy la que cometió un crimen y que tiene que demostrar su inocencia”, dice en entrevista. 

La historia de Elisa nunca se hizo pública en 2001, cuando ocurrieron los hechos. En 19 años no supo nada de Javier Ediberto “N”, su agresor. Sin embargo, él regresó a amenazarla y a agredirla. 

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¿Qué paso? 

El día del ataque, su entonces pareja la llevó hasta la zona chinampera y como era temporada de producción de Nochebuena, ella pensó que trabajarían un rato cubriendo las plantas de las heladas. No fue así. La golpeó, amarró a Elisa en un poste y le vació un garrafón con ácido. 

El ácido, narra Elisa, quemó las cuerdas y fue como pudo correr con todas su fuerzas pese a todo el dolor que sentía.

“El dolor me quebraba, él corría detrás de mí, amenazaba con matarme y tirarme a los canales, pero mis piernas fueron más fuertes y pude pedir ayuda”, cuenta. 

Peregrinó al menos por tres hospitales, pues las instancias de salud no contaban con el equipo necesario para atender sus lesiones de manera adecuada. 

Apenas tenía 18 años y un bebé de un año: “En ese tiempo, nada se hablaba de la violencia hacia las mujeres, no había colectivas, no había redes de apoyo de mujeres a las cuales pudiera acceder, lo único que sabíamos es que si una mujer vivía violencia se tenía que guardar el dolor, era un secreto a voces”, indica. 

Elisa dice que hace 20 años desconocía cómo nombrar lo que le pasó, las autoridades solo clasificaron los hechos como lesiones. Ahora sabe que lo que ocurrió fue una tentativa de feminicidio. 

Durante varios meses y años iba y venía de una instancia a otra a pesar de los largos trayectos que tenía que recorrer en transporte público y de que tenía que invertir mucho tiempo y recursos económicos. 

A pesar del agotamiento, Elisa no dejó de insistir, pero entre sus prioridades estaba el recuperarse, cuidar de su hijo, y seguir trabajando en la producción de plantas para solventar sus gastos.  

Elisa no quería salir ni que nadie la viera. No entendía la magnitud de lo que le había ocurrido, incluso llegó a pensar que las cicatrices provocadas por las lesiones graves en el 40% de su cuerpo algún día desaparecerían. 

Con mucho trabajó retomó su vida, aprendió a vivir con sus cicatrices y apenas, a 20 años del ataque, comenzó a tomar terapias psicológicas. 

“Desde que mi agresor me atacó, me he enfocado en buscar fuerzas para retomar mi vida, y mi trabajo, me he adaptado a esta nueva forma de vida, con mis cicatrices y me concentré en el campo, en mis plantas”, narra.

“No solo es violencia familiar” 

En 2011, el hermano de su agresor la amenazó de muerte, Elisa puso una denuncia y les recordó a las autoridades lo que le había ocurrido en 2001. Nada pasó. 

En agosto de 2019 su expareja la volvió a agredir, insultar y amenazó con “terminar lo que había empezado”.

Elisa denunció a Javier Ediberto “N” y en febrero de 2021 lo detuvieron en Morelos. Ahora está vinculado a proceso por violencia familiar, y de ser declarado culpable, podría alcanzar una pena de 1 a 6 años de prisión. 

No obstante, este caso no incluye el ataque con ácido. Ella exige que también sea sancionado por intento de homicidio, delito que no es investigado y es el más grave. 

En 2001 cuando ocurrió el ataque todavía no existía la tipificación de feminicidio. El delito se incorporó en el Código Panel Federal hasta el 2012. 

La familia del agresor constantemente hostiga a Elisa y también a su hijo, quien ya tiene 21 años.

Además, la actual pareja de Javier Ediberto “N” denunció a Elisa y a su mamá de 72 años por supuestas amenazas contra sus hijas. 

“Dice que yo les quiero arrojar ácido. Eso es falso, quieren inventar cosas para protegerse y que él libre la prisión haciéndose la víctima”, comenta. 

Ahora, Elisa espera la resolución de un amparo que presentó en el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México con el acompañamiento del Círculo Feminista de Análisis Jurídico y de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, para que se reconozca que fue el ministerio público y la fiscalía las instancias responsables de que su caso pueda quedar impune.

“Quiero que las mujeres de mi comunidad sepan que no me voy a callar, que un hombre no puede lastimarnos de la manera más cruel y regresar 19 años después como si nada hubiera pasado, y encima de todo continuar violentando con la complicidad de las autoridades”, afirma.

 “Hay un pacto institucional” 

Ni la fiscalía, las autoridades en Benito Juárez (donde puso su denuncia), ni en Álvaro Obregón en donde supuestamente fue turnada la investigación encuentran su denuncia.  

En 2020 se halló en la Unidad de Estadística y Transparencia Dirección de Consultas de Antecedentes Registrales y Enlace Interinstitucional un registro de su caso FIAO/43/200/01-11, pero las autoridades no le dan información.

Por estos hechos envío una carta a la fiscal Ernestina Godoy solicitando su ayuda. Su respuesta fue turnar su declaración a la Coordinación Territorial de la Fiscalía de la CDMX donde la respuesta es “no tenemos información”.

Teresa González, integrante del colectivo Todas somos Elisa, −que se formó para dar acompañamiento y exigir justicia− asegura que el hecho de que ninguna instancia ha querido brindar una respuesta que permita esclarecer la falta de acceso a la justicia, muestra claramente que existe un pacto institucional. 

“Así como dicen aunque sé que mi amigo es un violador lo voy a proteger, lo mismo en este contexto. Nos ha sorprendido que funcionarios nos digan: ‘no vale la pena saber si un funcionario hizo algo bien o hizo algo mal’, ¿cómo que no vale la pena? Claro que hay un pacto institucional muy similar al pacto patriarcal”, asegura. 

La postura de las instituciones de procuración de justicia hasta ese momento es demuéstrame que tú pusiste una denuncia, que eres víctima. 

“Esto están viviendo las mujeres y es lo que pasa cuando las instituciones no hacen su trabajo, la violencia se prolonga hasta que llega al feminicidio, tal parece que esperan eso, que llegue al feminicidio”, señala Teresa González en entrevista con Animal Político.

En estos 20 años, dice Teresa, han pasado cuatro administraciones de gobiernos diferentes. “La actual dice ‘eso pasó cuando yo no estaba’, pero también se ha negado a seguir el proceso de Elisa y sigue revictimizándola”.

“He tenido que lidiar con la culpa que imprimen sobre mí las instituciones al decir que fue mi responsabilidad, que la averiguación previa no se le haya dado seguimiento. Otra culpa viene cada vez que obtengo por respuesta que el delito ya prescribió, cuando en realidad fue el Ministerio Público que no dio seguimiento a un delito que se persigue de oficio”, añade Elisa. 

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“Quiero vivir sin miedo y no voy a parar” 

Cuando tenía 18 años y ocurrió el ataque a Elisa le hubiera gustado que le dijeran que no estaba sola, así se sentía. Ahora es distinto, se siente acompañada y fuerte gracias al apoyo de muchas mujeres. 

“Fueron 20 años de silencio y ahora es tiempo de romper con ello. Quiero vivir sin miedo. Quiero dejar un antecedente en donde se diga que si algo me pasa es responsabilidad de mi agresor y de su familia, pero también de las autoridades procuradoras de justicia que día a día alimentan y permiten que la violencia contra mi vida siga creciendo al sellar ese pacto de impunidad”. 

“No voy a parar, sigo caminando, y quiero que el Estado reconozca las omisiones y violaciones a mis derechos humanos, que se reponga el proceso de 2001, se me reconozca como víctima. Busco justicia para mí, para todas las mujeres de mi comunidad, que sepan que estoy luchando, que debemos luchar”, afirma. 

En México no hay una cifra oficial del número de mujeres atacadas con ácido, sin embargo, se tiene el reporte que han ocurrido al menos 20 agresiones. 

Estos ataques no están considerados como un delito en el Código Penal Federal. En la CDMX desde enero de 2020 los ataques con sustancias corrosivas tienen penas que van de los 9 a 12 años de prisión. 

México es uno de los países más afectados por la violencia de género. Solo en 2020 se registraron 967 feminicidios, una cifra ligeramente inferior a los 969 de 2019, según datos oficiales.

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Afganistán: qué ocurre ahora con la economía del país tras la llegada de los talibanes (y cuál puede ser el papel de China)

Ahora que los talibanes tienen de nuevo el control del país, ¿puede funcionar su sistema financiero?
18 de agosto, 2021
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La economía de Afganistán está “moldeada por la fragilidad y la dependencia de la ayuda internacional”.

Este es el problemático panorama económico que describió el Banco Mundial muchos meses antes de que los talibanes se hicieran otra vez con el control del país, algo que se concretó este fin de semana.

Y con la situación actual, las perspectivas económicas son mucho más precarias, con una nube de incertidumbre que se cierne sobre la asistencia financiera que le llega a este país.

Por una parte, Afganistán tiene recursos minerales, pero la crisis política ha impedido su explotación.

Entiende mejor: Afganistán: cómo surgió el Talibán y otras 5 preguntas clave sobre el grupo islamista

La dependencia económica es llamativa. En 2019, el Banco Mundial mostró que la ayuda para el desarrollo representaba el 22% del ingreso general nacional (que no es lo mismo que el PIB, pero sí muy parecido).

Esta es una cifra muy alta, pero es mucho menor que la de unos 10 años atrás, cuando llegaba al 49%.

Ahora esas ayudas están bajo un manto de duda. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Heike Maas, le dijo a las cadenas de su país que “no le vamos a dar otro centavo si los talibanes toman el control del país y reintroducen la ley sharia”.

Otros países que son proveedores de ayuda van a estar mirando la situación muy de cerca.

El mal de la corrupción

La fragilidad a la que se refiere el Banco Mundial se ilustra con los altos gastos en defensa y seguridad antes de que los talibanes retomaran el control: Afganistán dedica el 29% del PIB a estos gastos, una cifra muy superior al 3% promedio que tienen los países de bajos ingresos.

Además de la seguridad y los serios problemas de corrupción, detrás hay otro aspecto crítico persistente en Afganistán: la poca inversión extranjera que hay en el país.

De acuerdo con Naciones Unidas, en los últimos años no se han hecho anuncios sobre nuevas inversiones, por parte de capitales extranjeros iniciando nuevos negocios.

Desde 2014 solo se han contado cuatro inversiones de este tipo.

Pastor de ovejas en Afganistán.

Getty Images
Cerca del 60% del ingreso promedio de los hogares en Afganistán dependen de la agricultura y el campo.

Solo para comparar con dos países del sur de Asia con poblaciones parecidas, en Nepal el número de nuevos negocios con inversión extranjera es 10 veces superior al logrado por Afganistán, y Sri Lanka multiplica por unas 50 veces esa cifra en ese mismo período.

El Banco Mundial describe el sector privado afgano como “estrecho”. El empleo está concentrado en una producción agrícola limitada: el 60% de los ingresos de los hogares en Afganistán vienen de este rubro.

A esto se suma que en el país funciona una enorme economía informal e ilegal. Por ejemplo, hay minería ilegal y, por supuesto, la muy conocida producción de opio y su contrabando asociado.

El tráfico de drogas también es una fuente de financiamiento para los talibanes.

Riqueza mineral

Dicho todo esto, la economía afgana ha crecido desde la invasión en 2001.

Aunque las cifras económicas de Afganistán no son del todo confiables, lo que estas muestran, de acuerdo con el Banco Mundial, es un crecimiento promedio anual del 9% desde 2003 hasta 2013.

Después de ese año, los números del crecimiento caen un poco (que coinciden con la reducciòn de los niveles de ayuda) a un promedio de 2,5% desde 2015 hasta 2020.

Amapolas

EPA
El tráfico de drogas ha sido una importante fuente de ingresos para los talibanes.

Ahora, el país cuenta con abundantes recursos naturales y, en la medida en que mejore la seguridad y reduzca la corrupción, puede ser atractivo para los negocios internacionales.

Se pueden encontrar grandes cantidades disponibles de cobre, cobalto, carbón y hierro. También hay yacimientos de gas y petróleo.

Un material particular destaca sobre otros: el litio, que tiene una alta demanda para la producción de baterías para celulares y vehículos eléctricos.

Y va a ser fundamental para la industria automotriz en su transición hacia un modelo de “emisión cero” de gases contaminantes.

De vuelta en 2010, un general estadounidense le dijo al New York Times que el potencial minero de Afganistán era impresionante. Eso sí, como muchas salvedades.

El diario también reportó que el departamento de Defensa de EE.UU. había dicho en un informe que el país podía convertirse en la “Arabia Saudita del litio”.

Pero a pesar ello, este potencial no está ni cerca de ser explotado. Ni los afganos están cerca de percibir algún beneficio por ello.

Poderes extranjeros

Se han presentado muchos informes que revelan la voluntad de China de tomar parte. El gigante asiático parece tener mejores relaciones con los talibanes que las potencias occidentales, por lo que puede tener una ventaja si el nuevo régimen se mantiene en el poder.

Ahora, lo cierto es que las empresas chinas obtuvieron contratos para desarrollar operaciones de cobre y petróleo, pero no pasó mucho.

Es de esperar que China esté interesada. Las oportunidades están allí y los dos países comparten un corto segmento de frontera.

Pero cualquier empeño chino, ya sea oficial o empresarial, va a necesitar cierta certeza de que tendrá éxito.

Y los chinos se mostrarán reacios a comprometerse a menos que sientan que los problemas de seguridad y corrupción están lo suficientemente resueltos -o al menos, contenidos- como para permitirles extraer cantidades valiosas de estos productos de uso industrial.

Mineros en Afganistàn.

Getty Images
Afganistán posee un gran potencial de explotación de minerales.

Una pregunta clave para cualquier inversionista potencial, de China o de cualquier otro lugar, será si es probable que los talibanes serán más capaces de crear el tipo de entorno que necesita el negocio de lo que lo fue el anterior gobierno afgano.

Otro factor que puede afectar la economía es el empleo de las mujeres. En la última década, el porcentaje de la población femenina de más de 15 años con empleo ha aumentado drásticamente, aunque en 2019 era del 22%, todavía bajo los estándares internacionales.

Bajo control de los talibanes, es probable que este cambio se revierta, lo que podría dañar aún más las perspectivas económicas.

En el futuro inmediato, también existe una gran incertidumbre sobre la estabilidad financiera. En estos días se han visto largas filas de personas que intentan sacar su dinero de los bancos.

El Afghan Islamic Press, con sede en Pakistán, informó que un portavoz talibán ofreció garantías a los propietarios de bancos, cambistas, comerciantes y tenderos de que sus vidas y propiedades estarán protegidas.

Que incluso haya dudas sobre la seguridad física de los operadores financieros es impactante.

Necesitan tener confianza para que funcione el sistema financiero de Afganistán. Pero también se necesita que los clientes sientan que su dinero está seguro y eso seguramente no sucederá pronto.


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