Los empleados del gobierno federal regresarán a las actividades presenciales hasta el 30 de julio, informó la Secretaría de la Función Pública.
En un comunicado, la SFP señaló que la ampliación de periodo tiene la finalidad de reducir el riesgo de contagio y dispersión del COVID-19.
El periodo de ampliación cubre del 3 de mayo hasta el 30 de julio.
En la autorización del trabajo a distancia, las dependencias deberán priorizar a los trabajadores con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, como obesidad mórbida, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades cerebrovasculares, infección por VIH, enfermedad renal crónica, estados patológicos que requieren inmunosupresión y cáncer en tratamiento.
Además, “podrán establecerse días de trabajo presencial alternados y horarios escalonados para la asistencia a los centros de trabajo”, con el fin de garantizar las medidas establecidas por las autoridades de salud.
Así como privilegiar el uso de plataformas tecnológicas para la realización de reuniones de trabajo y capacitación, esto para minimizar el traslado, contacto y riesgo de contagio entre trabajadores.
En los casos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las unidades de Administración y Finanzas, los titulares de la Oficialía Mayor podrán autorizar o facilitar a las y los servidores públicos el trabajo a distancia, siempre y cuando no se altere el cumplimiento de las funciones institucionales.
La SFP detalló que el proyecto de Acuerdo fue enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y en próximos días será publicado por la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, en el Diario Oficial de la Federación.
En el acuerdo se aclara que la aplicación de estos criterios “no implicará la autorización de vacaciones, viáticos, pasajes o erogación adicional alguna”.
Para las y los funcionarios establece que deberán cumplir con su horario laboral y “mantener plena disponibilidad y desempeñar sus funciones”.
Las únicas dependencias que quedan excluidas del acuerdo son: las secretarías de Salud; Defensa Nacional; Marina; Seguridad y Protección Ciudadana; el Servicio de Protección Federal; la Guardia Nacional; el Servicio Exterior Mexicano, así como el IMSS y el ISSSTE.
